Araceli Vázquez Parada
Expediente 1037/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Araceli Vázquez Parada
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención Intégrese a los autos el escrito de cuenta firmado por la quejosa ********************, mediante el cual, desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de treinta y uno de octubre pasado y diez de noviembre en curso. Atento a lo anterior, se provee: Análisis de la demanda y desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De tales artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". De los preceptos legales transcritos, se advierte que el primero de ellos no dispone de manera específica un motivo que vuelva improcedente el juicio de amparo, pero sí estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; por su parte, los diversos numerales prevén que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de "autoridad" que violen los derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de los derechos fundamentales, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de tal medio extraordinario contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Sentado lo anterior, es pertinente señalar cuáles son los tipos de relaciones jurídicas, a saber: de supra a subordinación, subordinación y coordinación. 1. Las relaciones de subordinación son las que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal. 2. Las relaciones de supraordinación, son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. 3. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más personas físicas o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para resolver esas controversias. De lo anterior se advierte que, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de 2011, del tenor siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda y de los escritos aclaratorios, se advierte que la quejosa, reclama la retención de su salario correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del año en curso, por la cantidad de $******************** (********************pesos ********************/100 M.N.). Asimismo, que la quejosa es trabajadora de confianza de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, como órgano auxiliar y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como unidad ejecutora, en específico con el puesto de ********************En tales, el acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad, ya que la retención del salario que reclama la quejosa, es con motivo de la relación laboral que tiene con las autoridades responsables; por tanto, la actuación de estas últimas, frente a la quejosa, se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquéllas actúan como patrón y no como autoridad investida de imperio frente a la quejosa (trabajadora), ello, derivado de la relación laboral existente, que aduce la quejosa tiene con las autoridades que señala como responsables. En ese sentido, es evidente que el acto de que se duele la promovente del amparo, no fue realizado dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, ese acto deriva de una relación laboral, entre la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, como órgano auxiliar y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como unidad ejecutora, en la que dichas dependencias actúan como patrón y la quejosa como trabajadora. En tal virtud, el acto impugnado no constituye uno de los considerados de autoridad. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, del libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." También, es aplicable la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de lasfracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Notifíquese personalmente (vía electrónica) a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos, el escrito signado por la quejosa *****, por el que dice cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de octubre pasado, en atención a ello, se provee: Mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, se previno a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de su notificación, manifestara bajo protesta de decir la verdad, lo siguiente: ".a) Precise la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta instancia; b) Asimismo, indique si el salario correspondiente a la quincena comprendida del uno al quince de octubre del año en curso que refiere, le fue retenido en su totalidad o un porcentaje del mismo. De haberse retenido únicamente un porcentaje, deberá precisar a cuánto asciende dicho porcentaje; y, c) Deberá manifestar la relación laboral que tiene con las autoridades responsables, y en su caso acreditar tal circunstancia." Al respecto, en su escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, refiere lo siguiente: ".PRIMERO: En atención al a), preciso que la retención de manera ilegal a mi salario inicio a partir del día 30 de mayo del 2023, la segunda retención sucedió el día 30 de junio del año 2023, la tercera retención sucedió el 30 de julio del 2023, la cuarta retención sucedió el 30 de agosto del 2023, todas por la cantidad de $ 1,192.00 (mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.), la quinta retención sucedió el 28 de septiembre del año 2023 por la cantidad de $ 4,581.45 (cuatro mil quinientos ochenta y un pesos 45/100 M.N.) y lo que corresponde a la quincena del 01 al 15 de octubre del mismo año, se me retuvo la quincena completa, de este último hecho tuve conocimiento el mismo día quince de octubre de la presente anualidad, toda vez que no recibí el pago de mi salario." En tanto que, en su demanda de amparo, reclamó lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. a) La ilegal retención al salario dictada en mi contra, decretada por las autoridades responsables ordenadoras y mismo que se ejecutó por la autoridad responsable ejecutora con fecha 16 de octubre del año 2023, cabiendo aclarar que a pesar de ser un acuto (sic) ejecutado, ello no significa que sea un acto consumado para los efectos de la suspensión como más adelante se precisará, tendiente a procurar daños y perjuicios de difícil reparación, porque se deja a mi persona como gobernada en un estado de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia". En ese sentido, tomando en consideración las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, se advierten nuevos elementos para efectuarle una nueva prevención. Por ello, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contado a partir de su legal notificación, con las copias necesarias y bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: a) Deberá indicar en concreto cuál de las retenciones que refiere reclama en el presente asunto; b) Hecho lo anterior, tendrá que señalar la fecha en que tuvo conocimiento de esa retención, pues según sus manifestaciones desde el mes de mayo del año en curso, se le han venido efectuando retenciones a su salario en su lugar de trabajo, y únicamente indica