ARACELI MENDOZA MIRANDA y Otros.
Expediente 1107/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- ARACELI MENDOZA MIRANDA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como las certificaciones secretariales de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución de treinta y uno de agosto dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente por tratarse de un asunto concluido. Por tanto, en cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De conformidad con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción II, del referido acuerdo general, el expediente principal es destruible, transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Aunado a que este asunto no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en representación del propio Secretario de Finanzas, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado. Sin embargo, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, en razón de que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. No obstante lo anterior, se le tiene señalando como domicilio procesal el que indica para tal efecto; sin perjuicio de que las notificaciones dada su calidad de autoridad responsable señalada en el presente asunto, se harán conforme a las reglas establecidas en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene como sus delegados a los que designa en el oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual remite diversas copias certificadas relativas al juicio laboral 285/2006 y acumulado 517/2007. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Ahora bien, previo al análisis de las constancias que remite la responsable adjuntas a su informe justificado, es necesario destacar que la parte quejosa hizo consistir sus actos reclamados en lo siguiente: De la Presidenta del Tribunal laboral responsable reclama la omisión de hacer efectiva la medida de apremio a la vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y dictar las medidas eficaces para el cumplimiento del laudo; esto, solicitado a través del escrito que la parte actora le presentó el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que a la fecha de presentación de la demanda la responsable no había acordado. Y de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la omisión del cumplir el laudo. Ahora bien, las constancias remitidas por la responsable a las que este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que ha cesado en sus efectos el acto reclamado a la presidenta laboral responsable, así como también se aprecia la inexistencia del diverso acto reclamado a la Secretaría de Finanzas; por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. PRIMER PUNTO. Sobre el tema y en relación al acto reclamado a la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa reclamó la omisión de hacer efectiva la medida de apremio a la vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y dictar las medidas eficaces para el cumplimiento del laudo; esto, solicitado a través del escrito que la parte actora le presentó el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Sin que al momento de la promoción del presente juicio de amparo la responsable haya acordado lo peticionado por la parte quejosa en el ocurso que le presentó el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior es así, en virtud que las constancias remitidas por la Presidenta del Tribunal laboral responsable se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés (foja 50 de las copias certificadas remitidas por la responsable), la responsable acordó el escrito presentado por la parte actora el veintinueve de mayo del año en curso. Para mejor compresión, es necesario destacar lo que la parte actora le solicitó a la responsable en el ocurso que le presentó el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, que fue lo siguiente: Hacer efectivos los apercibimientos que le fueron fijados a la Secretaría de finanzas mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 285/2006 y acumulado 517/2007. En atención a lo anterior, como ya se dijo, mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la responsable acordó el escrito referido en los términos siguientes: En relación a los apercibimientos realizados a la Secretaría de Finanzas mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, le dijo que no era posible hacerlos efectivos en virtud de que dicha dependencia en ningún momento ha sido vinculada al cumplimiento del laudo. Luego, en el mismo acuerdo requirió a la Secretaría de Finanzas para que informe al tribunal laboral responsable el monto y a nombre de quién se encuentran realizadas las retenciones del presupuesto de la demandada. Y, finalmente, requirió nuevamente a la demandada para que exhibiera la respuesta a un oficio girado a la Secretaría General de la propia demandada, respecto al tema del presupuesto para cumplir con el laudo condenatorio. Lo anterior, es la omisión que la parte quejosa hizo valer en su demanda de amparo, y que de acuerdo a lo acordado se advierte que ha cesado en sus efectos. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando las constancias que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, la quejosa reclamó en esencia la omisión de acordar la promoción que presentó el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, misma que fue acordada el veinticinco de agosto del mismo año, si bien no fue en el sentido que lo solicitó la parte actora (hacer efectivos apercibimientos), lo cierto es, que la autoridad laboral responsable emite diversas determinaciones que se encuentran encaminadas al cumplir con el laudo dictado en el juicio de origen. Con lo expuesto, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio en relación al Tribunal de Conciliación y Arbitraje ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado a dicha responsable. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado a la presidenta del Tribunal laboral responsable, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los quejosos o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los aquí agraviados que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SEGUNDO PUNTO. Por otro lado, también se encuentra como autoridad responsable la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a quien le reclama omisión del cumplir el laudo en los términos que le requiere el tribunal obrero. Sobre el tema, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad señalada como responsable, es decir, si aquella estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de omisión, se debe verificar si la autoridad referida podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual se obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." El subrayado no forma parte del texto, fue añadido por este juzgado. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso concreto, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, a la fecha no ha rendido su informe justificado en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para ello; sin embargo, de las actuaciones que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que no puede ser exigible la omisión de cumplir con el laudo condenatorio en el juicio laboral de origen, porque la condena impuesta en el procedimiento de origen no pesa directamente sobre ella, pues en los autos de diecisiete de mayo y veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el tribunal laboral la integró al procedimiento de ejecución únicamente para requerirle que informe sobre el monto y a nombre de quién se encuentra realizadas las retenciones del presupuesto de la demandada, más no se encuentra vinculada al cumplimiento del laudo, tal y como se advierte de las constancias remitidas por el tribunal responsable. Aunado a lo anterior, el acto atribuido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no puede catalogarse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo. Pues, con independencia de su naturaleza formal, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En diversos criterios el Poder Judicial de la Federación ha interpretado el concepto de autoridad, en el sentido que con independencia de la disposición directa que llegare a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del concenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161133, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Bajo tales condiciones, el acto reclamado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no puede catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que por sí misma no pueden crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique a las personas impetrantes en su esfera de legalidad, ya que su actuación se limita a auxiliar a la autoridad laboral rectora del procedimiento con el objeto de lograr la materialización del laudo condenatorio (traducido en el pago monetario). Solamente ejerce facultades propia de administración, pero ninguna de esas facultades permite en el caso a dicha autoridad, incurrir con carácter imperativo y coercitivo en la esfera jurídica particular de la parte quejosa, porque dicho acto de contumacia es relativo a un procedimiento donde tal autoridad únicamente está siendo requerida para que informe sobre actos que se encuentran encaminados al procedimiento de ejecución de laudo, y en todo caso, el propio tribunal laboral tiene a su alcance los mecanismos legales para hacer valer sus determinaciones, al igual que la parte actora aquí quejosa tiene la vía expedita para instar al tribunal los medios legales a fin de vencer dicha contumacia en que ha incurrido la autoridad que señaló como responsable, para cumplir cabalmente con el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Sin pasar desapercibido que, el cumplimiento y ejecución de los laudos es de observancia e interés público, en términos del artículo 17 Constitucional; empero, la participación de la Secretaría de Finanzas responsable sólo se limita a efectuar las gestiones que expresamente le sean requeridas por el tribunal rector del procedimiento laboral, es decir, no actúa de propia autoridad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas que afecten o beneficien a las partes en el juicio, esto es, sólo interviene como auxiliar a la autoridad laboral para lograr la ejecución del laudo. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia analizadas, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada electrónicamente por ********************,********************,********************,********************,********************, ********************, ********************, ********************, ********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************, ********************, ********************y ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, personalidad que se tiene por acreditada en términos de las constancias que adjunta al libelo de cuenta, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número ********************B2 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Admisión. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días. Dichos informes deberán ser rendidos con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral ********************y acumulado ******************** (no originales). - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Tercero interesado. Ahora, respecto del emplazamiento del tercero interesado que se señala en el escrito de demanda de cuenta, este órgano jurisdiccional se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable laboral. Notificaciones al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. Autoridades responsables. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la parte quejosa no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Se autoriza el usuario para consulta electrónica del expediente. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "********************", se autoriza la consulta del expediente electrónico, en relación con el presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por otra parte, con respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, se advierte que el promovente también señala un domicilio ubicado en calle ********************, colonia ********************de esta ciudad. Por tanto, debido a que no pueden coexistir las notificaciones electrónicas y las que se realizan de manera personal en el domicilio señalado se previene a la parte quejosa para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente auto, señale expresamente si opta porque se le realicen las notificaciones personales de manera electrónica y aceptar la totalidad de las consecuencias, o renunciar a tener el acceso electrónico y que las notificaciones personales se realicen de manera ordinaria en el domicilio señalado para ese efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término señalado, las notificaciones personales se harán de manera electrónica de conformidad con el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Habilitación. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", autorizada en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4018/2023, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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