Araceli Maribel Trujillo Zariñana
Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2021
Partes del expediente
- Araceli Maribel Trujillo Zariñana
- Instituto de Salud del Estado de México. (27/10/2021 no se tiene como tercero al indicado)
Actuaciones
- Principal
L. Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria. quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. ...Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. OFICIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Intégrese el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al que adjunta, copia certificada de la audiencia de conciliación depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas de veinte de octubre pasado, relativa al juicio laboral 21/2019 de su índice. PRUEBA Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que remite la oficiante. ESTADO DE AUTOS En auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, tomando en consideración lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite la demanda presentada por Araceli Maribel Trujillo Zariñana, quien solicitó el amparo de la justicia federal respecto a las autoridades y acto reclamado, siguientes: ACTO RECLAMADO La dilación en que incurre la responsable al fijar para las nueve horas con treinta minutos del veinte de octubre de esta anualidad la celebración de la audiencia de Conciliación, Depuración Procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, en autos del juicio laboral 21/2019. AUTORIDADES RESPONSABLES - Sala Oral Número Dos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y, - Actuario adscrito a la Sala Oral Número Dos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Ahora, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, faculta a este juzgado a, en cualquier momento de su sustanciación, analizar causa que se actualice y que origine la improcedencia del juicio constitucional, sin que sea obstáculo la circunstancia de haber admitido la demanda en su oportunidad; tal norma establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". ANÁLISIS DEL CONCEPTO MANIFIESTO E INDUDABLE En atención a lo dispuesto por el artículo y fracción referidos, se precisa que la actualización de la causal de improcedencia deberá ser de forma manifiesta e indudable. Al respecto, es necesario delimitar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible ?????????????? formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia ?????????????? que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de Juan José González Azcona 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.1b 31/07/22 14:48:52 Juicio de amparo indirecto 482/2021-VII 6esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica ?????????????? del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La diversa, con número de identificación 196820, tesis 2ª./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la dilación en que incurre la responsable al fijar para las nueve horas con treinta minutos del veinte de octubre de esta anualidad, la celebración de la audiencia de Conciliación, Depuración Procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, en autos del juicio laboral 21/2019 de su índice. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el veinte de octubre pasado, celebró la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral 21/2019 de su índice. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tal consideración se desprende del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, pagina 731, Quinta Época, con registro 321701, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". En consecuencia, tal como se evidencia de lo relatado, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, en virtud a que la audiencia constitucional se encuentra fijada para su celebración a las once horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se ordena dejar sin efectos tal señalamiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Se admite la demanda. Se señalan las once horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. INFORMACIÓN Se informa a las partes que en términos de la determinación emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, suscrita por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de esa dependencia, el treinta de mayo de dos mil veintiuno, notificada mediante oficio SECNO/STCCNO/274/2021, se estableció el regreso de este juzgado al esquema de trabajo contenido en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las medidas en relación con los contagios de la enfermedad COVID-19 del personal de este órgano de control constitucional, del período comprendido entre el treinta y uno de mayo al trece de junio de dos mil veintiuno, por lo que, durante ese plazo no corren términos. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve Araceli Maribel Trujillo Zariñana, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 482/2021-VII. ACTO RECLAMADO La omisión de la responsable de notificar a la parte demandada en el juicio laboral 21/2019, el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, en donde se fijaron las trece horas con treinta minutos del veintiuno siguiente para la celebración de la audiencia de Conciliación, Depuración Procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. Asimismo, la falta de notificación a esa misma parte de la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en donde se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veinte de octubre de esta anualidad para la celebración de esa diligencia. AUTORIDAD RESPONSABLE Segunda Sala del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; Actuario adscrito a la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. En ese tenor, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de notificar a la parte demandada en el juicio laboral 21/2019, el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, en donde se fijaron las trece horas con treinta minutos del veintiuno siguiente para la celebración de la audiencia de Conciliación, Depuración Procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados se encuentran consumados irreparablemente. A fin de establecer si se actualiza la causa de improcedencia mencionada, es menester precisar el contenido del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo en vigor, a saber: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) Del precepto reseñado, se obtiene que la acción constitucional deviene improcedente contra actos consumados de modo irreparable. En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que por actos consumados, se entiende aquellos que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada de otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos del derecho mexicano volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, los actos consumados se pueden clasificar atendiendo a su naturaleza y efectos en: a) actos consumados de modo reparable; y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable. En cambio, los consumados de modo irreparable, son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, no pueden física ni materialmente ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Así, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias que acarrearían en caso de realizarse, de tal forma que los resultados y secuelas de dicho acto ya ejecutado puedan o no circunscribirse al tiempo o momento de su perpetración; en tanto que aquellos con naturaleza de irreparable, han surtido todos sus efectos, por lo que aun y concediéndose en su caso la protección solicitada, no podrían retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban antes de ocurridas las violaciones constitucionales que en su caso hubieren existido, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de la garantía violada; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que considera le fue transgredido, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (consumados). Apoya lo anterior, la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro 209662, tesis I. 3o. A. 150 K, visible en el Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).". Asimismo, se encuentra apoyado en la tesis de ejecutoria visible en la página 24 del Tomo Común al Pleno y a las Salas, del Apéndice de 1975 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE.