Araceli López Bustamante y Otros.
Expediente 578/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Teresa Coronel Martínez
- María Teresa Coronel Martínez y Otros.
- Araceli López Bustamante
- Araceli López Bustamante y Otros.
- Director del Hospital General de Zona No 1 Dr. Demetrio Mayoral Pardo, con residencia en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en esta data se dictó un acuerdo en el juicio de amparo 578/2020 del que deriva esta incidencia, en el que se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese medio extraordinario de defensa y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de seis de octubre de dos mil veinte, se otorgó la suspensión provisional y en la interlocutoria pronunciada el dieciséis de octubre siguiente, se concedió la medida cautelar definitiva; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se concedió la suspensión definitiva, de acuerdo con lo establecido por el normativo 18, fracción I, inciso a), del propio acuerdo y por los criterios de valoración a que aluden los puntos 7.1 y 7.1.1.2, relativo al tratamiento del original del incidente de suspensión del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente cuaderno es susceptible de depuración. Por otro lado, con fundamento en lo estatuido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo de observancia general indicado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En otro punto, se estima que esta incidencia carece de relevancia documental, porque el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que las inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que las disidentes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 578/2020 promovido por Araceli López Bustamante, María Teresa Coronel Martínez y Getzemaní Rasgado Bravo, en contra de: (i) la negativa de otorgar la autorización para que continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación, (ii) la resolución en la que se estableció que no son aptas para que se otorgue a su favor una licencia para que continúen realizando su trabajo en resguardo domiciliario, como medida preventiva ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), (iii) la omisión de dotarles de equipo de protección sanitario adecuado y de calidad que cumpla los estándares de seguridad necesarios para evitar que se contagien de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) al atender a los pacientes con síntomas de esa pandemia catalogados como sospechosos, o bien, que hayan contraído dicha enfermedad y (iv) las consecuencias jurídicas de las actuaciones descritas, las cuales se atribuyen (1) al Director, (2) a la Jefa de Departamento de Enfermería -en su denominación correcta- y (3) a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores -en su denominación correcta-, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como (4) al Director de Prestaciones Médicas y (5) al Coordinador de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores -en su denominación correcta-, las dos últimas autoridades del citado organismo público descentralizado. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio de las inconformes los derechos fundamentales a la vida, a la salud, de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los artículos 4, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. El treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. 2. El once de marzo del año próximo pasado, el referido organismo internacional declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) era una pandemia, con motivo del incremento en el número de casos existentes en los países que habían confirmado la propagación de esa enfermedad, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional; por tanto, hizo un llamado a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. 3. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", de cuyo contenido se advierte que en la primera sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de la citada anualidad, el Pleno del Consejo de Salubridad General con el propósito de proteger a la población en México reconoció a la epidemia derivada del virus SARS-CoV2, COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria y dispuso que la Secretaría de Salud estableciera las medidas necesarias para la prevención y el control de la referida enfermedad; además, instituyó que la última de las dependencias citadas en consenso con las instituciones y las entidades involucradas en su aplicación definieran las modalidades específicas de esas medidas, sus fechas de inicio y término, así como su extensión territorial; los aspectos destacados se desprenden de la primera y de la tercera determinaciones contenidas en dicho instrumento normativo, que establecen lo siguiente: "PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria." "TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial." 4. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el aludido órgano oficial de difusión el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, de cuyos artículos primero, segundo y tercero se desprenden, en lo que interesa, los aspectos siguientes: 4.1. El citado Acuerdo tenía por objeto establecer las medidas preventivas que se debían implementar para la mitigación y el control de los riesgos para la salud que implicaba la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 4.2. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y las entidades de los tres órdenes de gobierno quedaron obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 4.3. Para efectos de ese Acuerdo se entendía por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tenían como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentrara en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. 4.4. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social debían poner en práctica eran las siguientes: 4.4.1. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de sesenta y cinco años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, tenían que percibir su salario y demás prestaciones establecidas por la normatividad vigente. Esos grupos incluían mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de cinco años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica y enfermedad cardiaca) o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les generara supresión del sistema inmunológico. 4.4.2. Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucraran la concentración física, el tránsito o el desplazamiento de personas a partir del veinticinco de marzo de dos mil veinte, hasta el diecinueve de abril de ese año. 4.4.3. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, así como las organizaciones de los sectores social y privado tenían que instrumentar planes que garantizaran la continuidad de las operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y el control de los riesgos para la salud que implicaba la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular de los sujetos señalados en el punto 4.4.1. y de los usuarios de sus servicios. 4.4.4. En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos, o bien, las autoridades competentes en la institución de que se tratara tenían que determinar las funciones esenciales a cargo de cada dependencia, cuya continuidad debía garantizarse. 4.4.5. Las relaciones laborales debían mantenerse y aplicarse conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondieran, durante el plazo de vigencia del citado Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. 4.4.6. Las medidas que se adoptaran debían ser con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado. 4.5. Los destinatarios de ese instrumento tenían que cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso y de mano o abrazo) y la recuperación efectiva para las personas que presentaran síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19), lo cual implicaba evitar el contacto con otras personas, así como los desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los quince días posteriores al inicio de los síntomas. 4.6. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal tenían que coordinarse con la Secretaría de Salud para la instrumentación de las referidas medidas. 5. El treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", en el que el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); también estableció que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender dicha emergencia sanitaria y señaló que la vigencia de ese instrumento normativo sería del treinta y uno de marzo al treinta de abril del año próximo pasado, como se advierte de las disposiciones siguientes: "Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)." "Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior." TRANSITORIO "ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020." 6. El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se publicó en el citado órgano oficial de difusión el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, en cuyo artículo primero dispuso, entre otros aspectos, los siguientes: 6.1. Estableció como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado debían implementar las medidas siguientes: 6.1.1. La suspensión inmediata del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población que residía en el territorio nacional. 6.1.2. Solamente podían continuar en funcionamiento las actividades consideradas como esenciales, a saber: 6.1.2.1. Las que eran directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, en específico, las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud; también abarcaba a los que participaran en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacaban el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y la sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. 6.1.2.2. Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. 6.1.2.3. Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como las actividades cuya suspensión pudiera tener efectos irreversibles para su continuación. 6.1.2.4. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. 6.1.2.5. Las necesarias para la conservación, el mantenimiento y la reparación de la infraestructura crítica que asegurara la producción y la distribución de servicios indispensables, a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esa categoría. 6.1.3. En todos los lugares y los recintos en los que se realizaran las actividades definidas como esenciales se debían observar de manera obligatoria las prácticas siguientes: 6.1.3.1. No se podía realizar reuniones o congregaciones de más de cincuenta personas. 6.1.3.2. Las personas debían lavarse las manos frecuentemente. 6.1.3.3. Las personas tenían que estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, es decir, debían cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo. 6.1.3.4. No saludar de beso, de mano o abrazo, es decir, debían realizar el saludo a distancia. 6.1.3.5. Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 6.2. Se exhortó a toda la población que residía en el territorio mexicano, incluida la que arribara al país procedente del extranjero, que no participara en actividades laborales esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte. Conforme a ese instrumento se entendía como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible. 6.3. El resguardo domiciliario corresponsable debía aplicarse de manera estricta a toda persona mayor de sesenta años de edad, en estado de embarazo o puerperio inmediato o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión adquirida o provocada, insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se consideraba esencial; en el citado instrumento se precisó que el personal esencial de interés público podía de manera voluntaria presentarse a laborar. 