Araceli Coronel Flores

Expediente 538/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
538/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Araceli Coronel Flores
  • Araceli Coronel Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    III.- Visto el estado de autos, que se consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); como se encuentra ordenado en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva este incidente, se advierte que se ordenó el archivo de ese expediente como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el punto 7.5, numeral 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al encontrarse el original del incidente de suspensión por separado del juicio de amparo del que deriva, se procede a otorgarle su correspondiente clasificación, tratamiento y destino. De conformidad con el artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que el incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso c), del instrumento de referencia; por tanto, es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, como lo establecen los párrafos primero y penúltimo del artículo 21, y diversos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, por lo que hace al duplicado, procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  2. Principal

    III.- Vista la primera certificación que antecede, se advierte que ninguna de las partes legitimadas para tal efecto, interpuso el recurso de revisión dentro del término previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, una vez que obren las constancias de notificación de este auto, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que el juicio de amparo en que se actúa se ubica en la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del instrumento de referencia; por tanto, es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, procédase a la destrucción del presente expediente, dentro de los treinta días siguientes, como lo establecen los párrafos primero y penúltimo del artículo 21, y diversos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que regula el artículo 15, del referido instrumento. Por otro lado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 7.5, numeral 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original del incidente de suspensión se conserva por separado del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, acuérdese lo conducente en la referida incidencia, a efecto de otorgarle su correspondiente clasificación, tratamiento y destino.

  3. Principal

    III.- Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa, en proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, para que recogiera y acreditara haber entregado los edictos que a su costa se publicarían para emplazar a la tercera interesada... sin que así lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo en cita, y se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Ello, en virtud de que, ante la imposibilidad para emplazar a la citada tercera interesada, una vez agotado el medio de investigación a que se refiere la fracción III, inciso b), del artículo 27 Ley de Amparo, para su localización, por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, se ordenó emplazarla por medio de edictos, a su costa. Sin embargo, la parte quejosa no se pronunció al respecto, no obstante que se le requirió para que dentro del término de veinte días, legalmente computados, se presentara en el local de este juzgado federal a efecto de recoger y acreditar haber entregado los edictos que a su costa se publicarían; lo anterior, tomando en consideración que dicho término se concedió a partir del día siguiente al en que surtió efectos el diverso por el que se pusieron a su disposición, lo que le fue ordenado notificar por medio lista el dos de agosto del año en curso, lo que se efectuó el tres de ese mes y año; con el apercibimiento que de no acreditar los trámites respectivos, en el término indicado, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo; lo cual evidencia su desinterés para localizar a la parte tercero interesada de referencia. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, dispone... El derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, lo que estará en contravención con el precepto constitucional aludido. Del texto del artículo 17 Constitucional, se desprende que el derecho fundamental consagrado garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, ya que los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí. Atento a lo expuesto, es dable sostener que la impartición de justicia para que sea expedita, no puede obstaculizarse como en el caso, con la falta de interés de parte quejosa, pues ello denota su intención de paralizar el procedimiento, cuando debe prevalecer lo ordenado por la Constitución, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetas las garantías individuales que ella otorga. Por ello, la reserva de ley en virtud de la cual el referido precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador ordinario la facultad de reglamentar el derecho de la justicia de manera discrecional, sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se paraliza el procedimiento jurídico ante la inactividad de una de las partes para la prosecución del proceso; es decir, si en el presente juicio de amparo la parte quejosa no acreditó haber recogido y entregado los edictos que a su costa se publicarían en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, a fin de lograr el emplazamiento de la tercera interesada... implica la obstrucción o entorpecimiento de la función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual, indefectiblemente contraviene el precepto constitucional en mención. Por otra parte, los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente... Del precepto transcrito se colige que: a) El emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal; b) Cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, el órgano dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable el que ante ella hubiera señalado; c) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Atento a lo expuesto, resulta inconcuso que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe emplazarse a juicio al tercero interesado, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Al respecto, se debe tomar en consideración que los artículos 5º, fracción III y 63, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente... De estos preceptos legales se advierte claramente, por cuanto hace al precepto 63, en su fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé como causa de sobreseimiento del juicio de amparo el hecho de que la parte quejosa, una vez requerida para tal efecto, no comparezca a recoger los edictos o exhiba, en su caso, ante el juzgador de amparo la publicación de éstos para emplazar a juicio a la parte tercero interesada. En este sentido, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no recoger ni acreditar haber entregado los edictos, para emplazar a juicio a la multicitada tercera interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no observarse, imposibilita que la juzgadora de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; de ahí, que se actualice la causa de sobreseimiento prevista. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27, de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio de la parte tercera interesada, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a la parte tercero interesada; en esta hipótesis si se advierte, una vez admitida la demanda de amparo, que no se conoce el domicilio de la citada tercera interesada, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, se insiste, dictará las medidas pertinentes para investigarlo como sucedió en el asunto y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento de la parte tercero interesada por medio de edictos, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa recoja y publique los edictos respectivos, pues el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional; por ello, en atención a la posición jurídica que guarda un tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, el emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En tales circunstancias, toda vez que se agotaron los medios de investigación para obtener el domicilio de la tercera interesada... sin éxito y que, no obstante, mediante proveído de dos de agosto del año en curso, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que se dejaron a su entera disposición en el local de este juzgado, los cuales en momento alguno fueron recogidos; por ello, se concluye que, en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse emplazado a la referida tercera interesada, se incumple el presupuesto procesal consistente en la garantía de audiencia, lo que a su vez, provoca que quien suscribe no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por tanto, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia II.2o.C.J/27, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de dos mil diez, página mil ochocientos sesenta y ocho, novena época, de rubro y texto... De igual forma, es aplicable al caso, la tesis XIV.1°.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice... Lo anterior, atendiendo al contenido de la jurisprudencia número 2a./J.108/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXII, agosto de dos mil diez, materia común, página cuatrocientos dieciséis, cuyos texto y rubro establecen... Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    III.- VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS, SE ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA TRANSCURRIENDO EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA EN PROVEÍDO DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA QUE COMPAREZCA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO A RECIBIR LOS EDICTOS PARA EMPLAZAR A JUICIO A LA TERCERA INTERESADA... Y REALICE LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PARA SU PUBLICACIÓN; EN CONSECUENCIA, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA ESTA FECHA Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA SU CELEBRACIÓN. HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. POR OTRA PARTE, AGRÉGUESE ÚNICAMENTE COMO CONSTANCIA LEGAL EL OFICIO DE CUENTA, SIGNADO POR EL APODERADO LEGAL DE TELÉFONOS DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE NO LOCALIZÓ REGISTRO ALGUNO A NOMBRE DE LA TERCERA INTERESADA... LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE EN ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE TUVO POR RECIBIDO DIVERSO COMUNICADO CON SIMILAR CONTENIDO Y SE ACORDÓ LO CONDUCENTE.

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