Araceli Partida Vázquez
Expediente 1759/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1759/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2019
Partes del expediente
- Araceli Partida Vázquez
Actuaciones
- Principal
VISTO ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA... EXPÍDANSELE LAS COPIAS QUE SOLICITA...
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio que remite el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento que se declaró infundado el recurso de reclamación respecto del desechamiento de la recusación interpuesta por el tercero interesado y devuelve los autos originales del expediente 527/2017. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicho acuerdo, acúsese el recibo de estilo. En razón de lo anterior, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en auto de dieciséis de julio de este año y requiérase a la responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, ordene a la autoridad competente para que convoque nuevamente asamblea para resolver sobre la remoción o no del representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, en términos del artículo 40 de la Ley Agraria. Lo anterior, toda vez que en la ejecutoria emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió: "PRIMERO. Es FUNDADO el recurso de revisión. SEGUNDO. Se REVOCA la sentencia dictada en la audiencia dictada en la audiencia constitucional celebrada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto 527/2017-II, por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco (denominación actual). TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Petra Viayra, también conocida como Petra Viayra Reyes, y al resto de los quejosos, contra el acuerdo dictado el siete de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente agrario 106/15/1995 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, para el efecto de que tal autoridad responsable deje insubsistente esa resolución y en su lugar emita otra en que resuelva, con la libertad de jurisdicción, la solicitud que los quejosos le formularon a fin de que convocara a la asamblea correspondiente en la que pudiera resolverse sobre la remoción o, en su caso, ratificación del representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan. En ese sentido, en caso de no contar con las actuaciones originales de ese asunto, o con cualquier otro elemento que resulte necesario, la autoridad responsable quedará constreñida a mandar practicar cuanta diligencia sea necesaria a fin de resolver sobre lo pedido." Mientras que, en la parte considerativa, se aprecia lo siguiente: "(.) En efecto, este Tribunal Colegiado de Circuito no advierte que la parte resolutiva del fallo final del procedimiento de jurisdicción voluntaria que el juez transcribió en su resolución, misma que ha quedado reproducida anteriormente, se hubiera incluido un punto que declarara el cese de la representación otorgada al tercero interesado. Enseguida, porque de acuerdo con la naturaleza que rigió la designación del comunero Gabino Hernández Garza, como representante de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, debe considerarse que bajo ese mismo principio habrá de ser decidido, en su caso, la remoción de ese encargo, principio el cual es incluso posible identificarlo inmerso en la disposición contenida en el artículo 40 de la Ley Agraria, que por analogía indica que esa es la vía que de manera lógica los interesados deben seguir para lograrlo. De ahí que resulte obvio el interés en que la autoridad que lo propició tenga la injerencia que se le atribuyó en ello. En las relatadas condiciones, se estima que fue incorrecto que el juzgador de primer grado sostuviera que la representación del tercero interesado no podía ser motivo de una nueva decisión, pues además de que no hay disposición legal o un mandato de la autoridad competente que indique expresamente que la representación de bienes comunales otorgada a Gabino Hernández Garza cesó en todos sus efectos, tampoco es posible ignorar la información que indica en el juicio de que se trata, que dicha persona continua estando al frente de la comunidad correspondiente. Para lo cual, no resulta óbice que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15 expresara a los directos interesados que podrían acudir en su caso ante la Delegación Estatal de la Procuraduría Agraria, porque, sin desconocer que podrían solicitarlo, lo cierto es que para ello la susodicha autoridad responsable ni el juez de Distrito, se ocuparon de examinar si están o no dadas las condiciones necesarias para que ese organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, pueda ejercer las funciones social y de defensa de los derechos de los comuneros. Por lo mismo, se estima que sin una justificación suficiente el juzgador relevó al Tribunal Unitario Agrario de resolver lo conducente siendo que a él corresponde la atribución respectiva por ser la autoridad del procedimiento en que emanó el acto reclamado. Además, por tratarse de materia agraria resulta conveniente que el tema de fondo de la petición ser resuelto por la autoridad jurisdiccional especializada en esa materia. Inclusive, se estima de esa manera previendo los múltiples soluciones que el caso puede tener considerando las circunstancias que se presenten al momento en que el Tribunal Unitario Agrario responsable estudie y decida lo procedente, así como las diferentes interpretaciones que la solución del caso acepte (.)." De tal forma que debe atenderse que las consideraciones y los lineamientos son las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la ejecutoria de amparo acatando la discrecionalidad que las responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento, que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo." Por razón de lo expuesto, se destaca que las consideraciones y lineamientos sobre los que debe acatarse el fallo protector fueron determinados por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en cuyos motivos el propio órgano revisor destacó cual era la legislación aplicable al asunto, a saber, el artículo 40 de la Ley Agraria. Por consiguiente, el requerimiento que realiza este juzgado federal se ciñe a la resolución en comento, conforme se ha explicado y justificado, por cuanto a los aspectos en que se acotó la jurisdicción del Tribunal Agrario responsable. Es oportuno precisar que la determinación del Tribunal Colegiado de Circuito en la ejecutoria de amparo, y el requerimiento del juzgado federal, no son en el sentido de que el Tribunal Unitario Agrario responsable ordene la remoción del tercero interesado Gabino Hernández; pues el alcance del fallo protector está determinado a la emisión de una nueva convocatoria ciñéndose a la legislación que el tribunal de segunda instancia estimó aplicable, por lo que la decisión respectiva a la remoción o no del tercero interesado, es un aspecto exclusivo que deba decidir la asamblea de la Comunidad Indígena, de hecho, de Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Por tanto, en relación al requerimiento realizado, se hace el apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, se ordena formar el segundo tomo.
- Principal
requiérase nuevamente al fiscal general del estado de Jalisco...termino quince días de cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo...
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de ********************, autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual realiza manifestaciones inherentes al incidente de suspensión. Al respecto, dígasele que dichas manifestaciones así como la exhibición del original del billete de depósito que alude, deberá realizarlo en el cuaderno incidental que deriva del presente expediente, mismo que se tramita por cuerda separada en términos del artículo 128 de la ley de la materia.
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