6.4. En tal instrumento se indicó que una vez concluido el periodo de vigencia de las medidas establecidas en él, la Secretaría de Salud en coordinación con las diversas de Economía y del Trabajo y Previsión Social emitirían los lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México. 6.5. En el citado acuerdo se indicó que todas las medidas establecidas en él tenían que aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 7. El veintiuno de abril de dos mil veinte, se divulgó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, de cuyo contenido se advierte que se modificó la fracción I, del artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en ese órgano oficial de difusión el treinta y uno de marzo del año próximo pasado y se adicionaron los numerales Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de este último instrumento; de esa modificación y de los preceptos Tercero y Cuarto adicionados se desprenden, en lo que interesa, los aspectos siguientes: 7.1. Se ordenó la suspensión inmediata del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población que residía en el territorio nacional. 7.2. Las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 dejarían de implementarse a partir del dieciocho de mayo de dos mil veinte, en aquellos municipios del territorio nacional que a esa fecha presentaran baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2. 7.3. La Secretaría de Salud Federal definiría los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus SARS-CoV2, así como cualquier otro factor relacionado con el riesgo de propagación de la enfermedad y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. 7.4. La mencionada Secretaría establecería los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios con distinto grado de propagación a fin de evitar la dispersión de la enfermedad y en todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tuviera en los municipios, se mantendría hasta nuevo aviso, la medida señalada en la fracción V del artículo Primero del Acuerdo adicionado, relativa a la protección de las personas del grupo de riesgo. 7.5. La Secretaría de Salud Federal realizaría las adecuaciones que considerara necesarias al sistema de vigilancia epidemiológica y otros sistemas de información para lograr una vigilancia especial de los pacientes que se encontraban graves y críticos a causa del virus SARS-CoV2, así como de la demanda y la disponibilidad de los servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica. 8. El catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó en el multicitado órgano oficial de difusión el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal; de los artículos primero, segundo y tercero de ese instrumento , así como de su anexo se desprenden, en lo que interesa, lo siguiente: 8.1. Dicho acuerdo tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como instituir acciones extraordinarias. 8.2. La estrategia indicada consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y prudente, considerando las etapas siguientes: 8.2.1. Etapa 1. Dicha etapa inició el dieciocho de mayo de dos mil veinte, con la reapertura de las actividades en los municipios en los que no se hayan presentado casos de COVID-19 y que no tenían vecindad con municipios con casos de COVID-19. 8.2.2. Etapa 2. Esta fase abarcó del dieciocho al treinta y uno de mayo del año próximo pasado y consistió en llevar a cabo acciones de aplicación general tendentes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, la capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, la readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, la sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determinará la Secretaría de Salud. 8.2.3. Etapa 3. Esta etapa inició el uno de junio de dos mil veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. 8.3. El semáforo indicado se incorporó como anexo de ese Acuerdo, en el que se establece mediante colores las medidas de seguridad sanitarias apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros. El contenido de ese semáforo es el siguiente: ANEXO SEMÁFORO POR REGIONES Actividades permitidas a partir del 1 de junio de 2020 Región Actividad Descripción de las actividades Rojo Escuelas Suspendidas Espacio público Suspendidas Actividades económicas SOLO ESENCIALES Solo las actividades laborales consideradas esenciales Naranja Escuelas Suspendidas Espacio público Aforo reducido en las actividades del espacio público en lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas Actividades económicas generales Actividades laborales consideradas esenciales y las actividades no esenciales con una operación reducida Amarillo Escuelas Suspendidas Espacio público Aforo permitido en las actividades del espacio público en lugares abiertos y en lugares cerrados con restricciones Actividades económicas generales Todas las actividades laborales Verde Escuelas Sin restricciones 9. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social suscribieron el "ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL IMSS, A PARTIR DEL 23 DE MARZO PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19", en cuyos primer, noveno y decimotercer lineamientos pactaron, entre otros aspectos, los siguientes: 9.1. Las personas con mayor riesgo de complicaciones en el caso de infección por el virus COVID-19 podían desempeñar sus funciones en su domicilio particular. 9.2. Se precisó que se entendía como personas con mayor riesgo, entre otras, a las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia; también se indicó que era responsabilidad del superior jerárquico contar con la manifestación por escrito del trabajador y, en su caso, debía tener el "aval" técnico/médico en el supuesto de las mujeres que se encontraran en estado de gestación e informar oportunamente al área de recursos humanos correspondiente y que no se afectaría administrativamente a las operarias que se ubicaran en ese supuesto. 9.3. El Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fue designado como hospital de reconversión. 9.4. Los citados lineamientos entraron en vigor el veintitrés de marzo de dos mil veinte. 10. El uno, el diecisiete y el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la capital de esta entidad federativa, emitió diversos comunicados dirigidos a las quejosas denominados "opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por COVID-19", en los que estableció lo siguiente: 10.1. Que Getzemaní Rasgado Bravo, en su calidad de trabajadora de ese organismo, con la categoría de enfermera general adscrita al referido centro médico se encontraba desempeñando su trabajo en su domicilio desde el uno de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubicaba en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente que se encontraba en estado de gestación. 10.1.1. Con motivo de la valoración médica integral de la que fue objeto la referida disidente se determinó que su clasificación de riesgo individual-ocupacional era alto, por lo que se sugería su reincorporación al trabajo presencial en el semáforo federal color amarillo, con las mismas actividades de su profesiograma y en el área de trabajo donde se encontraba, por lo que se indicó que debía utilizar el equipo de protección personal asignado a las áreas y procesos de trabajo correspondientes. 10.1.2. La clasificación indicada se notificó a la disconforme, quien se comprometió a mantener las medidas estandarizadas de higiene, de protección personal y las específicas para disminuir el riesgo de contagio por el virus COVID-19 en su centro de trabajo, así como las medidas de autocuidado y de control de su "enfermedad", por lo que calzó su firma para constancia. 10.2. Que María Teresa Coronel Martínez, en su calidad de trabajadora de ese organismo, con la categoría de enfermera general adscrita al citado centro de salud se encontraba desempeñando su trabajo en su domicilio desde el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubicaba en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente su estado de embarazo. 10.2.1. Con motivo de la valoración médica integral de la que fue objeto la mencionada agraviada se determinó que su clasificación del riesgo individual-ocupacional era alto, por lo que se sugería su reincorporación al trabajo presencial en el semáforo federal color amarillo en las actividades de su profesiograma y en la misma área de trabajo, por lo que se indicó que debía utilizar el equipo de protección personal asignado a las áreas y procesos de trabajo correspondientes. 10.2.2. La clasificación indicada se comunicó a la quejosa, quien se comprometió a mantener las medidas estandarizadas de higiene, de protección personal y las específicas para disminuir el riesgo de contagio por el virus COVID-19 en su centro laboral, así como las medidas de autocuidado y de control de su enfermedad, por lo que calzó su rúbrica para constancia. 10.3. Que Araceli López Bustamante con la categoría de enfermera especialista en pediatría adscrita al citado centro de salud se encontraba desempeñando su trabajo en su domicilio desde el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubicaba en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente que se encontraba en estado de gestación. 10.3.1. Con motivo de la valoración médica integral de la que fue objeto la citada inconforme se determinó que su clasificación del riesgo individual-ocupacional era alto, por lo que se sugería su reincorporación al trabajo presencial en el semáforo federal color amarillo en las actividades de su profesiograma y en la misma área de trabajo, por lo que se indicó que debía utilizar el equipo de protección personal asignado a las áreas y procesos de trabajo correspondientes. 10.3.2. La clasificación indicada se comunicó a la agraviada, quien se comprometió a mantener las medidas estandarizadas de higiene, de protección personal y las específicas para disminuir el riesgo de contagio por el virus COVID-19 en su centro laboral, así como las medidas de autocuidado y de control de su enfermedad, por lo que calzó su firma para constancia. 11. Por otra parte, de los hechos y las abstenciones que las titulares de la acción de amparo manifestaron en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos reclamados se advierte que expusieron lo siguiente: 11.1. Las promoventes reconocen que son enfermeras y trabajadoras del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sito en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 11.2. Las justiciables señalan que con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el centro de salud de su adscripción fue designado como "HOSPITAL DE CONVERSIÓN COVID-19". 11.3. Las inconformes aseveran que se encuentran embarazadas, por lo que indican que se otorgó a su favor una licencia con motivo de la contingencia sanitaria para que no se presentaran a laborar en su centro de trabajo, dado que el riesgo de contagio de dicha enfermedad es alta para ellas, en razón de su condición de vulnerabilidad, la cual precisan que se incrementa al estar en contacto con los pacientes de coronavirus derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que su centro de trabajo es un hospital reconvertido de atención a personas con COVID-19, en el que existe la propagación de ese virus en todas las áreas del citado hospital. 11.4. Las agraviadas refieren que el veintiocho de septiembre del año próximo pasado, sus jefes inmediatos les exigieron que se presentaran a trabajar de manera presencial en el multicitado centro de salud. 12. En consideración de las titulares de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 13. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Araceli López Bustamante, María Teresa Coronel Martínez y Getzemaní Rasgado Bravo por sí y en representación de todas las enfermeras embarazadas que laboran en el Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. 