Araceli Maria del Carmen Mingo Caballero
Expediente 517/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 35 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 517/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Araceli Maria del Carmen Mingo Caballero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 517/2021; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y su ampliación; B) Oficios por los que la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 517/2021, promovido por ... contra actos del Juez Décimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El dos de julio de dos mil veintiuno, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que la responsable violó en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Previa escisión, la demanda se admitió el veintidós de julio de dos mil veintiuno. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se designó a la parte tercera interesada y se ordenó su emplazamiento a juicio; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la tercera interesada fue emplazada; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, se tiene que la quejosa reclama: a) El auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado en la tercería excluyente de dominio deducida del juicio ejecutivo mercantil **** del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil de esta ciudad; por el cual desestimó la petición hecha por la quejosa, actora en la tercería mencionada, de que: quedaran insubsistentes las cesiones de derechos hechas en el juicio referido; se ordenara la cancelación de cualquier anotación hechas en el folio real ...; requerir al notario de la adjudicación, que cancelara la escritura relativa; y se niegue el acceso a los autos a la otrora actora; todo ello en observancia a la ejecutoria de amparo que otorgó la protección constitucional a una codemandada del juicio mercantil. b) La determinación de cinco de agosto de dos mil veintiuno, relativa al recurso de revocación que interpuso la hoy quejosa, contra un diverso acuerdo de catorce de junio de ese año. En ese auto, se proveyó la petición de la parte actora del juicio ejecutivo aludido, respecto de la elaboración de cédulas de notificación para emplazar a los codemandados; lo que el juez impuso a fin de acatar el auto de veintisiete de septiembre de do mil diecinueve (admisorio de la tercería excluyente de dominio). TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la responsable aceptó el acto que se le reclama; lo que se corrobora con las constancias certificadas remitidas, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º. CUARTO. Improcedencia respecto de la determinación de cinco de agosto de dos mil veintiuno (acto b). La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente pues el acto reclamado comparte la naturaleza del auto que le dio origen, el cual no es de imposible reparación, al tratarse de una resolución que no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la ciada ley. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.] Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora bien, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta forma el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que cuyo rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo vigente. En el caso el acto que reclama la quejosa comparte la naturaleza intraprocesal del auto que le dio origen, el cual únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales, es así, pues consiste en el proveído que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo que acordó favorable la petición de ordenar la notificación de la admisión de la tercería. Cuestión que, evidencia que el reclamo se trata de actuaciones que únicamente envuelven cuestiones adjetivas o procedimentales que tienen vinculación con la integración del proceso natural; por lo que, no se actualiza la afectación de los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, como, por ejemplo, la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. En efecto, tal actuación en un acto reparable que afectan derechos adjetivos o procesales y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, los cuales inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable, y una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, intitulada: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Así, cabe la posibilidad de que la sentencia que posteriormente emita el juez dentro del proceso del que deriva el acto, sea favorable a los intereses de la quejosa, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en el supuesto contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva contra el fallo definitivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.), de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772, en Materia Común, intitulada: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). Así como, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. Lo anterior pone de manifiesto que los aspectos en que se relacionan con el acto reclamado son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, los derechos sustantivos de la parte quejosa, quedan exentos del alcance de ésta. Por lo anterior, en virtud de la naturaleza intraprocesal de la determinación reclamada, consistente en la determinación de cinco de agosto de dos mil veintiuno, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. QUINTO. Improcedencia por lo que hace al auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, emitido en la tercería excluyente de dominio. La acción constitucional también es improcedente por lo que hace a este acuerdo, ya que contrariamente a lo sustentado por la quejosa en su demanda, sí procede el recurso de apelación contra dicho acuerdo, aun cuando pueda considerarse como un acto de imposible reparación. Entonces, este juicio es improcedente por no agotarse el principio de definitividad consagrado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El numeral citado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral invocado; hipótesis que en la especie, dadas las características de acto reclamado, y la posición de la quejos frente al juicio, no se actualizan; pues el asunto de origen es uno en materia mercantil, y se advierte que la quejosa es la actora en la tercería excluyente y ha participado activamente en el mismo. Así, la peticionaria de amparo está obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 1336, 1338, 1339 bis y 1341 del Código de Comercio: "Artículo 1336.- Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes. Artículo 1338.- La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso. Artículo 1339 Bis.- Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." Al respecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil, intitulada: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN." Como se ve de los numerales y la jurisprudencia invocados, la apelación es el recurso idóneo para atacar el acto reclamado pues éste se emitió en un proceso de cuantía indeterminada; y la determinación del juez desestima diversas peticiones sustantivas que no se repararían en sentencia, ya que estas versan sobre: la subsistencia de las cesiones de derechos pactadas en el proceso natural y de las anotaciones registrales en un folio real; nulificación de un testimonio notarial de adjudicación; y desconocimiento de legitimación de una parte; mientras que el fallo definitivo solo se ocupa de la acción y la excepción, como lo marca el artículo 1327 del Código de Comercio. De modo que se surten las dos condiciones impuestas por el artículo 1341 de la ley del acto para acceder al recurso de apelación (que la sentencia definitiva sea apelable y la determinación causa un gravamen no reparable en dicho fallo, dado que son autónomos a la acción y excepción), de modo que tuvo que interponerse ese medio de defensa, ya que a través de éste puede obtenerse la confirmación, revocación o modificación del auto reclamado. Esta interpretación sobre el acceso a la apelación en términos de dicho numeral se refuerza con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las contradicciones de tesis 87/96 y 32/97, donde respectivamente se sentenció: "Ahora bien, esta Primera Sala considera que el criterio adoptado por la Tercera y Segunda Sala de esta Suprema Corte, en la Quinta Época, es correcto, habida cuenta que el artículo 1341 del Código de Comercio no distingue para efectos de la procedencia del recurso de apelación, que se trate de autos o resoluciones emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica debe ser en el sentido de que los autos que se emitan en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad material de que se revisen en la definitiva porque ésta ya existe, deben ser recurribles en apelación, con la única condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, y que el interés del negocio exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal; postura diversa, implica restricción a la regla de interpretación conforme a la cual, donde la ley no distingue no puede distinguir el intérprete." Y "Por ello, esta Primera Sala considera que, tal como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en contra del auto que deniega pruebas, dentro de un juicio mercantil procede el recurso de apelación, en términos del artículo 1341 del Código de Comercio, cuyo texto vuelve a transcribirse para mejor comprensión: "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior. Con la misma condición son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone." La última parte del precepto transcrito establece que los autos que causen un gravamen que no pueda repararse en la definitiva serán apelables, con la única condición de que lo sean las sentencias definitivas, esto es, si el interés del negocio excede de 182 veces el salario mínimo general vigente en la fecha de interposición en el lugar en donde se ventile el procedimiento. Pues bien, acorde con la última parte del artículo 1341 del Código de Comercio, el auto que deniega pruebas en un juicio de naturaleza mercantil, causa un gravamen irreparable, al privar a la parte que las hubiera ofrecido de un medio de defensa, violentándose así las formalidades esenciales del procedimiento, al romperse la igualdad de las partes en cuanto al derecho que tienen de defenderse, reflejándose los efectos de tal providencia en forma adversa en la sentencia, por lo que el daño que se produce debe considerarse como irreparable. En consecuencia, dada la trascendencia y gravedad del auto que deniega pruebas, el mismo debe ser impugnado mediante el recurso de apelación, con el propósito de que sea el tribunal de alzada el que revise la legalidad de tal actuación, teniéndose así la oportunidad de corregir los errores que en su apreciación hubiere tomado en cuenta el inferior; obvio es precisar que en este supuesto, el recurso de apelación procederá en el efecto devolutivo en términos del último párrafo del artículo 1339 del citado Código de Comercio." Así, el recurso de apelación es procedente y su tramitación no es conjunta con la sentencia definitiva (precisamente por la afectación que causa y que no se repara con dicha determinación, por lo que no es jurídicamente razonable hacerlo esperar hasta ese momento) y siendo así, a criterio de este órgano no hay mayor impedimento para calificar como eficaz el recurso de apelación para ser planteado contra el auto reclamado. Por analogía, se cita la tesis VI.1o.C.60 C (10a.), con registro digital: 2007589. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Civil, que tiene el siguiente rubro: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. SU TRAMITACIÓN ES INMEDIATA CONTRA AUTOS Y RESOLUCIONES PRONUNCIADOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE CAUSEN UN GRAVAMEN NO REPARABLE EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN A DICHA ETAPA." Este recurso debe agotarse aun considerando el acto como uno de imposible reparación, pues dicha calificación, que apunta a una afectación sustantiva, no es una excepción para satisfacer el postulado que rige al juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de la Décima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, en virtud de la naturaleza intraprocesal de la determinación reclamada, cobra vigencia la causal de improcedencia relativa a la definitividad de los actos reclamados; prevista en de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Tampoco impide resolver en este sentido, que en su demanda la parte quejosa adujera que se surte una excepción al principio de definitividad pues como se ve de los precedentes invocados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la procedencia del recurso de apelación contra determinaciones que causen un gravamen no reparable en sentencia definitiva, en términos del citado artículo 1341 del Código de Comercio. De ahí que no asista razón al impetrante al decir que no es un medio de defensa idóneo, pues en el caso, precisamente el tipo de violación que genera, hace que se tramite forma inmediata; y no de manera conjunta con la definitiva; y en consecuencia, las tesis que cita, no abonan a la procedencia de la acción, aun cuando una de ellas sea jurisprudencia de la Suprema Corte, pues este criterio trata de la prueba pericial; máxime que este es un precedente de treinta y uno de agosto de dos mil once; mientras que una jurisprudencia más actual -P./J. 11/2018 (10a.)-, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, define que aun cuando los actos sean de imposible reparación, debe agotarse el recurso correspondiente. Al respecto se cita por analogía, la tesis III.3o.T.22 K (10a.). Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3319, que dispone: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO COBRA VIGENCIA SI EXISTE JURISPRUDENCIA QUE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. El apartado referido prevé un caso de excepción al principio de definitividad, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso no está obligado a interponer dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sin embargo, cuando existe jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que se concluye cuál es el recurso procedente, según la legislación aplicable que debe agotarse y con base en ella, la procedencia del recurso o medio de defensa legal ya no se encuentra sujeta a interpretación adicional, el quejoso ya no está en aptitud de no optar por interponer dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo, porque no hay motivo de interpretación alguno si el aspecto toral ha quedado dilucidado por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; máxime, cuando de suyo, involucra un aspecto de procedencia del juicio de amparo, cuyo estudio es oficioso, ya que cuando existe jurisprudencia no es factible hacer una interpretación adicional, pues debe entenderse que la ley ya está integrada a través de aquella que determina cuál es el recurso que debe agotarse." Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEEE el juicio de amparo promovido por ... contra actos del Juez Décimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Notifíquese como corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Visto el informe con justificación del Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dése vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Fórmese el tomo consecutivo III, de acuerdo al estado de autos. NOTIFÍQUESE.
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