Araceli de los Angeles Domínguez y Rodríguez
Expediente 337/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 53 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Araceli de los Angeles Domínguez y Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
: Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada por auto de siete de julio de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido, sin que haya lugar a glosar el cuaderno original del i) incidente de suspensión (dos tomos), ii) incidente de defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional interpuesto por la quejosa (dos tomos), en atención a la voluminosidad de dichos cuadernos, por lo que se ordena remitirlos por cuerda separada al archivo. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depurarse, al haberse concedido el amparo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión definitiva. Luego, en relación con el destino del original del cuaderno incidental de defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se declaró sin materia. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que los duplicados del incidente de suspensión, así como del incidente de defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, son susceptibles de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral En otro tenor, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa los documentos que exhibió en el presente asunto. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables 1) Director General de Ordenamiento Ambiental, Urbano y Cambio Climático del Municipio de Tulum, Quintana Roo, y 2) Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, las documentales que exhibieron en este asunto (dos tomos de prueba), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a las partes quejosa y tercera interesada a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con la vista concedida en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el tercer punto resolutivo, se precisó que el amparo concedido a la quejosa Araceli de los Ángeles Domínguez y Rodríguez, era para efecto que la autoridad responsable Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: A. Llevara a cabo la identificación del denunciante, e hiciera del conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación respectiva, como lo prescribe el artículo 192 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. B. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, continuara con el procedimiento de denuncia popular con número de expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 de su índice, en términos de lo previsto en los artículos 193 a 204 y demás relativos que resulten aplicables de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; en el entendido que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, podría efectuar las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la mencionada denuncia, por el posible delito ambiental en el predio ubicado en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, en el Estado de Quintana Roo, particularmente en las coordenadas 20° 20' 45.66" LN y 87 0 20' 21.40" LO y 200 20' 59.23" LN y 87° 20' 14.9" LO. 2. Inconforme, la parte tercera interesada, interpuso recurso de revisión contra la sentencia precisada en el numeral 1 que antecede, el cual se tuvo por interpuesto mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; por razón de turno, correspondió conocer del citado recurso al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mismo que radicó bajo el amparo en revisión 165/2021 de su índice. 3. Por proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitiendo testimonio de la resolución de veintisiete de mayo anterior, dictada en el recurso de revisión 165/2021 del índice del tribunal de su adscripción, en la que el mencionado órgano colegiado por una parte dejó firme el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, en la materia de la revisión la modificó y concedió el amparo solicitado para los efectos indicados en dicha sentencia; por tanto, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable indicada en el numeral 1 de este acuerdo, el cumplimiento del fallo protector. 4. Mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la promoción con número de control interno 10696 (con anexos), por la cual la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Delegación en Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informó las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió fotocopia certificada de diversas constancias; al respecto, se ordenó poner a la vista de las partes quejosa y tercera interesada la referida promoción y constancias, a fin de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Ahora, de las constancias remitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (promoción con registro interno 10696 con anexos), a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Delegación en Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: a) A través de oficio PFPA/29.7/2C.28.2/0291-2020 de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y constancia de notificación de la misma fecha, se hizo del conocimiento al denunciado Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver (tercero interesado), el procedimiento de denuncia popular PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 de su índice, interpuesta en su contra por la parte quejosa, a fin de que presentara los documentos y pruebas que a su derecho convenga, en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación respectiva, como lo prescribe el artículo 192 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; lo cual realizó a través de un escrito de ocho de abril de dos mil veintiuno. b) Con libertad de jurisdicción, continúo con el procedimiento de denuncia popular con número de expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 del índice de la autoridad responsable, en términos de lo previsto en los artículos 193 a 204 y demás relativos que resulten aplicables de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Al respecto, inició los siguientes expedientes administrativos: i) PFPA/29.3/2C27.2/0019-20, en materia forestal, por presuntas contravenciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. ii) PFPA/29.3/2C.27.4/006-20, en materia administrativa, por presuntas infracciones a la Ley General de Bienes Nacionales y al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. iii) PFPA/29.3/2C.27.5/0035-20, en materia de impacto ambiental, por presuntas infracciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Lo anterior, con la finalidad de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la mencionada denuncia, por el posible delito ambiental en el predio ubicado en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, en el Estado de Quintana Roo, particularmente en las coordenadas 20° 20' 45.66" LN y 87 0 20' 21.40" LO y 200 20' 59.23" LN y 87° 20' 14.9" LO. Sin embargo, dichos expedientes administrativos fueron atraídos por la I] Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre y II] Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal, ambas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Informó que la resolución del procedimiento de denuncia popular con número de expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 del índice de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, se encuentra supeditado a la resolución que pongan fin a los procedimientos administrativos citados con los