Araceli Pacheco Rojas y Otros.

Expediente 503/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
503/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Araceli Pacheco Rojas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, mediante el cual se remite el diverso 25061/2018, del registro del Juzgado Tercero de Distrito en la citada materia y residencia, en virtud de que, por error, fue recibido por la autoridad citada en primer término, ya que fue dirigido a este órgano de control constitucional. En ese sentido, intégrese al presente expediente el segundo de los comunicados de referencia, del que se advierte que el Juzgado Tercero de Distrito en cita recibió el impreso 18106/2018, por el que se remitió el juicio de amparo del cual deriva este cuadernillo, asimismo, se aprecia que se avoca al conocimiento del asunto. Por tal motivo, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el siete de enero de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Araceli Pacheco Rojas, Carmen Patricia Fibelina García, Israel Belmonte Rueda, Oscar Cerqueda Hernandez, Frumencio Peña Tapia e Iván Vázquez Vázquez, contra actos del Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de esta ciudad y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 503/2018. Ahora, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la competencia de este juzgado para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, de rubro: "COMPETENCIA". En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional estima que no le corresponde el conocimiento del presente asunto, en virtud que los actos reclamados consisten en: La negativa de considerar y otorgar a los quejosos el seguro de desempleo, atribuida al Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de esta ciudad; y La negativa de recibir a los amparistas los documentos necesarios para realizar el trámite correspondiente para el seguro de desempleo, reclamada del Subdirector de Seguro de Desempleo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de esta ciudad. En principio, conviene citar el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito". Por su parte, el diverso numeral 52, fracción IV, de la ley en cita, dispone: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; (.)". Ahora, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que tratándose de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir aquellos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Para determinar la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, en el caso, de la naturaleza de los actos reclamados y antecedentes de los mismos propuestos en la demanda. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con título: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO". De lo anterior se advierte que los actos reclamados no son propiamente de hechos que se consideren constitutivos de delito, ni que los mismos deriven de procedimiento penal alguno, sino que se trata de posibles negativas respecto de un seguro de desempleo, atribuidas a diversas autoridades de naturaleza administrativa. Por tanto, no puede considerarse que dichos actos sean de naturaleza penal, dado que no afectan la libertad personal de los quejosos, ni provienen de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, seguidos en su contra, de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que dichos actos son formal y materialmente administrativos, en razón de las autoridades a las que se atribuyen y a la naturaleza de los mismos, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 52 de la ley referida en el renglón que antecede. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este órgano de control constitucional, remítase este expediente al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa misma materia y residencia, solicitándole al juez correspondiente el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Téngase como representante común de los quejosos a Frumencio Peña Tapia, pues así lo solicitan. En otro contexto, como se solicita, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado.

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