Araceli Piedra Torres

Expediente 88/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
88/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Araceli Piedra Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, diez de marzo de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno... Vista la demanda de amparo que promueve ---, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Acuitzio, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-88/2021-2. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado los acuerdos, comunicaciones, avisos y circulares que se han emitido en el mes de enero del año en curso, mediante los cuales los presidentes municipales de sesenta y seis municipios del Estado de Michoacán (que precisa en su demanda), determinaron, informaron y comunicaron, cualquier acción o medida para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, en el Estado de Michoacán, así como su ejecución; también reclama la confiscación material de sus recursos monetarios que depositó en la cuenta bancaria que abrió a su nombre en el ---, acto que atribuye a la citada institución bancaria, así como a ---. La quejosa anexó en copias simples a su demanda de amparo nueve circulares emitidas por distintas presidencias municipales de las que sucintamente se advierte la adopción de determinaciones encaminadas a enfrentar el crecimiento de la pandemia SarCov2, COVID19, ante el rebrote y aumento alarmante en el número de contagios ocasionados por dicho virus en esta entidad federativa, por lo que contienen diversos lineamientos en relación con el aforo, horarios de cierre y apertura, días de operación y de cierre total, así como la observancia de otras medidas, todas ellas tendientes a evitar el rebrote del virus COVID-19 para mantener la reapertura y activar las actividades económicas, ante la contingencia motivada por ese virus y enfrentar el pico mayor de infecciones y la tasa de contagios en cada municipio, motivo por el cual las autoridades responsables emitieron lineamientos y medidas para la operación de diversos establecimientos según el tipo de actividades que desarrollan, en aras de salvaguardar la salud de la población en los distintos municipios de Michoacán, en los que ejerce jurisdicción territorial este juzgado de distrito; y cuya observancia es general en cada uno de dichos municipios. En ese sentido los acuerdos, avisos y/o circulares que pretende reclamar la quejosa, como se dijo, constituyen normas generales, en términos del artículo 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo. Al respecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de la ley de la materia, en razón de que, en caso de conceder el amparo a la parte quejosa por considerar que los acuerdos, avisos y/o circulares reclamados contravienen derechos fundamentales, implicaría otorgar efectos generales a la ejecutoria de amparo, lo cual sería contrario al principio de relatividad de las sentencias. Ello, porque las sentencias dictadas en ese juicio no pueden tener efectos generales, aunado a que dichos efectos únicamente deben tener aplicación respecto de la parte quejosa en lo individual. En efecto, la porción normativa citada en primer término establece que el juicio de amparo no procede cuando la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta." El primer párrafo de la fracción II del precepto constitucional trascrito regula el principio de relatividad de las sentencias de amparo, el cual implica que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, el artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla el principio de parte agraviada, en los siguientes términos: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Asimismo, en relación con los efectos de las sentencias de amparo en las que se reclama una norma general, como la disposición reclamada en el presente asunto, el ordinal 78 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado". Así pues, de la lectura conjunta de los mencionados numerales se obtiene que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; lo cual, a contrario sensu, se traduce en que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Así, la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse del quejoso que lo hubiere solicitado y debe limitarse al caso particular sobre el cual verse la controversia; esto es, no es posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto actual del artículo 107, fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. De ahí que si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio. Dichas consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil cincuenta y nueve, libro VII, abril de dos mil doce, tomo 2, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. En la especie, los actos reclamados, como se dijo con antelación, la quejosa los hace consistir en todos los acuerdos, circulares o avisos, emitidos en el mes de enero del año en curso, por cada presidente municipal de los sesenta y seis municipios que conforman el distrito judicial en el cual este juzgado ejerce su jurisdicción territorial, en los que se establecieron lineamientos para afrontar el contagio desmedido en la población por el virus que causa la enfermedad COVID-19 y que sustancialmente establecen el cierre parcial de establecimientos comerciales catalogados como no esenciales, conminándolos a cerrar o cesar operaciones a determinada hora de lunes a sábado, así como mantener el cierre total de dichos establecimientos el día domingo en diversos municipios (pues en algunos otros se autoriza dicha operación en domingo, en determinados horarios y