14. Las quejosas señalaron como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 4, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narraron los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresaron los conceptos de violación que consideraron pertinentes. 15. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 578/2020; por un lado desechó parcialmente la demanda, porque consideró que se actualizó la causal de improcedencia prevista por el numeral 63, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 15 del propio ordenamiento, dado que Araceli López Bustamante, María Teresa Coronel Martínez y Getzemaní Rasgado Bravo no se legitimaban para ejercer la acción constitucional en representación de todas las enfermeras embarazadas que laboran en el Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la capital de esta entidad federativa y, por otro, admitió a trámite la demanda presentada por las quejosas por propio derecho; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 16. En el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, se dejó de tener como autoridad responsable al Titular de la Unidad de Atención Primaria a la Salud Primer Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, dada su inexistencia, por lo que se suspendió toda comunicación con esa entidad. 17. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 18. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que se atribuyen a distintas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 19. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 20. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 21. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que las inconformes reclaman los actos siguientes: Del Director, de la Jefa de Departamento de Enfermería -en su denominación correcta-y de la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores -en su denominación correcta-, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como del Director de Prestaciones Médicas y del Coordinador de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores -en su denominación correcta-, las dos últimas autoridades del citado organismo público descentralizado combaten: ? La negativa de otorgar la autorización para que continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación. Del Director del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la capital de esta entidad federativa, también impugnan: ? La omisión de dotarles de equipo de protección sanitario adecuado y de calidad que cumpla los estándares de seguridad necesarios para evitar que se contagien de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) al atender a los pacientes con síntomas de esa pandemia catalogados como sospechosos, o bien, que hayan contraído dicha enfermedad. De la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con asiento en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, del Director de Prestaciones Médicas y del Coordinador de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, las dos últimas entidades del citado organismo público descentralizado igualmente reprochan: ? La resolución en la que se estableció que no son aptas para que se otorgue a su favor una licencia para que continúen realizando su trabajo en resguardo domiciliario, como medida preventiva ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). De todos los entes públicos señalados también reclaman: ? Las consecuencias jurídicas de las actuaciones descritas. V. INEXISTENCIA DE ALGUNOS DE LOS ACTOS COMBATIDOS 22. No son ciertos los actos atribuidos al Director de Prestaciones Médicas y al Coordinador de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, ambas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la negativa de otorgar la autorización para que las inconformes continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación. 23. Tampoco con ciertas las actuaciones reprochadas a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al Director de Prestaciones Médicas y al Coordinador de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, las dos últimas entidades del citado organismo público descentralizado, atinentes a la resolución en la que se estableció que las agraviadas no son aptas para que se otorgue a su favor una licencia para que continúen realizando su trabajo en resguardo domiciliario, como medida preventiva ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 24. Se sostiene lo anterior, porque las mencionadas responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esos actos, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Informe justificado Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) La negativa de otorgar la autorización para que las justiciables continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación. b) La resolución en la que se estableció que las disidentes no son aptas para que se otorgue a su favor una licencia para que continúen realizando su trabajo en resguardo domiciliario, como medida preventiva ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). c) Las consecuencias jurídicas de esas actuaciones. Negó los actos Coordinador de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) La negativa de otorgar la autorización para que las inconformes continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación. b) La resolución en la que se estableció que las agraviadas no son aptas para que se otorgue a su favor una licencia para que continúen realizando su trabajo en resguardo domiciliario, como medida preventiva ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). c) Las consecuencias jurídicas de esas actuaciones. Negó los actos Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. a) La resolución en la que se estableció que las quejosas no son aptas para que se otorgue a su favor una licencia para que continúen realizando su trabajo en resguardo domiciliario, como medida preventiva ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). b) Las consecuencias jurídicas de esa actuación. Negó los actos 25. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito, ya que las documentales que anunció demuestran otros aspectos, pero no acreditan la existencia de las actuaciones señaladas. 26. Se sostiene lo anterior, porque las disidentes aportaron copias fotostáticas simples de los instrumentos siguientes: (i) tres comunicados de uno, de diecisiete y de veintiuno de septiembre, todos de dos mil veinte, suscritos por la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con asiento en la capital de esta entidad federativa, denominados "opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por COVID-19", (ii) tres gafetes expedidos a su favor, (iii) una credencial para votar expedida a favor Araceli López Bustamante por el Instituto Nacional Electoral, (iv) un "formato de personas con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del Covid-19 para el personal del IMSS" de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, a nombre de Araceli López Bustamante, (v) un instrumento denominado "Aval Técnico Médico para trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por Covid-19" de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a nombre de Araceli López Bustamante y (vi) el original de un escrito firmado por las disidentes con sello de recepción de veintinueve de septiembre de dos mil veinte. 27. Es necesario precisar que los comunicados de uno, de diecisiete y de veintiuno de septiembre, todos de dos mil veinte, suscritos por la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, denominados "opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por COVID-19", fueron perfeccionados en el trámite de este asunto, porque el Director de ese centro de salud exhibió copias certificadas de esas documentales. 28. Ahora, adminiculados esos documentos con los gafetes expedidos a favor de las quejosas, así como con el "formato de personas con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del Covid-19 para el personal del IMSS" de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, a nombre de Araceli López Bustamante y el instrumento denominado "Aval Técnico Médico para trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por Covid-19" de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a nombre de Araceli López Bustamante, a los cuales se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, se advierte que las inconformes acreditan lo siguiente: 28.1. Que Araceli López Bustamante, María Teresa Coronel Martínez y Getzemaní Rasgado Bravo son trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las categorías de enfermeras generales -las dos últimas- y enfermera especialista en pediatría -la primera- y se encuentran adscritas al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del citado organismo, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 28.2. Que se encuentran desempeñando su trabajo en su domicilio desde el uno, el diecisiete y el veintiuno, todos de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubicaban en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente su estado de embarazo. 28.3. Con motivo de la valoración médica integral de la que fueron objeto se determinó que su clasificación de riesgo individual-ocupacional era alto, por lo que se sugería su reincorporación al trabajo presencial en el semáforo federal color amarillo, con las mismas actividades de su profesiograma y en el área de trabajo donde se encontraban. 29. Por otro lado, con el escrito firmado por las inconformes con sello de recepción de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, al cual se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los normativos 133 y 203 del código adjetivo civil federal citado, las solicitantes del amparo demuestran que formularon al Director del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la capital de esta entidad federativa, una solicitud para que fueran relevadas de regresar a laborar en las fechas que les correspondía, permitiéndoles la continuación de su resguardo domiciliario y que siguieran gozando de sus prestaciones laborales. 30. Finalmente, la copia fotostática simple de la credencial para votar expedida a favor Araceli López Bustamante por el Instituto Nacional Electoral, por su naturaleza, carece de valor probatorio alguno, conforme a lo estatuido por el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia , por lo que no es apto para acreditar la existencia de los actos reclamados; no obstante, aun valorándolo como documento público en términos de lo señalado por los ordinales 197 y 202 del código adjetivo civil federal invocado, la agraviada Araceli López Bustamante sólo acredita que se encuentra inscrita en el padrón de electores del referido instituto electoral. 31. Con base en lo anterior, es factible sostener que los medios de convicción que las justiciables aportaron en este sumario no demuestran la existencia de los actos combatidos a las mencionadas responsables ni evidencian su participación en esas actuaciones en términos de lo dispuesto por el ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo y tampoco desvirtúan las negativas que esas entidades públicas sostuvieron en sus informes con justificación. 32. En ese contexto, si las inconformes no desvirtuaron las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostraron con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprocharon es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 33. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 34. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito , que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 35. En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. 