Araceli Cruz González

Expediente 392/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
392/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Margarita Ambrosio Amezcua
  • Araceli Cruz González
  • Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de los Reyes, Michoacán
  • Juan Jose Flores Álvarez
  • Yolanda Araceli Flores Prado
  • Ma. del Carmen Cendejas Ortiz
  • Enedina García Chávez
  • JUAN JOSE FLORES ÁLVAREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En cuatro de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo en la que se sobreseyó el asunto, sin que lo hubiere hecho, transcurrió del veinte de septiembre al tres de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificado el dieciocho de septiembre del año en curso.********************Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente.********************Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de octubre de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************3. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS.********************De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el presente cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. ********************4. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del referido acuerdo.********************De conformidad con el artículo 20, primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, así como el incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el trece de junio del presente año, por buzón judicial, Juana Álvarez Herrera, Ebodio Flores Hernández, María del Carmen Prado Ávila, Yolanda Araceli Flores Prado, Ma del Carmen Cendejas Ortiz, Rosa Liberto González, Araceli Cruz González, J. Jesús Torres Reyes, Enedina García Chávez, Martín Islas Gutiérrez, Mayra Verenice Islas García, Miguel Sánchez Ochoa, Teresa Govea Ambrosio, Margarita Ambrosio Amezcua, Yolanda Morales García, María Lidia Apolinar Molina, Magdalena Ruiz Santillán, Trinidad Apolinar Molina, Patricia Pulido Heredia, Carmen Francisco Mendoza, Flora Cuevas Prado, María Esperanza Prado Blancas, Aurora Tinajero Valencia, Claudia Gabriela Ramírez Cuevas, Verónica Barragán Barragán, Karla Andrea González Méndez, Librado Santos Ventura, Sara Erika González Méndez, Verónica Domínguez Pineda, Cristina González Martínez, José Navarro Ceja, Miguel Ángel Estrada Francisco, Ma de Jesús Torres Morales, José Luis Martínez González, Víctor Alfonso González Mondragón, Feng Xiaojun y Antonio Ramírez Martínez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos de las autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES - Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Los Reyes de Salgado y, - Director de Obras Públicas y Urbanismo del Municipio de Los Reyes de Salgado. Ambas autoridades mencionadas del Estado de Michoacán de Ocampo. "lV.- ACTO RECLAMADO A. De las ordenadoras: El ordenar y ejecutar el desalojo ilegal de nuestros comercios ambulantes fijos y semifijos, derecho del cual venimos ejerciendo al uso de suelo para actividades económicas desde hace ya 25 veinticinco años, por haber lo así autorizado o concedido la administración pública municipal en turno en aquellos años, puestos y/o comercios ubicados en la zona centro y al exterior del mercado municipal "18 de marzo" del municipio de Los Reyes, Michoacán. B De las ejecutoras: El intento de ejecución del desalojo ilegal, sin alguna orden que medie por escrito o sentencia debidamente ejecutoriada por tribunal competente, de nuestros comercios ambulantes fijos y semifijos" (Sic) La parte quejosa precisó que se violaron los derechos reconocidos en los artículos 1°, 5°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Previas prevenciones, mediante proveído de cinco de julio del año en curso, este Juzgado admitió a trámite la demanda, bajo el número 392/2023, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, es legalmente competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto puede tener ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo y Director de Obras Públicas y Urbanismo del municipio antes mencionado:  La orden y ejecución del desalojo de los comercios ambulantes fijos y semifijos, ubicados en la zona centro y al exterior del mercado municipal "18 de marzo" del municipio de Los Reyes, Michoacán, sin que exista alguna orden que medie por escrito o sentencia debidamente ejecutoriada por tribunal competente, de nuestros comercios ambulantes. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que, las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas con relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En relación con el acto materia del presente considerando, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, las responsables Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo y Director de Obras Públicas y Urbanismo del municipio antes mencionado, negaron categóricamente la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama en esta vía; sin que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa desvirtúen dicha negativa. En efecto, con su escrito de demanda, la parte quejosa exhibió prueba documental consistente en: a) Copia cotejada del acuerdo de catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos, suscrito por el entonces Titular del Departamento de Trabajo y Previsión Social, del Gobierno del Estado de Michoacán. b) Padrón de la Unión "Benito Juárez" de Puestos Fijos y Semifijos de la Zona Centro y Exterior del Mercado 18 de Marzo de Los Reyes, Michoacán, de fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y dos, c) Identificación a nombre de Juana Álvarez Herrera, como secretaria general de la Unión Mutualista de Comerciantes en Pequeño de puestos Fijos y Semifijos de la Zona Centro y Exterior del mercado 18 de marzo de Los Reyes "BENITO JUÁREZ", con número de registro número 1636. d) Ocho recibos de formatos de pago identificados con los números B176615, B198210, B195772, B196147, B210385 B198516, B276328 y B162980, por la cantidad de $5.00 (cinco pesos 00/100 moneda nacional) por derecho de vía pública por mercados, en favor de la Hacienda Municipal del Gobierno de Michoacán de Ocampo. e) Identificaciones expedidas en favor de algunos de los quejosos, por