Araceli Gamboa Bañuelos
Expediente 1471/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1471/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Araceli Gamboa Bañuelos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del subdirector divisional de Administración Tributaria en Parque Lira, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que respecto de la cuenta predial *****, informa que no existen cantidades a devolver en favor de la quejosa respecto al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, debido a que una parte del impuesto predial fue enterado a través de la aplicación de una compensación, de lo que se toma conocimiento. Ahora, de autos se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa para los siguientes efectos: "[.] SEXTO. Estudio de fondo de los actos de aplicación. [.] Con independencia de lo resuelto por este juzgado en el considerando que antecede, respecto del sobreseimiento del artículo VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO, del Código Fiscal de la Ciudad de México, en la parte de las NORMAS DE APLICACIÓN, disposición normativa identificada con el numeral 3, es procedente suplir la deficiencia de la queja en relación con la aplicación de esa norma, que se materializó mediante la autoliquidación que realizaron las quejosas al momento de pagar el impuesto predial anual, correspondiente (sic) ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, de la siguiente manera: [.] Lo anterior, debido a que cuando los contribuyentes son propietarios de bienes que cuenten con instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias, se establece la obligación de incrementar en 8%, a uno de los elementos que integran el valor catastral (valor de las construcciones adheridas al inmueble); precepto legal declarado inconstitucional por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, al emitir la jurisprudencia PC.I.A. J/66 A (10a.) derivada de la contradicción de tesis 38/2015. En efecto, la suplencia de la queja deficiente en el caso de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes no sólo se actualiza con respecto a la ley viciada, sino también en cuanto a sus actos de aplicación reclamados. De tal suerte que, es posible el estudio de constitucionalidad de la ley aun cuando ésta haya sido consentida o incluso en caso de que no haya sido reclamada, pues ello sólo impediría el otorgamiento del amparo contra la ley misma, pero no contra los actos de su aplicación, más aún cuando éstos han sido impugnados en tiempo, y en consecuencia no han querido ser tolerados por el agraviado. [.] Sin embargo, en relación con el incremento en la base del tributo que prevé el artículo vigésimo primero transitorio, punto 3, del Código Fiscal de la Ciudad de México, no se prevé mecanismo alguno que permita advertir la proporción en la que las instalaciones especiales, los elementos accesorios o las obras complementarias aumentan el valor del bien inmueble para que, sólo en esa medida, se incremente el tributo a pagar. Es decir, en forma genérica y fija, se impone un aumento del ocho por ciento, que no permite advertir (aunque sea en forma aproximada) cuál es el aumento en el valor del inmueble que se originó debido a la (o las) instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias con que cuenta tal propiedad o posesión inmobiliaria. [.] De tal manera, si el precepto declarado inconstitucional -cuyo actos (sic) de aplicación por cada quejosa es materia de análisis en este juicio-es (sic) violatorio de los derechos de proporcionalidad tributaria; al establecer un incremento del 8% en el valor de los inmuebles sin prever mecanismo alguno que permita advertir la proporción en la que las instalaciones especiales, los elementos accesorios o las obras complementarias aumentan el valor del bien inmueble para que, sólo en esa medida, se incremente el tributo a pagar, por consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que, se efectúe el cálculo del impuesto predial a cargo de las quejosas, por los períodos de dos mil veintiuno que realizó cada empresa agraviada, tomando como valor únicamente la cantidad que resulte de aplicar los valores unitarios y se le devuelva la diferencia que resulte a su favor al desaplicarle el aumento del 8% prevista (sic) en la disposición transitoria reclamada; ello por cada pago del impuesto efectuado. [.]" Precisado lo anterior, la forma en que la quejosa enteró el impuesto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno no fue materia de este juicio de amparo, por lo que al encontrarse firme lo determinado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 1128/2021 de su estadística, quien determinó modificar la sentencia y conceder el amparo para los efectos precisados, las autoridades fiscales responsables en este juicio, o bien, las que de conformidad con sus atribuciones, se encuentren vinculadas a su acatamiento, están obligadas a cumplir los efectos para los que se concedió la protección constitucional. De ahí que, no queda a cargo de las autoridades fijar los términos en que debe cumplirse el fallo protector; es decir, la sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan, cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde a la juzgadora Federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada, estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, por lo que no queda a cargo de las autoridades responsables y/o vinculadas fijar los términos en que deben cumplir la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, y considerando que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo es de orden público respecto de la cual este juzgador está obligado a velar por su acatamiento, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la subdirectora divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días, acredite que ha cumplido en sus términos y en el ámbito de su competencia con el extremo enunciado en la ejecutoria de amparo respecto del inmueble que tributa con la cuenta predial ***** y lo acredite ante este juzgado Federal con las constancias fehacientes. Finalmente, se hace de su conocimiento que subsisten los apercibimientos decretados en autos. Notifíquese.
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