Araceli González Esquerra
Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2022
Partes del expediente
- Araceli González Esquerra
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, los quejosos *******, desisten de la acción constitucional instada. Por tanto, con fundamento en lo previsto en el numeral 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos Luis Roberto González Sainz y Erika Sainz Torres en el lugar de su reclusión, para que al momento de la notificación de este auto, manifiesten si ratifican o no el escrito de desistimiento que se atiende; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se tendrá por no presentado y se continuará con el trámite del juicio. Para lo cual, se comisiona a los actuarios que auxilien en la práctica de las notificaciones a los citados quejosos, para que al momento de realizar la diligencia de ratificación del escrito que se atiende, les hagan del conocimiento los efectos y alcances jurídicos que traerá consigo desistir de la instancia constitucional, lo cual deberán manifestar expresamente en la cédula de notificación correspondiente. Resulta aplicable a lo expuesto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J.19/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1650 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Undécima Época, con registro 2023670, de rubro y texto: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Hechos: Una persona sentenciada en un procedimiento penal interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en un juicio de amparo directo. El recurso se desechó; contra ese proveído interpuso recurso de reclamación, y durante el trámite de este último presentó un escrito de desistimiento de ese medio de defensa, por lo que se ordenó su ratificación, haciendo del conocimiento del recurrente los alcances y las consecuencias de su decisión para el efecto de tenerlo por desistido del recurso de reclamación y dejar firme el auto impugnado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en atención a los principios de debido proceso y de seguridad jurídica, para dar validez a la ratificación del desistimiento del juicio de amparo o de alguno de los recursos ordenada en el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tratándose de un asunto de naturaleza penal, el órgano jurisdiccional correspondiente debe ordenar al funcionario judicial encomendado que al momento de la diligencia de ratificación explique al quejoso o recurrente los alcances y las consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia o medio de defensa iniciado. Justificación: En la doctrina procesal y en la jurisprudencia, el desistimiento se contrae al acto abdicatorio por el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. Por tanto, como consiste en apartarse del ejercicio de un derecho o de facultades procesales ya ejercidos, puede referirse tanto a una acción, como a un recurso, a una prueba o a un incidente. En ese sentido, el artículo 63, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no sólo comprende el desistimiento de la demanda de un juicio de amparo, sino también de los recursos que establece para ese procedimiento dicha legislación. Ahora bien, para que se tenga certeza de la decisión del quejoso o recurrente, el citado artículo 63 establece la necesidad de que se ratifique el desistimiento. Lo anterior significa que la autoridad encargada del asunto debe ordenar que ante el funcionario judicial con fe pública, el quejoso o recurrente expresamente manifieste que confirma su decisión de desistirse del juicio y/o del recurso. En ese tenor, para garantizar el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de las personas que se encuentran involucradas en un procedimiento penal, en cualquier etapa, dada su situación de fragilidad, es indispensable que antes de ratificar el desistimiento se les expliquen los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo, o bien, a los diversos medios de impugnación que rigen dicho juicio constitucional. Ello, en atención a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos." Así como la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, visible en la página 147, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Y, la diversa, 2a./J.119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, Novena Época, visible en la página 295, cuyo rubro se cita: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Por tanto, respecto al quejoso ******, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que se constituyan en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, a efecto de que notifique y requiera en los términos indicados al referido quejoso. Y por cuanto a *****, toda vez que se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS Femenil Morelos", es decir, fuera de la plaza territorial sobre la cual este órgano judicial ejerce competencia, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, líbrese exhorto electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notificar a la quejosa, esta determinación y la requiera en los términos precisados en párrafos que anteceden. Para lo cual deberán adjuntarse las constancias respectivas. Hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible. Hecho que resulte de lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos dentro del presente juicio de amparo, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, mediante auto de quince de julio de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención realizada en el auto en comento, sin que se recibiera promoción al respecto, ni compareciera ante este órgano jurisdiccional; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, remite los autos del juicio de amparo 742/2022-VI de su índice, y anexos. En atención a lo anterior, con el oficio y anexos de cuenta fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1125/2022-VII. Ahora bien, del oficio de cuenta, en esencia, se aprecia que la autoridad oficiante declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida Araceli González Esquerra a través de su apoderado Guillermo Valdez Sánchez, en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el expediente 1772/2021, emitida por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de revocación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se asume el conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracción V, en relación con los preceptos 112, 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, y sabedora de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, realice lo siguiente: Formule los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en virtud de que se omitió dicho apartado y si bien de la lectura integral de la demanda se advierten algunos datos del juicio de origen, éstos resultan insuficientes para conocer su estado procesal actual. Indique la fecha exacta en que fue notificado o tuvo conocimiento del acto que reclama. Lo anterior con la finalidad de obtener mayores elementos que permitan a este órgano jurisdiccional conocer con precisión lo reclamado, y estar en aptitud de pronunciarse sobre la procedencia del juicio que se intenta. Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.C. J/3, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 84, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo." Y la tesis VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, página: 301, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio. Es oportuno señalar que, conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente. Con el apercibimiento que de no cumplir en la forma y plazo establecidos, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la ley de la materia; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que indica; además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el local de este órgano jurisdiccional, y tocante a los correos electrónicos que señala se tiene únicamente como medio de contacto del promovente, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, en términos del artículo 23, fracción I, párrafo segundo, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.
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