Araceli del Carmen Valente
Expediente 456/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Araceli del Carmen Valente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas de la causa penal 178/2012 así como del toca penal 589/2014, las cuales constituyen los tomos de pruebas I,II y III, remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, ambos con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo el diverso oficio por el que le fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio.
- Principal
SÍNTESIS: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 456/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Araceli del Carmen Valente, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Con residencia en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS "A) Lo constituye el auto de formal prisión de fecha 13 (trece de febrero del año 2013, dictado en mi contra por el delito de Contra la Salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado cocaína, dictado en el toca penal 178/2012-II, por la responsable". SEGUNDO.- Mediante proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 456/2016; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, así como al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciséis, se requirió a la quejosa para que manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce, dictada en autos del toca penal 589/2014 y como autoridad responsable a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Así las cosas, la quejosa amplió su demanda dentro del término concedido para ello, señalando como autoridad responsable a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y como acto reclamado: "A) Lo constituye la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca penal 589/2014, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad". Por lo que mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por ampliada la misma, respecto del acto y autoridad señalados en el párrafo anterior, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de dos diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, así como la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado por la parte quejosa en una causa penal, en la cual tiene el carácter de inculpada; lo que puede tener sobre su persona una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: A) El auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil catorce dictado por el Juez Segundo de Primera en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad dentro de la causa penal 178/2012, instruida en contra de la quejosa por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cocaína; a pesar de que haya señalado que el auto de término constitucional es de 2013, porque de acuerdo a las constancias enviadas por la responsable y la narrativa señalada por la quejosa crononologicamente, dicho auto de formal prisión no existió, sino el mencionado al inicio de este párrafo. B) La resolución de quince de diciembre de dos mil catorce emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca penal 589/2014, por la cual confirma el auto de formal prisión antes aludido. TERCERO. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, y el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron el acto que se les atribuye (fojas 19 y 41). Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas de las constancias que integran la causa y el toca penales números 178/2012 (tomo I de pruebas) y 589/2014 (tomos II y III de pruebas) respectivamente, que acompañaron dichas responsables como apoyo a su informe justificado, las cuales dada su naturaleza adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que, respecto del acto reclamado precisado en el inciso A), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". Ahora bien, para establecer la causal de improcedencia invocada conviene señalar que de autos se advierte lo siguiente: En la causa penal 178/2013, de la que deriva el acto reclamado, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dictó auto de formal prisión que el trece de febrero de dos mil catorce. Inconforme con tal determinación, el peticionario del amparo interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, radicado con el número de toca penal 589/2014, quien en ejecutoria de quince de diciembre de dos mil catorce, confirmó el auto de formal prisión recurrido. Se estima actualizada la causal en comento, porque la resolución de trece de febrero de dos mil catorce, en que se dictó auto de formal prisión en contra de la quejosa por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado cocaína, fue sustituida procesalmente por la diversa resolución de quince de diciembre dos mil catorce, que dictó la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 589/2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de aquella sentencia. Así, al interponer la propia quejosa recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la juez responsable y dictarse la resolución de segundo grado, los efectos de aquella sentencia cesaron, de ahí que ya no puede ser materia de examen en la presente vía constitucional, al haber sido la resolución del que emana substituida procesalmente por la de segunda instancia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 37, con el sumario siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. Si se reclaman tanto la sentencia de primera instancia, como la de segunda que la confirmó, el amparo es improcedente respecto de la primera, de conformidad con las disposiciones de la fracción III, inciso a), del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 73, fracciones XIII y XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, porque ese fallo admite recurso de apelación y porque al pronunciarse la de segunda instancia que resolvió la apelación interpuesta cesaron los efectos de la de primer grado, y, por tanto, el juicio debe sobreseerse respecto de la sentencia de primera instancia." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, lo que procede es sobreseer el juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto reclamado. Por otra parte, respecto del acto reseñado en el inciso B) del segundo considerando de la presente ejecutoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que se notificaron los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Ahora bien, la Ley de Amparo antes de su reforma en abril de dos mil trece, preveía que en el caso del auto de formal prisión este podía impugnarse en cualquier tiempo, sin embargo con las reformas hechas a la misma, el plazo para interponer el juicio de amparo es de quince días, de conformidad con el artículo 17 del citado ordenamiento, salvo las excepciones que el mismo establece. