Araceli Escalante Linares

Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
353/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Araceli Escalante Linares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el cinco de junio de dos mil diecinueve, en la que, se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; sin que lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, dicha sentencia se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Toda vez que, en el presente expediente, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión la quejosa es susceptible de DEPURACIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE, dado que en la especie, se concedieron la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la agraviada. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obre el tomo de pruebas, se ordena devolverlo a su lugar de origen, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en tal asunto. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA TERCERA INTERESADA: MA. CARMEN GUEVARA MENDOZA. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida el cinco de junio de dos mil diecinueve, en la que, se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; sin que lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 77, último párrafo, de la ley en consulta, 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la citada ley, dicha sentencia se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Toda vez que, en el presente expediente, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión la quejosa es susceptible de DEPURACIÓN, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURABLE, dado que en la especie, se concedieron la suspensión provisional y definitiva solicitadas por la agraviada. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y en los cuadernos incidentales. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obre el tomo de pruebas, se ordena devolverlo a su lugar de origen, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en tal asunto. Se ordena agregar transcripción autorizada de la presente determinación a los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, únicamente para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-353/2019; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil diecinueve, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Araceli Escalante Linares, pidió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. De quien reclama el acto consistente en: La sentencia interlocutoria dictada el cinco de marzo de dos mil diecinueve, en el incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 675/2018. Acto que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado y se dio la intervención correspondiente a la representación social de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que radica dentro de la jurisdicción correspondiente a esta potestad federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el acto siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el cinco de marzo de dos mil diecinueve, en el incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio ejecutivo mercantil 675/2018. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable lo hizo en la siguiente forma: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 JUEZ PRIMERO MENOR EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. CIERTO 14 y 15 Como se aprecia del apartado anterior, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con copias certificadas obtenidas del juicio ejecutivo mercantil 675/2018, remitidas en apoyo de su informe justificado y con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causas de improcedencia. Al no existir alguna causa de improcedencia hecha valer o que de oficio se advierta, se procede a realizar el estudio del concepto de violación, el cual se tiene por reproducido en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; aunado a que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinto. Es infundado el único concepto de violación planteado por la parte quejosa. Cabe señalar que el caso a estudio deriva de una controversia de naturaleza mercantil, por tanto, el análisis que se haga del motivo de inconformidad planteado, será de estricto derecho, debido a que no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en las que se permite suplir la deficiencia de los conceptos de violación invocados. Ahora, para mejor comprensión del asunto, conviene destacar los antecedentes más relevantes que dan origen al acto reclamado, a saber: 1. En sentencia definitiva de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Primero Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 675/2018, promovido por Ma. Carmen Guevara Mendoza (tercera interesada) por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de Araceli Escalante Linarez y/o Araceli Escalante Linares (quejosa), se condenó a ésta al pago de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como al pago de intereses moratorios a la tasa reducida del tres punto ochenta y nueve por ciento mensual, generados a partir del veintiuno de julio de dos mil diecisiete, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo principal, en los que se determinarán la cantidad líquida en la fase de ejecución de sentencia acorde con lo previsto en el artículo 1330 del Código de Comercio. 2. En auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, tuvo a la quejosa Araceli Escalante Linarez promoviendo demanda de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada dentro del juicio subyacente y ordenó que una vez que se encontrara debidamente integrado el expediente se remitieran los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en turno. 3. En auto de tres de febrero de dos mil diecinueve, se otorgó el plazo de tres días a la parte quejosa a efecto de que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva dictada dentro del juicio mercantil subyacente. 4. Por escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve, la parte actora promovió "incidente sobre liquidación de sentencia sobre suerte principal e intereses moratorios", en el que exhibió la planilla respetiva. 5. Dicha incidencia se resolvió en interlocutoria de cinco de marzo de dos mil diecinueve, en la que se aprobó el incidente planteado, por un monto de $10,930.90 (diez mil novecientos treinta pesos 90/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados hasta el once de febrero de dos mil diecinueve. La resolución que antecede constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Con la intención de controvertir el contenido de la resolución reclamada, la parte quejosa expone que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación y, que por tal motivo la deja en estado de indefensión. Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto transcrito se refiere a la garantía de legalidad, al establecer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Dicho de otro modo, la Ley Suprema impone que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado; así fundar consiste en expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y motivar es señalar, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Una vez verificado que éste fue fundado y motivado (aspecto formal de la garantía consignada en el artículo 16 constitucional) procede examinar la adecuada o debida fundamentación y motivación (aspecto material de la referida garantía constitucional) de tal acto; es decir, procede determinar si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas (si se configuran las hipótesis normativas), requisitos indispensables para que los actos de imperio cumplan con los extremos de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el mencionado precepto constitucional. Lo anterior de conformidad con el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". La obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar sus actos, y su contravención reviste dos vertientes: a) De forma: Cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: Cuando lo que se presenta, es una indebida o incorrecta fundamentación y/o motivación. Así, la primera se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley; y la segunda, cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. La primera hipótesis produce indefensión en el gobernado porque no le hace saber los motivos y fundamentos legales que sirvieron de sustento al acto de autoridad, impidiendo que ello sea materia de controversia; mientras que la segunda, da oportunidad al inconforme a impugnar los aspectos que considere ilegales de la decisión adoptada. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal que produce indefensión; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación o motivación, entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo, la cual es susceptible de combatirse. Esta distinción es importante; primero, para determinar el orden en que se estudiarán los conceptos de violación; y segundo, para establecer los efectos de la concesión, pues aún y cuando en ambos casos la autoridad debe dejar insubsistente el acto inconstitucional; en el primer supuesto la responsable deberá subsanar la irregularidad, expresando la fundamentación y motivación ausente; y en el segundo, para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. Como criterio orientador se invoca la jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." De modo que cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación y motivación, bastará que la parte quejosa exprese dicha situación, para que el juzgador de amparo pueda constatarla y conceda el amparo para que se subsane; empero, en los casos en los que el acto reclamado no sufra de dicho vicio [ausencia de fundamentación y motivación], la parte quejosa tendrá la carga procesal de combatir la idoneidad o legalidad, tanto de los fundamentos como de los motivos invocados en el acto reclamado, salvo que se trate de un asunto en el que opere la deficiencia de la queja. Expuesto lo anterior, en el caso se considera que el acto reclamado no adolece de fundamentación ni de motivación. Lo anterior, en virtud de que se advierte que en la resolución reclamada se invocaron los numerales 1090, 1092, del Código de Comercio, que regulan la competencia del juzgado responsable para resolver el incidente de liquidación en análisis; después se invocaron los numerales 1339 y 1340 del mismo ordenamiento legal, para justificar el valor probatorio otorgado a la sentencia definitiva y al auto en el que se determinó que ésta causó ejecutoria, invocando la jurisprudencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA"; asimismo invocó el ordinal 1294 de la legislación en aplicación a efecto de otorgarle valor probatorio pleno a las actuaciones judiciales que integral el juicio subyacente. Posteriormente, la autoridad responsable expresó cuáles fueron las operaciones aritméticas y cantidades que le sirvieron de base para aprobar por un monto de $10,930.90 (diez mil novecientos treinta pesos 90/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados hasta el once de febrero de dos mil diecinueve, en lugar de los $11,086.50 (once mil ochenta y seis pesos 50/100 moneda nacional) que fueron solicitados por el incidentista, argumentando que ello obedecía a que la operación aritmética formulada por el actor en su planilla de liquidación, se reclamaba el pago de diecinueve meses de intereses, cuando dicho libelo incidental fue presentado el once de febrero de dos mil diecinueve, y del veintiuno de junio de dos mil diecisiete al día mencionado en forma primigenia, apenas habían trascurrido dieciocho meses y veintidós días, por lo que no podían cuantificarse días que aún no trascurrían hasta la referida data. De ahí que declarara parcialmente fundada la planilla de liquidación promovida por la parte actora Ma. Carmen Guevara Mendoza, por conducto de sus endosatarios, pero por la cantidad de $10,930.90 (diez mil novecientos treinta pesos 90/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados hasta el once de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, no asiste razón a la parte quejosa en cuanto argumenta que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues ya quedó evidenciado que la autoridad responsable expresó diversos fundamentos legales, tesis y los motivos particulares que le sirvieron de base para aprobar las cantidades establecidas en el acto reclamado. De modo que no se advierte que la hoy quejosa se encuentren en estado de indefensión, puesto que del contenido del acto reclamado se advierte que se le dio oportunidad de controvertir la aplicabilidad, legalidad o idoneidad tanto de los fundamentos y tesis ahí invocados, como de los argumentos y operaciones aritméticas que sirvieron de base al juez responsable para la emisión de dicha resolución. Sin embargo, en virtud de que la solicitante del amparo no esgrimió algún argumento tendente a controvertir la debida fundamentación y motivación expuesta en la resolución reclamada, la misma sea correcta o no, debe continuar rigiendo el sentido del fallo, puesto a que en el caso no es factible suplir la deficiencia de los conceptos de violación. Así, en virtud de que los argumentos esgrimidos como motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa resultaron infundados, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable no haya invocado en abundancia dispositivos legales en los cuales se apoyó para emitir la interlocutoria que resolvió en incidente de liquidación de intereses moratorios, toda vez que como se indicó supralíneas la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Resulta aplicable la tesis P. CXVI/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". Cabe precisar, que los criterios citados a lo largo de esta ejecutoria son aplicables al caso concreto, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Araceli Escalante Linares, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el tercer considerando de esta sentencia, conforme a los razonamientos en la parte final de esta ejecutoria.

  4. Principal

    Informe justificado. Visto el comunicado de la Juez Primero Menor en Materia Civil este distrito judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que acompaña al informe de cuenta, consistente en un legajo de copias certificadas del expediente número 675/2018 relativo al juicio ejecutivo mercantil del índice del Juzgado Primero Menor en Materia Civil de Morelia, Michoacán, la cual se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Con la documental antes mencionada se ordena formar un tomo de prueba, respetando su folio, sello y rúbrica, agregando únicamente la carátula para su debida identificación. Emplazamiento a los terceros interesados. Por otra parte, con apoyo el precepto 5, fracción III, inciso b), de la ley en la materia, se reconoce el carácter de tercera interesada a Ma. Carmen Guevara Mendoza, toda vez que es parte actora en el juicio subyacente, es decir, tienen un interés contrario al de la quejosa. Atento a lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a efecto de que se constituya en los domicilios de los terceros interesados, los emplace a juicio con copia simple de la demanda, les haga saber que se señalaron las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional y los requiera para que, en el momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio para recibir las notificaciones de carácter personal en esta ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en atención a lo dispuesto en el precepto 27, fracción II, de la ley en la materia. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

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