Araceli Luna Correa

Expediente 729/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
729/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Araceli Luna Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado de autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia de veintiséis de septiembre del año en curso, que sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este sumario es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, se precisa que este controvertido constitucional se tramitó con incidente de suspensión, razón por la cual, se ordena acordar lo pertinente en dicho cuaderno.

  2. Incidental

    MESA II. Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA II En la Ciudad de México, a las nueve horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 729/2017-II-B, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido del Secretario Fernando Alejandro Delgadillo Rodríguez, quien da fe, en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Con motivo de lo expuesto, el Juez provee: Se tiene por hecha la relación de constancias y de conformidad con el imperativo 117, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por rendido los informes justificados de las autoridades responsables. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas, razón por la cual se decreta el cierre de ese estadio procesal. Concluida esa fase, se pasa a la de alegatos, donde con fundamento en el numeral 124, de la Ley de Amparo, el Secretario informa que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita hizo uso de ese derecho, razón por la cual, se declara el cierre de esta etapa procesal. Con lo anterior, se da por concluida la audiencia, procediendo a dictar el fallo respectivo. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 729/2017-II-B; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, turnado el mismo día a la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Araceli Luna Correa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que a continuación se especifica: LA ORDEN DE APREHENSIÓN. LA ORDEN DE PRESENTACIÓN SU EJECUCIÓN. Atribuidas a autoridades judiciales. SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite seguido en el presente juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la presente demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, en auto de veinticinco de agosto pasado se registró bajo el número 729/2017-II-B, se admitió a trámite; se solicitaron los informes justificados, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 7 a 9). CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Federal; 35 y 37, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son de naturaleza penal y a decir de la parte quejosa, tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: LA ORDEN DE APREHENSIÓN LA ORDEN DE PRESENTACIÓN SU EJECUCIÓN. Atribuidas a autoridades judiciales. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados y de autoridad responsable. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 111/2008, determinó que si durante el trámite del juicio el juzgador decreta la inexistencia de una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia respectiva, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados, ya que con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia, ya que en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Bajo esa perspectiva, y atendiendo a los motivos expresados en la jurisprudencia destacada, este órgano de control constitucional pone de manifiesto que acorde a la razón actuarial de treinta de agosto pasado (foja 51) y al acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso (foja 52), se conoce que la autoridad que el quejoso denominó como "Director de Investigación de Policía Judicial de la Ciudad de México", es inexistente, en consecuencia, no existe los actos que se le reclaman. Por otra parte, se destaca que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, por ende, cuando la autoridad responsable niega su existencia, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar lo contrario. Es de exacta aplicación la jurisprudencia 553, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, página 368, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Sobre esa base, las autoridades cuya existencia quedó determinada en autos, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba que desvirtuara esas negativas. Bajo esa óptica, procede SOBRESEER el juicio de amparo en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo que hace a los alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, no forman parte de la litis en este juicio constitucional, sino sólo constituyen opiniones o conclusiones lógicas que no tiene la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede tornarse una obligación para este órgano de control constitucional abordar su estudio. Al caso cobra aplicación la tesis aislada I.1o.T.5 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Materia Común, página 576, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." CUARTO. Captura SISE. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídico Especializada encargada del aludido sistema, capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63 y 75, de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Araceli Luna Correa contra los actos precisados en el Considerando Segundo, por los motivos expuestos en el diverso Tercero de este fallo. SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena al Secretario supervisar la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que así lo acredite a los presentes autos.

  4. Principal

    MESA II. Agréguese la intervención ministerial suscrita por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formula alegatos. En ese tenor, tomando en consideración que la Representante Social hace valer causales de sobreseimiento, hágasele saber que sus manifestaciones serán ponderadas en la sentencia que en su caso se dicte en este juicio. En términos del numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en su momento expídasele copia de la sentencia que se dicte en este juicio, la cual podrá obtener y recoger en su oportunidad, en cualquier día y hora hábil, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia.

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