la fecha en que tuvo conocimiento de la retención de la primera quince de octubre del año en curso. Por lo anterior, se apercibe a la quejosa Araceli Vázquez Parada y a sus abogados que tiene señalados en este juicio, para que se conduzcan en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I1 , de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda. Sobre esta prevención, resultan aplicables en términos del artículo 6º transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la tesis con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 184437 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Abril de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXVII.3 K Página: 1121 PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión." En atención a lo anterior, dígasele a la parte quejosa, que subsiste la prevención y el apercibimiento decretados en acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, en el entendido de que ello deberá realizarlo dentro del plazo de tres días, pues el seis de noviembre en curso, quedó notificada vía electrónica de la primera prevención formulada y el escrito de cuenta, lo presentó ante este Juzgado de Distrito el nueve del actual, interrumpiendo dicho plazo, el cual reiniciará al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera física a este órgano jurisdiccional el treinta de octubre del año en curso, que promovió Araceli Vásquez Parada, contra actos del Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico; anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1037/2023, y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y prevención De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que existen irregularidades, ya que en el capítulo relativo al acto reclamado, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. a) La ilegal retención al salario dictada en mi contra, decretada por las autoridades responsables ordenadoras y mismo que se ejecutó por la autoridad responsable ejecutora con fecha 16 de octubre del año 2023, cabiendo aclarar que a pesar de ser un acuto (sic) ejecutado, ello no significa que sea un acto consumado para los efectos de la suspensión como más adelante se precisará, tendiente a procurar daños y perjuicios de difícil reparación, porque se deja a mi persona como gobernada en un estado de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia". Lo subrayado propio Por otra parte, en el apartado relativo a hechos y abstenciones constitutivos del acto reclamado, indica lo siguiente: "V. HECHOS Y ABSTENCIONES CONSTITUTIVOS DEL ACTO RECLAMADO Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamento de los conceptos de violación son los siguientes:1. La suscrita no he cometido infracción a la Ley Federal del Trabajo alguna como se probará en el momento procesal oportuno, pero ante la ilegal retención al salario, recurro en este acto al AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, para los efectos de que se me otorgue la suspensión provisión y en su momento la suspensión definitiva del acto reclamado. Esto porque el día 15 de octubre del año 2023, de manera ilegal me fue retenido el salario sin casusa justificada y sin mediar resolución judicial alguna, por lo que me veo precisada a promover la presente demanda de amparo y protección de la Justicia Federal a mi favor. 2. Como es el caso que la suscrita, no ha cometido infracción a la Ley Federal del Trabajo alguna que amerite la retención al salario, ni en ningún momento he recibido comunicación o citatorio alguno, ni documento alguno que lo justifique, sin embargo, me fue retenida mi quincena correspondiente al periodo del día 1° al 15 de octubre del año 2023, cuya orden han ejecutado las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, cabiendo aclarar que a pesar de ser un acto ejecutado, ello no significa que sea en acto consumado para los efectos de la suspensión como más adelante se precisará.3. No he cometido infracción a la Ley Federal del Trabajo alguna que amerite la retención al salario, como se probará en el momento procesal oportuno, pero como temo continuar en estado de retención salarial, por ello recurro en este acto al AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, para los efectos de que se me otorgue la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva del acto reclamado.". Lo subrayado propio Por tanto, a fin de proveer lo procedente en relación a la admisión de la demanda y evitar alguna violación al procedimiento, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracción I, requiérase a la promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias que formarán parte integrante de la demanda, con las cuales debe correrse traslado a las partes, realice lo siguientes: a) Precise la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta instancia; b) Asimismo, indique si el salario correspondiente a la quincena comprendida del uno al quince de octubre del año en curso que refiere, le fue retenido en su totalidad o un porcentaje del mismo. De haberse retenido únicamente un porcentaje, deberá precisar a cuánto asciende dicho porcentaje; y, c) Deberá manifestar la relación laboral que tiene con las autoridades responsables, y en su caso acreditar tal circunstancia. Lo anterior, toda vez que la lectura integral de la demanda de amparo y los anexos que acompaña al mismo, no se advierten tales datos; los cuales son necesarios para estar en aptitud de entablar correctamente la litis, de admitirse la demanda, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, con el objeto de que las autoridades responsables defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al emitir su informe justificado, así como para proveer sobre la suspensión provisional solicitada; pues, al respecto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar tal circunstancia. Sobre esta prevención, es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080 que establece: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Apercibimiento Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Asimismo, se le apercibe para que se conduzca en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Autorizados, notificación vía electrónica y consulta de expediente Téngase únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala la parte quejosa, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. De igual forma, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Instrucción y envío de oficios Se ordena a la actuaria llevadora de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza a la actuaria firme los oficios derivados de este juicio y, en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En el supuesto de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento del secretario encargado de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico, de ser el caso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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