Araceli Lara Verduzco
Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Araceli Lara Verduzco
- Fiscal Regional de Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra del proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el computo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, en atención a que dicha sentencia no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente juicio de amparo es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del incidente de suspensión, por una parte se negó y, por otra, se concedió la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, remitió un disco compacto que contiene audio y video, así como la carpeta electrónica de la causa penal 716/2021, para la substanciaron del presente juicio y a la fecha se encuentra concluido; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor acuerdo el oficio 3620/2022, remitido vía correo electrónico, por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, acusatorio y oral, región Zamora, Michoacán, toda vez que el ocho de junio del año en curso se resolvió en definitiva el presente asunto. En la inteligencia que el citado correo electrónico ha sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional decretó de plano la acumulación de los juicios 932/2021 y 933/2021 del índice de este Juzgado, correspondientes a las demandas de amparo promovidas por ... respectivamente, y se admitieron de tal manera contra actos que reclamaron del Juez de Control y Enjuiciamiento Región Zamora, Michoacán y otras autoridades, que hizo consistir en: - La orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 716/2021 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Región Zamora, Michoacán y su ejecución, así como el pretender privarlas de su libertad. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se tiene que obra el oficio 2580 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, recibido en oficialía de partes de este Juzgado Federal el veinticuatro de mayo del mismo año, signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, por medio del cual remitió disco compacto que contiene la carpeta electrónica de la resolución impugnada dentro de la causa penal 716/201 de su índice, al cual se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En relación con la valoración de la videograbación indicada, cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703 de rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a dichas constancias, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El Juicio de Amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de aprehensión de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, girada en contra de las aquí quejosas, dentro de la causa penal 716/2021, iniciada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad, previsto y sancionado por los artículos 167 y 168 fracción I, relacionado con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todo del Código Penal de Estado, en agravio de los menores de edad identificados con las iniciales ... y su ejecución. Ahora, del informe justificado rendido por el Juez responsable, se advierte que la citada orden de aprehensión reclamada en esta instancia constitucional, fue cumplimentada, así como que el nueve y dieciocho de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación (por cumplimiento a la multicitada de orden de aprehensión), en la que vinculó a proceso a las quejosas..., respectivamente, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad, previsto y sancionado por los artículos 167 y 168 fracción I, relacionado con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todo del Código Penal de Estado, en agravio de los menores de edad identificados con las iniciales ..., y que derivado de ello, impuso a las impetrantes del amparo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; así como que en datas veintitrés de marzo y siete de abril de dos mil veintidós se autorizó a las quejosas ..., respectivamente, la suspensión condicional del proceso por un lapso que fenece el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés y suspendió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dejándolas en libertad. De lo anteriormente expuesto se colige que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor, dado que en efecto ha operado un cambio de situación jurídica respecto de las quejosas..., dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, estas señalaron como acto reclamado la referida orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución, dentro de la causa penal 716/2021, también lo es que, el nueve y dieciocho de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, se llevaron a cabo las audiencias de formulación de imputación (por cumplimiento a la multicitada de orden de aprehensión), en la que se les vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad y, derivado de ello, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y que posteriormente, en datas veintitrés de marzo y siete de abril de dos mil veintidós se autorizó a las quejosas ..., respectivamente, la suspensión condicional del proceso por un lapso que fenece el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés y se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa quedando en libertad, por lo que las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, ya quedaron irreparablemente consumadas, precisamente con ese cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 398, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Así como la tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Consecuentemente, al quedar de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional decretó de plano la acumulación de los juicios 932/2021 y 933/2021 del índice de este Juzgado, correspondientes a las demandas de amparo promovidas por ... respectivamente, y se admitieron de tal manera contra actos que reclamaron del Juez de Control y Enjuiciamiento Región Zamora, Michoacán y otras autoridades, que hizo consistir en: - La orden de aprehensión emitida en su contra dentro de la causa penal 716/2021 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Región Zamora, Michoacán y su ejecución, así como el pretender privarlas de su libertad. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se tiene que obra el oficio 2580 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, recibido en oficialía de partes de este Juzgado Federal el veinticuatro de mayo del mismo año, signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, por medio del cual remitió disco compacto que contiene la carpeta electrónica de la resolución impugnada dentro de la causa penal 716/201 de su índice, al cual se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En relación con la valoración de la videograbación indicada, cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703 de rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Atento a dichas constancias, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El Juicio de Amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de aprehensión de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, girada en contra de las aquí quejosas, dentro de la causa penal 716/2021, iniciada en su contra por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad, previsto y sancionado por los artículos 167 y 168 fracción I, relacionado con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todo del Código Penal de Estado, en agravio de los menores de edad identificados con las iniciales ... y su ejecución. Ahora, del informe justificado rendido por el Juez responsable, se advierte que la citada orden de aprehensión reclamada en esta instancia constitucional, fue cumplimentada, así como que el nueve y dieciocho de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación (por cumplimiento a la multicitada de orden de aprehensión), en la que vinculó a proceso a las quejosas..., respectivamente, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad, previsto y sancionado por los artículos 167 y 168 fracción I, relacionado con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción III, todo del Código Penal de Estado, en agravio de los menores de edad identificados con las iniciales ..., y que derivado de ello, impuso a las impetrantes del amparo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; así como que en datas veintitrés de marzo y siete de abril de dos mil veintidós se autorizó a las quejosas ..., respectivamente, la suspensión condicional del proceso por un lapso que fenece el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés y suspendió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dejándolas en libertad. De lo anteriormente expuesto se colige que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor, dado que en efecto ha operado un cambio de situación jurídica respecto de las quejosas..., dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, estas señalaron como acto reclamado la referida orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución, dentro de la causa penal 716/2021, también lo es que, el nueve y dieciocho de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, se llevaron a cabo las audiencias de formulación de imputación (por cumplimiento a la multicitada de orden de aprehensión), en la que se les vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual de persona menor de dieciséis años de edad y, derivado de ello, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y que posteriormente, en datas veintitrés de marzo y siete de abril de dos mil veintidós se autorizó a las quejosas ..., respectivamente, la suspensión condicional del proceso por un lapso que fenece el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés y se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa quedando en libertad, por lo que las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, ya quedaron irreparablemente consumadas, precisamente con ese cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 398, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Así como la tesis XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Consecuentemente, al quedar de manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Araceli Camacho Serrato1085/2023
- Araceli Camacho Serrato601/2021
- Araceli Cervantes Torres995/2019
- Araceli González Farías811/2021
- Araceli Guillén García749/2021
- Araceli Gutiérrez Moraila1045/2019
- Araceli López Rosas697/2023
- Araceli Martínez Méndez820/2023
- Araceli Moreno Ávila995/2023
- Araceli Péres o Pérez Piña1020/2021
- Araceli Ramón Ruíz549/2023
- Araceli Rivera Aguilar669/2022