Araceli Romero González
Expediente 595/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco
- Araceli Romero González
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diez de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, fracción II, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, artículos vigésimo primero, fracción I, vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste es susceptible de destrucción, una vez que cuente con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, en términos de lo dispuesto en los puntos décimo primero, último párrafo y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se deja a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió en este asunto, previniéndola que de no acudir a recogerlo dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dicho instrumento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Quejosa se le notifica por medio de lista publicada en estrados dle juzgado el auto de fecha veintiuno de julio de dos mil diecisiete, que se da por reproducido, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, diez de julio de dos mil diecisiete. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Araceli Romero González, en representación de Abarrotes y Víveres del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual desahoga la prevención ordenada en autos en acuerdo de veintiocho de junio del presente año. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto en los artículos 61 y 62, de la Ley de Amparo en vigor, las causales de improcedencia deberán analizarse aún de oficio y de actualizarse alguna de ellas, procede desechar. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa en la especie señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que la Segunda Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, en relación al acto precisado, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción V de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo de mérito. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En relación al acto reclamado precisado con anterioridad, consistente en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que la Segunda Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por la parte demandada, aquí quejosa, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario que establece: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ello es así, pues del capítulo de hechos o abstenciones, los cuales constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, no se advierte que la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que la responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, afecte en sus derechos sustantivos, pues, señala: "incidente que la Junta declaró improcedente, considerando que la diligencia para notificar al C. UBLESTER GONZÁLEZ BANDERAS, se realizó de manera correcta pues con la persona con quien se entiende la diligencia le manifiesta que si es el domicilio buscado y que la persona buscada si labora ahí, pero que no se encontraba presente, por lo que la actuaria procedió a dejar el citatorio con quien se entiende la diligencia. Por otro lado, la Junta al resolver incidente planteado considera, que la demanda para el caso considerar que la citación adolecía de defectos, se tenía tres días para devolver las cedulas de la citación practicada o bien interponer el Incidente de Nulidad de Actuaciones en Contra de la Citación Hecha por el Fedatario Actuante de Ese Tribunal, por lo que a la demandada le transcurrió con exceso el termino de tres días para hacer valer cualquier medio de defensa. Expuesto lo anterior, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, mismos que tutela la Constitución por medio de los derechos individuales; tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por ello, el amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: - Derechos Sustantivos. Lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro de juicio. En ese sentido, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la base expuesta, debe estimarse que la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que la responsable declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, no quebranta de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos por los derechos fundamentales, ya que se trata de un acto meramente procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. Ciertamente, ese pronunciamiento ningún perjuicio irreparable le irroga a la parte quejosa, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas al emitirse sentencia en el juicio natural. Y, en el supuesto de resultar adverso el referido acuerdo, está en última instancia el amparo directo para combatirlo como violación procesal (siempre y cuando haya preparado su impugnación a través de los recursos legales respectivos), de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso b) de la Constitución Federal, 170 y 172, fracción III y XII la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la referida violación procesal. Al respecto, los artículos 170 y 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; [.] . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Por ende, al no ser un acto de imposible reparación, éste no puede ser analizado en esta instancia, sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión y le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso tal circunstancia podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el cual será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1993, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley.". Y la jurisprudencia VI.2o. J/56, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece a foja 621, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INCIDENTE DE NULIDAD, DESECHAMIENTO DEL. (ARTICULO 159, FRACCIONES V Y XI DE LA LEY DE AMPARO). El hecho de desechar un incidente de nulidad de actuaciones es análogo a cuando se resuelve ilegalmente un incidente de nulidad, ya que la resolución correspondiente tiene el mismo sentido de afectación en perjuicio del agraviado, pues si lo que pretendió al promoverlo fue que se invalidaran ciertas actuaciones, es claro que si éstas subsisten porque al ser resuelto el incidente se hubiera estimado infundado, el mismo gravamen se ocasiona si la subsistencia de las actuaciones aludidas se debió al desechamiento del referido incidente, así que, para efectos de considerar o no como violación procesal en casos como el de la especie, lo mismo da que se trate de una resolución que decida un incidente de nulidad, después de tramitado y declararlo infundado, a que tal incidente sea desechado por improcedente.". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción V de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la que la Segunda Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por la parte actora, aquí quejosa. Notifíquese personalmente.
- Principal
se requiere a la promovente del amparo para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, y con las copias necesarias del escrito para correr traslado a las partes, aclare la demanda de amparo, en el punto que se precisará más adelante y entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en el artículo 261 de la Ley de Amparo en vigor, que a letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." 1.- Precise de manera clara y concreta la fecha en que tuvo conocimiento del acto que reclama en esta instancia constitucional, toda vez que en el capítulo respectivo refiere: "V. FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Veintinueve de mayo del dos mil diecisiete" Por su parte, en el apartado de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, en la parte que interesa, indica: ".Agregando que la resolución del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, erróneamente me fue notificada con fecha notificada con fecha veinticinco de junio de dos mil diecisiete a las once horas con diez minutos, lo cual e (sic) suscrito para acreditarlo tengo en mi poder el original de dicha notificación, lo cual es una fecha errónea." Es decir, se advierte confusión respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del acto que pretende reclamar el agraviado, pues tales aseveraciones crean incertidumbre a este juzgado sobre las pretensiones intentadas y con la finalidad de fijar la litis en el presente juicio. Pues dice que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de mayo del año en curso; sin que se advierta de manera clara y precisa la pretensión de la parte quejosa, pues, como ya se apuntó, en las narraciones relativas a los conceptos de violación, manifiesta diversas violaciones procesales en la referida audiencia, no obstante, sólo destaca la designación como albacea. Se apercibe
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