Araceli Mera Vargas

Expediente 1348/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1348/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Araceli Mera Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en específico de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Araceli Mera Vargas, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Incidental

    Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1348/2021-6, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: El auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio especial hipotecario 757/2016, en el que, ante la muerte de la demandada Margarita María Cruz Molina, suspendió el procedimiento hasta en tanto se apersone el albacea definitivo de la demandada. En la especie, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." (.)". De los preceptos anteriormente señalados se derivan dos reglas para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos judiciales, administrativos o del trabajo: I. De conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es procedente contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose de actos de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente en los siguientes supuestos: I.I. Contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y I.II. En los procedimientos de remate, contra la última resolución, entendida como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. II. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo expuesto anteriormente se puede advertir que para la procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, pueden existir: 1) Los actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo, por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Cobra aplicación en la especie por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En principio debe mencionarse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, no es un acto de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que únicamente produce entre las partes efectos intraprocesales, sin afectar, como ya se dijo, alguno de los derechos fundamentales tutelados por dichos ordenamientos, en virtud de que es un acto dentro del procedimiento de ejecución de sentencia que no constituye la última resolución dentro del mismo, tal como lo dispone el artículo 107 en su fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Así lo explica la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, veintinueve de abril de dos mil dieciséis, Tomo II, página 1066, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Esto porque el auto de auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio especial hipotecario 757/2016, en el que, ante la muerte de la demandada Margarita María Cruz Molina, el juez suspendió el procedimiento hasta en tanto se apersone el albacea definitivo de la demandada. Precisándose que, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad la quejosa expuso en el juicio de origen la demandada fue condenada a pagar las prestaciones reclamadas, que al no ser recurrida causó ejecutoria. Que el diez de agosto de dos mil veintiuno se dictó auto, en el cual se adjudicó a favor de la quejosa el inmueble hipotecado. Posteriormente, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, solicitó al jueza que remitiera a la Notaría Pública Cuatro los autos para la elaboración de la escritura relativa a la adjudicación del inmueble hipotecado, por lo cual, requirió a la demandada Margarita María Cruz Molina, para que en el término de tres días compareciera ante el Notario a otorgar la firma y la escritura correspondiente. Que el veintitrés de septiembre del presente año, se informó el fallecimiento de la demandada Margarita María Cruz Molina; por lo que, ante dicha circunstancia dictó el acto reclamado, en el que el juez suspendió el procedimiento hasta en tanto se apersone el albacea definitivo de la demandada. Circunstancia anterior que sólo genera efectos meramente formales o procesales, susceptibles de repararse cuando acuda la albacea definitiva de la demandada a otorgar la firma y la escritura correspondiente; por tanto, no se ha dejado a la quejosa sin defensa, ni dicho acto transciende a lo ordenado en el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el que el juez ordenó remitir a la Notaría Pública Cuatro los autos para la elaboración de la escritura relativa a la adjudicación del inmueble hipotecado. Expuesto lo anterior, como ya se dijo, el acto que en esta instancia se reclama, no se ubica, en las hipótesis de que se hubiere dejado a la quejosa sin defensa o transcienda al resultado de la resolución. Bajo estas circunstancias, cabe destacar que las violaciones cometidas durante la etapa de ejecución de sentencia, que hubieran dejado sin defensa a la quejosa, deben reclamarse a través del juicio biinstancial, hasta que la autoridad de primera instancia emita la última resolución en la fase ejecutiva, que en el presente juicio es aquella que indistintamente ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo en vigor, por lo que deberá ajustarse a las prevenciones del citado artículo 107 del ordenamiento legal en cita, para impugnar, a través del juicio de amparo los actos que la agravian. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, ahora reproducida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, que ésta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la diversa fracción III del mismo precepto, que establece como regla autónoma, la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y no a la inversa. Así, concluyó que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Y en el caso, el auto que por esta vía se reclama, se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia y que no genera a la parte quejosa una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos. En este orden de ideas, las violaciones que aduce la parte quejosa, pueden ser reparadas con posterioridad por el órgano sancionador o en amparo, precisamente, porque tal determinación podrá ser materia de estudio al analizar el procedimiento de ejecución de sentencia. De ahí, que no se está en el supuesto de excepción considerado por el Pleno del Máximo Tribunal de País, porque el acuerdo reclamado no afecta materialmente y de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Así se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver al Contradicción de tesis 215/2009, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, con registro IUS 163152, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ante tales circunstancias, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoria y manifiesta causa de improcedencia, la demanda de amparo promovida por Aracelí Mera Vargas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma Ley al licenciado ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el que remite el expediente del juicio de amparo 16/2020-1 y copia certificada de la ejecutoria celebrada en sesión de nueve de septiembre del año en curso, misma que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rubén Dario Olmos Mendoza, por conducto de su defensor particular, contra los actos reclamados al Director General de Prevención y Reinserción Social, y Director del Centro de Reinserción Social de Pachuca, ambos del Estado de Hidalgo, consistentes en la autorización de la orden de traslado del quejoso en un centro de reinserción social a otro. Notifíquese." Se confirma la recepción de oficio de cuenta, anexos y ejecutoria: Hágase saber lo anterior a las partes. Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente en sus actuaciones originales. ARCHIVO DEFINITIVO Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Debiéndose conservar la demanda, en su caso escrito aclaratorio de ésta, demandas de los expedientes acumulados, las interlocutorias existentes y las sentencias respectivas. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

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