Araceli Esperanza Mascarell Velez
Expediente 698/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Araceli Esperanza Mascarell Velez
Actuaciones
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintinueve de agosto actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en Celaya, Guanajuato; por violaciones a las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 698/2018-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. De la demanda de amparo, se desprende que se señaló como autoridad responsable a la Juez Cuarto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, autoridad a la que se reclamó el acto que se describió de la siguiente forma: IV.- LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Se reclama de la autoridad responsable, la resolución al recurso de revocación de fecha 2 de agosto del 2018 notificado el día siguiente 3 tres de agosto del mismo año, emitido en el proceso Ordinario Civil número C 262/2017 radicado en el juzgado de Partido Cuarto Civil de este Partido Judicial de Celaya, Guanajuato. Asimismo, de la lectura integral de la demanda de cuenta, como antecedentes del acto reclamado, se desprende en lo que aquí interesa, que ante el Juzgado responsable *** demandó a la aquí quejosa y otras personas la nulidad de escritura de compraventa 1960 de dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la compraventa del inmueble conocido como ***, así como la nulidad absoluta de la diversa escritura 22,100 de veintiséis de febrero de dos mil seis, relacionada con ese mismo inmueble. En su oportunidad las personas demandadas fueron emplazadas en tiempo y forma y de acuerdo con la conveniencia de cada una de esas partes, entre ellas la quejosa, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. Una de las partes demandada, al dar contestación a la demanda formó incidente de incompetencia, el cual al resolverse se declaró improcedente, determinación esta última que quedó firme. Posteriormente, por acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Juez responsable, de oficio, decretó la caducidad del proceso por haber transcurrido más de ciento veinte días hábiles sin que la parte actora haya dado impulso al procedimiento. En contra de esta última determinación se promovió recurso de revocación, el cual al resolverse el dos de agosto de dos mil dieciocho, declaró inoperantes y por ello insuficientes los agravios vertidos y por consecuencia, firme el acuerdo recurrido; siendo la resolución que resolvió el citado recurso de revocación, la que constituye en este juicio de amparo del acto reclamado. Destacado lo anterior, se estima pertinente señalar que el artículo 170 fracción I, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley de Amparo, a la letra dice: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo hasta ahora anotado, pone de manifiesto que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida en razón de que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que como se apuntó, se trata de la resolución de dos de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Juez responsable, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de veintidós de junio de la mencionada anualidad, que decretó, de oficio, la caducidad del proceso en el juicio de origen; esto es, se trata de una resolución que si bien, no resolvió el fondo del asunto, sí se trata de una resolución que pone fin al juicio de origen; es decir, lo dio por concluido, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo; misma resolución contra la cual, de acuerdo con la Ley aplicable, en el caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en su artículo 235 dispone que en contra de la determinación que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso. Sobre el tema, son aplicables por lo que informan, las Tesis de rubro y texto que dicen: Octava Época Registro: 227370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: Página: 466 RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas. Novena Época Registro: 182952 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Común Tesis: XXVII.7 K Página: 1107 RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio. En consecuencia, de conformidad con el artículo 47 primer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por *** por su propio derecho; y atendiendo el contenido del diverso numeral 34 del indicado ordenamiento legal, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, punto segundo, fracción XVI, se ordena remitir la demanda promovida y sus copias; al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para que sea dicho órgano jurisdiccional quien se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos reclamados por *** por su propio derecho. Háganse las anotaciones en el libro de control y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Es de invocarse, por lo que informa, por similitud de razón, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 195616 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Septiembre de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 65/98 Página: 346 DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa. Contradicción de tesis 6/97. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Cabe destacar que no se soslaya el contenido del artículo 37 párrafo primero y tercero de la Ley de Amparo, del que se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, el del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (primer párrafo); o bien, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material (párrafo tercero). Sin embargo, al margen de que la resolución reclamada tenga o no ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado de la Federación, lo cual implicaría que sea un Juez de Distrito el que conozca de la demanda promovida; se estima que en el caso, prevalece la hipótesis establecida en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que se tiene el convencimiento de que el acto reclamado, constituye una resolución que sin resolver el fondo da por concluido el juicio de origen; lo que permite establecer que se trata de una resolución de exclusiva competencia de un Tribunal Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En razón de la decisión a que se ha arribado, no es el caso hacer pronunciamiento respecto del señalamiento de domicilio y autorizados para recibir notificaciones de carácter personal que realizó la promovente en la demanda de cuenta; ya que ello corresponde a la autoridad jurisdiccional federal que resulte competente para conocer de la demanda promovida. Sin perjuicio de lo anterior, por esta única ocasión, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, la notificación de este auto practíquese a la promovente en el domicilio ubicado en *** Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Apolonia Alejos Pizano1027/2017
- Apolonia Gamez Palacios177/2019
- Apolonio Ramirez Hernandez570/2023
- Aracela Vera Puga Vera424/2021
- Araceli Ariza Cerritos542/2016
- Araceli Correa Murillo311/2018
- Araceli Garcia Beltran266/2017
- Araceli Garcia Guerrero1160/2014
- Araceli Jimenez Sanchez642/2020
- Araceli Limon Castillo667/2018
- Araceli Mancera Perez113/2017
- Araceli Rodriguez Aguilar108/2021