Araceli Ramírez Fabela

Expediente 1211/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1211/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Araceli Ramírez Fabela
  • Jefe de Prestaciones Médicas en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve (foja 12 a 14), en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obren las copias certificadas que remitieron las autoridades responsables, se ordena enviárselas, con la atenta solicitud del acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrán como recibidas a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá destruirse y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE dado que en la especie se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión respectivo. Se ordena agregar copia certificada de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Incidental

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 130 y 144 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se determina que se deja SIN MATERIA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Araceli Ramírez Fabela, contra los actos que reclamó de las autoridades y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.

  3. Principal

    Visto el comunicado de Gloria Miranda Rodríguez y Arturo Yahvé Ayala Hurtado, en cuanto apoderados jurídicos y representantes legales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, carácter que se les reconoce en virtud de la escritura pública que adjuntan; a través del cual rinden informe justificado; agréguese a los autos únicamente para que conste, toda vez que en proveído de trece de los actuales se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (fojas 12 a 14). Asimismo, se les tiene informando que las denominaciones correctas de las autoridades señaladas como responsables son las siguientes: No. DENOMINACIÓN PROPORCIONADA POR LA PARTE QUEJOSA DENOMINACIÓN CORRECTA 1 DIRECTOR MÉDICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN MORELIA. JEFE DE PRESTACIONES MÉDICAS EN MICHOACÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 2 DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN MORELIA. DELEGADO REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN MICHOACÁN. 3 MÉDICO TRATANTE DOCTOR MORALES, ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 83, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 4 MÉDICO TRATANTE (DOCTOR RODRÍGUEZ, ESPECIALISTA EN NEFROLOGÍA). DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 83, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 5 DIRECTORA Y/O ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN MORELIA. JEFE DELEGACIONAL DE SERVICIOS DE FINANZAS EN MICHOACÁN, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 6 SUBDIRECTORES MÉDICOS EN TURNO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN MORELIA. SUBDIRECTORES MÉDICOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, NOCTURNO Y JORNADA ACUMULADA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 83, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. 7 MÉDICOS ESPECIALISTAS EN RADIOLOGÍA Y/O TÉCNICOS RADIÓLOGOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN MORELIA. DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NÚMERO 83, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD (DOCTORA ROSALBA RODRÍGUEZ MORÁN). En consecuencia, se ordena girar las subsecuentes notificaciones a las autoridades responsables bajo sus denominaciones correctas. Con las actuaciones remitidas con el oficio que se provee, se ordena formar un tomo de pruebas, respetando sello, folio y rúbrica de éste. Por otro lado, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y en términos del artículo 9 de la ley en aplicación, designando como delegados de su parte a las personas que indican. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ARACELI RAMÍREZ FABELA. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la copia certificada del comunicado de la Directora del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y su anexo, a través del cual en cumpliendo con el requerimiento que se le hizo en proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 34) dentro del incidente de suspensión que deriva del juicio en que se actúa, exhibió el acta de defunción que la quejosa directa Araceli Ramírez Fabela; atento a ello, se provee lo siguiente: Este juzgador estima que cobra vigencia la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; Del precepto transcrito, se advierte que prevé el sobreseimiento del juicio de amparo cuando el quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se encuentra acreditada la muerte de la peticionaria de amparo, pues así se advierte de la copia certificada del acta de defunción 190506774 que se adjuntó al oficio de la Directora del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, la cual, incluso, revela que el motivo del deceso fue: "A. INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 3 DIAS. B. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 5 DIAS. C. SEPSIS 8 DIAS. D. PIELONEFRITIS 20 DIAS. II. INSUFICIENCIA". En otras palabras, la copia certificada del acta de defunción aludida cuenta con valor probatorio pleno con base en los artículos 102 y 129 del Código Federal de Procedimiento Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, pues se estima suficiente para demostrar el deceso de la quejosa durante el trámite de este asunto. Una vez determinado lo anterior corresponde verificar si el acto reclamado sólo afecta su persona. En el caso, el acto reclamado fue la falta de atención médica especializada, desde la llegada al hospital de la quejosa el siete de octubre de dos mil diecinueve. En efecto, el derecho a la salud es una prerrogativa de carácter personal que se encuentra previsto en el párrafo cuarto del artículo 4° constitucional y éste garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. En su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional. El derecho a la salud o a su protección es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. El derecho a la salud tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos. Empero, aun cuando tiene un carácter eminentemente social y todas las personas tengan derecho a la salud, su protección es individualizada hacia los destinatarios que requieren atención médica, por lo cual, se extingue con la muerte de la persona. En otras palabras, el derecho a la salud es un derecho personalísimo, cuya extinción por la muerte de la agraviada produce sin duda la extinción del juicio de amparo, en la medida que no reviste significación ni importancia patrimonial. De manera que, nadie podría intervenir para continuar con la acción de amparo, ya que no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce del derecho vulnerado. Sustentan lo expuesto, los criterios emitidos por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito , cuyos rubros y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE SI CON LA MUERTE DEL QUEJOSO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE AFECTAN INTERESES PATRIMONIALES. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 74 fracción II de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que muera el quejoso durante la tramitación del juicio si los actos reclamados no son de índole meramente personal, como la vida y la libertad, y exista la posibilidad de que sean afectados sus intereses económicos. Ciertamente la disposición indicada en segundo término establece que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio, pero hay que atender si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, pues cuando no es así de ningún modo se actualiza el supuesto de la indicada norma; por tanto, cuando el acto reclamado provenga de un juicio sucesorio donde inicialmente se declare único y universal heredero al quejoso, y la sentencia que constituya el acto reclamado modifica dicho fallo para reconocer a otra persona como heredero, en ese supuesto deviene incuestionable que la garantía reclamada afecta no únicamente a la persona del quejoso, sino a sus intereses patrimoniales o derechos económicos de sus herederos; entonces, ante tales razones, no procede sobreseer en el juicio de garantías por el simple hecho de la muerte del agraviado antes de la celebración de la audiencia constitucional." Consecuentemente, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del numeral 63 transcrita en párrafos precedentes, ya que quedó evidenciada la muerte de la quejosa durante el trámite de este asunto y el acto reclamado sólo afecta su persona, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por Yadira Ramírez Fabela, en favor de su hermana Araceli Ramírez Fabela; por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la citación para la audiencia constitucional, señalada para las once horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Y las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico

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