modalidades), quedando exceptuados los negocios o establecimientos vinculados con la satisfacción de necesidades básicas de la sociedad, tales como farmacias, clínicas, hospitales, funerarias e instituciones financieras, entre otras, respecto de las cuales se autoriza su apertura y operación en las modalidades que cada una de las circulares, acuerdos y/o avisos establecen según del municipio de que se trate. Ahora bien, cabe señalar que acorde con el contenido de la demanda y los términos en que solicita la suspensión de los actos reclamados, la pretensión de la quejosa al promover el presente amparo es que se permita la operación de las sucursales de ---, localizadas en todos y cada uno de los sesenta y seis municipios que componen el distrito judicial en el que este órgano tiene su jurisdicción territorial, mismas que, según lo refiere la quejosa, se encuentran instaladas en el interior de los establecimientos con giro comercial denominados ---pues según lo refiere la quejosa bajo protesta de decir verdad, ella se dedica a la actividad comercial de compra y venta de alimentos perecederos los días domingo, en los tianguis que se instalan en las cabeceras municipales de todos y cada uno de los sesenta y seis municipios de referencia y que precisa en su demanda, motivo por el cual se considera afectada porque señala que como cliente de ---, acude a sus sucursales a realizar operaciones financieras particularmente el día domingo cuando desarrolla su actividad comercial, lo que es vital para su subsistencia, puesto que se pone en riesgo su derecho al mínimo vital, ello porque desde el diecisiete de enero pasado, dice se han encontrado cerradas en virtud de las órdenes emitidas por autoridades municipales de esta entidad federativa. En esa tesitura, considera que---, en cuanto autoridades ejecutoras, despliegan la confiscación material de sus recursos monetarios que tiene depositados en un cuenta bancaria que abrió a su nombre en el ---, puesto que al acatar los acuerdos, avisos, circulares y/o comunicados que establecen horarios de operación para las actividades y unidades económicas, emitidas por las autoridades municipales que señala como responsables, la han dejado en imposibilidad material de disponer de los recursos monetarios de su propiedad que tiene depositados en su cuenta bancaria. Por consiguiente, como expresamente lo manifiesta la quejosa, su pretensión con el juicio de amparo que promueve es que cese todo acto de ejecución de las normas generales reclamadas, particularmente que cese el cierre de las sucursales de---ubicados al interior --- y señala que debe permitírsele a la quejosa el acceso a cualquiera de las sucursales ubicadas en los sesenta y seis municipio a que alude. Luego, es evidente que en un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que la restitución del derecho, en el supuesto de que los acuerdos, avisos, circulares y/o comunicados reclamados resultaren inconstitucionales o ilegales, provocaría la infracción del principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, pues el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar, toda vez que de resultar ilegales o inconstitucionales las normas generales destacadas, cuyo sustento toral son determinaciones de observancia general, que buscan salvaguardar el orden público y el interés social, ante una situación de pandemia que se ha agravado en el Estado de Michoacán, en virtud de un desmedido aumento en el número de contagios, conllevaría la transgresión de dicho principio, pues cabe señalar que resultaría transgresor del principio de relatividad, una concesión de amparo en el que se ordene aperturar todas y cada una de la sucursales del Banco Azteca ubicadas en los sesenta y seis municipios que integran el distrito judicial en el que este órgano ejerce su jurisdicción territorial; de ahí que el efecto de una posible concesión del amparo no podría constreñirse nada más a la parte quejosa. Sumado a lo anterior, es preciso mencionar que la quejosa pretende encuadrar su demanda como urgente, al señalar que reclama actos de confiscación por parte de las autoridades --- y Nueva ---.; sin embargo, acorde con lo que la propia quejosa expone en su demanda bajo protesta de decir verdad, la ejecución de las circulares, acuerdos, comunicados y/o avisos que atribuye a los presidentes municipales de diversos municipios de esta entidad federativa, no implican en modo alguno actos de confiscación por parte de las morales de referencia, como lo refiere la parte quejosa. Lo anterior en razón de que este juzgador tiene facultades para analizar el acto reclamado, el contexto en el que se emite y la racionalidad de los hechos que narra el quejoso en su demanda y ese análisis arroja que contrario a lo que aduce la solicitante de amparo, la ejecución de los actos reclamados no encuadra como acto de confiscación, respecto del cual debe entenderse la apropiación violenta por parte de la autoridad de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación, acto que se encuentra prohibido por el artículo 22 constitucional; ello se afirma toda vez que de la lectura integral de la demanda y de las circulares reclamadas cuyos lineamientos sustanciales describe la quejosa, no se advierte que tengan por objeto privarla de la totalidad o parte de sus bienes, sino que en todo caso únicamente tienen por efecto que la quejosa se vea motivada a realizar sus operaciones financieras ante las institución bancaria Banco Azteca en la que tiene aperturada una cuenta a su nombre, en los días y horarios establecidos y autorizados para que dicha persona moral