Araceli Perez Mendez
Expediente 872/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/03/2018
Partes del expediente
- Araceli Perez Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos y toda vez que por auto de ocho de septiembre de dos mil quince, se declaró imposibilidad material para cumplir la sentencia ejecutoria, y se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido; al efecto se provee: SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE LA RESPONSABLE REMITIÓ COMO APOYO A SU INFORME DE LEY. Devuélvase al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Dos de la Unidad de Seguimiento del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente Fiscalía General de Justicia del Estado, la copia certificada de la averiguación previa 41/2013/USDTP, que remitió como apoyo a su informe justificado (foja 96), la cual obraba por separado en dos tomos anexos del juicio en que se actúa.
- Principal
SE DECLARA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de cuatro de junio de dos mil quince, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca ****** de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el diecisiete de junio de dos mil quince, que confirmó la sentencia protectora de garantías (fojas 165 a 199). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Trámite de la Agencia del Ministerio Público denominada Unidad de Seguimiento del Delito de Trata de Personas: "1. Deje sin efectos la resolución reclamada de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dictada en la constancia de hechos ******, de su índice; 2. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, motive y fundamente correctamente dicha resolución, en la inteligencia de que no deberá incurrir en las deficiencias que quedaron señaladas en esta sentencia y que motivaron esta concesión de amparo." (foja 112). Cabe precisar que en dicha ejecutoria se consideró que la responsable omitió señalar la razón por la cual acordó la petición del impetrante dentro de la constancia de hechos cuando la misma fue dirigida al triplicado de la averiguación previa 41/2013/USDTP, así como tampoco expuso el razonamiento lógico jurídico que lo llevó a resolver no levantar el aseguramiento del inmueble afecto, ya que únicamente señaló que el mismo se encontraba asegurado por constituir instrumento del delito, sin especificar cuáles son las constancias de autos de las que se advierta tal circunstancia, y tampoco indicó de que delito se trataba. Del mismo modo, el representante social responsable no estableció si se mantenía el aseguramiento del inmueble para la práctica de las demás diligencias que fuesen necesarias para la integración de la indagatoria, y de ser así, cuáles eran estas y por qué no se habían desahogado las mismas. Así como tampoco, tomó en consideración que el aquí quejoso hasta ese momento no era inculpado ni probable responsable de la comisión de algún delito. De igual forma, el agente del Ministerio Público responsable eludió la posibilidad de que, una vez emitido el aseguramiento del bien inmueble afecto, según particularidades del caso, sea posible entregar el bien inmueble al aparente propietario como depositario, pues no hay riesgo de que el mismo desaparezca. Por auto de dieciocho de junio de dos mil quince, se recibió la ejecutoria de mérito y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 200). Mediante oficio registrado con el número de correspondencia interna 21763, recibido en este órgano jurisdiccional el siete de julio de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Trámite de la Unidad de Seguimiento del Delitos de Trata de Personas, remitió copia certificada del auto de tres de julio de dos mil quince, por el cual dejó sin efecto el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil catorce, y dictó un nuevo acuerdo del tenor literal siguiente: ".VISTO EL CONTENIDO DEL ESCRITO PRESENTADO ANTE ESTA REPRESENTATE SOCIAL EL VEINTE DE MAYO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, SUSCRITO POR LA CIUDADANA ARACELI PÉREZ MÉNDEZ EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL A BIENES DE JULIO LOAIZA PIMENTEL, DIRIGIDO A LA SUSCRITA FUNCIONARIA ACTUANTE, RELATIVO A LOS HECHOS CORRESPONDIENTES AL TRIPLICADO ABRIERTO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO41/2013/USDTP. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS, Y RESPECTO A LO SOLICITADO POR LA PETICIONARIA EN SU ESCRITO DE CUENTA, SUBSTANCIALMENTE EN EL SENTIDO DE QUE SE LEVANTE EL ASEGURAMIENTO DECRETADO POR ESTA REPRESENTANCIÓN SOCIAL RESPECTO AL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SUCESIÓN QUE REPRESENTA, POR LAS RAZONES QUE EN EL MISMO OCURSO ADUCE, DÍGASE A LA PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A ACCEDER A LO SOLICITADO, EN VIRTUD DE QUE MEDIANTE OCURSO NÚMERO 223/2015 DE FECHA 10 DIEZ DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, RECIBIDO EL 17 DIECISIETE DEL MISMO MES Y AÑO, EL INMUEBLE A QUE HACE REFERENCIA EN SU ESCRITO DE CUENTA FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL, COMO SE DESPRENDE DE LA FOTOCOPÍA DEL REFERIDO OFICIO QUE SE ANEXA AL PRESENTE, Y EN TALES CIRCUNSTANCIAS, ESTA AUTORIDAD ESTÁ IMPEDIDA FÁCTICAMENTE PARA ACORDAR RESPECTO A LO QUE SOLICITA, POR LO QUE DEBERÁ FORMULAR SU PETICIÓN A DICHA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 138/2014." (fojas 217 a 223). Sin embargo, de la citada transcripción se advierte que la responsable se limitó a acordar el escrito de veinte de mayo de dos mil catorce, haciéndole saber que no le era posible acordar lo que solicitaba en el referido escrito, respecto a que levantara el aseguramiento del inmueble de su propiedad, en virtud de que el inmueble que refirió en su escrito había sido puesto a disposición del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad capital. Bajo ese contexto, resulta que aun y cuando el Agente del Ministerio Público responsable, en cumplimiento a la ejecutoría de garantías dejó sin efecto el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil catorce, y dictó un nuevo en el que únicamente le informó a la quejosa que estaba impedida para acordar lo solicitado en su escrito de veinte de mayo de dos mil quince, ya que el inmueble a que hacía referencia en el citado escrito, había sido puesto a disposición del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad capital, de lo anterior, se advierte que el representante social responsable se encuentra imposibilitado materialmente para dar cabal cumplimiento a la ejecutoría de garantías, esto es, la de dictar un nuevo acuerdo siguiendo los lineamientos precisados en párrafos precedentes debido a que la indagatoria ya fue consignada ante juez competente, por ende, debe declarase sin materia el cumplimiento al fallo protector de garantías de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó y concedió el amparo en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Notifíquese y personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ARACELI PÉREZ MENDEZ POR SÍ Y EN SU CARACTER DE ALBACEA PROVISIONAL DE JULIO CÉSAR LOAIZA PIMENTEL EL AUTO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE DECLARA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR LA SENTENCIA EJECUTORIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de cuatro de junio de dos mil quince, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca ****** de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el diecisiete de junio de dos mil quince, que confirmó la sentencia protectora de garantías (fojas 165 a 199). En dicho fallo, la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Trámite de la Agencia del Ministerio Público denominada Unidad de Seguimiento del Delito de Trata de Personas: "1. Deje sin efectos la resolución reclamada de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dictada en la constancia de hechos ******, de su índice; 2. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, motive y fundamente correctamente dicha resolución, en la inteligencia de que no deberá incurrir en las deficiencias que quedaron señaladas en esta sentencia y que motivaron esta concesión de amparo." (foja 112). Cabe precisar que en dicha ejecutoria se consideró que la responsable omitió señalar la razón por la cual acordó la petición del impetrante dentro de la constancia de hechos cuando la misma fue dirigida al triplicado de la averiguación previa ****, así como tampoco expuso el razonamiento lógico jurídico que lo llevó a resolver no levantar el aseguramiento del inmueble afecto, ya que únicamente señaló que el mismo se encontraba asegurado por constituir instrumento del delito, sin especificar cuáles son las constancias de autos de las que se advierta tal circunstancia, y tampoco indicó de que delito se trataba. Del mismo modo, el representante social responsable no estableció si se mantenía el aseguramiento del inmueble para la práctica de las demás diligencias que fuesen necesarias para la integración de la indagatoria, y de ser así, cuáles eran estas y por qué no se habían desahogado las mismas. Así como tampoco, tomó