Aracely Andrade del Angel
Expediente 923/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Aracely Andrade del Angel
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de julio de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que no obran las constancias solicitadas a la autoridad denominada Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad de México; empero, tampoco obra constancia de notificación del oficio en el que le fue requerido a la autoridad responsable. En tal virtud, se instruye a cualquiera de los actuarios para que de inmediato reenvíen el oficio correspondiente, vía electrónica o en caso de imposibilidad vía mensajería acelerada "Estafeta". Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- Se notifica por lista a la parte quejosa el auto dictado el diez de julio de dos mil veintitres: Cuernavaca, Morelos; diez de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ******, contra actos del Secretario Técnico de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otra autoridad. Anotaciones SISE Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 923/2023 y fórmese expediente. Desechamiento. En seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobre sobreseimiento será el resultado del fallo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del numeral transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando proceda en su contra un recurso o medio de defensa por el cual tales actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con base en lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, ya que si la parte quejosa reclama de diversas autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, la omisión de dar respuesta a su solicitud de pensión por jubilación, es necesario que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tal y como se expondrá a continuación. Para un mejor entendimiento del presente asunto, debe destacarse que en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se establece la prerrogativa a favor de los trabajadores burocráticos a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador, supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En el Estado de Morelos, esa prerrogativa también se encuentra reglamentada en los artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras, siempre que se cumplan con ciertos requisitos y formalidades. Bajo ese contexto, de la lectura integral al escrito de demanda, se desprende que la quejosa es trabajadora del Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, y que presentó su solicitud de pensión por jubilación ante dicho Ayuntamiento, al tener la facultad de conocer y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores a su servicio. Precisado lo anterior, conviene destacar que el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria". En concordancia con dicho precepto constitucional, el diverso artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala: "Artículo 114. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Como puede observase, los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Bajo ese contexto, a juicio de quien esto resuelve, se estima que existe un conflicto laboral pues la parte quejosa presentó su solicitud de pensión por jubilación ante el Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, el seis de octubre de dos mil veintiuno, petición a la cual de acuerdo a lo expuesto por la propia impetrante, se le dio trámite, se ordenaron girar los oficios y la investigación correspondiente; sin embargo, refiere que dicho procedimiento se encuentra detenido al dictar las responsables el dictamen correspondiente; lo que evidentemente configura un conflicto entre el trabajador y las autoridades señaladas como responsable actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda, conforme al numeral 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Se afirma lo anterior, puesto que el Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, cuenta con facultades para otorgar o negar la pensión que le solicita concomitante con los requisitos legales que la trabajadora o sus beneficiarios deben cumplir para poder acceder a dicha prerrogativa. Del mismo modo, la autoridad municipal se encuentra obligada a cumplir con ciertas formalidades establecidas en la norma legal aplicable como es, entre otras, emitir la determinación cuando recibe una solicitud de pensión, dado que se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado. En efecto, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos, a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso, si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. Por tanto, es evidente que el tribunal burocrático tiene competencia para dirimir los conflictos que surjan con motivo de esa solicitud y la eventual negativa a recibirla, la omisión de acordarla o el acuerdo denegatorio que recaiga a ésta; de ahí que la parte quejosa debe acudir de manera previa al órgano laboral a efecto de plantear su pretensión atendiendo a la naturaleza de lo reclamado. En tal virtud, no estamos ante la presencia de un simple derecho de petición con violación al artículo 8 constitucional, sino las omisiones que reclama la impetrante, suceden dentro del trámite relativo a su petición de pensión por jubilación, escrito que en principio ya fue debidamente atendido, iniciándose a trámite su pensión. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), emitida por el Pleno de este Decimoctavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Página 1426, misma que resulta obligatoria en términos del artículos 217 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123 apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. (...)
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