36. Por otro lado, no son ciertos los actos reprochados al Director del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dotar a las quejosas de equipo de protección sanitario adecuado y de calidad que cumpla los estándares de seguridad necesarios para evitar que se contagien de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) al atender a los pacientes con síntomas de esa pandemia catalogados como sospechosos, o bien, que hayan contraído dicha enfermedad y sus consecuencias jurídicas, porque al margen de que esa autoridad en su informe justificado negó la existencia de la actuación impugnada, lo cierto es que la omisión señalada no puede ser atribuida a ese ente público en la medida en la que no existe alguna norma jurídica que lo obligue a actuar en el sentido que las disidentes pretenden. 37. Para evidenciar la inexistencia de la omisión reclamada es necesario señalar que de la interpretación sistemática de los arábigos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo se desprende que lo expuesto por las entidades responsables en sus informes justificados por sí no es determinante en todos los juicios de amparo de la certeza de los actos combatidos -máxime si son de naturaleza omisiva, como en la especie sucede-, sino que esa circunstancia dependerá, en su caso, de lo que las partes demuestren en la secuela procesal a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o bien, de la apreciación que el Tribunal de amparo pueda llevar a cabo de las constancias del expediente en el que se instrumenta el juicio constitucional. 38. En ese sentido, es indispensable precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley obliga. 39. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como conducta, aunque negativa, cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: 39.1. Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 39.2. Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. 40. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza del acto omisivo combatido es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuye esa conducta se encontraba constreñidas a actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. 41. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la tesis aislada 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." 42. Enseguida, es necesario examinar si el ente responsable señalado conforme alguna norma jurídica se encontraba obligado a actuar en el sentido indicado por las solicitantes de la protección constitucional, es decir, si acorde con las facultades y las obligaciones que ineludiblemente está constreñido a realizar tenía el deber de dotar a las justiciables -quienes conforme a los antecedentes relatados en el primer apartado de este fallo y con base en las manifestaciones que expusieron en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad se encuentran desempeñando su trabajo en su domicilio desde el uno, el diecisiete y el veintiuno, todos de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubican en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente su estado de embarazo- de equipo de protección sanitario adecuado y de calidad que cumpla los estándares de seguridad necesarios para evitar que se contagien de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) al atender a los pacientes con síntomas de esa pandemia catalogados como sospechosos, o bien, que hayan contraído dicha enfermedad. 43. Para determinar lo anterior en principio debe señalarse que de los ordinales 2, 3, 4, 5, 5 A, 251, 256, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social; dicho organismo por un lado tiene la función de ente asegurador y autoridad fiscal autónoma y, por otro, tiene el carácter de patrón y las relaciones entre dicho instituto y sus trabajadores se rigen por lo dispuesto por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo y en el caso de los trabajadores clasificados como de confianza "A" por el contrato colectivo de trabajo. 44. Precisado el marco normativo que rige el vínculo laboral entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, enseguida es necesario traer a contexto el contenido del ordinal 132, fracciones III y XIX Bis de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: [.] III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo; [.] XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; [.]" 45. De la norma inserta se obtiene, en lo que interesa, que los patrones tienen las obligaciones siguientes: 45.1. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, los instrumentos y los materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que los operarios no se hayan comprometido a usar herramienta propia. 45.2. El empleador debe cumplir con las disposiciones que en el caso de una emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en el supuesto de una declaratoria de contingencia sanitaria. 46. Ahora, conforme a los antecedentes relatados en el primer apartado de esta sentencia se advierte que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19) era una pandemia, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional; por tanto, hizo un llamado a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. 47. Luego, el veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", del que se advierte que el Pleno del Consejo de Salubridad General con el propósito de proteger a la población en México reconoció a la epidemia derivada del virus SARS-CoV2, COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria y dispuso que la Secretaría de Salud estableciera las medidas necesarias para la prevención y el control de la referida enfermedad. 48. En ese sentido, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el aludido órgano oficial de difusión el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, de cuyo cuyos artículos primero y segundo se desprenden, en lo que interesa, los aspectos siguientes: 48.1. Para efectos de ese Acuerdo se entendía por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tenían como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentrara en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. 48.2. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social debían poner en práctica eran, entre otras, las siguientes: 48.2.1. Evitar la asistencia a centros de trabajo a grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, tenían que percibir su salario y demás prestaciones establecidas por la normatividad vigente. Esos grupos incluían mujeres embarazadas. 48.2.2. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal tenían que instrumentar planes que garantizaran la continuidad de las operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y el control de los riesgos para la salud que implicaba la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular de las mujeres que se encontraran en estado de gestación. 48.2.3. Las relaciones laborales debían mantenerse y aplicarse conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondieran, durante el plazo de vigencia del citado Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. 48.2.4. Las medidas que se adoptaran debían ser con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado. 49. Posteriormente, el treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", en el que el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); también estableció que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender dicha emergencia sanitaria. 50. Después, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se publicó en el citado órgano oficial de difusión el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, en cuyo artículo primero dispuso, entre otros aspectos, los siguientes: 50.1. Estableció como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado debían implementar las medidas siguientes: 50.1.1. La suspensión inmediata del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población que residía en el territorio nacional. 50.1.2. Solamente podían continuar en funcionamiento las actividades consideradas como esenciales, entre otras, las que eran directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, en específico, las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. 50.2. Se exhortó a toda la población que residía en el territorio mexicano que no participara en actividades laborales esenciales, a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte. Conforme a ese instrumento se entendía como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible. 50.3. El resguardo domiciliario corresponsable debía aplicarse de manera estricta a toda persona en estado de embarazo o puerperio inmediato. 50.4. En tal instrumento se indicó que una vez concluido el periodo de vigencia de las medidas establecidas en él, la Secretaría de Salud en coordinación con las diversas de Economía y del Trabajo y Previsión Social emitirían los lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México. 50.5. En el citado acuerdo se indicó que todas las medidas establecidas en él tenían que aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las personas. 51. El veintiuno de abril de dos mil veinte, se divulgó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, de cuyo contenido se advierte que se modificó la fracción I, del artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en ese órgano oficial de difusión el treinta y uno de marzo del año próximo pasado y se adicionaron los numerales Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de este último instrumento; de esa modificación y del precepto Tercero adicionados se desprenden, en lo que interesa, los aspectos siguientes: 51.1. Se ordenó la suspensión inmediata del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y la transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población que residía en el territorio nacional. 51.2. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal definiría los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus SARS-CoV2, así como cualquier otro factor relacionado con el riesgo de propagación de la enfermedad y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. 51.3. La mencionada Secretaría establecería los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios con distinto grado de propagación a fin de evitar la dispersión de la enfermedad y en todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tuviera en los municipios, se mantendría hasta nuevo aviso, la medida señalada en la fracción V del artículo Primero del Acuerdo adicionado, relativa a la protección de las personas del grupo de riesgo. 52. Posteriormente, el catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó en el multicitado órgano oficial de difusión el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal; de los artículos primero, segundo y tercero de ese instrumento, así como de su anexo se desprenden, en lo que interesa, lo siguiente: 52.1. Dicho acuerdo tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como instituir acciones extraordinarias. 52.2. La estrategia indicada consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y prudente, considerando tres etapas; la última de ellas inició el uno de junio de dos mil veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. 52.3. El semáforo indicado se incorporó como anexo de ese instrumento, en el que se establece mediante colores las medidas de seguridad sanitarias apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros. 52.4. El semáforo en región amarillo señala que todas las actividades labores están permitidas. 53. En otro punto, se tiene presente que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social suscribieron el "ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL IMSS, A PARTIR DEL 23 DE MARZO PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19", en cuyos primer y decimotercer lineamientos pactaron, entre otros aspectos, los siguientes: 53.1. Las personas con mayor riesgo de complicaciones en el caso de infección por el virus COVID-19 podían desempeñar sus funciones en su domicilio particular. 