Araceli Noemi Gonzalez Romo
Expediente 787/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Araceli Noemi Gonzalez Romo
Actuaciones
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrita para notificar a la promovente del juicio el auto de veintinueve de octubre del año en curso, por los motivos que expone; en tales circunstancias, procédase a notificarle el proveído en cita y las subsecuentes por medio de lista. 29 octubre: Recepción de escrito. Se tiene por recibido el escrito signado por la promovente del juicio, por medio del cual desahoga la prevención ordenada en autos; por lo tanto, procédase al análisis de la demanda planteada. Desechamiento. De acuerdo con el precepto 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. ??????????????? Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente, señala como actos reclamados los siguientes: - El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 68/2021 del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que recayó al escrito de dieciséis de agosto del año en curso, en el que entre otras cosas, solicitó que se pasaran los autos para el dictado de la sentencia de divorcio; de contenido literal siguiente: - El auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, que recayó al ocurso de treinta de agosto del mismo año, a través del cual interpuso recurso de revocación en contra de la determinación de veinticuatro de agosto de la misma anualidad; de extracto siguiente: Ahora bien, de lo expuesto por la promovente en su escrito inicial de demanda y del oficio rendido por el juez responsable, se obtuvieron los siguientes antecedentes: La aquí quejosa promovió juicio de divorcio encausado en contra de ****, mismo que correspondió conocer al Juzgado Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, y por auto de cinco de marzo del año en curso la admitió a tràmite registrándola con el número 68/2021. - Por auto de tres de agosto del año en curso, se tuvo al demandado contestando la demanda incoada en su contra; asimismo, se decretó una medida en contra de actos de violencia para ambas partes, a fin de evitar los mismos y con las manifestaciones externadas por el enjuiciado se dio vista a la contraparte, aquí actora, de igual forma, se señaló para el seis de diciembre de dos mil veintiuno, la audiencia a que se refiere el artículo?????????????? 272-B del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Por auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo a la actora contestando la vista ordenada, y en cuanto a la rebeldía que refirió se acusara al demandado, no se acordó de conformidad ya que dentro de la contestación a la solicitud de divorcio a la propuesta de convenio exhibida por la actora, el demandado realizó una contrapropuesta de convenio. - En contra de dicha determinación, la promovente del amparo interpuso recurso de revocación, y por auto de seis de septiembre del año en curso, no se acordó de conformidad, ya que la determinación que pretende revocar no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 684, en relación con el 79, ambos del código procedimental de la materia. Partiendo de esa base, el suscrito juzgador concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados o convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no pueden repararse en el curso del procedimiento del que derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. ??????????????? Luego, conforme a los artículos transcritos, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos dañar a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia respectiva, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso combatirlos en la vía de amparo que corresponda. Así, los actos procesales que sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación determinar cuándo se produce una afectación irreparable, como sucedió antaño, sino que fue taxativo al señalar qué debe entenderse por dicha cuestión jurídica. Conforme a lo expuesto, los acuerdos aquí combatidos, por su naturaleza, no constituyen actos con efectos de imposible reparación, en razón a lo siguiente: El acto de molestia de la solicitante del juicio es la omisión del juez natural de pronunciarse respecto a su solicitud de pasar los autos del juicio de origen al dictado de la sentencia correspondiente, no obstante de haber manifestado -ambas partes- su voluntad de divorciarse. Ahora bien, la violación a la garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que puede presentarse de dos maneras: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los ??????????????? términos y plazos previstos legalmente, y, la segunda se actualiza cuando la autoridad no provea nada o deje de hacer lo conducente para la tramitación y culminación del procedimiento respectivo; la demora en el dictado de la sentencia definitiva, en contravención al derecho fundamental subjetivo público de que se administre justicia de manera pronta, causa al quejoso una afectación de imposible reparación impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, en el tópico, no se está ante una violación a la garantía contenida en el numeral citado, toda vez que contrario a lo argüido por la promovente del juicio, mediante oficio registrado con el número 16946, el juez señalado como responsable informó, en lo que interesa, lo que enseguida se inserta: JOSE NAHUM BARRIOS GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bc.d6 03/09/23 15:53:27 10 Imágenes insertadas de las que se puede apreciar que al no existir coincidencias entre las propuestas de convenio exhibidas por las partes; fijó fecha para la celebración de la audiencia que establece el artículo 272 B, del Código de procedimientos civiles para esta ciudad, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 272-B.-Tratándose de divorcio, el juez lo decretará una vez que se haya contestado la solicitud presentada o en su defecto, haya precluido el término para contestarla. En caso de diferencias en los convenios propuestos, el juez, dentro de los cinco días siguientes, citará a las partes para promover el acuerdo entre las pretensiones expuestas en los citados convenios. De no ser así, se procederá en los términos del artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, y 88 de este ordenamiento. Numeral del que se advierte que en caso de diferencia de convenios, se citará a las partes para promover el acuerdo entre las pretensiones expuestas en los citados acuerdos. ??????????????? Por lo tanto, si el acto reclamado en el presente asunto, se hizo consistir en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que omitió pronunciarse respecto a su solicitud de pasar los autos para el dictado de la sentencia de divorcio, así como el diverso de seis de septiembre en el que no admitió a trámite el recurso de revocación