Araceli Vazquez Pineda
Expediente 1209/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Araceli Vazquez Pineda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sobreseimiento fuera de audiencia. De las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En ese contexto, la parte quejosa en su escrito de demanda presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, reclamó del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de acordar la promoción presentada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, registrada con el folio *********; empero, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el juicio laboral ***********, el diez de octubre de dos mil veintidós (con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo) acordó la promoción, de cuya omisión a acordar se duele la parte quejosa. De donde se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, llevadas a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (trece de septiembre de dos mil veintidós), la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado, como si le fuere otorgado el amparo. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita Delegados y domicilio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que indica y por autorizado el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones. Antecedente. Asimismo, se tiene a la oficiante informando que no existe diverso juicio de amparo relacionado con el presente asunto. Personalidad. De igual forma, de las constancias remitidas por la responsable se advierte la personalidad de ********, como apoderada legal de **********; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo se tiene por reconocido tal carácter. Manifestación. Se tiene a la autoridad responsable informando que no localizó registro de diverso juicio de amparo promovido por la parte quejosa, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita la autoridad oficiante, se le autoriza, la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ****, quien se ostenta como apoderada legal de ****, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, personalidad que refiere tener acreditada en el expediente laboral de donde emana el acto reclamado y, anexa copia de diversas documentales, de las que se advierte podría tener la calidad que refiere tener la promovente, por lo que de inicio dese trámite a la presente demanda de amparo, sin perjuicio de que dicha circunstancia deba quedar debidamente reconocida durante la secuela de este juicio. En ese sentido dese el trámite correspondiente al presente asunto, sin perjuicio de corroborar tal circunstancia una vez allegadas las constancias relacionadas con el acto reclamado. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1209/2022 y fórmese expediente. Admisión. Toda vez que de momento, no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este tribunal conocer de aquella, con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo. Suspensión. No ha lugar a tramitarse incidente de suspensión en razón de no haber sido solicitada dicha medida cautelar. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevará a cabo la relación de constancias y recibirán los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común y el buzón judicial, tal como lo prevé el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, únicamente la parte quejosa podrá alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Requerimiento informe justificado. Con fundamento en el artículo 117, de la ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberá referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo, debiendo, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir lo reclamado en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este Juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Lo anterior con el apercibimiento que en caso de no desahogar el presente requerimiento, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Requerimiento de constancias. En caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comunique de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de cien y treinta unidades de medida y actualización, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a la autoridad responsable para que informe, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos; para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele, en términos de la fracción I del artículo 237 en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, una multa de hasta de mil unidades de medida y actualización, conforme al invocado artículo Tercero Transitorio del decreto reformas y adiciones constitucionales. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente, que si la autoridad señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Del tercero Interesado. Este juzgado federal considera que en el caso no es necesario llamar al presente juicio de amparo como tercero interesado a la contraparte del quejoso, quien es la parte demandada en el juicio laboral de origen, ya que la sentencia que en su caso se dicte en el fondo del asunto, no le irroga perjuicio alguno, en atención a la jurisprudencia VI.T. J/1 (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 1751, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Registro digital: 2000923, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO. Prueba. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana y las documentales que exhibe con su escrito de demanda; sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Respecto a la petición del promovente, de que sean requeridas las constancias que refiere, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes en que se requirió a la autoridad responsable copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Requerimiento de constancias de personalidad. Ahora bien, con el objeto de estar en condiciones de tener por reconocida plenamente en este asunto la personalidad de Sandra Amairani Parra Dorantes, quien se ostenta como apoderada legal de Araceli Vázquez Pineda, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 11 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, se sirva remitir a este órgano de control constitucional copia certificada de las constancias que acrediten la personalidad que ostenta la promovente en este asunto, con el apercibimiento de que en caso de no atender lo requerido, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Apercibimiento a la promovente. De igual forma, se apercibe a la promovente de amparo que en caso de no tener acreditada la personalidad con que se ostenta dentro del juicio natural, de conformidad con el artículo 240 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Domicilio y autorizados. Se tienen como sus autorizados en los términos que indica, a la personas que menciona por ser parte actora en el juicio natural y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Consulta electrónica. Como lo solicita y en virtud de que, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "SANAMAPADO" y "JOLUPERA", se autoriza la consulta y la práctica de notificaciones vía electrónica, por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial "A", realice las gestiones necesarias y se habilite la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Medios de contacto. Ahora bien, respecto a los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, se tienen únicamente para que este Juzgado puedan establecer contacto en caso de ser necesario, más no así para que ahí se realicen notificaciones electrónicas o demás aspectos procesales en términos del artículo 5° Fracción I del acuerdo 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Se exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de Transparencia. Por último, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese.
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