54.2. Se precisó que se entendía como personas con mayor riesgo, entre otras, a las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia; también se indicó que era responsabilidad del superior jerárquico contar con la manifestación por escrito del trabajador y, en su caso, debía tener el "aval" técnico/médico en el supuesto de las mujeres que se encontraran en estado de gestación e informar oportunamente al área de recursos humanos correspondiente y que no se afectaría administrativamente a las operarias que se ubicaran en ese supuesto. 54.3. Los citados lineamientos entraron en vigor el veintitrés de marzo de dos mil veinte. 54. Por otro lado, de la adminiculación de los comunicados de uno, de diecisiete y de veintiuno de septiembre, todos de dos mil veinte, suscritos por la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, denominados "opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por COVID-19", que las partes aportaron en este sumario con los gafetes expedidos a favor de las quejosas, así como con el "formato de personas con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del Covid-19 para el personal del IMSS" de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, a nombre de Araceli López Bustamante y el instrumento denominado "Aval Técnico Médico para trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por Covid-19" de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a nombre de Araceli López Bustamante quedaron demostrados los aspectos siguientes: 54.1. Que Araceli López Bustamante, María Teresa Coronel Martínez y Getzemaní Rasgado Bravo son trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las categorías de enfermeras generales -las dos últimas- y enfermera especialista en pediatría -la primera- y se encuentran adscritas al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del citado organismo, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 54.2. Que se encuentran desempeñando su trabajo en su domicilio desde el uno, el diecisiete y el veintiuno, todos de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubicaban en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente su estado de embarazo. 28.3. Con motivo de la valoración médica integral de la que fueron objeto se determinó que su clasificación de riesgo individual-ocupacional era alto, por lo que se sugería su reincorporación al trabajo presencial en el semáforo federal color amarillo, con las mismas actividades de su profesiograma y en el área de trabajo donde se encontraban. 55. También se tiene en cuenta que las justiciables manifestaron en su escrito inicial bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los actos reclamados, que se encuentran desempeñando su trabajo en su domicilio desde el uno, el diecisiete y el veintiuno, todos de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubican en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente su estado de gestación. 56. En ese sentido, las manifestaciones que las titulares de la acción constitucional realizaron influyen en el ánimo de este órgano jurisdiccional en el sentido de que presupone la certeza de tal aseveración y ésta debe ser apreciada como una confesión expresa con valor probatorio pleno, conforme a lo previsto por los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2. 57. Con base en el caudal probatorio señalado se tiene por demostrado que las solicitantes del amparo en su calidad de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las categorías de enfermeras generales -en el caso de María Teresa Coronel Martínez y de Getzemaní Rasgado Bravo- y de enfermera especialista en pediatría -en el caso de Araceli López Bustamante- se encuentran adscritas al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del citado organismo, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; también está acreditado que se encuentran desempeñando su trabajo en su domicilio desde el uno, el diecisiete y el veintiuno, todos de septiembre de dos mil veinte, dado que se ubican en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente su estado de embarazo. 58. En otras palabras, desde el uno, el diecisiete y el veintiuno, todos de septiembre de dos mil veinte, las quejosas fueron objeto de las medidas preventivas establecidas por los instrumentos normativos siguientes: a) el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte; y, b) el "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020" emitido por el Titular de la citada Secretaría publicado en ese órgano oficial de difusión el veintiuno de abril de dos mil veinte, en los cuales se estableció que el resguardo domiciliario corresponsable debía aplicarse de manera estricta a toda persona en estado de embarazo o puerperio inmediato y que esa medida protectora se mantendría hasta nuevo aviso para las personas que se ubicaran en ese grupo de riesgo. 59. También se detecta que con base en el "ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL IMSS, A PARTIR DEL 23 DE MARZO PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19" que el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social suscribieron el diecisiete de marzo de dos mil veinte, a las justiciables les fue permitido que desempeñaran sus actividades laborales en su domicilio, dado que pertenecen al grupo de personas con mayor riesgo de contraer la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en razón de su estado de embarazo. 60. Lo anterior pone de relieve que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es decir, al cinco de octubre de dos mil veinte, las justiciables realizaban sus actividades laborales en su domicilio, porque se ubican en una situación de vulnerabilidad en razón de que se diagnosticó médicamente su estado de gestación. 61. Tal situación implica que las agraviadas no acuden a trabajar de manera presencial al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde se encuentran adscritas, el cual fue designado como un centro de salud de reconversión para la atención de los pacientes con síntomas o que adquirieron la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sino que sus actividades labores las realizan en su domicilio, porque se encuentran bajo resguardo domiciliario para proteger su vida y su salud. 62. Incluso, esa situación la reconocen las propias justiciables al señalar en su demanda que se encuentran embarazadas, por lo que se otorgó a su favor una licencia con motivo de la contingencia sanitaria para que no se presentaran a laborar en su centro de trabajo, dado que el riesgo de contagio de dicha enfermedad es alta para ellas, en razón de su condición de vulnerabilidad, la cual precisan que se incrementa al estar en contacto con los pacientes de coronavirus derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que su centro de trabajo es un hospital reconvertido de atención a personas con COVID-19, en el que existe la propagación de ese virus en todas las áreas del citado hospital. 63. Ahora, se tiene en cuenta que conforme a lo estatuido por el arábigo 132, fracciones III y XIX Bis de la Ley Federal del Trabajo, los patrones tienen la obligación de proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, los instrumentos y los materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes; también tienen el deber de cumplir con las disposiciones que en el caso de una emergencia sanitaria fije la autoridad competente y proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en el supuesto de una declaratoria de contingencia sanitaria. 64. En el caso particular, si las titulares de la acción constitucional no acuden a trabajar de manera presencial al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la capital de esta entidad federativa, donde se encuentran adscritas, sino que sus actividades labores las realizan en su domicilio, entonces es indudable que no atienden a los pacientes con síntomas o que adquirieron la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), porque la razón por la que fueron objeto de la medida preventiva de resguardo domiciliario previsto por los instrumentos normativos citados y por el "ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL IMSS, A PARTIR DEL 23 DE MARZO PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19" que el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social suscribieron el diecisiete de marzo de dos mil veinte, es que pertenecen al grupo de personas con mayor riesgo de contraer la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dado su estado de embarazo y esa medida de protección tiene como propósito salvaguardar su vida y su salud. 65. En esa línea, se entiende que el trabajo que las disidentes realizan no se relaciona con la atención directa y personal con los pacientes con síntomas o que adquirieron la citada enfermedad, puesto que sería un contrasentido que estuvieran bajo resguardo domiciliario y simultáneamente atendieran a las personas con dicho padecimiento; es así, porque la finalidad de la medida preventiva indicada es evitar que los trabajadores de la salud pongan en riesgo su vida y su salud, por eso es que se asignan a las operarias del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentren en estado de gestación funciones distintas a la atención directa y personal de los citados pacientes. 66. Luego, si en la realización de sus actividades laborales, las quejosas no acuden a trabajar de manera presencial al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, donde se encuentran adscritas, ni atienden de manera personal y directa a los pacientes con síntomas o que adquirieron la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entonces es inconcuso que no pueden exigir en términos de lo prescrito por el ordinal 132, fracciones III y XIX Bis de la Ley Federal del Trabajo, que el Director de ese centro de salud les dote de equipo de protección sanitario adecuado y de calidad que cumpla los estándares de seguridad necesarios para evitar que se contagien de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) al atender a los pacientes con síntomas de esa pandemia catalogados como sospechosos, o bien, que hayan contraído dicha enfermedad. 67. Lo anterior pone de relieve que la omisión combatida no puede ser reprochada a las responsable, porque del segmento normativo citado ni de alguna otra disposición se advierte que el Director del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con asiento en la capital de esta entidad federativa, tenga la obligación de dotar a las disidentes de equipo de protección sanitario adecuado y de calidad que cumpla los estándares de seguridad necesarios para evitar que se contagien de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), cuando las agraviadas no asisten a laborar de manera presencial en ese centro de salud donde se encuentran adscritas, ni atienden de manera personal y directa a los pacientes con síntomas o que adquirieron la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); máxime que las inconformes no aportaron alguna prueba para evidenciar que las actividades laborales que realizan en su domicilio implique el contacto físico con personas que tengan dicho padecimiento. 68. En ese contexto, no existe el acto omisivo que las titulares de la acción de amparo reclaman a la citada responsable, dado que no se colman los elementos deóntico y óntico indicados con anterioridad para que se actualice una omisión como conducta cualificada por el derecho, en la medida en la que conforme a lo prescrito por el normativo 132, fracciones III y XIX Bis de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social en su calidad de patrón de proporcionar oportunamente a sus trabajadores los útiles, los instrumentos y los materiales necesarios para la ejecución del trabajo, los cuales deben ser de buena calidad, estar en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes y su obligación de cumplir con las disposiciones que en el caso de una emergencia sanitaria fije la autoridad competente y proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en el supuesto de una declaratoria de contingencia sanitaria o de algún otro precepto no es factible advertir que estaba obligada a realizar la conducta cuya omisión le fue reprochada. 