Aracelí Zariñana Isidri

Expediente 1084/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1084/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal
  • Aracelí Zariñana Isidri

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto por el que se sobreseyó ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Luego, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1084/2022-VII, promovido por Iván Emmanuel Chávez Espejel, a favor de la directa quejosa Aracelí Zariñana Isidro, contra actos del Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Iván Emmanuel Chávez Espejel, a favor de la directa quejosa Araceli Zariñana Isidro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. NOMBRE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. El Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal. El Jefe de Turno B de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADAAUTORIDADSERECLAMEN. De la primera reclamo la privación de libertad personal fuera de procedimiento, materializada en la orden de emitir y dar el Visto Bueno de la Boleta de Arrestopor8horas de fecha 6 de los corrientes. De le Segunda reclamo La Ejecución del acto reclamado". (Sic) Actos reclamados que el quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe de suspensión de plano y justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito 3. Informe justificado. Mediante proveído de fecha veinticinco de julio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de las autoridades responsables y se dio vista a las partes con el mismo. 4. Audiencia Constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos provenientes de autoridades administrativas, cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La privación de la libertad fuera de procedimiento, con motivo del arresto administrativo, así como su ejecución. TERCERO. Suspensión de plano del acto reclamado. Mediante proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa, misma que fue acatada en sus términos, como se advierte del oficio sin número, suscrito por el Subdirector y el Jefe de Turno "B", ambos de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subdirector y el Jefe de Turno "B" Interino, ambos de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado por lo que hace al arresto administrativo y su ejecución, pues refirieron que éste fue impuesto a la parte quejosa con motivo de un correctivo disciplinario, en virtud de que la misma no se presentó a sus labores diarias el tres de julio del año en curso, y tampoco justificó dentro del lapso de veinticuatro horas dicha ausencia, como lo establece el artículo 88 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios QUINTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 186, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el presente caso, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 81, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 71, Noviembre de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó del Subdirector y el Jefe de Turno "B", ambos de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México, la privación de la libertad fuera de procedimiento, con motivo del arresto administrativo, así como su ejecución. Ahora bien, de las constancias exhibidas por las autoridades responsables a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos del acto reclamado cesaron en virtud de que a las dieciséis horas del seis de julio del año dos mil veintidós, el Elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México, Zariñana Isidro Araceli, fue notificada que podía abandonar el lugar donde se encontraba compurgando el correctivo disciplinario que le fue impuesto, firmando de conformidad ella misma. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, como la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la privación de la libertad fuera de procedimiento, con motivo del arresto administrativo, así como su ejecución; empero, de las constancias remitidas se aprecia que a las dieciséis horas del seis de julio del año en curso, concluyeron las ocho horas de arresto que le fue impuesto; motivo por el cual, se eliminaron los efectos de la omisión reclamada, con lo cual se cesaron los efectos que se produjeron con la privación de la libertad fuera de procedimiento, con motivo del arresto administrativo, así como su ejecución. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Junio de 1999, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo tal, que la situación jurídica de la parte quejosa volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 356, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, no se soslaya que las autoridades responsables Subdirector y Jefe de Turno "B" Interino, ambos de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México, señalaron como causales de improcedencia las contempladas por el artículo 61, fracciones XII. XVI y XX, de la Ley de Amparo; no obstante, como quedo establecido en párrafos anteriores, en la especie se actualiza la diversa causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo en cita. SEXTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Iván Emmanuel Chávez Espejel, a favor de la directa quejosa Araceli Zariñana Isidro, contra el acto y autoridades precisados en los Considerandos Segundo y Cuarto de esta sentencia, por lo motivos expuesto en el Quinto de los citados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Vadim Ambriz Tapia, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio mediante el cual, el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, México, rinde informe justificado y designa delegados, señala causales de improcedencia, ofrece pruebas y señala correo electrónico. Por tanto, con su contenido dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que refieren para recibir notificaciones y con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que mencionan. Ahora bien, respecto a las causales de improcedencia, tómense en consideración al momento de resolver en definitiva. De igual forma, se toma conocimiento del correo electrónico que aporta en el escrito de cuenta. Asimismo, ofrece como pruebas las siguientes: DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del correctivo disciplinario número JTB/CD/009/2022 de fecha seis de julio de dos mil veintidós. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del oficio JTB/008/2022 de fecha seis de julio de dos mil veintidós, en el cual se aprecia en la parte inferior del lado izquierdo la firma de la policía Zariñana Isidro Araceli, recibiendo la notificación del término del correctivo disciplinario. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del oficio de comisión DSPM/0035-BIS/2022 de fecha once de enero de dos mil veintidós, expedido al comandante Jorge Antonio Mendoza Macías. Subdirector de Seguridad Pública Municipal. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del oficio de comisión DSPM/1070/2022 de fecha tres de julio de dos mil veintidós, expedido por el Policía Segundo Ayala Aranda Refugio. Jefe de Turno "B" interino. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO, en todo aquello que favorezca y beneficie a los intereses de dicha autoridad. LA INSTRUMENTAL PUBLICA ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en el presente expediente y que beneficie a los intereses de dicha autoridad. En ese sentido, respecto a las pruebas referidas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Luego, respecto a la diversa referida en el punto 6 se reserva acordar lo propio hasta en tanto se encuentre integrado el presente sumario. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual el Notificador Judicial de Primera Instancia, adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 244/2022-Vll (número de orden 244/2022) del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se encomendó requerir y apercibir a la quejosa Araceli Zariñana Isidro. En ese contexto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acúsese de recibo. Luego, de las constancias que remite la autoridad exhortante se advierte que la directa quejosa *** ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, téngase por ratificada la demanda de amparo en términos de lo establecido en el artículo 15 de la ley de la materia; además, dicho fedatario público no dio fe de las condiciones en que se encuentra dicha persona por los motivos que ahí expuso. Luego, del estado de autos se advierte que mediante proveído de seis de julio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo y lo relativo al domicilio, usuario y autorizado, hasta en tanto la directa quejosa, desahogara el requerimiento formulado en autos; lo cual ya aconteció. En ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ** contra el acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, con motivo del arresto administrativo, así como su ejecución; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda, así como de la presente determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos, en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. Sin que se aperture el incidente de suspensión que solicita la parte quejosa, en relación al acto reclamado señalado en virtud de que éste fue objeto de la suspensión de plano decretada en auto de seis de julio de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las trece horas del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias para el desarrollo de la misma y tomar las providencias atinentes para tal efecto, y de no ser necesaria la presencia física de las partes en dicha audiencia, en este asunto queda a discreción de las mismas el comparecer presencialmente a su desahogo; para lo cual, deberán realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente en la fecha señalada, sin perjuicio de que, si así lo estiman, e informan con la oportunidad debida a este Juzgado de Distrito, podrá llevarse por medios tecnológicos. Y en ese tenor, dadas las medidas de sanidad necesarias para salvaguardar la salud de todas las partes intervinientes en el presente juicio, y del personal de este Juzgado de Distrito; se les invita para que, de no ser absolutamente necesaria la asistencia presencial al desahogo de la audiencia, se privilegie la promoción de alegatos y, en su caso, de las pruebas correspondientes, por los medios escritos y electrónicos establecidos para tal efecto. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe; lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx., o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, ello a fin de resguardar la integridad y salud del personal a su cargo, de los justiciables y de los servidores públicos adscritos este recinto judicial. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en caso de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Órgano de Control Constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. Luego, no obstante que no refirió expresamente que ratificaba el usuario y autorizado señalado en la demanda de amparo, lo cierto es que al ratificar el contenido de la demanda presentada a su favor se adhiere a lo ahí establecido. En ese sentido, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "LicIvan", conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva del presente asunto. Sin embargo, toda vez que proporciona un correo electrónico como medio para oír y recibir notificaciones, dígasele a la misma que éeste lo será mientras subsista la contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y respecto al número telefónico, únicamente se toma nota del mismo Luego, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Iván Emmanuel Chávez Espejel, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. En otro orden de ideas, de autos se advierte que en proveído de once de julio del año en curso, se reservó acordar sobre las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables Subdirector y el Jefe de Turno "B", ambos de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México, hasta en tanto la quejosa directa ratificara la demanda, situación que ya aconteció, por lo que, se procede acordar sobre los medios de prueba consistentes en: 1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del correctivo disciplinario número JTB/CD/009/2022 de fecha seis de julio de dos mil veintidós. 2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del oficio JTB/008/2022 de fecha seis de julio de dos mil veintidós, en el cual se aprecia en la parte inferior del lado izquierdo la firma del policía Zariñana Isidro Araceli, recibiendo la notificación del término del correctivo disciplinario. 3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del oficio de comisión DSPM/0035-BIS/2022 de fecha tres de julio de dos mil veintidós, expedido al comandante Jorge Antonio Mendoza Macías. Subdirector de Seguridad Pública Municipal. 4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del oficio de comisión DSPM/1070/2022 de fecha tres de julio de dos mil veintidós, expedido por el Policía Segundo Ayala Aranda Refugio. Jefe de Turno "B" interino. 5. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO, en todo aquello que favorezca y beneficie a los intereses de dicha autoridad. 6. LA INSTRUMENTAL PUBLICA ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en el presente expediente y que beneficie a los intereses de dicha autoridad. En ese sentido, respecto a las pruebas referidas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Luego, respecto a la diversa referida en el punto 6 se reserva acordar lo propio hasta en tanto se encuentre integrado el presente sumario. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Además, para efecto de notificar a las autoridades responsables del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que notifique el oficio derivado de la presente determinación privilegiando el uso de medios electrónicos; asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio mediante correo electrónico que al efecto proporcionen, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio); además, se les requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la presente determinación, brinden un correo electrónico al que, en su caso, se les puedan hacer llegar las notificaciones mediante oficio que, por dicho medio se ordenen. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese.

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