Araceli Escobedo Martínez
Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- Araceli Escobedo Martínez
Actuaciones
- Principal
VI. Visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se prevé lo siguiente: Criterio de valoración "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo" A). Expedientes de Relevancia Documental "Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; Los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; Los que traten de delitos contra la administración de justicia; Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; Los que versen sobre materia agraria; y Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." "Artículo 16. Plazos de resguardo. Los expedientes de relevancia documental serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido." B). Expedientes conservables "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: (.) II. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: Causas Penales; Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas; Citatorios, Órdenes de Aprehensión, Presentación o Comparecencia; Extinción de Dominio; Extradición; Jurisdicción Voluntaria; y Juicios Orales. (..) D.1 Plazo para destrucción. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. Impedimentos; Recusaciones Excusas; Returnos; Incompetencias; Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 1. Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. Expediente destruible Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo. 2.2 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés al veintitrés de mayo de dos mil veintiséis, y una vez cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción o depuración que se prepare, una vez trascurridos los plazos citados en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inició y fin del procedimiento de depuración o destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción o depuración; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a), lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa VI, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.
- Principal
VI. Se recibe el escrito de cuenta signado por Marco Antonio Pichardo Siles, apoderado de ********************, mediante el cual en atención al mandamiento de diecinueve de abril pasado, bajo protesta de decir verdad manifiesta que el veintidós de marzo pasado, es la data en que se le notificó la determinación de diez de ese mes (la cual la exhibe en copia simple), que dicha determinación fue dictada por el Presidente de la Junta responsable y adjunta copia simple de un escrito. De igual manera, realiza diversas manifestaciones respecto delas omisiones que impugna. Con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo intégrese al expediente físico y electrónico para los efectos legales a que haya lugar y se tiene al promovente cumpliendo la prevención en comento. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que los actos reclamados son: El auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, notificado el veintidós siguiente, en el juicio laboral ********************, en el cual se determinó que debía estarse a lo ordenado en autos y se acordó de manera desfavorable la petición de la quejosa en el sentido de girar oficio al Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Institucionales Descentralizadas en el Estado de México, a efecto de que inicie los trámites de su reconocimiento como trabajador de base al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, bajo el argumento de que dicho Sindicato en ningún momento fue llamado al referido asunto como tercero interesado. Es cierto que la quejosa también manifestó que reclama las dilaciones en el juicio de origen, sin embargo no hizo referencia a alguna omisión específica, pues dijo que éstas se concretaban en el laudo de diez de marzo al que se ha hecho referencia con anterioridad. DESECHAMIENTO Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, este Juzgador estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado previamente el recurso ordinario de defensa en contra del acto que por esta vía reclama. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En el caso, la quejosa ******************** reclama la omisión de las responsables de no ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral ********************, derivado del hecho de no acordar favorable la petición del quejoso relativa a girar oficio al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Institucionales Descentralizadas del Estado de México, a efecto de que inicie los trámites de su reconocimiento como trabajador de base al servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, bajo el argumento que dicho Sindicato en ningún momento fue llamado al referido asunto como tercero interesado. Pues bien, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Del precepto legal invocado se desprende que el acto reclamado en esta instancia constitucional puede impugnarse por medio del recurso de revisión; de tal suerte que, antes de acudir al juicio de amparo ineludiblemente debía agotarse el aludido medio de impugnación que la ley que rige el acto reclamado le concede, pues a través de dicho recurso la quejosa podía obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que reclama en el presente juicio. En efecto, el juicio de amparo será improcedente cuando la parte quejosa deje de observar el principio de definitividad; esto es, que el juzgador se encontrará impedido para analizar el fondo del asunto si la ley que regula al acto reclamado establece un recurso o medio ordinario de defensa dentro del procedimiento a través del cual las partes del juicio natural puedan obtener la revocación, modificación o nulificación del o los actos reclamados, previamente a la promoción del juicio de amparo aun cuando la parte no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo cuando se trate de tercero extraño según lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, exceptuándose los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Carta Magna, debiendo entenderse por la expresión "procedimiento" a la pluralidad de tipos de procedimiento que se suscitan en uno o más procesos judiciales, y por "ley" a los ordenamientos legales que guardan relación con los actos reclamados, por haber establecido su nacimiento o instrucción, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Así, la improcedencia del presente juicio se genera porque no se agotó el medio de impugnación ordinario por el cual el acto del cual se duele pudo haber sido reparado o modificado por la Junta responsable integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme lo prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. No obstante lo anterior, la propia ley establece que el principio de definitividad no es absoluto, toda vez que en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, se prevén diversas y específicas excepciones al mismo, como lo son que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, casos en los cuales no habrá necesidad de agotar el medio ordinario de defensa que establezca la ley, y podrá la parte quejosa acudir sin más al juicio de amparo. El artículo 22 de nuestra Carta Magna, prohíbe los actos siguientes: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. (.). Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos; y en cuanto a los demás; sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar." Conforme a lo expuesto, tenemos que la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio constitucional que se promueve en contra de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo que tales actos importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como los que impongan penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, pues en términos de la propia ley sólo estando en presencia de actos que impongan sanciones de este tipo podría ocurrirse al juicio de amparo indirecto sin agotar los medios ordinarios de defensa. En consecuencia, al tratarse el acto reclamado de actos emitidos dentro de la etapa de ejecución del laudo dictado en el expediente de origen no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y necesariamente debe agotarse en su contra el medio ordinario de defensa previsto en la ley antes de promover el juicio de amparo, esto es agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la ley laboral. A mayor razón, las partes que intervienen en un procedimiento jurisdiccional adquieren la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, pues se insiste la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. De igual forma, cabe destacar que la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que rigen el principio de definitividad para estimar que aun cuando no hizo valer el medio de defensa antes precisado el amparo fuera procedente, en virtud de que los actos reclamados no carecen de fundamentación, además que como se evidenció tiene reconocido el carácter de actora dentro del proceso laboral de origen. En apoyo a la anterior determinación se invoca la tesis jurisprudencial 2a./J.52/2018 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1681, Libro 54, correspondiente al mes de Mayo de 2018, Tomo II, Materia Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." CONCLUSIÓN En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo.
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VI. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Pichardo Siles, apoderado de Araceli Escobedo Martínez, personalidad que acredita en términos de la carta poder de dieciocho de abril del actual, la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad es reproducción fiel de su original, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y otra autoridad; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 571/2023-VI. +++. IRREGULARIDADES En el artículo 108 de la Ley de Amparo se establece los requisitos para la formulación de la demanda de amparo indirecto. El diverso 114 de la ley de la materia prevé los supuestos en los que se mandará requerir al promovente para que aclare la demanda en caso de actualizarse alguna de las irregularidades descritas en el artículo señalado en párrafo anterior. Así, los preceptos transcritos facultan a este órgano para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad o se haya omitido alguno de los requisitos que señala el citado artículo 108 de la propia ley. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no realiza una narración completa de los antecedentes del acto reclamado y tampoco precisa con exactitud el acto reclamado. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 112 y 114, fracciones I y IV, en relación con el numeral 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, procede requerir al promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con cuatro copias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad, realice una narración completa, ordenada y cronológica de los antecedentes del acto reclamado, en la que deberá: 1) Indicar la fecha en que se le notificó la determinación de diez de marzo de este año que reclama. 2) Informar sí el referido proveído fue emitido por la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, o bien, por su Presidente. 3) Abundar en su contenido. Tal solicitud obedece a que de lo narrado en el escrito de demanda, resulta insuficiente para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precise sí las omisiones de las cuales se inconforma: - De no dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. - De hacer cumplir la demanda en el natural y el laudo en un periodo máximo de setenta y dos horas. - De no acordar o despachar auto de ejecución. - De aplicar las medidas de apremio al tercero interesado Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios para dar debido cumplimiento al laudo. - De aplicar las medidas necesarias para el debido cumplimiento del laudo de quince de enero de dos mil dieciocho. Fueron consecuencia de una solicitud formulada de manera verbal o escrita, así como la data en que presentó tal solicitud y, en su caso, la fecha en que la autoridad responsable le dio contestación y aquélla en que se le notificó o tuvo conocimiento, en su caso, de alguna negativa en este sentido, de lo cual también deberá indicar la data en que se emitió y de aquélla en que tuvo conocimiento. Tal requerimiento obedece a que la precisión de los actos reclamados es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en cuenta que en el ámbito de la impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por ende debe requerirse a la parte quejosa para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Es aplicable la XX.57 K, publicada en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, con número de registro 202853 cuyo contenido es: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Cabe precisar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquélla se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante hacer notar que la satisfacción del requisito formal mencionado, debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado en los términos amplios, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa al tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que de no cumplir con los requerimientos formulados, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En tal virtud, de conformidad con los artículos 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; así como lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y el numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario ********************. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado Federal a fin de que las notificaciones de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen a la parte quejosa de manera electrónica, a través del usuario ********************, por así haberlo solicitado. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a aperturar los campos necesarios. Asimismo, el Actuario adscrito deberá certificar que los campos para la consulta del expediente electrónico estén habilitados y asentar la razón correspondiente al juicio. En atención a lo anterior, no ha lugar a tener como domicilio procesal la residencia que indican. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan en el escrito que se provee, ya que promueve la parte trabajadora en el juicio laboral. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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