69. Luego, si no existe la obligación de hacer a cargo de esa entidad que sea impuesta por una norma jurídica es inconcuso que no se le puede reprochar que incurrió en una omisión, porque dicha autoridad no estaba obligada a actuar en el sentido pretendido por las solicitantes de la protección constitucional; de ahí que se evidencie la inexistencia de los actos reclamados al Director del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dotar a las quejosas de equipo de protección sanitario adecuado y de calidad que cumpla los estándares de seguridad necesarios para evitar que se contagien de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) al atender a los pacientes con síntomas de esa pandemia catalogados como sospechosos, o bien, que hayan contraído dicha enfermedad y sus consecuencias jurídicas, conforme a lo establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 70. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto a los actos combatidos a las autoridades responsables señaladas en este apartado, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DE LOS DIVERSOS ACTOS IMPUGNADOS 71. Son ciertos los actos reprochados al Director, a la Jefa de Departamento de Enfermería y a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la negativa de otorgar la autorización para que las agraviadas continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas, a pesar de que en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones; empero, dichas negativas fueron desvirtuadas con las manifestaciones que con posterioridad realizaron de las cuales se advierte que reconocieron su certeza, lo que conduce a tener por ciertos los actos que fueron atribuidos a esas entidades públicas. 72. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." 73. Además, la certeza de los actos combatidos se corrobora con las copias certificadas de los comunicados de uno, de diecisiete y de veintiuno de septiembre, todos de dos mil veinte, suscritos por la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con asiento en la capital de esta entidad federativa, denominados "opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por COVID-19", que las partes aportaron en este juicio constitucional, los cuales fueron valorados en los párrafos anteriores y con los que se acredita que con motivo de la valoración médica integral de la que fueron objeto las disidentes se determinó que su clasificación de riesgo individual-ocupacional era alto, por lo que se sugería su reincorporación al trabajo presencial en el semáforo federal color amarillo, con las mismas actividades de su profesiograma y en el área de trabajo donde se encontraban; de ahí que al adminicular el contenido de esos instrumentos con las manifestaciones que las responsables realizaron en sus informes justificados conducen a establecer la existencia de los actos reclamados descritos. VII. PROCEDENCIA 74. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 75. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 76. En el caso, de oficio se advierte que en relación con los actos impugnados al Director, a la Jefa de Departamento de Enfermería y a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la negativa de otorgar la autorización para que las inconformes continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, dado que esas actuaciones no provienen de una autoridad para los efectos de este juicio de amparo. 77. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los preceptos citados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" 78. El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. 79. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. 80. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 81. A su vez, del dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 82. El análisis sistemático de las normas invocadas pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. 83. En otro punto, es necesario señalar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una autoridad para los efectos del juicio de amparo será el ente de hecho o de derecho que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni requerir del consenso de la voluntad del afectado; en ese contexto, la Superioridad puntualizó que una autoridad será la que ejerza facultades decisorias que le son atribuidas por la ley y, por ende, que constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 84. Para fortalecer lo anterior se cita la tesis P. XXVII/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." 85. Por otro lado, resulta oportuno establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y en ese sentido es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho ha realizado respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. 86. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un plano similar, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí se han creado por la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. 87. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deberán acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas pactadas por ellas o las contempladas por la legislación aplicable; en ese contexto, ambas partes se encuentran en un nivel equivalente, lo que refleja la existencia de una bilateralidad en el funcionamiento de tales relaciones. 88. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los gobernantes y los gobernados en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por eso la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. 89. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, las cuales también se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, en este último rubro se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el dispositivo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. 90. Desde esa perspectiva, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. 91. En ese contexto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 91.1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 91.2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 91.3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 91.4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 92. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. XXXVI/99 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación , de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." 93. Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País , que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." 94. De acuerdo con lo anterior para que el acto de un órgano estatal sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. 95. En otro aspecto, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 95.1. Ser unilateral, porque para su existencia y su eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce, es decir, su génesis sólo depende de la voluntad de la autoridad. 95.2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 95.3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. 96. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de los derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. 97. En ese sentido es necesario atender a la naturaleza del acto que se impugna para determinar si proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio constitucional. 98. Con base en el marco jurídico expuesto es factible sostener que los actos combatidos al Director, a la Jefa de Departamento de Enfermería y a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la negativa de otorgar la autorización para que las justiciables continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas no provienen de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que tuvieron su génesis en una relación de coordinación entablada entre particulares -las quejosas (en su calidad de trabajadoras) y esos entes públicos (como dependencias u órganos del patrón equiparado que es el Instituto Mexicano del Seguro Social)- en la que actuaron en un plano de igualdad, en virtud del vínculo laboral que existe entre esos sujetos. 99. Para evidenciar dicho aserto es conveniente exponer algunas consideraciones respecto de la relación jurídica que existe entre el Estado y sus servidores públicos a fin de identificar la liga laboral que los une como patrón equiparado y trabajadores, para lo cual debe hacerse referencia al concepto de "órgano" como elemento propio del Estado, ya que tal antecedente es indispensable para comprender el funcionamiento de uno de los sujetos de la relación jurídica a examinar y las peculiaridades de esta última. 100. De inicio debe señalarse que generalmente se acepta que el órgano -como instrumento técnico de la actividad jurídica estatal- es un centro o esfera delimitado por las normas que le reconocen ciertos cometidos o atribuciones que serán realizados por una persona física o por un conjunto de ellas, quienes utilizarán bienes pertenecientes al Estado para llevar a cabo su actuación. 101. En ese contexto es importante destacar en primer término el elemento objetivo consistente en ese centro abstracto de imputación de atribuciones públicas que está determinado por las normas jurídicas y, en segundo lugar, el elemento subjetivo que es la persona física o el agente que con su voluntad y su actuación pone en movimiento al órgano estatal. 102. Así, mientras el agente actúa como titular del órgano sólo puede tener la voluntad y el interés que las normas establezcan para ese ente público y por eso se acepta que entre el Estado y sus órganos no puede existir alguna relación jurídica, dado que no son sujetos distintos, pero en lo individual el agente tiene la voluntad e intereses que son propios de todo ser humano, por lo que desde esta óptica al existir dos sujetos se puede identificar un vínculo jurídico entre el Estado como empleador y el agente en su calidad de empleado con las necesidades que son propias de todo trabajador. 103. En la relación Estado-empleado es factible derivar dos características básicas: la primera se relaciona con la naturaleza soberana de aquél, es decir, uno de los sujetos de esa relación cuya voluntad orgánica se integra con la de los empleados en contraste con la relación ordinaria existente entre un patrón y el obrero donde ambos sujetos son particulares; por otro lado, la segunda característica está relacionada con la naturaleza del servicio prestado que se refleja con el desenvolvimiento y la ejecución de las atribuciones encomendadas al Estado por el régimen jurídico, lo que no existe en la relación laboral ordinaria. 104. Lo anterior lleva a considerar que si la relación entre el Estado y el empleado se inserta en la estructura, la organización y el funcionamiento del primero su naturaleza jurídica debe conceptualizarse como administrativa; sin embargo, el sistema jurídico mexicano ha dado a dicha relación un tratamiento peculiar que ha transformado su índole a laboral en la generalidad de los casos, aunque también ha establecido a manera de excepciones algunos supuestos específicamente determinados en los cuales se conserva la naturaleza administrativa original de esa relación como en el caso de los grupos constituidos por los militares, los marinos, el personal del servicio exterior, los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales. 105. En esa línea, es necesario destacar que hasta el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, la relación Estado-empleado era administrativa en todos los casos -desde el punto de vista constitucional-, pero con motivo de la adición del apartado B al artículo 123 de la Constitución General de la República -contenida en el decreto publicado en dicha data en el Diario Oficial de la Federación- se establecieron las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debía expedir las leyes sobre el trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y sus empleados; en dichas bases se estableció un régimen protector de los trabajadores en términos semejantes -no iguales- a los previstos por el apartado A de ese precepto para los obreros en general. 