Araceli Hernández García
Expediente 931/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2020
Partes del expediente
- Araceli Hernández García
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
********************autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita se autorice la consulta del expediente electrónico******************** En tales condiciones, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorgan los permisos necesarios para la consulta del expediente electrónico, toda vez que el nombre de usuario que proporciona el promovente se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que los permisos otorgados estarán en todo momento condicionados a que la Firma Electrónica se mantenga vigente********************
- Principal
Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata, en atención a que de su contenido, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. Los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo. El artículo 63, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia de la acción constitucional cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal de la propia Ley de la Materia. Por su parte, el artículo 1, fracción I, citado prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el numeral 5, fracción II, transcrito en último lugar, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016 explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el concepto de acto de autoridad para efecto del juicio de amparo se modificó esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. La primera corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de suprasubordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. De los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad narró la quejosa, se advierte: a) Que es médico cirujano partero. b) Que con fecha treinta de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable concedió a la quejosa el resguardo domiciliario con goce de sueldo y sin responsabilidad jurídica, dado que la quejosa aduce padecer hipertensión arterial y diabetes mellitus. c) Que el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, le fue informado por la autoridad responsable que se debía incorporar a los equipos conformados para la atención de pacientes infectados con el virus SARS-COV12 (COVID19) en el área de urgencias de su trabajo, bajo el argumento de que el Estado ya se encuentra en semáforo amarillo. d) Que es población vulnerable, ya que tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus. e) Que no es especialista en enfermedades respiratorias. Sobre ese contexto, es dable sostener que los actos reclamados consistentes en las negativas y/o omisiones de proporcionar los insumos necesarios para desempeñar su trabajo y emitir medidas y acciones sanitarias de contención; así como la orden de que se reincorpore a sus labores; y también la negativa de mejorar las condiciones ambientales y de riesgo sanitario del lugar donde desempeña su trabajo todo a causa del virus SARS COVID-19, así como de contratar a más personal para la atención de dicho virus, no tienen la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior no implica desconocer que la dotación de los insumos necesarios para desempeñar su trabajo y emitir medidas y acciones sanitarias de contención, constituye una medida derivaba de una política de salud pública dirigida a minimizar el contagio de la enfermedad que produce el virus SARS-CoV2 durante la etapa de emergencia que se vive actualmente; así como la negativa de otorgarle seguirle otorgando resguardo domiciliario; y, también de mejorar las condiciones ambientales y de riesgo sanitario del lugar donde desempeña su trabajo y de practicarle la prueba para la detección de dicho virus; sin embargo, los efectos de esas medidas repercuten en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicho virus. Bajo ese panorama, el cumplimiento o no de los empleadores del Estado o de carácter privado de las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo se desenvuelven bajo un esquema de coordinación por virtud de la interacción ocasionada por la relación de trabajo. Por ello, la institución señalada como responsable en la demanda de amparo a quien la parte quejosa atribuye en especificó la omisión de contratar más personal médico, como de realizarle la prueba del virus, así como la orden de reincorporarse a sus labores y no seguir otorgándole resguardo domiciliario no obstante que aduce padecer hipertensión arterial y diabetes mellitus; y también de mejorar las condiciones ambientales y de riesgo sanitario del lugar donde desempeña su trabajo, se localizan en un plano de igualdad con los derechos de la quejosa, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleada (parte quejosa). Ello debido a que si bien la negativa que se atribuye a la institución señalada como responsable para proporcionarle equipo de protección personal y la negativa de otorgarle resguardo domiciliario con goce de sueldo; así como mejorar las condiciones ambientales y de riesgo sanitario del lugar donde desempeña su trabajo, constituyen acciones de carácter unilateral atribuidas a una institución del Estado que formalmente tiene el carácter de autoridad, lo cierto es que subyacen o se producen dentro de una relación que la quejosa y la mencionada institución mantiene a nivel de coordinación. Ello debido a que el derecho de la quejosa que aduce violados por la institución del Estado referente a que se le dote de los insumos de protección e instrumental de protección médico, así como la negativa de otorgarle resguardo domiciliario con goce de sueldo; y de mejorar las condiciones ambientales y de riesgo sanitario del lugar donde desempeña su trabajo, tiene como origen la relación laboral existente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para quien presta sus servicios por virtud de un esquema de contratación y por ende, las transgresiones que se atribuyen no se verifican con el carácter de imperio que revisten los actos de autoridad sino como incumplimiento del derecho a la protección y seguridad previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se amplía a través de las leyes federales de trabajo respectivas. En efecto, el arábigo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que es trabajador toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. A su vez, los numerales 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo prevén que es competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos de trabajo que se susciten en términos de esa legislación y que cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, serán de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. De igual manera, el ordinal 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente, entre otras cosas, para conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores. Las