Araceli Viridiana García Mota

Expediente 1341/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1341/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Araceli Viridiana García Mota

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio que suscribe la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa que mediante oficio de seis de octubre de dos mil veintidós, conminó a la Directora General de Recursos Humanos dar cumplimiento a la ejecutoria. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  2. Principal

    En la Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos el oficio y el escrito electrónico de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con evidencia criptográfica el primero del Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Agencia Décima Tercera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la Fiscalía General de la República, y el segundo, por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio de los cuales, la autoridad investigadora informa que la carpeta de investigación a su cargo FED/FECOC/UEIDAPLE-CDMX/0001705/2022, se encuentra en trámite e integración, y que una vez que a su consideración, se encuentre debidamente integrada, actuará conforme a lo que en derecho proceda; y por su parte la parte quejosa solicita, se requiera nuevamente el cumplimiento de la medida cautelar, se le informe a qué autoridades responsables o vinculadas se les ha impuesto una multa por incumplimiento a la medida cautelar, cuáles de estas han quedado firmes, y cuantas ha sido logrado su cobro. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos tomando conocimiento de su contenido. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento de la medida cautelar, en razón que aún no obra agregada en autos la constancia de notificación de las autoridades responsables respecto del proveído de veintisiete de septiembre pasado, en que se requirió nuevamente el cumplimiento de la suspensión definitiva. Tampoco es el caso acordar de manera favorable su solicitud de información que realiza, en razón que de las constancias que integran el incidente de suspensión en que se actúa, el quejoso se encuentra en aptitud de obtener la información que solicita respecto de las multas impuestas por incumplimiento a la medida cautelar, así como las que se encuentran firmes. Finalmente, tampoco ha lugar a requerir a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 3 hoy Ciudad de México, informe cuantas de las multas impuestas por este Juzgado han sido pagadas por las autoridades sancionadas, en razón que las gestiones de cobro que la autoridad recaudadora realice, no forma parte de la Litis, y por consiguiente, no le corresponde a este Juzgado verificar el cobro de las mismas, ni tampoco cerciorarse que se realice su pago por parte de las personas sancionadas. Esto se estima así, pues si bien este Juzgado de Distrito ha realizado diversas gestiones con el fin de coadyuvar con la autoridad recaudadora para que se encuentre en posibilidad de hacer exigible las multas impuestas en autos; el cobro de la misma le corresponde exclusivamente al Servicio de Administración Tributaria por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal 3 hoy Ciudad de México, por constituir un aprovechamiento federal, y por lo tanto, al ser un ingreso para el Estado, la autoridad antes precisada es quien cuenta con interés y se encuentra facultada para hacer exigible las multas impuestas en autos, de ahí que en su caso el pago de la misma por parte de las autoridades sancionadas, no forma parte de la Litis del presente asunto. Sirve de apoyo en cuanto a que el concepto de multas impuestas como sanción constituyen aprovechamientos y no contribuciones, la jurisprudencia 2a./J. 50/2003, que dice: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código Jurisprudencia 2a./J. 50/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en su novena época, Página: 252. Asimismo, se cita por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis 226, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003). Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado en que se encuentran los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el pronunciamiento de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído cuatro de agosto de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por el Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; en consecuencia, procede resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, En ese orden de ideas, del estado procesal de los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Sobre tales premisas, resulta fundado el concepto de violación analizado, por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, cumpla con la obligación que prevé el artículo 8º constitucional, y en el término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el acuerdo por el que cause ejecutoria la presente sentencia, proceda a dar contestación por escrito y con libertad de jurisdicción al escrito de petición que le formuló la quejosa y que fue presentado ante ella el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, con número de trámite 213300EL354599, y la notifique en el domicilio que hubiera señalado para tales efectos..." Derivado de lo anterior, para dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debe: ? Dar contestación, con libertad de jurisdicción, al escrito de petición que le fue presentado por la parte quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, con número de trámite 213300EL354599. Ahora bien, mediante oficio recibido en este juzgado el cuatro de agosto del año en curso, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación del Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, remitió copia certificada del oficio 213300EL3514599, de nueve de mayo de dos mil veintidós, con el cual, se dio vista a la parte quejosa en la misma fecha, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que realizara manifestación alguna, no obstante encontrarse debidamente notificada??????????????? del citado proveído, como se advierte de la constancia respectiva. Ahora bien, de las constancias que exhibió la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se desprende que mediante oficio 213300EL3514599, de nueve de mayo de dos mil veintidós, la Comisión de Autorización Sanitaria, ambos de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, dio contestación al escrito de petición que le fue presentado por la quejosa el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, asimismo, remitió copia certificada del acuse de recibo de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, este órgano judicial estima colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad haya incurrido en exceso o defecto, en razón de que acreditaron haber dado puntual cumplimiento al fallo protector en sus términos, por lo que se concluye que la quejosa ha sido restituida en el pleno goce de sus derechos violados, por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA la ejecutoria de amparo. Sin que sea el caso analizar la legalidad de dicha resolución, toda vez que este órgano judicial se encuentra impedido para analizar dicha circunstancia por no ser materia de la ejecutoria de mérito, aunado a que la concesión del amparo no vincula en forma alguna a la responsable a proveer favorable a los intereses del solicitante del amparo; por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente, impiden que en el procedimiento de ejecución del fallo protector, se puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la misma, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la contestación emitida por la autoridad. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. (Registro: 190356, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Enero de 2001, página: 203) Sin que pase desapercibido para este juzgado, la jurisprudencia 2a./J. 39/2011, que establece: AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. (Registro: 162654, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 471). Lo anterior, toda vez que a juicio del suscrito, el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente desde el momento en que recibe la solicitud elevada, pues es en ese instante en que queda obligada a emitir la contestación respectiva y darla a conocer en breve término al peticionario, por lo que, el hecho de que la misma haya sido emitida antes de que la sentencia de amparo causara ejecutoria, no desmerece el cumplimiento de la autoridad responsable emitido en acato a lo previsto en el artículo 8 Constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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