hecho valer en contra de dicha determinación. Es inconcuso que dichas determinaciones no constituyen actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, porque no existe paralización del procedimiento que evidencie la existencia de una violación que incida en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, ya que no hubo omisión o negativa a dictar sentencia en la que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, como lo dispone el artículo 272 B del Código de Procedimientos, pues, conforme a las reglas del procedimiento, este propio numeral, dispone que en el caso de diferencia de convenios, se citará a las partes para promover el acuerdo entre las pretensiones expuestas en los citados acuerdos; situación que aconteció en el caso particular. Por ende, el juzgador no puede pasar por alto la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Sustenta lo anterior, en sentido contrario, la tesis sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1762, tomo XXXII, diciembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163359, de rubro y textos siguientes: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD. LA OMISIÓN O NEGATIVA A DICTAR LA SENTENCIA EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 226, de rubro: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", que la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento??????????????? laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Las razones que sustentan ese criterio aplicadas, en lo conducente, en un procedimiento de divorcio por declaración unilateral de la voluntad, permiten concluir que la omisión o negativa a dictar sentencia en la que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, como lo dispone el artículo 272 B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del quejoso de manera irreparable, ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo, ya que el diferimiento de la resolución del juicio, en ese caso, constituye una violación a la garantía individual contenida en el artículo 17 constitucional, derecho fundamental que tutela el acceso efectivo a la jurisdicción". También resulta análogo al caso, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 913, libro IX, junio de 2012, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001039, del contenido: "SENTENCIA. LA DEMORA EN SU DICTADO, EN CONTRAVENCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL SUBJETIVO PÚBLICO DE QUE SE ADMINISTRE JUSTICIA DE MANERA PRONTA, CAUSA UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Conforme al espíritu que persiguen las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, que reconocen la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión del principio pro persona en preferencia de la interpretación de normas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, siendo uno de esos derechos el de acceso a la justicia, entendida ésta como la solución de aspectos litigiosos dentro de los términos y plazos establecidos por las leyes, lo que significa que la litis debe ser resuelta fundada y motivadamente; como la violación a la garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que puede presentarse de dos maneras: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, y, la segunda se actualiza cuando la autoridad no provea nada o deje de hacer lo conducente para la tramitación y culminación del procedimiento respectivo; la demora en el dictado de la sentencia definitiva, en contravención al derecho fundamental subjetivo público de que se administre justicia de manera pronta, causa al quejoso una afectación de imposible reparación impugnable en amparo indirecto". En conclusión, las conductas reclamadas no irrogan perjuicio de imposible reparación, pues se trata de actuaciones procesal que no tienen efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en las convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Mantiene lo así considerado, la jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en??????????????? Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 37, diciembre de 2016, tomo II, página 1569, de la décima época, cuyo rubro y texto informan: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA Se sostiene lo anterior, al quedar demostrado que el juez señalado como responsable se ha conducido en observancia al diverso 14 de la citada ley suprema, que tutela las formalidades esenciales del procedimiento. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Por ende, aunque se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a tales derechos, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales prerrogativas no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, al tratarse de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a??????????????? través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que afecte su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Ahora, en efecto, el juicio de amparo indirecto solamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa; lo que en el caso no sucede, como se ha visto. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1947, Libro 19, junio de 2015,??????????????? Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2009302, de rubro: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).". Habida cuenta que, se insiste, se trata de violaciones intraprocesales, las cuales pueden ser resarcidas en la sentencia que ponga fin al procedimiento respectivo, la cual, de serle desfavorable, estará en aptitud de impugnar por medio del recurso ordinario previsto en la ley aplicable, o bien, en la vía de amparo que corresponda, de considerar que dicha violación trascendió al resultado del fallo. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la quejosa, lo que no acontece. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al resultar incuestionable que en el presente juicio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio. La decisión que se asume, de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable.??????????????? Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registros 2002359 y 2005917, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° de la Ley Suprema, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que normativamente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Notifíquese. Mesa II.
- Principal
Notifíquese personalmente a la promovente. Mesa II.
- Principal
Se recibe el oficio signado por el Juez Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en autos; en consecuencia, se toma conocimiento, y se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue la prevención decretada. Notifíquese. Mesa II.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficio a la autoridad indicada. Mesa II.
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