Araceli Caldera Perez

Expediente 2658/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2658/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Araceli Caldera Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1727/2023, promovido por ****, por propio derecho, contra el acto que reclama del Director de Atención a Afiliados, Pensionados y Beneficiarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y otra autoridad. En la inteligencia de que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. De igual forma, en términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las once horas con treinta y dos minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Intervención a las partes en el incidente de suspensión. Parte quejosa. a) Domicilio y autorizados. Téngasele designando como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda; además, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isaías Alonso Sánchez, Lizle Paola Mendoza Contreras, María Magdalena Pineda Murillo y Bryan Ulises Morales Pineda, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que no están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. b) Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 2. Autoridades responsables. a) Informe previo. Con fundamento en la fracción III del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual podrán remitir vía electrónica al correo oficial de este Juzgado: 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole para ello copia de la demanda de amparo, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. Hágase saber a las responsables que si es su deseo ofrecer alguna prueba documental, lo hagan por la misma vía electrónica. En el entendido de que se considere que constituye información confidencial y reservada, se realice en el mismo comunicado pero en diverso archivo adjunto, además se deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, esto es, bajo su más estricta responsabilidad realice la supresión de datos que estime necesaria, para el mejor resguardo de la información. b). Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, incidente de suspensión o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). 3. Tercero interesado. Sin que se reconozca el carácter de tercero interesado a persona alguna, dada la naturaleza del acto reclamado. 4. Representación social. Notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia de la demanda de amparo, escrito de desahogo de prevención y del presente acuerdo; para lo cual, se comisiona al actuario de la adscripción a que haga entrega de los mismos, debiendo asentarse en la notificación correspondiente. IV. Fijación del acto reclamado y efectos de la suspensión. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita; por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y para efectos de la presente suspensión, se aprecia que señala como tal, esencialmente: Aplicar los artículos 123, 127 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, dentro del oficio DAAPB/1779/2023, de trece de junio de dos mil veintitrés. La negativa de liquidar el crédito hipotecario 312001259. Que se dejen de aplicar los descuentos a la nómina del quejoso con motivo del crédito de marras. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se dejen de aplicar los descuentos a la nómina del quejoso con motivo del crédito de marras. Por lo que la suspensión se limitará al estudio de dichos efectos. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: 1) Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. En su fase provisional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado que las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo sobre la existencia de los actos generan una presunción sobre su certeza, al ser los únicos elementos con que se cuenta para resolver 2) Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta con el interés suspensional se prueba de forma indiciaria. 3) Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4) Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, no es factible conceder la suspensión si se concluye que el perjuicio al interés social o al orden público es de mayor entidad que los daños y perjuicios que puede sufrir el quejoso con los efectos del acto reclamado. En ese sentido, respecto al acto reclamado en concreto, en que se dejen de aplicar los descuentos a la nómina del quejoso con motivo del crédito de marras, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que NO se encuentran reunidas todas las condiciones necesarias para la concesión de la suspensión provisional. Ello dado que si bien es cierto los dos primeros requisitos se encuentran acreditados, lo cierto es que los dos restantes no se cumplen, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir a la parte quejosa el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Bajo ese contexto normativo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional del acto reclamado, ello en atención a los siguientes razonamientos: Toda vez que no se satisface la condición legal prevista en el numeral 128, fracción II de la Ley de Amparo, esto es, que con su eventual concesión no se vulneren disposiciones de orden público. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la tesis 8, visible en el Informe 1973, Parte II, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.- De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". (Lo destacado es propio). Pues bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. Tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos cuarenta y tres, del tomo VI, Parte SCJN, del apéndice mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima Época: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Asimismo, se invoca la jurisprudencia I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página trescientos ochenta y tres, del tomo : V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que por rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". Asimismo, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, en el caso se estima que sí se afecta el orden público y el interés social con la concesión de la medida cautelar impetrada, porque se perjudicaría a la sociedad. Aunado a que, además, respecto a dicho acto no es factible conceder la suspensión para los efectos solicitados, en virtud de que de concederse dicha medida cautelar en esos términos, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que constituyen los actos reclamados, según se advierte del escrito de demanda y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo, en el juicio de amparo, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, los actos reclamados afectan derechos de la parte quejosa e implican alguna violación de garantías; de ahí que no sea procedente en la presente incidencia conceder la suspensión solicitada. Por ende, resulta inconcuso que en estos momentos no es dable analizar los motivos por los que pretende la parte quejosa obtener la suspensión de los actos reclamados, porque constituyen materia del fondo del asunto, y no es dable tampoco un examen preliminar, porque tal examen no es somero, sino que para llegar a determinarlo, ha menester realizar un análisis más profundo que definitivamente corresponden a la sentencia de amparo. Es aplicable la jurisprudencia por reiteración 1162, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte HO, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo. Por tanto, se insiste, no es posible otorgar la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo, sería otorgarle efectos constitutivos con los que se dejaría sin materia el juicio, debido a que los efectos de la suspensión coincidirían exactamente con los de una eventual sentencia concesoria de amparo. En mérito de lo antes expuesto, es que, como se anticipó, se niega la suspensión provisional de los actos reclamados. VI. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. VIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. IX. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano