Araceli Eugenia Cardozo Loredo
Expediente 1064/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Araceli Eugenia Cardozo Loredo
- L.H.S.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y considerando que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El dieciséis de noviembre dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", en el ámbito de sus atribuciones: 1. Continúe brindando la asistencia médica necesaria que requiera el menor de iniciales L.H.S.C.; y, 2. En su caso, le practique los estudios para determinar el tratamiento adecuado y los procedimientos médicos que llegue a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. En la inteligencia de que, para dar cumplimiento a la presente sentencia, la responsable deberá atender el criterio que dio paso a la tesis 1a. XIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022888, de rubro: DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). A través de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) Subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) Objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) Temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) Institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica.". Luego, mediante proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicho fallo constitucional; por lo que se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del mismo. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este órgano constitucional el cinco de enero del año que transcurre, el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", informó bajo protesta de decir verdad que continúa y continuará otorgando la atención medica que requiera el paciente menor de edad de iniciales L.H.S.C., mientras subsista su padecimiento; así como llevar a cabo los diversos estudios y tratamientos que requiera, suministrando los medicamentos que le sean prescritos por los médicos especialistas acorde a su padecimiento; por tanto, es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Aunado a lo anterior, es menester subrayar que en caso incurrir la autoridad responsable en repetición de los actos reclamados, esto es, dejar de proporcionar la atención médica integral a la parte quejosa y de proporcionarle el medicamento necesario para su padecimiento, y se advierta que dichas omisiones se realizaron dolosamente, previa petición en tal sentido, se dará tramite al incidente respectivo, el cual puede culminar con la separación del cargo del titular correspondiente, así como con la vista al Ministerio Público Federal, por la posible comisión de algún delito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que, de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, en particular el oficio HCDIMP/SJDH/1322/2022, suscrito por el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", en esta ciudad, se advierte que se han programado diversas consultas médicas y la realización de los estudios de encefalograma y tomografía computarizada a favor del menor quejoso, ello, como lo señala la responsable, a fin de continuar otorgándole la atención médica necesaria para el tratamiento de su padecimiento; sin embargo, no se advierte documento idóneo que dé certeza a este órgano constitucional de dicha afirmación, es decir, que se continuará suministrando en tiempo y forma permanente el tratamiento y medicamento que requiere la parte quejosa para su padecimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se constriña a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y "bajo protesta decir verdad" manifieste que se continuará brindando la asistencia médica necesaria que requiera la parte quejosa y, en su caso, que se le seguirán practicando los procedimientos médicos que se lleguen a requerir, así como la ministración y aplicación de los medicamentos pertinentes, mientras subsista la prescripción médica. En la inteligencia que, de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del numeral 258 de la citada ley y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Apolinar Garcia Hernandez695/2022
- Apolinar Hernandez Zamarron1110/2017
- Apolinar Velazquez Contreras1134/2019
- Apolonio Canizalez Galindo176/2019
- Araceli Arzate Tapia1076/2017
- Araceli Castro Hernandez1303/2022
- Araceli Guerrero Ponce553/2019
- Araceli Mena Vallejo144/2019
- Araceli Mena Vallejo667/2019
- Araceli Mena Vallejo1350/2022
- Araceli Mena Vallejo716/2021
- Araceli Mena Vallejo889/2023