parte del entonces Instituto Federal Electoral y actualmente Instituto Nacional Electoral. Medios de prueba que, valorados en términos de los artículos 129, 197 202 y 217, únicamente resultan aptos para acreditar que los quejosos se encuentran empadronados dentro de la Unión de Comerciantes en Pequeño de Puestos Fijos y Semifijos de la Zona Centro y Exterior del Mercado 18 de Marzo, de Los Reyes, Michoacán, "BENITO JUÁREZ", cuya organización quedó registrada ante el Departamento del Trabajo y previsión Social del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, desde el catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos; asimismo, que se encuentra inscritos en el padrón del Registro Federal de Electores; que dicha organización la preside Juana Álvarez Herrera y, finalmente, que en determinada época, la Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, expidió formatos para el pago de un impuesto por el uso de la vía pública, por concepto de "Mercados". Sin embargo, tales documentos resultan ineficaces para demostrar la existencia de los actos reclamados, esto es que las autoridades responsables hayan ordenado el desalojo de los comercios ambulantes fijos y semifijos, ubicados en la zona centro y al exterior del mercado municipal "18 de marzo" del municipio de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, de ahí que no se haya desvirtuado la negativa que de los actos reclamados hicieran las autoridades responsables. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juana Álvarez Herrera, Ebodio Flores Hernández, María del Carmen Prado Ávila, Yolanda Araceli Flores Prado, Ma del Carmen Cendejas Ortiz, Rosa Liberto González, Araceli Cruz González, J. Jesús Torres Reyes, Enedina García Chávez, Martín Islas Gutiérrez, Mayra Verenice Islas García, Miguel Sánchez Ochoa, Teresa Govea Ambrosio, Margarita Ambrosio Amezcua, Yolanda Morales García, María Lidia Apolinar Molina, Magdalena Ruiz Santillán, Trinidad Apolinar Molina, Patricia Pulido Heredia, Carmen Francisco Mendoza, Flora Cuevas Prado, María Esperanza Prado Blancas, Aurora Tinajero Valencia, Claudia Gabriela Ramírez Cuevas, Verónica Barragán Barragán, Karla Andrea González Méndez, Librado Santos Ventura, Sara Erika González Méndez, Verónica Domínguez Pineda, Cristina González Martínez, José Navarro Ceja, Miguel Ángel Estrada Francisco, Ma de Jesús Torres Morales, José Luis Martínez González, Víctor Alfonso González Mondragón, Feng Xiaojun y Antonio Ramírez Martínez, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    En veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que mediante oficio 1249/2023 diez de abril de dos mil veintitrés, al Titular de este Juzgado de Distrito le fue otorgada licencia del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, por parte de la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal.********************Asimismo, mediante oficio CCJ/ST/1550/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Secretaría Ana Bertha Bravo Duarte, se encuentra facultada para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente en el periodo indicado. ********************Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe.********************Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, dentro del presente juicio de amparo. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.********************LICENCIA DEL TITULAR Y DIFERIMIENTO. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que al Titular de este Juzgado de Distrito le fue otorgada licencia del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, por parte de la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo que la Secretaria encargada del despacho únicamente se encuentra facultada para practicar diligencias, dictar providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, según lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no así para dictar resoluciones de fondo.********************En ese contexto, se difiere la audiencia constitucional programada para este día, señalándose en su lugar las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo de la licencia personal concedida al titular de este órgano jurisdiccional del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1550/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la carrera judicial; quien actúa asistida de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    En tres de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con dos oficios recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo los folios 9964 y 9965. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de agosto de dos mil veintitrés.********************1. INFORMES JUSTIFICADOS. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo y Director de Obras Públicas y Urbanismo del municipio antes mencionado, rindiendo su informe justificado, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional.********************2. DELEGADOS Y DOMICILIO. Además, con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables, designando delegados a las personas que mencionan y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en sus oficios de cuenta.********************Asimismo, téngaseles proporcionado el correo electrónico y el número telefónico que refieren en sus oficios de cuenta, por tanto, manténganse bajo resguardo estos datos, a fin de que sean utilizados como medio especial y expedito de contacto.********************3. USUARIO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Ahora, como lo solicitan las autoridades y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones recaídas en autos, la sentencia que se dicte, así como las subsecuentes que deriven del presente asunto a través del usuario "Rcalzada"; para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darle de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico.********************4. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, a fin de dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido de los informes justificados, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.****************************************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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