disposiciones mencionadas llevan a concluir que cuando un trabajador del sector salud que laboré en una institución del Estado, exprese su inconformidad para desempeñar sus funciones dentro de la institución, existen disposiciones que regulan los conflictos internos relacionados con las condiciones generales de trabajo, para lograr una conciliación y, que de no ser posible, entonces el trabajador tiene a su alcance acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dirimir el conflicto suscitado que, a su decir, le causa agravio por no cumplir con las disposiciones necesarias para proteger su salud. Por tanto, los actos que reclama la quejosa no constituyen de acuerdo con su naturaleza- actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues no proveer los insumos, equipo de protección e instrumental de protección médico, para desempeñar su trabajo, contratar más médicos, como la omisión de practicarle la prueba, así como el de ordenarle se reincorpore a sus labores después de gozar de un resguardo domiciliario, pese a que padece hipertensión arterial y diabetes mellitus; y de mejorar las condiciones ambientales y de riesgo sanitario del lugar donde desempeña su trabajo, obedece a las facultades que como patrón actúa el citado hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos imputados como responsable pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. De esta manera se colige que las instituciones públicas, por el solo hecho de la naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, el acto reclamado, con independencia de que estén o no acreditados, no constituye actos de autoridad para efectos del amparo. Por ende, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particular a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarle actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre el Director de la Unidad Médica Familiar (UMF), Número 32 "Lagunillas de Rayón" del Instituto Mexicano del Seguro Social, regulada por el artículo 123 Constitucional, apartado A, cuyo propósito es que se le proporcionen los insumos necesarios para solventar el riesgo que existe, que se contraten más médicos, que se le practique la prueba, así como el de laborar desde su domicilio particular y seguir gozando de un resguardo domiciliario, toda vez que aduce padecer hipertensión arterial y diabetes mellitus; y de que se mejoren las condiciones ambientales y de riesgo sanitario del lugar donde desempeña su trabajo, con motivo de la pandemia generada por el virus COVID19; ello conlleva a determinar que los reclamados no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional. En ese sentido, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a la autoridad señalada como responsable deriva de la relación laboral que existe, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones u omisiones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud; sin embargo, el derecho que le asiste a la quejosa para para su protección, no deriva de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación. Y, los actos que reclama se desenvuelven dentro de la interacción que existe entre la quejosa como empleada y los órganos del Estado como patrón o empleador en el marco de la protección del derecho a la salud en el trabajo para reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al posible contagio de la enfermedad que produce el virus SAR-CoV2. En ese tenor, debe destacarse que la Organización Internacional del Trabajo precisó en su publicación relativa a las "Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de COVID-19", principalmente en el capítulo denominado "Seguridad y salud en el trabajo", los derechos y responsabilidades que tienen los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, ante el brote del virus denominado Sars-Cov2 (Covid-19). Incluso, la posibilidad de una orientación normativa sobre la protección de los trabajadores contra riesgos biológicos en el centro laboral. En las disposiciones citadas, la Organización Internacional del Trabajo señala aspectos a considerar por parte del empleador en favor de sus trabajadores, por ejemplo, el derecho a una licencia con goce de sueldo, las consecuencias laborales de estar en cuarentena, o exigencia de optar por vacaciones con motivo del virus, entre otras; mismas que pueden ser consultadas, en el capítulo 1 denominado "Derecho a la licencia y modalidades de trabajo especial". Lo anterior revela que la políticas o indicaciones para mantener la salud de las personas ante el brote del virus COVID19, no tiene únicamente un enfoque de salud de los Estados frente a sus gobernados, sino que también se observa que se encuentra obligado como empleador a cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene para con sus trabajadores, lo cual se observa a través del nivel de coordinación que deriva de la relación laboral. De ahí que, se concluye, que la relación equiparada de los trabajadores dedicados a la prestación de servicios de salud que laboraban para la Secretaría de Salud, integrante del Ejecutivo Federal o en alguno de los organismos públicos descentralizado o autónomos prestadores del servicio de salud pública, se encuentra sujeta a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, para conocer de los conflictos que se susciten entre el Director de la Unidad Médica Familiar (UMF), Número 32 "Lagunillas de Rayón" del Instituto Mexicano del Seguro Social, como dependencia a la que se encuentra adscrita, y el propio operador, resulta competente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en razón de que por la naturaleza de aquel organismo y de las funciones que realiza, los mismos no pueden ser analizados de manera inmediata a través de la acción de amparo, ya que es menester que sean sometidas en la vía ordinaria ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en forma manifiesta e indudable, se DESECHA de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Exhorto a las partes. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Domicilio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en este Juzgado Federal, por así señalarlo la parte quejosa. Corre electrónicos y números telefónicos. Se toma conocimiento del correo electrónico y número de teléfono que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse, y de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Solicitud de consulta de expediente electrónico. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorgan los permisos necesarios para la consulta del expediente electrónico, toda vez que el nombre de usuario que proporciona la promovente se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que los permisos otorgados estarán en todo momento condicionados a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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