Araceli Linares Ramos

Expediente 1775/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1775/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Araceli Linares Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    ha transcurrido el término de ley para recurrir el proveído el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, por lo que archívese este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****, regístrese en el libro de gobierno con el número 1775/2019-II-2-A, y fórmese expediente. En el caso, el análisis integral de la demanda permite advertir que la quejosa, como trabajadora del ****, reclama de su patrón equiparado, su baja del puesto que desempañaba como **** de dicho consejo. Al respecto, este juzgador estima que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el acto reclamado no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a uno de ellos. En la especie, las cuestiones que la promovente estima atentatorias contra su derecho al trabajo, tienen naturaleza laboral y subyacen dentro de la relación jurídica derivada de la relación de trabajo existente entre la peticionaria del amparo como empleada y el ****, como patrón, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, los cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que de los hechos que vertió el quejoso, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes del acto reclamado en la demanda, se advierte: Que la quejosa se desempeñaba como "***" del ****. Que ingreso a laboral el ****con tal cargo, y que sus actividades era las de medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del **** e informarlo al Director de Evaluación. Y que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la ***, le entregó el oficio **** por el cual le informó que había sido dada de baja como **** y que debía firmar su renuncia, y al negarse le dijo que si no quería renunciar a partir de primero de octubre siguiente debía presentarse a laborar en el ****, por lo que se presentó tal lugar, pero que el dos de octubre, la citada directora la despidió verbalmente. De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que el promovente sostiene con la autoridad señalada como responsable en primer término en su carácter de patrón equiparado; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante el Tribunal o Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. De ahí que si la quejosa estima que su patrón equiparado le viola sus derechos al trabajo y de estabilidad en su empleo, no obstante la protección constitucional a esas prerrogativas por su trabajo personal subordinado, tal conflicto debe ventilarse ante la potestad jurisdiccional ordinaria mediante el juicio correspondiente y no mediante el juicio de amparo, por así disponerlo expresamente artículo 123, apartado A, fracción XX, y apartado B, fracción XII, de la Carta Magna. Esto es, no basta que la quejosa alegue una violación constitucional o a un derecho humano para hacer procedente el juicio de ampro, sino que es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que viole sus derechos humanos, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una. No es obstáculo para lo anterior, la eventualidad de que la quejosa refiera que prestaba el servicio público en una dependencia relacionada con la Seguridad Publica, toda vez que tal característica no cambia la naturaleza jurídica del acto reclamado, ni la excluye de la posibilidad de acudir ante la autoridad laboral competente en defensa de los derechos que estima le ha violado su patrón equiparado. Ello, pues no obstante que los servidores públicos administrativos de las instituciones de seguridad pública, mantienen con el estado una relación laboral y no administrativa, ya que no se encuentran previstos dentro de los entes a que se refiere el régimen de excepción establecido por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se ve, solo los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, por excepción, mantienen con el Estado una relación jurídica de naturaleza administrativa y no laboral por la prestación del servicio público. Por tanto, si bien es verdad los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, integrantes de las instituciones de seguridad pública, no mantienen con el Estado una relación laboral, lo cierto es que dentro de ese régimen de excepción de aplicación estricta no se encuentran el personal administrativo; por lo que al mantener una relación laboral con motivo del servicio público prestado, es inconcuso que el acto reclamado no puede ser considerado como un acto de autoridad, ya que la relación jurídica de la que deriva, pertenece al régimen constitucional de derechos amplios, propios de la materia laboral sustantiva y adjetiva, en oposición a la administrativa -la cual se traduce en un sistema constitucional de derechos reducidos- ya que esta última quedó reservada en el citado precepto constitucional a los elementos policiacos y de prevención del delito por razón de sus funciones, las cuales no son desarrolladas por los bomberos, sino que se limitan a ser auxiliares de las instituciones públicas de seguridad pública. Luego, que al realizar los trabajadores administrativos diversas funciones a las inherentes de los cuerpos de policías, peritos y agentes del Ministerio Público, aunque laboren en alguna dependencia de seguridad pública, no pueden formar parte del sistema de seguridad pública ni tienen una relación administrativa con el Estado; ya que éstos no intervienen directamente en los ámbitos de procuración de justicia ni prevención del delito, sino preponderantemente en una posición de encargados de la protección, auxilio y salvaguarda de la población. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.

  3. Principal

    el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, devuelve el expediente en atención a su contenido, se ordena reexpedir la misiva Además, se requiere al Encargado de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, residente en este edificio del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del término de tres días remita a este juzgado federal, el acuse de recibo del citado oficio o, en su defecto, copia certificada del mismo, así como la boleta de respaldo correspondiente.

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