Aracelí Jazmín González Arellano
Expediente 596/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aracelí Jazmín González Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "1", con sede en la capital de esta entidad federativa, con el cual informa la imposibilidad que le asiste para hacer efectivas las sanciones impuestas por este juzgado, mediante acuerdos de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, misma que se ratifica por proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en acatamiento a lo resuelto por la Alzada, a la licenciada *******, en su carácter de Titular de la Delegación de la Defensoría Pública con sede en Chihuahua capital, por el equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto es dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, 70/100 centavos, moneda nacional ($2,534.70), cantidad que resultó de multiplicar $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 centavos), salario mínimo general en la capital del país al momento de la imposición de la multa, por treinta; asimismo, remite los oficios 24393 y 2950, en los que hicieron efectivos los apercibimientos decretados, así como el mandamiento de ejecución 331841z0774637, de cinco de octubre de dos mil veintiuno, y acta circunstanciada de misma fecha, a fin de que se indique el trámite respectivo. No obstante lo anterior, es importante mencionar que las multas impuestas como corrección disciplinaria derivan de las facultades admonitorias y sancionatorias con que cuenta este juzgado, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia. Sin embargo, su finalidad no sólo consiste en sancionar al infractor, sino hacer cumplir las determinaciones que se emiten con el objeto de agilizar los procesos del orden judicial y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional le impone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de administrar justicia de manera pronta. De donde se sigue que la autoridad ejecutora debe realizar los trámites necesarios hasta hacer efectiva la mencionada multa, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución, pues tienen el carácter de aprovechamientos determinados en cantidad liquida, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que recibe el estado por funciones de derecho público. No considerarlo de esta manera, haría nugatoria la facultad sancionadora de los órganos del Poder Judicial de la Federación, para hacer cumplir sus determinaciones. Como apoyo a estas consideraciones se cita, por las razones que informa, la tesis P. VIII/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Materia Común, página 50, del tenor siguiente: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO. NO DEBEN CANCELARSE O CONDONARSE POR LA AUTORIDAD HACENDARIA. El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté autorizada para cancelar o condonar el pago de determinados créditos fiscales, como los señalados en los artículos 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, tanto para el ejercicio fiscal del 2002 como para el del 2003, y 146-A del Código Fiscal de la Federación, no significa que dentro de ellos estén comprendidas las multas que, como medida de apremio, imponen los órganos jurisdiccionales de carácter federal, en ejercicio de facultades relacionadas con el acceso, procuración y administración de justicia en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues de lo contrario se haría nugatoria la facultad sancionadora del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir sus determinaciones. Lo anterior es así, porque la imposición de ese tipo de multas no tiene su origen en el ejercicio de la potestad tributaria, ya que su finalidad consiste no sólo en sancionar al infractor y realizar la consecuente recaudación tributaria, sino precisamente en hacer que se cumplan aquellas determinaciones, con el objeto de agilizar los procesos del orden judicial y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional le impone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, por lo que la citada Secretaría deberá hacer efectivas las mencionadas multas, en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e informar al órgano jurisdiccional sancionador sobre su ejecución". Así como la tesis 2a./J. 50/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 252, del Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código". Luego, si en este asunto la multa que refiere la autoridad exactora se impuso a una autoridad responsable como corrección disciplinaria, en términos del artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, en concordancia con el 55, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, ante el incumplimiento de la obligación que le asistía de designar a un asesor jurídico a la parte quejosa dentro del juicio de amparo en que se actúa, negándole a la amparista su derecho que cuente con una asesoría adecuada y por ende a una defensa óptima, haciéndole nugatorios los derechos humanos, previstos en el artículo 14 constitucional, en perjuicio de la impetrante, es inconcuso que debe agotar los medios legales para lograr su cobro e informar al órgano jurisdiccional sancionador sobre su ejecución. Lo que, además, lleva a considerar que, llegado el momento y agotados los trámites necesarios, dicha autoridad exactora estaría en aptitud de verificar si el crédito fiscal que originó está prescrito. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad oficiante las documentales que remite. Cúmplase.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, en el cual, transcribe el acuerdo de veintinueve de octubre del presente año y acusa recibo de lo remitido por este juzgado y notifica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesta por la Titular de la Delegación Chihuahua, del Instituto Federal de Defensoría, en contra de los proveídos de veintinueve de agosto y tres de septiembre último, dictada en el juicio de amparo 596/2019-IV, del índice de este órgano jurisdiccional; medio de impugnación que quedó registrado con el número 192/2019, del índice administrativo de la superioridad. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Araceli Jazmín González Arellano, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables citadas en el proemio de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando segundo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió para las partes el plazo de tres días concedido en auto de seis de septiembre del presente año, para efecto de que señalaran constancias relativas al recurso de queja interpuesto por la Titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, en contra de los autos de veintiocho de agosto y tres de septiembre último; por lo tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el informe correspondiente, acompañado de las copias certificadas pertinentes, a fin de que se substancie el aludido medio de impugnación. Por otra parte, agréguese el oficio firmado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la capital de esta entidad federativa; téngasele por informando que procedió al cobro de la multa impuesta mediante oficio 22601/2019, la cual quedó registrada con el número 24393/19 de tal administración. Finalmente, intégrese a los autos el oficio firmado por el Administrador Lerdo de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de diez de octubre último, remite el acuse de recibo relativo a la misiva 22966, dirigido al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con domicilio en la capital de esta entidad federativa; sin que tal documento amerite mayor pronunciamiento, en virtud de que tal acuse ya obra agregados en autos en foja ciento cincuenta y ocho. Notifíquese.
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