incisos i), ii) y iii), que anteceden, mismos que ya no se encuentran bajo la jurisdicción de la Delegación en Quintana Roo, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con sede en esta ciudad. En ese orden de ideas, dicha situación deja cumplimentada para todos los efectos la sentencia de amparo concedida, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa transgresión, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia de amparo fue cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, este juzgado de Distrito tiene por cumplido el fallo protector. Luego, agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la parte tercera interesada, a través de su autorizado, en suma, manifiesta que la sentencia de amparo se ha cumplido de forma puntual, sin exceso o defecto; por tanto, solicita dictar el acuerdo correspondiente en el cual se tenga por cumplida dicha resolución. Al respecto, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Con lo anterior y con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de quince días, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo de referencia, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentido el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, ordenándose el archivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad responsable vía oficio, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
: Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Encargado de Despacho de la Delegación en Quintana Roo, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en suma, remite e informa lo siguiente: a) A través de oficio PFPA/29.7/2C.28.2/0291-2020 de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno y constancia de notificación de la misma fecha, se hizo del conocimiento al denunciado Banco Actinver, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver (tercero interesado), el procedimiento de denuncia popular PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 de su índice, interpuesta en su contra por la parte quejosa, a fin de que presentara los documentos y pruebas que a su derecho convenga, en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación respectiva, como lo prescribe el artículo 192 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; lo cual realizó a través de un escrito de ocho de abril de dos mil veintiuno. b) Con libertad de jurisdicción, continúo con el procedimiento de denuncia popular con número de expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 del índice de la autoridad responsable, en términos de lo previsto en los artículos 193 a 204 y demás relativos que resulten aplicables de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Al respecto, inició los siguientes expedientes administrativos: i) PFPA/29.3/2C27.2/0019-20, en materia forestal, por presuntas contravenciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. ii) PFPA/29.3/2C.27.4/006-20, en materia administrativa, por presuntas infracciones a la Ley General de Bienes Nacionales y al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. iii) PFPA/29.3/2C.27.5/0035-20, en materia de impacto ambiental, por presuntas infracciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Lo anterior, con la finalidad de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la mencionada denuncia, por el posible delito ambiental en el predio ubicado en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, en el Estado de Quintana Roo, particularmente en las coordenadas 20° 20' 45.66" LN y 87 0 20' 21.40" LO y 200 20' 59.23" LN y 87° 20' 14.9" LO. Sin embargo, dichos expedientes administrativos fueron atraídos por la I] Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre y II] Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal, ambas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Agrega, que la resolución del procedimiento de denuncia popular con número de expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 del índice de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, se encuentra supeditado a la resolución que pongan fin a los procedimientos administrativos citados con los incisos i), ii) y iii), que anteceden, mismos que ya no se encuentran bajo la jurisdicción de la Delegación en Quintana Roo, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con sede en esta ciudad. Para acreditar dicha información, la autoridad responsable remite las constancias que se relacionaron en la cuenta de este acuerdo; con dichas constancias se ordena formar un tomo de prueba. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, la promoción y anexos de cuenta, para que en caso de estimarlo conveniente y dentro del término concedido, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que para el supuesto de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente. Sustenta lo anterior, por no contravenir a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
: I. Agrega testimonio de resolución de recurso de revisión y se acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los anexos de cuenta y remite testimonio de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 165/2021 del índice del tribunal de su adscripción, en la cual el mencionado órgano colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado, en términos del considerando cuarto de esta resolución. - - - SEGUNDO.- En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. - - - TERCERO.- Para los efectos indicados en la resolución que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a Araceli de los Ángeles Domínguez y Rodríguez, en contra de los actos y de las autoridades que precisadas quedaron en el considerando tercero, incisos a) y b) del fallo que se analiza." Acúsese recibo. Toda vez que la sentencia del tribunal de alzada no admite recurso alguno, es evidente que causa ejecutoria por ministerio de ley. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. II. Se requiere cumplimiento de sentencia. Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por conducto de su titular, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual deberá: A. Llevar a cabo la identificación del denunciante, y haga del conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación respectiva, como lo prescribe el artículo 192 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. B. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, continúe con el procedimiento de denuncia popular con número de expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0031-2020 de su índice, en términos de lo previsto en los artículos 193 a 204 y demás relativos que resulten aplicables de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; en el entendido que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, podrá efectuar las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la mencionada denuncia, por el posible delito ambiental en el predio ubicado en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, en el Estado de Quintana Roo, particularmente en las coordenadas 20° 20' 45.66" LN y 87 0 20' 21.40" LO y 200 20' 59.23" LN y 87° 20' 14.9" LO. C. Remitir a este órgano jurisdiccional fotocopia certificada de las constancias que acrediten el acatamiento al fallo protector. Con el apercibimiento para la referida autoridad que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." De igual manera, se comunica a la autoridad requerida que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.
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