opere, pues si bien no lo puede hacer los días domingo por el cierre total de establecimientos en los municipios que así lo hayan determinado, ello no implica que no pueda disponer de los recursos económicos que tiene en su cuenta bancaria en cualquier otro día de la semana. A mayor abundamiento, cabe señalar que el ---no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que los actos de autoridad son de naturaleza unilateral y obligatoria, afectan derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y tienen su origen en una norma general; sin embargo, de lo narrado por la quejosa se advierte que ésta es cuentahabiente del citado banco en virtud de que existe celebrado un contrato en el que la solicitante de amparo expresó su voluntad de contratar con dicha institución servicios financieros, por lo que existe un relación de coordinación, que se hace extensiva al diverso establecimiento comercial --- en virtud de que en su interior se encuentran las sucursales de la institución bancaria. Maxime que las citadas personas morales al acatar los acuerdos municipales en los que se establecen lineamientos de operación para los establecimientos con motivo de la pandemia no dictan ni ordenan un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, pues dichos actos no provienen de la voluntad de la citada institución financiera ni del establecimiento mercantil de referencia, sino en cumplimiento de normas de índole general, pues las restricciones en los horarios y días para su operación no son impuestos por ellas mismas sino por autoridades del ámbito municipal, razón por la cual esa imposición unilateral y obligatoria de dichos efectos no es propia de las citadas personas morales lo que impide conferirles el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, pues sus actos carecen de tales atributos, ni son equivalentes a los de autoridad porque la "ejecución" que se les atribuye es propia del cumplimiento que como personas morales gobernadas efectúan respecto de las normas generales. Razones por las cuales respecto de los actos aquí analizados se actualiza la diversa causa de improcedencia que deriva del artículo 61 fracción XXIII, en relación con numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo, al no constituir actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia al actualizarse las causas de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 78 y 5o de ese propio ordenamiento, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, respecto de los actos ya precisados, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia. Se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado para ese efecto a ---, a quien se le otorga todas las facultades que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ---a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e. firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve ---, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Acuitzio, Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-88/2021-2. El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado los acuerdos, comunicaciones, avisos y circulares que se han emitido en el mes de enero del año en curso, mediante los cuales los presidentes municipales de sesenta y seis municipios del Estado de Michoacán (que precisa en su demanda), determinaron, informaron y comunicaron, cualquier acción o medida para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, en el Estado de Michoacán, así como su ejecución; también reclama la confiscación material de sus recursos monetarios que depositó en la cuenta bancaria que abrió a su nombre en el ---, acto que atribuye a la citada institución bancaria, así como a ---. La quejosa anexó en copias simples a su demanda de amparo nueve circulares emitidas por distintas presidencias municipales de las que sucintamente se advierte la adopción de determinaciones encaminadas a enfrentar el crecimiento de la pandemia SarCov2, COVID19, ante el rebrote y aumento alarmante en el número de contagios ocasionados por dicho virus en esta entidad federativa, por lo que contienen diversos lineamientos en relación con el aforo, horarios de cierre y apertura, días de operación y de cierre total, así como la observancia de otras medidas, todas ellas tendientes a evitar el rebrote del virus COVID-19 para mantener la reapertura y activar las actividades económicas, ante la contingencia motivada por ese virus y enfrentar el pico mayor de infecciones y la tasa de contagios en cada municipio, motivo por el cual las autoridades responsables emitieron lineamientos y medidas para la operación de diversos establecimientos según el tipo de actividades que desarrollan, en aras de salvaguardar la salud de la población en los distintos municipios de Michoacán, en los que ejerce jurisdicción territorial este juzgado de distrito; y cuya observancia es general en cada uno de dichos municipios. En ese sentido los acuerdos, avisos y/o circulares que pretende reclamar la quejosa, como se dijo, constituyen normas generales, en términos del artículo 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo. Al respecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de la ley de la materia, en razón de que, en caso de conceder el amparo a la parte quejosa por considerar que los acuerdos, avisos y/o circulares reclamados contravienen derechos fundamentales, implicaría otorgar efectos generales a la ejecutoria de amparo, lo cual sería contrario al principio de relatividad de las sentencias. Ello, porque las sentencias dictadas en ese juicio no pueden tener efectos generales, aunado a que dichos