Araceli Cuellar Herrera
Expediente 555/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 48 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Araceli Cuellar Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a las partes quejosa y tercera interesada mediante acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado sobreseyó y concedió la protección constitucional a la parte quejosa, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el recurso de revisión 134/2021 con fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, razón por la cual se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, diera cumplimiento a la sentencia de mérito la cual había sido concedida para el siguiente efecto: "1. Deje sin efectos el acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 06/2012-B, de su índice. 2. En cumplimiento a la presente resolución, dicte un nuevo acuerdo en el cual: a) Reitere las consideraciones expuestas en el acuerdo reclamado ajenas a la presente concesión. b) En relación a la petición de la parte actora y a fin de acordar la misma, gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el único efecto de que informe las cuentas y saldos que encuentre a nombre del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala. 3. Hecho lo anterior, con la respuesta que otorgue la aludida comisión, dé vista a las partes y, en caso de no acreditarse que los fondos proceden de recursos públicos, se acuerde lo procedente conforme a derecho respecto al embargo solicitado". Por lo anterior, mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo las constancias con las cuales acreditó haber dejado sin efectos el acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve dictado en el expediente laboral 06/2012-B, de su índice. En razón de lo anterior, y una vez proporcionada la información por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a las cuentas y saldos que localizó a nombre del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, el Tribunal responsable, remitió copia certificada del acuerdo de nueve de agosto del año en curso, donde se determinó trabar embargo sobre diversas cuentas bancarias del ayuntamiento demandado, al no haberse acreditad que se encuentran exceptuadas de embargo de acuerdo a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. Se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitió la autoridad responsable en copia certificada se advierte que, en efecto la responsable, mediante oficio 2088/2021 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se informó que dejó sin efecto el acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, procediendo en lo posterior, y con la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a decretar el embargo de cuentas. Sin que sea obstáculo a lo anterior las manifestaciones vertidas por ******, apoderado legal de ******, parte quejosa, en el sentido de que los efectos concesorios del amparo también se extendieron por diverso actor en el procedimiento de origen, dado que la autoridad responsable también le dio vista con las cuentas obtenidas de la demandada, lo que a su parece, desatiende lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Amparo. Se afirma que no se contraviene lo determinado, por una parte, en atención a que el actuar que se destacó de la responsable no se advierte desatienda los efectos relativos a la sentencia de amparo. Por otro lado, conforme a la naturaleza del procedimiento de origen, debe tenerse en cuenta que en esa sede impera el principio de adquisición procesal y que cualquier elemento -sea directo o indirecto- que obre en el asunto, dada la etapa en que se desarrolla, puede influir en las pretensiones de las partes, aun cuando hubieran sido ofrecidas por diversa parte; ello, pues las pruebas ofrecidas en el juicio laboral no pertenecen a quien las aporta y, por ende, no puede sostenerse que sólo a éste beneficien; de ahí que se estime que, para el caso concreto, no se está ante un indebido o defectuoso cumplimiento de la sentencia de amparo. Orienta lo anterior, el criterio sustentado por Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, enero de 2018, Tomo IV, página 2215, con registro 2015932, que dice: "PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA LABORAL. LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL JUICIO NO SÓLO BENEFICIAN A SU OFERENTE, SINO A LAS PARTES QUE PUEDAN APROVECHARSE DE ELLAS. Atento al principio de comunidad o adquisición procesal en materia laboral, cualquier prueba -ya sea directa o indirecta- que obre en el proceso, influye en las pretensiones de las partes, aun cuando hubieran sido ofrecidas por la contraparte del oferente; es decir, las pruebas ofrecidas en el juicio laboral no pertenecen a quien las aporta y, por ende, no puede sostenerse que sólo a éste beneficien, puesto que, una vez introducidas legalmente al proceso, deben considerarse para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refieren, sea que resulte en beneficio de quien las ofreció o de la parte contendiente, que bien puede invocarlas, ya que, de acuerdo con el principio citado, las pruebas no sólo benefician a la parte que las ofrece, sino a las demás que puedan aprovecharse de ellas, lo cual obedece a la naturaleza jurídica del proceso (que es un todo unitario e indivisible). Así, las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los del colitigante; de ahí que las Juntas estén obligadas a examinar y valorar las que obran en autos, a fin de deducir la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable, sin importar quién las ofreció, en razón de que, una vez desahogado el medio de convicción, ya no pertenece a las partes, sino al proceso, con la aclaración de que el juzgador debe atender la forma en que fueron ofrecidas y desahogadas legalmente, lo que significa que si una prueba no está ofrecida, admitida y desahogada conforme a derecho, presentará un vicio de origen que no podrá generar derecho alguno en favor de una de las partes." En cuanto a la falta de remisión de la evidencia por parte de la responsable en el sentido que se generó la solicitud de embargo a la institución correspondiente; cabe indicar, que en los lineamientos de la sentencia de amparo, ello no forma parte de los efectos que le fueron requeridos, pues conforme a su punto número tres, únicamente se le constriñó en el sentido de que "con la respuesta que otorgue la aludida comisión, dé vista a las partes y, en caso de no acreditarse que los fondos proceden de recursos públicos, se acuerde lo procedente conforme a derecho respecto al embargo solicitado" Por tanto, es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y de forma electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio y anexo del Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de ocho de agosto del año en curso, remite copia certificada del acuerdo del día nueve anterior, dictado en el expediente laboral 06/2012-B, donde se advierte que trabó formal embargo sobre las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, al no acreditar la parte demandada en el juicio de origen que se encuentran exceptuadas de embargo. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por el término de tres días computados legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que, mediante proveído de veinticuatro de junio del año en curso, se remitió al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la información proporcionada por el Coordinador de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con respecto a las cuentas y saldos que localizó a nombre del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, sin que a la fecha se advierta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la junta responsable para que en el plazo de tres días, remita las constancias en las que se observe el cumplimiento al punto número tres de los efectos concesorios del amparo, mismo que a la letra dice: "3. Hecho lo anterior, con la respuesta que otorgue la aludida comisión, dé vista a las partes y, en caso de no acreditarse que los fondos proceden de recursos públicos, se acuerde lo procedente conforme a derecho respecto al embargo solicitado". Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por el importe de cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, misma que sustituyó al salario mínimo general vigente diario para todo el país, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cantidad que se traduce en $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional), pues según lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $96.22 (noventa y seis pesos veintidós centavos, moneda nacional), ello dada la notoria dilación al acatar el fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el sobre que contiene el oficio 20266/2022, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual es devuelto con una inscripción que dice "REHUSADO POR OFICIALIA", sin que haya lugar a ordenar su reenvío, toda vez que por auto de veinticuatro de junio del año en curso, la citada autoridad dio cumplimiento al requerimiento efectuado. Notifíquese.
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