106. La reforma constitucional indicada fue el punto inicial de la transformación de la relación jurídica que hoy existe entre el Estado y sus servidores públicos. 107. Por otro lado, en los párrafos precedentes se estableció que de los arábigos 2, 3, 4, 5, 5 A, 251, 256, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social -transcritos anteriormente al pie de página- se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social; dicho organismo por un lado tiene la función de ente asegurador y autoridad fiscal autónoma y, por otro, tiene el carácter de patrón y las relaciones entre dicho instituto y sus trabajadores se rigen por lo dispuesto por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, la Ley Federal del Trabajo y en el caso de los trabajadores clasificados como de confianza "A" por el contrato colectivo de trabajo 108. En este punto, precisa señalar que el normativo 256 de la citada legislación configura una ficción jurídica que consiste en equiparar la relación existente entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus empleados con una relación laboral y en disminuir la calidad del primero al nivel de un patrón equiparado, al disponer lo siguiente: "Artículo 256. Las relaciones entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el Apartado A del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y en el caso de los trabajadores clasificados como de confianza "A" en el contrato colectivo de trabajo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Instituto que a propuesta del Consejo Técnico, expida el Ejecutivo Federal y al Estatuto a que se refiere el artículo 286 I de esta Ley." 109. Con base en el marco jurídico expuesto es factible sostener que los actos combatidos a las autoridades responsables no provienen de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que tuvieron su génesis en una relación de coordinación entablada entre particulares -las disidentes (en su calidad de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las categorías de enfermeras generales [en el caso de María Teresa Coronel Martínez y de Getzemaní Rasgado Bravo] y de enfermera especialista en pediatría [en el caso de Araceli López Bustamante] que se encuentran adscritas al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del citado organismo, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y los entes públicos responsables (como dependencias u órganos del patrón equiparado que es el Instituto Mexicano del Seguro Social)- en la que actuaron en un plano de igualdad, en virtud del vínculo laboral que existe entre esos sujetos. 110. Al respecto, se tiene en cuenta que las disconformes reclamaron la negativa de aplicar a su favor, como trabajadoras del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la capital de esta entidad federativa, las medidas adoptadas para la prevención y la mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los centros de trabajo. 111. Se sostiene lo anterior, porque las justiciables atacan del Director, de la Jefa de Departamento de Enfermería y de la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la negativa de otorgar la autorización para que continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas. 112. En ese contexto, se advierte que la naturaleza de la actuación combatida es de carácter laboral, ya que si bien las medidas preventivas que aluden deriva de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y a la salud de las personas trabajadoras. 113. Así, aun cuando los acuerdos señalados en el primer apartado de esta sentencia fueron emitidos por autoridades administrativas en ejercicio de las facultades que tienen en la materia de salud pública, las cuales prevén el resguardo domiciliario de las mujeres embarazadas y permiten que éstas realicen sus actividades labores en su domicilio, como medidas preventivas para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo cierto es que la aplicación de esos instrumentos normativos tiene un impacto en el mundo laboral. 114. En efecto, del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. 115. Lo anterior, en el entendido de que esas acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras; de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2 (COVID-19). 116. En este punto, se trae a contexto lo previsto por el numeral 3 del Convenio 155 sobre la Seguridad y Salud de los Trabajadores emitido por la Organización Internacional del Trabajo , en el que se estableció que la salud en relación con el trabajo abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. 117. En ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en el caso de emergencia . 118. De esa forma, si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica de manera importante en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. 119. En esa línea, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. 120. Ahora, en cuanto a las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) es necesario traer a contexto algunas de las consideraciones que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito sostuvo al fallar el amparo en revisión 28/2021, en cuya ejecutoria estableció lo siguiente: "[.] Para precisar el primero de los aspectos señalados -la naturaleza de la relación jurídica que surge entre las dependencias demandadas y sus trabajadores, en lo relativo a la aplicación en favor de éstos de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en sus centros de trabajo-, debe atenderse al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 127/2020, en el que estableció: [.] Criterio jurisprudencial del que es factible destacar, para efectos de este estudio, que: ? De las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio del virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo -contenidas en los acuerdos emitidos por el Gobierno Mexicano-, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquéllas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID_19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. ? Si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. ? Las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Así, a partir de lo razonado por el Máximo Tribunal de la República, es factible establecer que las medidas implementadas en las dependencias de gobierno, con el objeto de reducir el riesgo de exposición de sus trabajadoras y trabajadores al virus SARS-CoV2 se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, por lo que tienen naturaleza laboral. De lo que deriva que la implementación de tales medidas de protección operan en el marco de la relación laboral que une a las referidas dependencias con sus trabajadores, es decir, actuando aquéllas como patrones, sin facultades de imperio. [.]" 121. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020 analizó la naturaleza jurídica de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y la aplicación de esas medidas preventivas respecto de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. 122. En ese sentido, en la ejecutoria dictada en ese diferendo de criterios el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "[.] Así, de acuerdo con lo expuesto, corresponde ahora analizar la naturaleza del acto reclamado en los juicios de amparo que originaron los conflictos competenciales resueltos por los tribunales colegiados contendientes; al respecto de las demandas de amparo promovidas por la parte quejosa, se advierte que ésta reclamó la negativa de aplicar en su favor las medidas implementadas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en su centro de trabajo. Con el propósito de contextualizar la temática de esta contradicción de tesis, debe precisarse que el treinta de enero de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, como consecuencia de la rapidez de su propagación, así como por su gravedad, tal Organización la declaró como una pandemia. En tales circunstancias, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en materia de salud a implementarse con motivo del virus SARS-CoV2. Como parte de las medidas para evitar los contagios de la enfermedad COVID-19, se instruyó a los servidores públicos de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en los supuestos siguientes: a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19), los trabajadores deberán permanecer aislados en su domicilio y atender las recomendaciones médicas; b) Tratándose de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. c) En caso de contar con 68 años o más las personas deberán comunicarlo a su superior jerárquico. d) Las personas que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Asimismo, se establecieron diferentes mecanismos para que las trabajadoras y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, se previó que aquéllos ubicados en algún grupo vulnerable y que laboraran en las instituciones de seguridad ciudadana, el sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente. En todo caso, se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer ninguna clase de amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación. Posteriormente, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Como parte de las medidas contenidas en dicho documento, se instruyó a los sectores público, privado y social a evitar la asistencia a los centro de trabajo, de los adultos mayores de sesenta y cinco años o más, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes en todo momento conservarían su derecho a recibir su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad laboral vigente. De igual manera, se señaló que las medidas adoptadas se llevarían a cabo con estricto respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores en todos los sectores, además de que las relaciones laborales continuarían rigiéndose conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la implementación de acciones extraordinarias, entre las que destaca, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales durante el periodo del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como las de los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese orden de ideas, si bien se advierte que los acuerdos mencionados derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. En efecto, del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. Al respecto, destaca el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. De esa forma, si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, a juicio de esta Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. [.]" 123. Con base en el criterio sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, es factible sostener que la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, porque el acto reclamado consiste en la negativa de otorgar la autorización para que las titulares de la acción constitucional continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dado que pertenecen a un grupo vulnerable, porque se encuentran en estado de gestación, ya que su pretensión final es el otorgamiento de una autorización o permiso para ausentarse de sus labores, lo que evidentemente no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón equiparado con las quejosas como particulares. 124. En ese sentido, no es posible tener a las responsables como dependencias u órganos del patrón equiparado que es el Instituto Mexicano del Seguro Social) como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, dado que la actuación combatida implica una aspecto de carácter laboral que debe exigirse ante la jurisdicción ordinaria correspondiente. 