efectos únicamente deben tener aplicación respecto de la parte quejosa en lo individual. En efecto, la porción normativa citada en primer término establece que el juicio de amparo no procede cuando la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta." El primer párrafo de la fracción II del precepto constitucional trascrito regula el principio de relatividad de las sentencias de amparo, el cual implica que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, el artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla el principio de parte agraviada, en los siguientes términos: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Asimismo, en relación con los efectos de las sentencias de amparo en las que se reclama una norma general, como la disposición reclamada en el presente asunto, el ordinal 78 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado". Así pues, de la lectura conjunta de los mencionados numerales se obtiene que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; lo cual, a contrario sensu, se traduce en que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Así, la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse del quejoso que lo hubiere solicitado y debe limitarse al caso particular sobre el cual verse la controversia; esto es, no es posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto actual del artículo 107, fracción II, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. De ahí que si el juzgador observa que la sentencia estimatoria que llegara a dictar tendría efectos más allá del caso concreto enjuiciado y, por tanto, generales, ello provoca la improcedencia del juicio. Dichas consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil cincuenta y nueve, libro VII, abril de dos mil doce, tomo 2, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. En la especie, los actos reclamados, como se dijo con antelación, la quejosa los hace consistir en todos los acuerdos, circulares o avisos, emitidos en el mes de enero del año en curso, por cada presidente municipal de los sesenta y seis municipios que conforman el distrito judicial en el cual este juzgado ejerce su jurisdicción territorial, en los que se establecieron lineamientos para afrontar el contagio desmedido en la población por el virus que causa la enfermedad COVID-19 y que sustancialmente establecen el cierre parcial de establecimientos comerciales catalogados como no esenciales, conminándolos a cerrar o cesar operaciones a determinada hora de lunes a sábado, así como mantener el cierre total de dichos establecimientos el día domingo en diversos municipios (pues en algunos otros se autoriza dicha operación en domingo, en determinados horarios y modalidades), quedando exceptuados los negocios o establecimientos vinculados con la satisfacción de necesidades básicas de la sociedad, tales como farmacias, clínicas, hospitales, funerarias e instituciones financieras, entre otras, respecto de las cuales se autoriza su apertura y operación en las modalidades que cada una de las circulares, acuerdos y/o avisos establecen según del municipio de que se trate. Ahora bien, cabe señalar que acorde con el contenido de la demanda y los términos en que solicita la suspensión de los actos reclamados, la pretensión de la quejosa al promover el presente amparo es que se permita la operación de las sucursales de ---, localizadas en todos y cada uno de los sesenta y seis municipios que componen el distrito judicial en el que este órgano tiene su jurisdicción territorial, mismas que, según lo refiere la quejosa, se encuentran instaladas en el interior de los establecimientos con giro comercial denominados ---pues según lo refiere la quejosa bajo protesta de decir verdad, ella se dedica a la actividad comercial de compra y venta de alimentos perecederos los días domingo, en los tianguis que se instalan en las cabeceras municipales de todos y cada uno de los sesenta y seis municipios de referencia y que precisa en su demanda, motivo por el cual se considera afectada porque señala que como cliente de ---, acude a sus sucursales a realizar operaciones financieras particularmente el día domingo cuando desarrolla su actividad comercial, lo que es vital para su subsistencia, puesto que se pone en riesgo su derecho al mínimo vital, ello porque desde el diecisiete de enero pasado, dice se han encontrado cerradas en virtud de las órdenes emitidas por autoridades municipales de esta entidad federativa. En esa tesitura, considera que---, en cuanto autoridades ejecutoras, despliegan la confiscación material de sus recursos monetarios que tiene depositados en un cuenta bancaria que abrió a su nombre en el ---, puesto que al acatar los acuerdos, avisos, circulares y/o comunicados que establecen horarios de operación para las actividades y unidades económicas, emitidas por las autoridades municipales que señala como responsables, la han dejado en imposibilidad material de disponer de los recursos monetarios de su propiedad que tiene depositados en su cuenta bancaria. Por consiguiente, como expresamente lo manifiesta la quejosa, su pretensión con el juicio de amparo que promueve es que cese todo acto de ejecución de las normas generales reclamadas, particularmente que cese el cierre de las sucursales de---ubicados al interior --- y señala que debe permitírsele a la quejosa el acceso a cualquiera de las sucursales ubicadas en los sesenta y seis municipio a que alude. Luego, es evidente que en un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que la restitución del derecho, en el supuesto de que los acuerdos, avisos, circulares y/o