Araceli Reyes Amaya
Expediente 757/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Araceli Reyes Amaya
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el doce de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y anexo que acompaña al mismo. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional el auto dictado en diecisiete de agosto del año en curso, en el juicio laboral 513/2020, únicamente donde la responsable señala el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: En el acuerdo diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 513/2020 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se señalaron el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. A la fecha en que se presentó la demanda -veintiuno de octubre de dos mil veinte-, aún seguía señalada la data mencionada en el párrafo que antecede, para el verificativo la diligencia de que se trata. Finalmente, la mencionada responsable dictó el proveído de diez de noviembre de la presente anualidad, en el que dejó sin efecto la fecha y hora señalada en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte y, en su lugar fijó las diez horas del dos de diciembre del año en curso, como nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 513/2020. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de diez de noviembre del presente año, en el que se fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Es así, pues los efectos del acto reclamado han quedado destruidos en forma total e incondicional, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó al quejoso en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. No es inadvertido que en el presente juicio de amparo, le surte el carácter de terceros interesados a Bimbo, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en Eje 128, Industrial, San Luis Potosí; sin embargo, se estima que en nada le perjudica tal omisión, dado el sentido de esta determinación. En apoyo a lo anterior, se citan las tesis aisladas P. V/98, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como, la que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y anexo que acompaña al mismo. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional el auto dictado en diecisiete de agosto del año en curso, en el juicio laboral 513/2020, únicamente donde la responsable señala el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: En el acuerdo diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 513/2020 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se señalaron el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. A la fecha en que se presentó la demanda -veintiuno de octubre de dos mil veinte-, aún seguía señalada la data mencionada en el párrafo que antecede, para el verificativo la diligencia de que se trata. Finalmente, la mencionada responsable dictó el proveído de diez de noviembre de la presente anualidad, en el que dejó sin efecto la fecha y hora señalada en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte y, en su lugar fijó las diez horas del dos de diciembre del año en curso, como nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 513/2020. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de diez de noviembre del presente año, en el que se fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Es así, pues los efectos del acto reclamado han quedado destruidos en forma total e incondicional, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó al quejoso en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. No es inadvertido que en el presente juicio de amparo, le surte el carácter de terceros interesados a Bimbo, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en Eje 128, Industrial, San Luis Potosí; sin embargo, se estima que en nada le perjudica tal omisión, dado el sentido de esta determinación. En apoyo a lo anterior, se citan las tesis aisladas P. V/98, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como, la que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ********, contra actos de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 757/2020-IV. Incidente de Suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Tercero Interesado. Acuérdese lo correspondiente respecto a quien o quienes les recaiga el carácter de terceros interesados en términos del numeral 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto obre el informe de la autoridad responsable. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Asimismo, requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia en vigor; en el entendido de que de acuerdo a lo establecido por el numeral 251 de esa misma legislación, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa de treinta días Unidades de Medida y Actualización vigente, al emitirse la sentencia correspondiente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos.
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