Araceli Campos Uribe

Expediente 544/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
544/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
19/05/2017

Partes del expediente

  • Araceli Campos Uribe

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se desprende . . . se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO . . . archívese este asunto como total y legalmente concluido. . .

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Araceli Campos Uribe, quien refiere promover por propio derecho y en representación de su hermano de nombre Hernando Campos Uribe, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 107, 108 y 114 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el expediente que corresponde bajo el número 544/2017-V. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda, pues en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. En ese orden de ideas, en el caso concreto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 6, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la última parte del primer párrafo del mencionado artículo 6, se desprende que además de la persona a quien afecte el acto reclamado, el Juicio de Amparo podrá promoverse por cualquier persona en los casos que la propia ley dispone, tratándose de la materia penal, el diverso artículo 14 de la misma Ley de Amparo, prevé: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión." Por su parte, el diverso artículo 15 de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que éste pueda ser interpuesto por cualquier persona a nombre del quejoso, en los supuestos ahí señalados, al disponer: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De los numerales en cita, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte agraviada, pudiendo hacerlo por sí, o por su representante, con las excepciones que establece dicho dispositivo, así como que el juicio de amparo es improcedente, en tanto resulte de alguna disposición de la ley de la materia. Lo anterior es así, en la medida que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo es el de agravio personal y directo, contemplado esencialmente en el artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es el siguiente: "ARTICULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Sin embargo, la demanda de amparo que nos ocupa, la signa Araceli Campos Uribe, quien refiere promover por propio derecho y en representación de su hermano de nombre Hernando Campos Uribe, mediante la cual reclama de manera destacada la privación de la libertad de éste último, con motivo de un proceso penal que se sigue en su contra, así como la violación al debido proceso y defensa adecuada, en su perjuicio, dentro de los actos emitidos durante la sustanciación de dicho proceso penal. Esto es, el reclamo de quien promueve la demanda de amparo que nos ocupa, consiste en diversas actuaciones dentro de un proceso penal que se sigue ante las autoridades responsables, en contra de Hernando Campos Uribe, quien no firma dicha demanda de amparo. Lo cual evidencia la causa de improcedencia antes mencionada, pues de los preceptos transcritos con anterioridad, se infiere con claridad que para la procedencia del juicio de amparo, es menester que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente. Lo que en el caso no ocurre, toda vez que los actos reclamados por quien promueve la demanda de amparo, en favor de una diversa persona, no se encuentran en los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales cualquier persona puede presentar a nombre del directo quejoso la demanda de garantías, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el directamente agraviado se encuentre imposibilitado para promover amparo. En este sentido, la promovente de la demanda de amparo, carece de legitimación para promover el juicio de garantías a nombre de Hernando Campos Uribe, además que de la lectura íntegra del escrito de demanda, no se advierte que Araceli Campos Uribe, manifieste tener el carácter de su defensora dentro de la causa penal que se le sigue, únicamente refiere ser familiar del quejoso; por lo cual, tampoco demuestra ser titular de un derecho subjetivo para promover por propio derecho, respecto de los actos que hace consistir en la privación de la libertad de Hernando Campos Uribe, con motivo de un proceso penal que se sigue en su contra, así como la violación al debido proceso y defensa adecuada, dentro de los actos emitidos durante la sustanciación de dicho proceso penal. Tampoco hace la precisión de que tenga reconocida la personalidad en los autos de la averiguación previa o de la causa penal de la cual derivan los actos que reclama, ni acompaña algún instrumento, poder notarial, o un documento legal diverso en el cual se le faculte para promover a nombre de Hernando Campos Uribe. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, en términos del artículo 113 de la misma Ley,. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Con apoyo en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, ante lo inexacto del domicilio que señala en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, al no acreditar ante este Juzgado, estar debidamente facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. Por otro lado, de conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.

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