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1228, tomo II, Marzo de 2014, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO CONTRA ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. SI SE GENERARON CON ANTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD A ESTA FECHA, EL TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA NO DEBE REGIRSE POR LA LEY VIGENTE, PUES SE APLICARÍA RETROACTIVAMENTE LA LEY EN PERJUICIO DEL QUEJOSO Y SE VIOLARÍA LA LEGALIDAD QUE RIGE AL JUICIO DE AMPARO." La Ley de Amparo de 1936, abrogada, establecía en su artículo 21, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda; sin embargo, su numeral 22, fracción II, preveía una serie de excepciones al plazo general para el ejercicio de la acción, entre las cuales se encontraba la relativa a que cuando el acto importaba ataques a la libertad personal, el juicio podía promoverse en cualquier tiempo. Por su parte, la ley vigente dispone en su artículo 17 también un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo; asimismo, en cuatro distintas fracciones señala casos de excepción, entre los cuales está el que se refiere a que cuando el acto reclamado implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Al comparar ambos dispositivos, se aprecia que si bien las dos leyes prevén un tiempo irrestricto para presentar una demanda de amparo contra actos que implican ataques a la libertad personal, la diferencia sustancial radica en que la ley abrogada no precisaba ninguna característica del acto que generaba tal afectación, mientras que en la actual, la presentación de la demanda carecerá de término si el acto implica ataques a la libertad personal, pero siempre y cuando sea "fuera" de procedimiento, por lo que si emana de alguno, el plazo será el genérico de quince días. Al respecto, cabe decir que el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo previó la ultractividad de la ley abrogada para los juicios que se iniciaron con anterioridad a su entrada en vigor; sin embargo, ni este dispositivo ni diversas normas de tránsito resuelven cómo tratar los asuntos en que se impugna un acto que, dictado previamente a la regencia del nuevo ordenamiento, no contaba en la ley abrogada con un término de preclusión, en tanto que en la legislación vigente sí se prevé. En ese sentido, el invocado artículo 21, en correlación con las reglas específicas y casos de excepción marcados en el citado numeral 22 para el amparo en materia penal, conforman una normativa que regula un derecho fundamental de las personas: el de acceso a la justicia y a la tutela judicial, concretamente, a la justicia de carácter constitucional, impartida por los órganos del Poder Judicial de la Federación, que tutelan, en sede jurisdiccional, a través del juicio de amparo, el respeto a los derechos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte. Tal derecho de acceso a la jurisdicción de amparo tiene su génesis primigenia en el artículo 103 de la Ley Fundamental, pero si en la ley reglamentaria correspondiente existen normas que regulan el tiempo para accionar y la preclusión en caso de no hacerlo, resulta inconcuso que tales dispositivos inciden directamente en el aspecto toral del derecho sustantivo y, por tanto, también se incorporan a la forma de hacer uso de él. Por lo anterior, el término para promover la demanda contra actos emitidos dentro del procedimiento que afectan la libertad personal, generados con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, e impugnados con posterioridad a esta fecha, no debe regirse por la Ley de Amparo vigente, pues de hacerlo, el juzgador constitucional aplicaría retroactivamente la ley, afectando un derecho adquirido del quejoso, lo que implica violación a la legalidad que rige en el procedimiento de amparo; no obstante, si la promoción de la demanda se realiza bajo la vigencia de la nueva legislación, el juicio en los restantes aspectos sí habrá de regularse por ésta." Ahora de las constancias de autos, se tiene que la causa penal instruida en contra de la quejosa inicio en el año dos mil doce, y el auto de formal prisión le fue dictado el trece de febrero de dos mil catorce, bajo los lineamientos de la actual Ley de Amparo, que le fue notificado el catorce de febrero de dos mil catorce (foja 332 del tomo I de pruebas); y fue recurrido mediante el recurso de apelación que se resolvió en sentencia de quince de diciembre de dos mil catorce y que le fue notificada el treinta de enero de dos mil quince, (foja 44 del tomo III de pruebas). Apoya lo anterior la jurisprudencia P. J./45/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo I, Junio de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO." El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada; y, en ese sentido, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, establece en su artículo 15, que los plazos son improrrogables y comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación. Luego, si la resolución que se controvierte fue notificada a la quejosa, el treinta de enero de dos mil quince (foja 44 del tomo III de pruebas), entonces el término para la presentación de la demanda de amparo inició al día hábil siguiente, por lo que al haberse recibido la demanda de que se trata en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad hasta el dos de mayo de este año (de acuerdo con el sello de recepción), por lo que el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, le ha transcurrido en exceso, lo que conduce a afirmar que la determinación contenida en la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce reclamada en esta instancia constitucional, fue consentida tácitamente por la quejosa. En consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece, de conformidad con lo destacado en párrafos que anteceden. Cobra aplicación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así como la jurisprudencia P./J. 12/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 456/2016, promovido por Araceli del Carmen Valente, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 456/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Araceli del Carmen Valente, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Con residencia en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS "A) Lo constituye el auto de formal prisión de fecha 13 (trece de febrero del año 2013, dictado en mi contra por el delito de Contra la Salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado cocaína, dictado en el toca penal 178/2012-II, por la responsable". SEGUNDO.