comunicados reclamados resultaren inconstitucionales o ilegales, provocaría la infracción del principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, pues el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar, toda vez que de resultar ilegales o inconstitucionales las normas generales destacadas, cuyo sustento toral son determinaciones de observancia general, que buscan salvaguardar el orden público y el interés social, ante una situación de pandemia que se ha agravado en el Estado de Michoacán, en virtud de un desmedido aumento en el número de contagios, conllevaría la transgresión de dicho principio, pues cabe señalar que resultaría transgresor del principio de relatividad, una concesión de amparo en el que se ordene aperturar todas y cada una de la sucursales del Banco Azteca ubicadas en los sesenta y seis municipios que integran el distrito judicial en el que este órgano ejerce su jurisdicción territorial; de ahí que el efecto de una posible concesión del amparo no podría constreñirse nada más a la parte quejosa. Sumado a lo anterior, es preciso mencionar que la quejosa pretende encuadrar su demanda como urgente, al señalar que reclama actos de confiscación por parte de las autoridades --- y Nueva ---.; sin embargo, acorde con lo que la propia quejosa expone en su demanda bajo protesta de decir verdad, la ejecución de las circulares, acuerdos, comunicados y/o avisos que atribuye a los presidentes municipales de diversos municipios de esta entidad federativa, no implican en modo alguno actos de confiscación por parte de las morales de referencia, como lo refiere la parte quejosa. Lo anterior en razón de que este juzgador tiene facultades para analizar el acto reclamado, el contexto en el que se emite y la racionalidad de los hechos que narra el quejoso en su demanda y ese análisis arroja que contrario a lo que aduce la solicitante de amparo, la ejecución de los actos reclamados no encuadra como acto de confiscación, respecto del cual debe entenderse la apropiación violenta por parte de la autoridad de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación, acto que se encuentra prohibido por el artículo 22 constitucional; ello se afirma toda vez que de la lectura integral de la demanda y de las circulares reclamadas cuyos lineamientos sustanciales describe la quejosa, no se advierte que tengan por objeto privarla de la totalidad o parte de sus bienes, sino que en todo caso únicamente tienen por efecto que la quejosa se vea motivada a realizar sus operaciones financieras ante las institución bancaria Banco Azteca en la que tiene aperturada una cuenta a su nombre, en los días y horarios establecidos y autorizados para que dicha persona moral opere, pues si bien no lo puede hacer los días domingo por el cierre total de establecimientos en los municipios que así lo hayan determinado, ello no implica que no pueda disponer de los recursos económicos que tiene en su cuenta bancaria en cualquier otro día de la semana. A mayor abundamiento, cabe señalar que el ---no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que los actos de autoridad son de naturaleza unilateral y obligatoria, afectan derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas y tienen su origen en una norma general; sin embargo, de lo narrado por la quejosa se advierte que ésta es cuentahabiente del citado banco en virtud de que existe celebrado un contrato en el que la solicitante de amparo expresó su voluntad de contratar con dicha institución servicios financieros, por lo que existe un relación de coordinación, que se hace extensiva al diverso establecimiento comercial --- en virtud de que en su interior se encuentran las sucursales de la institución bancaria. Maxime que las citadas personas morales al acatar los acuerdos municipales en los que se establecen lineamientos de operación para los establecimientos con motivo de la pandemia no dictan ni ordenan un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, pues dichos actos no provienen de la voluntad de la citada institución financiera ni del establecimiento mercantil de referencia, sino en cumplimiento de normas de índole general, pues las restricciones en los horarios y días para su operación no son impuestos por ellas mismas sino por autoridades del ámbito municipal, razón por la cual esa imposición unilateral y obligatoria de dichos efectos no es propia de las citadas personas morales lo que impide conferirles el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, pues sus actos carecen de tales atributos, ni son equivalentes a los de autoridad porque la "ejecución" que se les atribuye es propia del cumplimiento que como personas morales gobernadas efectúan respecto de las normas generales. Razones por las cuales respecto de los actos aquí analizados se actualiza la diversa causa de improcedencia que deriva del artículo 61 fracción XXIII, en relación con numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo, al no constituir actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia al actualizarse las causas de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 78 y 5o de ese propio ordenamiento, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, respecto de los actos ya precisados, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia. Se tiene a la quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado para ese efecto a ---, a quien se le otorga todas las facultades que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ---a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e. firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano