Araceli Cervantes Briones
Expediente 597/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Araceli Cervantes Briones
- Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio y anexo signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 140/2019; en consecuencia, comuníquese a la parte quejosa que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Araceli Cervantes Briones por propio derecho, y el punto resolutivo de la ejecutoria en cita establece lo siguiente: "UNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Asimismo, se le tiene devolviendo las copias certificadas del juicio de amparo 597/2019-VIII de este índice, las cuales fueron enviadas para la tramitación del referido recurso; en consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo de estilo. Se ordena archivo. En tal virtud, en relación a las copias certificadas que devuelve la superioridad, se ordena la destrucción de las mismas. Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Devolución de documentos Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Araceli Cervantes Briones, en contra del auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, dictado por este Juzgado de Distrito, mismo que fue registrado con el número del recurso de queja 140/2019, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Araceli Cervantes Briones, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 16 a 21), mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, copia certificada del presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado que se desechó la demanda de amparo; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, una vez notificado este proveído a la parte promovente, remítase copia certificada del juicio de amparo en que se actúa al citado Tribunal Colegiado.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de julio de dos mil diecinueve. Radicación demanda de amparo Vista la demanda de amparo promovida por Araceli Cervantes Briones, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 597/2019-VIII. Desechamiento de demanda Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: ".a) La falta de notificación de las actuaciones promovidas a partir del acuerdo de fecha diez de enero del año dos mil dieciocho y notificada el día dieciséis de ese mismo mes y año. b) La falta de notificación personal de auto o proveído en el que se conceda a los suscritos el derecho para nombrar perito de nuestra parte para valuar el bien inmueble de mi propiedad, como lo establece la legislación comercial aplicable. c) La ilegal convocatoria de fecha veintisiete de junio del año en curso en donde se ordena anunciar en primera Almoneda de remate del bien inmueble de mi propiedad, dictado dentro del expediente mercantil número 160/1993 de los del índice de las autoridades responsables." Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Asimismo, se indica que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere la dejaron sin defensa. Es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Expuesto lo anterior, es evidente que los actos reclamados consistentes en las faltas de notificación de los autos a partir del diez de enero de dos mil dieciocho, del proveído en el que se concede a la aquí quejosa el derecho para nombrar perito para valuar el bien inmueble de su propiedad; así como la convocatoria de veintisiete de junio del año en curso en donde se ordenó anunciar la primera almoneda dicho bien inmueble dentro de los autos del expediente mercantil 160/1993, del índice del juzgado responsable, pertenecen a aquellos actos dictados dentro de la fase propia de la ejecución de la sentencia, debido a que invariablemente traen como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución. En efecto, dichos actos no pueden considerarse dentro de los supuestos de excepción precisados pues, por un lado, la finalidad de los mismos es que se publique la primera almoneda, por lo cual se puede afirmar que es un acto que dada su naturaleza es de aquellos considerados dentro de la regla general (que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que lo pretendido por la parte quejosa es que se materialice un remate a fin de ejecutar la sentencia dictada en el expediente de origen. Por ello, no puede considerarse dentro de los casos de excepción, ya que la característica propia de ellos es que no tengan el propósito antes señalado. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que no procede el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia aunque se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, sino hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución, menos aún podría admitirse la procedencia del amparo contra un acto netamente procesal. Lo anterior lleva a concluir que no procede el amparo indirecto, sino que ésta debe reclamarse a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese periodo, vía conceptos de violación. Aunado a ello, debe decirse que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, en la medida que no atenta por sí mismos y de manera inmediata, contra algún derecho sustantivo constitucional o convencional, como a guisa de ejemplo lo son la propiedad, la posesión, la libertad, la vida, entre otros. Por el contrario, es notorio que sus efectos son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son susceptibles de extinguirse sin generar menoscabo alguno al gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo anterior es así, porque como quedó precisado desde el inicio de esta determinación, la solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio natural, de ahí que ésta vinculada a su cumplimentación. Es aplicable al caso, por analogía la tesis II.2o.C.389 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1721 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Por el motivo expuesto, queda evidenciado que los actos reclamados en esta vía de amparo constituyen una actuación intermedia emitida dentro del periodo de ejecución de sentencia; por lo que no puede ser combatidos a través del juicio constitucional, al no constituir la última resolución dentro del mismo, pues no es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, o en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Sin que en el caso se advierta la actualización de una excepción a dicha regla, ya que esta sólo opera en el supuesto de aquellas resoluciones intermedias, dictadas en el procedimiento de ejecución que sí pueden ser combatibles a través del juicio de amparo, en virtud de que, según su naturaleza, no implican la ejecución parcial de lo condenado y poseen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada, sea porque creen o modifiquen un derecho en el procedimiento de ejecución, y por ende, puedan ocasionar un perjuicio inmediato, como a guisa de ejemplo son: la orden de arresto dictada como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes, o la interlocutoria que fija cantidad líquida. Como criterio orientador se cita la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 644 del Apéndice de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Novena Época, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por tanto, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Sin que pasen inadvertidos los criterios citados por la parte quejosa en su escrito de demanda, puesto que por cuanto hace al primero de ellos, no se actualiza su aplicación ya que en el caso se estima que los actos reclamados no afectan de manera directa derechos sustantivos de la promovente y por cuanto hace a los restantes, corresponden a criterios aislados los cuales no resulta obligatoria su aplicación. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que la misma señala los estrados de este juzgado, lo que propiamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jannet Bautista Vásquez, Carlos Ignacio León Tzompantzi, Andrea Luna Rojas y Saired Saldaña Muñoz, por no contar registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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