Araceli Solis Orduña

Expediente 1105/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1105/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Araceli Solis Orduña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído pasado, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera sin que a la fecha haya realizado exposición alguna. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente cuaderno, esta Juzgadora procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Araceli Solís Orduña, para que la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, realizara lo siguiente: a) La 1. Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, requiera al auxiliar dictaminador, a efecto de que entregue de manera inmediata el proyecto de laudo; utilizando de ser necesario las medidas de apremio o disciplinarias que tenga a su alcance; y, b) En un plazo no mayor a quince días hábiles, proceda al análisis del proyecto y su aprobación, y lo notifique a la aquí quejosa. En consecuencia, el Presidente de la Junta Especial número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante oficio recibido en esta Oficialía de Partes, la Junta Especial número Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, remitió copia certificada del laudo emitido el diez de febrero de dos mil diecisiete, dando cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de un documento expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se estima que se cumplió con el postulado del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Finalmente, se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio que signa el Presidente de la Junta Especial Cincuenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, a través del cual remite las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de mérito y demás constancias relativas al cumplimento a la ejecutoria de amparo, a fin de que en el término de tres días contados a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. Se precisa que la autoridad responsable no tiene legitimación para interponer el recurso descrito en el cuerpo normativo en cita y la única que pudo inconformarse es precisamente la parte quejosa o tercero interesado, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Sirve de apoyo a lo dicho, la jurisprudencia P./J. 22/2003, visible en la página 23 del Tomo XVIII, Julio de 2003 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro: 183709 de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad vinculada en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra acuse del oficio 2316/2017 dirigido a la autoridad responsable 1. Junta Especial número Cincuenta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, mediante el cual se le notifica la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil diecisiete. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena enviar el oficio 2316/2017 a la autoridad responsable, a fin de notificarle la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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