125. Así, el hecho de que los actos reclamados eventualmente desatiendan las prevenciones establecidas por los instrumentos normativos siguientes: a) el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2" emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte; y, b) el "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020" emitido por el Titular de la citada Secretaría publicado en ese órgano oficial de difusión el veintiuno de abril de dos mil veinte, en los cuales se estableció que el resguardo domiciliario corresponsable debía aplicarse de manera estricta a toda persona en estado de embarazo o puerperio inmediato y que esa medida protectora se mantendría hasta nuevo aviso para las personas que se ubicaran en ese grupo de riesgo, así como que no se cumpla lo pactado en el "ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL IMSS, A PARTIR DEL 23 DE MARZO PARA ENFRENTAR LA SITUACIÓN SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19" que el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social suscribieron el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y esa situación de pauta a considerar que potencialmente se vulneren los derechos fundamentales de las quejosas (derecho al otorgamiento de una autorización o permiso a favor de las disidentes para que realicen sus actividades laborales en su domicilio, que constituye una prestación de carácter laboral), para estimar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo. 126. Se sostiene lo anterior, porque no debe perderse de vista que la relación establecida entre las quejosas y las autoridades que señalaron como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho del trabajo, por lo que la negativa de otorgar la autorización para que las agraviadas continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas no pueden considerarse que provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que existe un vínculo laboral entre las disconformes (en su calidad de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentran adscritas al Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del citado organismo, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y los entes públicos responsables (como dependencias u órganos del patrón equiparado que es el Instituto Mexicano del Seguro Social)- en la que actuaron en un plano de igualdad, en virtud del vínculo laboral que existe entre esos sujetos; por tanto, las citadas actuaciones no son susceptibles de someterse al escrutinio constitucional, sino que en todo caso las justiciables deberán acudir a la vía ordinaria laboral correspondiente para exigir la aplicación en su beneficio de las medidas preventivas de salud pública indicadas, al tratarse de una prestación de trabajo. 127. En esa línea, es incuestionable que en los supuestos en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social o sus órganos o dependencias emitan determinaciones o lleven a cabo actos relacionados con los aspectos laborales de sus empleados en los que éstos se vean afectados, como en la especie sucede, dichos entes públicos no actúan en su calidad de autoridad sino como particulares en una relación de coordinación, por lo que en tales hipótesis no es procedente el juicio constitucional, porque se insiste las actuaciones que tienen su génesis en esa relación jurídica se emiten en un plano de igualdad y no de supra a subordinación, esto es, entre los gobernantes y los gobernados. 128. Además, tales actos no satisfacen las características para que sean considerados como unilaterales, imperativos y coercitivos; en ese contexto, los actos reclamados no pueden ser conceptualizados como de autoridad para los efectos de este medio extraordinario de defensa. 129. Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, en cuanto a los actos reprochados al Director, a la Jefa de Departamento de Enfermería y a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la negativa de otorgar la autorización para que las justiciables continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas. 130. En respaldo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 77/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL COMPARECER AL JUICIO LABORAL COMO PATRÓN QUEDA DESPROVISTO DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD. De los artículos 2, 3, 4, 5, 5 A, 251, 256, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social, se advierte que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y además de tener la función de ente asegurador y autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de patrón, cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, cuando en un procedimiento laboral el Instituto referido es demandado por sus trabajadores debe comparecer al juicio desprovisto de imperio, quedando sujeto a las reglas del procedimiento laboral como cualquier patrón." 131. También es ilustrativa la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito , que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida." 132. Igualmente, se cita por las razones que expone la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito , que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." 133. Por otro lado, precisa señalar que el criterio adoptado en este fallo no sólo se sustenta en la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", cuyos texto y datos de localización se citaron anteriormente, sino que también se apoya en la ejecutoria que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito dictó el ocho de abril del año en curso, en el amparo en revisión 28/2021 y en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció al resolver la contradicción de tesis 127/2020, así como en las ejecutorias de once de julio y de siete de agosto, ambas de dos mil veinte, dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en los tocas de los recursos de queja 106/2020 y 107/2020, en las que sostuvo que con base en lo dispuesto por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, del propio ordenamiento, la negativa verbal de expedir una licencia de trabajo o un permiso con goce de sueldo, no obstante que los justiciables se encontraban en un grupo vulnerable, emitida por diversos órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social no comparten la naturaleza jurídica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se está en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, dado que la negativa de aplicar las medidas de salubridad a favor de los quejosos, se efectúa en su relación de patrón a trabajador y no en un plano de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, conflicto que debe dirimirse ante los Tribunales ordinarios y no en la instancia constitucional, al ser ante la potestad común en donde los agraviados pueden ocurrir en reclamo del examen de legalidad de la negativa reclamada y las consecuencias que hicieron valer de acuerdo con las leyes laborales aplicables. 134. La existencia de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito señalados constituyen un hecho notorio de conformidad con lo establecido por el ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, porque pueden ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en razón de que todos los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito deben capturar en dicho sistema las versiones electrónicas de las resoluciones que emiten, lo que implica que pueden consultarse por cualquier órgano jurisdiccional y esa situación genera certeza de lo resuelto en un asunto diferente al presente juicio. 135. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." 136. En otro punto, no escapa que las actuaciones impugnadas al Director, a la Jefa de Departamento de Enfermería y a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la negativa de otorgar la autorización para que las agraviadas continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas pudieran afectar en perjuicio de las inconformes los derechos fundamentales a la vida y a la salud, pero esa situación por sí es insuficiente para soslayar la procedencia del juicio constitucional. 137. En este punto, se tiene en cuenta que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el principio pro persona que consiste en brindar la protección más amplia al gobernado y que el arábigo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a un recurso efectivo, pero la existencia de ese principio y de tal prerrogativa no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos por las leyes para la promoción de este medio extraordinario de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos por sí son insuficientes para declarar procedente este asunto. 138. Además, se destaca que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión a las quejosas, porque tienen expeditos sus derechos para exigir en la vía ordinaria laboral correspondiente la aplicación en su beneficio de las medidas preventivas de salud pública indicadas, al tratarse de una prestación de trabajo. 139. Lo expuesto tiene respaldo en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." 140. También fortalece lo expuesto la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal del País , que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." 141. Igualmente, se cita para fortalecer lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." VIII. DECISIÓN 142. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia legislación, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos que las justiciables reclamaron al Director, a la Jefa de Departamento de Enfermería y a la Jefa del Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Hospital General de Zona Uno Doctor Demetrio Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistentes en la negativa de otorgar la autorización para que las inconformes continúen desempeñando sus actividades laborales en su domicilio, como medida preventiva para mitigar la dispersión y la transmisión de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no obstante que pertenecen a un grupo vulnerable, dado que se encuentran en estado de gestación y sus consecuencias jurídicas. 143. En otro aspecto, al actualizarse el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado con antelación es innecesario el estudio de las diversas que las autoridades responsables alegaron en sus informes justificados, porque aun cuando operaran las que señalan sería irrelevante, dado que el sentido de esta resolución no cambiaría. 144. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País , que informa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." 145. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 146. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 147. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 148. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Araceli López Bustamante, María Teresa Coronel Martínez y Getzemaní Rasgado Bravo, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Con las constancias señaladas en la cuenta fórmese un cuaderno de antecedentes para actuar en éste, ya que el expediente principal se encuentra para estudio con motivo de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Servicio Postal Mexicano, con sede en la capital de esta entidad federativa, en atención al requerimiento de tres de marzo pasado, remite copia certificada del acuse de recibo que ampara la entrega del oficio 84/2021 dirigido al Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que contiene inserto el proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado en este medio extraordinario de defensa; en tal sentido, se tiene a la citada autoridad por atendida la prevención indicada. Por otro lado, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento, dado que el veintidós de marzo pasado se celebró la audiencia constitucional en este juicio de amparo y se encuentra pendiente el dictado de la sentencia respectiva. Notifíquese.
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