en consideración que el aquí quejoso hasta ese momento no era inculpado ni probable responsable de la comisión de algún delito. De igual forma, el agente del Ministerio Público responsable eludió la posibilidad de que, una vez emitido el aseguramiento del bien inmueble afecto, según particularidades del caso, sea posible entregar el bien inmueble al aparente propietario como depositario, pues no hay riesgo de que el mismo desaparezca. Por auto de dieciocho de junio de dos mil quince, se recibió la ejecutoria de mérito y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (foja 200). Mediante oficio registrado con el número de correspondencia interna 21763, recibido en este órgano jurisdiccional el siete de julio de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de Trámite de la Unidad de Seguimiento del Delitos de Trata de Personas, remitió copia certificada del auto de tres de julio de dos mil quince, por el cual dejó sin efecto el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil catorce, y dictó un nuevo acuerdo del tenor literal siguiente: ".VISTO EL CONTENIDO DEL ESCRITO PRESENTADO ANTE ESTA REPRESENTATE SOCIAL EL VEINTE DE MAYO DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, SUSCRITO POR LA CIUDADANA ARACELI PÉREZ MÉNDEZ EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL A BIENES DE JULIO LOAIZA PIMENTEL, DIRIGIDO A LA SUSCRITA FUNCIONARIA ACTUANTE, RELATIVO A LOS HECHOS CORRESPONDIENTES AL TRIPLICADO ABRIERTO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO41/2013/USDTP. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS, Y RESPECTO A LO SOLICITADO POR LA PETICIONARIA EN SU ESCRITO DE CUENTA, SUBSTANCIALMENTE EN EL SENTIDO DE QUE SE LEVANTE EL ASEGURAMIENTO DECRETADO POR ESTA REPRESENTANCIÓN SOCIAL RESPECTO AL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SUCESIÓN QUE REPRESENTA, POR LAS RAZONES QUE EN EL MISMO OCURSO ADUCE, DÍGASE A LA PROMOVENTE QUE NO HA LUGAR A ACCEDER A LO SOLICITADO, EN VIRTUD DE QUE MEDIANTE OCURSO NÚMERO 223/2015 DE FECHA 10 DIEZ DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, RECIBIDO EL 17 DIECISIETE DEL MISMO MES Y AÑO, EL INMUEBLE A QUE HACE REFERENCIA EN SU ESCRITO DE CUENTA FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD CAPITAL, COMO SE DESPRENDE DE LA FOTOCOPÍA DEL REFERIDO OFICIO QUE SE ANEXA AL PRESENTE, Y EN TALES CIRCUNSTANCIAS, ESTA AUTORIDAD ESTÁ IMPEDIDA FÁCTICAMENTE PARA ACORDAR RESPECTO A LO QUE SOLICITA, POR LO QUE DEBERÁ FORMULAR SU PETICIÓN A DICHA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO PENAL NÚMERO 138/2014." (fojas 217 a 223). Sin embargo, de la citada transcripción se advierte que la responsable se limitó a acordar el escrito de veinte de mayo de dos mil catorce, haciéndole saber que no le era posible acordar lo que solicitaba en el referido escrito, respecto a que levantara el aseguramiento del inmueble de su propiedad, en virtud de que el inmueble que refirió en su escrito había sido puesto a disposición del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad capital. Bajo ese contexto, resulta que aun y cuando el Agente del Ministerio Público responsable, en cumplimiento a la ejecutoría de garantías dejó sin efecto el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil catorce, y dictó un nuevo en el que únicamente le informó a la quejosa que estaba impedida para acordar lo solicitado en su escrito de veinte de mayo de dos mil quince, ya que el inmueble a que hacía referencia en el citado escrito, había sido puesto a disposición del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad capital, de lo anterior, se advierte que el representante social responsable se encuentra imposibilitado materialmente para dar cabal cumplimiento a la ejecutoría de garantías, esto es, la de dictar un nuevo acuerdo siguiendo los lineamientos precisados en párrafos precedentes debido a que la indagatoria ya fue consignada ante juez competente, por ende, debe declarase sin materia el cumplimiento al fallo protector de garantías de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó y concedió el amparo en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. Notifíquese y personalmente.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO CARLOS MARTÍNEZ AVAROA, LA SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, QUE EN LO CONDUCENTE RESUELVE: "RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de la Unión No ampara ni protege a **** contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero ."
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