- La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquéllos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud de amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." En el mismo sentido, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 240472, visible en el Volumen 163-168, Cuarta Parte, página 11 del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, sin hacer distinción el aludido precepto, si la irreparabilidad debe ser física o jurídica. Ahora bien, si en un diverso juicio de garantías promovido por el mismo quejoso, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunció ejecutoria en la que negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, quedando por tanto intocada la sentencia de segundo grado que confirmó en apelación la sentencia pronunciada por el Juez de primer grado, en un juicio especial mercantil en el que se autorizó a la misma tercero perjudicado a vender los bienes dados en prenda por el deudor, con motivo del contrato de mutuo que se impugna de nulo en el juicio que dio origen al amparo en el que se pronuncia nueva ejecutoria, resulta patente que se surte dicha causal de improcedencia, por lo que debe sobreseerse este juicio de garantías, pues si bien es cierto que en la anterior ejecutoria de amparo únicamente se resolvió que se negaba la protección federal por no existir las violaciones constitucionales aducidas por el quejoso, también lo es que el efecto jurídico de dicha negativa fue dejar viva y sin alteración alguna, la sentencia reclamada, obteniendo consecuentemente el carácter de cosa juzgada la condena a la venta de los bienes dados en prenda en el contrato de mutuo, lo que implícitamente trae como consecuencia la declaración de validez de dicho contrato, que es precisamente el que se impugna de nulo en el juicio que dio origen al nuevo juicio de garantías, de donde se colige que, dada esa situación jurídica, se está ante actos consumados de un modo irreparable, pues ya no puede discutirse la validez del aludido pacto, toda vez que, de concederse la protección constitucional, perdería eficacia la sentencia pronunciada en el juicio especial mercantil de venta de bienes dados en prenda y por tanto se estaría revocando la ejecutoria pronunciada por la Sala anteriormente.". En ese tenor, para determinar la procedencia del juicio de amparo debe atenderse a la posibilidad de que al obtener una sentencia favorable, el gobernado pueda ser restituido en el derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, como lo ordena el artículo 77 de la ley de la materia, habida cuenta de que si no está al alcance de los medios jurídicos dicha restitución, el juicio resulta improcedente. En el caso, la quejosa se duele de la falta de notificación a la parte demanda en el juico de origen de un auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, en donde se fijaron las trece horas con treinta minutos del veintiuno siguiente para la celebración de la audiencia de Conciliación, Depuración Procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. A falta de esa notificación, esa audiencia se difirió señalando diversa fecha. Por tanto, es evidente que en caso de concederse la protección constitucional a la quejosa sería imposible resarcirle su derecho violado, ya que, aun cuando se ordenara la notificación omisa, la celebración de la audiencia de veintiuno de mayo del año en curso no se podría retrotraer en el tiempo y llevarse a cabo. De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XVI en el artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Ahora, en lo atinente al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación a la parte demandada de la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en donde se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veinte de octubre de esta anualidad para la celebración de audiencia de Conciliación, Depuración Procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas en el expediente laboral 21/2019 de la responsable, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado esos preceptos jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Resulta ilustrativa, a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 205651, tesis P./J- 24/92 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Así como la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificada con el número de registro 2009302, tesis I.5º.C.8 K (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Décima Época, Página 1947, que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." En ese contexto, la quejosa se duele de que la responsable no notificó a la demandada en el juicio de origen respecto de una audiencia a celebrarse a las nueve horas con treinta minutos del veinte de octubre de esta anualidad. Circunstancia, que en caso de existir, no afecta de modo irreparable a la impetrante de amparo ya que, la afectación a derechos sustantivos se reflejaría en todo caso hasta el veinte de octubre de dos mil veintiuno, si es que efectivamente la parte demandada en el juicio de origen no estuviera notificada de la celebración de esa diligencia. Por lo estimado, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable. De igual modo, por analogía resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 1002673, tesis 607, visible en la página 673, Tomo II. Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Procedencia del amparo indirecto, apéndice de 2011, la cual a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". En ese sentido, se reitera que el acto reclamado no reúne las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, en virtud de que, como ya se dijo, la violación en contra de la quejosa se cometería únicamente hasta que llegara la fecha de celebración de la audiencia y su contraparte no acudiera derivado de no estar debidamente notificada. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número IV.2o.C J/2 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Constituyendo, además, el acto reclamado uno que se puede categorizar como de realización incierta y, es de explorado derecho que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Esto, en razón de que, en caso de que existiera en este momento la omisión referida por la quejosa, no tiene la certeza de que continuará hasta la celebración de la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sustenta tal determinación, a contrario sensu, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro 186605, tesis 2ª. LXXI/2002, visible en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Ahora, con fundamento en el artículo 30, de la Ley de Amparo, las notificaciones se la harán a la quejosa vía electrónica, mediante el usuario HECTORCEDILLO. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, mediante el usuario HECTORCEDILLO. Instrúyase al Oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que genere las autorizaciones correspondientes. AUTORIZADOS En relación a los autorizados Hilda Martínez Cabañas y Héctor Esaú Cedillo Nájera, se advierte que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se les tiene por autorizados en términos amplios. Luego, con apoyo en el párrafo segundo del precitado numeral, se tiene por autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Armando Granados Salas, por no contar con el referido requisito, hasta en tanto el profesionista en cita registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho en el indicado sistema y lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. EXHORTACIÓN A LAS PARTES Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, para mejorar la comunicación con las partes, mientras no atiendan la sugerencia, se les invita a que: a) de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, b) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO Ahora, de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General 13/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, la presente se notificará conforme a lo establecido en la Ley de Amparo, de manera escalonada y una vez que se normalicen las actividades. Notifíquese personalmente a la quejosa vía electrónica. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de Mario Iván Soriano Esparza, secretario que autoriza y da fe en cumplimiento a la determinación de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, suscrita por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de esa dependencia, el treinta de mayo de dos mil veintiuno, notificada mediante oficio SECNO/STCCNO/274/2021, que estableció el regreso de este juzgado al esquema de trabajo contenido en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las medidas en relación con los contagios de la enfermedad COVID-19 del personal de este órgano de control constitucional, del período comprendido entre el treinta y uno de mayo al trece de junio de dos mil veintiuno. Doy fe. Cotejó: Eduardo López Reyes
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