Araceli Toledo Marín y Otros.

Expediente 611/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
611/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Araceli Toledo Marín y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de junio de dos mil dieciocho Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo donde se tuvo por no presentada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en donde se tuvo por no presentada la demanda y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de mayo del año en curso (fojas 6 a 10), sin que haya dado cumplimiento a la prevención ordenada en el citado auto; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K , de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN.". Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Cintalapa, Chiapas. 2. Actuario Judicial del Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Cintalapa, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 611/2018-1-B. PREVENCIÓN Ahora, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación: a) Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el juicio de amparo, amplíe los antecedentes relativos a los hechos de los que deriva el acto reclamado, pues únicamente se limita a manifestar que desconoce los motivos por los cuales las autoridades responsables embargaron el bien inmueble que refiere la promovente es de su propiedad, sin precisar cómo llega a la conclusión que efectivamente dicho bien fue embargado por las autoridades que señala como responsables ni cómo se enteró de dichos actos. Lo anterior, toda vez que dichos datos son necesarios para poder analizar la procedencia del presente juicio de amparo; lo cual, es de orden público y estudio preferente. Aunado a que dicha circunstancia crea incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud la naturaleza del acto que reclama el quejoso, lo que resulta necesario precisarse para que las autoridades responsables rindan con claridad su informe de ley en relación con el acto efectivamente impugnado y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. Además, de que dichos datos se estiman necesarios para establecer el contexto de la actuación reclamada, máxime que para dar cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías. ...

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