- Mediante proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 456/2016; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, así como al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciséis, se requirió a la quejosa para que manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce, dictada en autos del toca penal 589/2014 y como autoridad responsable a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Así las cosas, la quejosa amplió su demanda dentro del término concedido para ello, señalando como autoridad responsable a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y como acto reclamado: "A) Lo constituye la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca penal 589/2014, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad". Por lo que mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por ampliada la misma, respecto del acto y autoridad señalados en el párrafo anterior, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de dos diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, así como la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado por la parte quejosa en una causa penal, en la cual tiene el carácter de inculpada; lo que puede tener sobre su persona una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: A) El auto de formal prisión de trece de febrero de dos mil catorce dictado por el Juez Segundo de Primera en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad dentro de la causa penal 178/2012, instruida en contra de la quejosa por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado Cocaína; a pesar de que haya señalado que el auto de término constitucional es de 2013, porque de acuerdo a las constancias enviadas por la responsable y la narrativa señalada por la quejosa crononologicamente, dicho auto de formal prisión no existió, sino el mencionado al inicio de este párrafo. B) La resolución de quince de diciembre de dos mil catorce emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca penal 589/2014, por la cual confirma el auto de formal prisión antes aludido. TERCERO. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, y el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron el acto que se les atribuye (fojas 19 y 41). Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas de las constancias que integran la causa y el toca penales números 178/2012 (tomo I de pruebas) y 589/2014 (tomos II y III de pruebas) respectivamente, que acompañaron dichas responsables como apoyo a su informe justificado, las cuales dada su naturaleza adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que, respecto del acto reclamado precisado en el inciso A), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". Ahora bien, para establecer la causal de improcedencia invocada conviene señalar que de autos se advierte lo siguiente: En la causa penal 178/2013, de la que deriva el acto reclamado, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, dictó auto de formal prisión que el trece de febrero de dos mil catorce. Inconforme con tal determinación, el peticionario del amparo interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, radicado con el número de toca penal 589/2014, quien en ejecutoria de quince de diciembre de dos mil catorce, confirmó el auto de formal prisión recurrido. Se estima actualizada la causal en comento, porque la resolución de trece de febrero de dos mil catorce, en que se dictó auto de formal prisión en contra de la quejosa por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado cocaína, fue sustituida procesalmente por la diversa resolución de quince de diciembre dos mil catorce, que dictó la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 589/2014, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de aquella sentencia. Así, al interponer la propia quejosa recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la juez responsable y dictarse la resolución de segundo grado, los efectos de aquella sentencia cesaron, de ahí que ya no puede ser materia de examen en la presente vía constitucional, al haber sido la resolución del que emana substituida procesalmente por la de segunda instancia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 37, con el sumario siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. Si se reclaman tanto la sentencia de primera instancia, como la de segunda que la confirmó, el amparo es improcedente respecto de la primera, de conformidad con las disposiciones de la fracción III, inciso a), del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 73, fracciones XIII y XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, porque ese fallo admite recurso de apelación y porque al pronunciarse la de segunda instancia que resolvió la apelación interpuesta cesaron los efectos de la de primer grado, y, por tanto, el juicio debe sobreseerse respecto de la sentencia de primera instancia." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, lo que procede es sobreseer el juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto reclamado. Por otra parte, respecto del acto reseñado en el inciso B) del segundo considerando de la presente ejecutoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que se notificaron los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. Luego, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Ahora bien, la Ley de Amparo antes de su reforma en abril de dos mil trece, preveía que en el caso del auto de formal prisión este podía impugnarse en cualquier tiempo, sin embargo con las reformas hechas a la misma, el plazo para interponer el juicio de amparo es de quince días, de conformidad con el artículo 17 del citado ordenamiento, salvo las excepciones que el mismo establece. En este aspecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1228, tomo II, Marzo de 2014, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO CONTRA ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. SI SE GENERARON CON ANTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD A ESTA FECHA, EL TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA NO DEBE REGIRSE POR LA LEY VIGENTE, PUES SE APLICARÍA RETROACTIVAMENTE LA LEY EN PERJUICIO DEL QUEJOSO Y SE VIOLARÍA LA LEGALIDAD QUE RIGE AL JUICIO DE AMPARO." La Ley de Amparo de 1936, abrogada, establecía en su artículo 21, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda; sin embargo, su numeral 22, fracción II, preveía una serie de excepciones al plazo general para el ejercicio de la acción, entre las cuales se encontraba la relativa a que cuando el acto importaba ataques a la libertad personal, el juicio podía promoverse en cualquier tiempo. Por su parte, la ley vigente dispone en su artículo 17 también un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo; asimismo, en cuatro distintas fracciones señala casos de excepción, entre los cuales está el que se refiere a que cuando el acto reclamado implica ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Al comparar ambos dispositivos, se aprecia que si bien las dos leyes prevén un tiempo irrestricto para presentar una demanda de amparo contra actos que implican ataques a la libertad personal, la diferencia sustancial radica en que la ley abrogada no precisaba ninguna característica del acto que generaba tal afectación, mientras que en la actual, la presentación de la demanda carecerá de término si el acto implica ataques a la libertad personal, pero siempre y cuando sea "fuera" de procedimiento, por lo que si emana de alguno, el plazo será el genérico de quince días. Al respecto, cabe decir que el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo previó la ultractividad de la ley abrogada para los juicios que se iniciaron con anterioridad a su entrada en vigor; sin embargo, ni este dispositivo ni diversas normas de tránsito resuelven cómo tratar los asuntos en que se impugna un acto que, dictado previamente a la regencia del nuevo ordenamiento, no contaba en la ley abrogada con un término de preclusión, en tanto que en la legislación vigente sí se prevé. En ese sentido, el invocado artículo 21, en correlación con las reglas específicas y casos de excepción marcados en el citado numeral 22 para el amparo en materia penal, conforman una normativa que regula un derecho fundamental de las personas: el de acceso a la justicia y a la tutela judicial, concretamente, a la justicia de carácter constitucional, impartida por los órganos del Poder Judicial de la Federación, que tutelan, en sede jurisdiccional, a través del juicio de amparo, el respeto a los derechos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte. Tal derecho de acceso a la jurisdicción de amparo tiene su génesis primigenia en el artículo 103 de la Ley Fundamental, pero si en la ley reglamentaria correspondiente existen normas que regulan el tiempo para accionar y la preclusión en caso de no hacerlo, resulta inconcuso que tales dispositivos inciden directamente en el aspecto toral del derecho sustantivo y, por tanto, también se incorporan a la forma de hacer uso de él. Por lo anterior, el término para promover la demanda contra actos emitidos dentro del procedimiento que afectan la libertad personal, generados con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, e impugnados con posterioridad a esta fecha, no debe regirse por la Ley de Amparo vigente, pues de hacerlo, el juzgador constitucional aplicaría retroactivamente la ley, afectando un derecho adquirido del quejoso, lo que implica violación a la legalidad que rige en el procedimiento de amparo; no obstante, si la promoción de la demanda se realiza bajo la vigencia de la nueva legislación, el juicio en los restantes aspectos sí habrá de regularse por ésta." Ahora de las constancias de autos, se tiene que la causa penal instruida en contra de la quejosa inicio en el año dos mil doce, y el auto de formal prisión le fue dictado el trece de febrero de dos mil catorce, bajo los lineamientos de la actual Ley de Amparo, que le fue notificado el catorce de febrero de dos mil catorce (foja 332 del tomo I de pruebas); y fue recurrido mediante el recurso de apelación que se resolvió en sentencia de quince de diciembre de dos mil catorce y que le fue notificada el treinta de enero de dos mil quince, (foja 44 del tomo III de pruebas). Apoya lo anterior la jurisprudencia P. J./45/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo I, Junio de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO." El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate. Entonces, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada; y, en ese sentido, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, establece en su artículo 15, que los plazos son improrrogables y comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de la notificación. Luego, si la resolución que se controvierte fue notificada a la quejosa, el treinta de enero de dos mil quince (foja 44 del tomo III de pruebas), entonces el término para la presentación de la demanda de amparo inició al día hábil siguiente, por lo que al haberse recibido la demanda de que se trata en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad hasta el dos de mayo de este año (de acuerdo con el sello de recepción), por lo que el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, le ha transcurrido en exceso, lo que conduce a afirmar que la determinación contenida en la resolución de quince de diciembre de dos mil catorce reclamada en esta instancia constitucional, fue consentida tácitamente por la quejosa. En consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece, de conformidad con lo destacado en párrafos que anteceden. Cobra aplicación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así como la jurisprudencia P./J. 12/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: UNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 456/2016, promovido por Araceli del Carmen Valente, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Conste
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Acapulco, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído inmediato anterior, se tuvo por recibido el informe justificado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.
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