Araceli Bravo Ayala

Expediente 405/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
405/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Araceli Bravo Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo del presente expediente, sin que se proveyera respecto a la devolución de las copias certificadas del juicio civil 814/2015 del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, con sede en esta ciudad, que remitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al haberse declarado legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo directo 322/2021, de su índice. En consecuencia, mediante oficio devuélvanse las aludidas constancias al Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, con sede en esta ciudad, sin necesidad de que acuse de recibido, toda vez que en la constancia de notificación correspondiente se deberá hacer constar que la entrega de dichas documentales.

  2. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta con el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, registrado con el folio 11411Conste. Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, téngase por recibido y agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual, devuelve diligenciado, el exhorto 123/2021, orden 252/2021, de la estadística de este juzgado. FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 Sin que sea necesario acusar recibo dado que fue generado por el propio sistema electrónico. Dese de baja la citada comunicación y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356 y 357, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que CAUSA ESTADO el auto de referencia para todos los efectos legales correspondientes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura FERNANDO DE JESÚS AGUILAR VILLALOBOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.94 19/01/23 11:37:45 Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, previo aviso a la Dirección General de General de Archivo y Documentación. Posterior, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el artículo 29 del Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual, en cumplimiento al auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno dictado dentro del amparo directo 322/2021, promovido por Aracely Bravo Ayala, contra acto del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula y otro, remite al haberse declarado legalmente incompetente, para conocer de la misma, por las razones que manifiesta; un cuaderno que contiene el original y copias de la demanda de amparo promovida por la mencionada CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 impetrante, constancias de emplazamiento del tercero interesado, informes justificados y demás actuaciones de integración hechas por el Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, así como copias certificadas del juicio civil 814/2015, con lo último fórmese un cuaderno de pruebas por separado, respetando los folios que contienen dichas constancias y déjense en la secretaría de este juzgado. En ese sentido, por cuanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo y resolver del juicio de amparo de referencia, con lo dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Amparo, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL SE ABOCA AL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por consiguiente, con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 405/2021. Ahora bien, previo a determinar la procedencia del juicio constitucional, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que esencialmente el acto reclamado consiste en el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno dictado en la ejecución de la sentencia definitiva relativa al juicio de modificación de convenio de guarda y custodia, promovido en la vía de controversias del orden CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? familiar 814/2015, específicamente sobre la convivencia ordenada de la menor de iniciales E.N.R.B con el progenitor Antonio Ramírez Maza. La anterior determinación se precisa con apoyo en la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Hecho lo anterior y seguidamente, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Es importante precisar que de los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que envía de informe obran, se advierte que la promovente es parte actora en el juicio mencionado. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inerjecitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. Cobra aplicación la tesis V.2o. J/75, consultable en la página 77, registro 215188, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 68, Agosto de 1993, Octava Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los hayay de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al caso la diversa tesis aislada I.3o.C.41 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Agosto de 2002, registro, registro 186294, Novena Época, Materia Común, del literal siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. ORDEN EN QUE DEBE EXAMINARSE. La disposición contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en el sentido de que El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, interpretada sistemáticamente con lo establecido en el artículo 146 de la misma legislación, en cuanto a la obligación del Juez de prevenir al promovente para que regularice la presentación de petición de garantías, pone de manifiesto que el órgano de control constitucional debe estudiar la demanda a fin de establecer, en principio, si se cumplieron las premisas que prevé el artículo 116 de la ley de la materia, se expresó con precisión el acto reclamado y se exhibieron las copias que señala el artículo 120; y en el supuesto de advertir que se cumplen esas premisas o que se regularizaron por el quejoso, estará en posibilidad jurídica de determinar si se actualiza la procedencia de la acción de garantías o si se surte alguna causa manifiesta e indudable que la haga inejercitable. De no seguir ese orden de estudio, es posible que los requisitos omitidos y no regularizados o la imprecisión del acto reclamado, no permitan al juzgador discernir plenamente acerca de la procedencia del juicio y resultaría injustificado que desechara de plano la demanda de amparo e, incluso, dilatorio, en la medida de que determinado, en el CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 recurso de revisión interpuesto contra ese desechamiento, que no se surte la improcedencia, tuviera que revocarse esa determinación y ordenarse la regularización del procedimiento para que primero se previniera al quejoso y, después, se resolviera nuevamente sobre a procedencia del amparo." Por su parte, el numeral 61 de la Ley de la materia, señala las causales de improcedencia del juicio de garantías, entre las que destaca la fracción XVIII, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El artículo en cuestión, determina que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales; dicho principio rector del amparo, en lo conducente, que previo a la interposición de la demanda, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. La razón del legislador de restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 constitucional. Aunado a lo anterior, y toda vez que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se narran en la demanda de amparo, se advierte que, el CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 acto reclamado consistente en el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno dictado en la ejecución de la sentencia definitiva relativa al juicio de modificación de convenio de guarda y custodia, promovido en la vía de controversias del orden familiar 814/2015, específicamente sobre la convivencia ordenada de la menor de iniciales E.N.R.B con el progenitor Antonio Ramírez Maza, se dictó en un expediente de naturaleza civil, en el que la quejosa Araceli Bravo Ayala, es parte actora, en donde aduce que la menor no es apta para la convivencia familiar; por ende, es evidente que la quejosa tiene la obligación de agotar los medios de defensa que la ley establece, previamente a la interposición del juicio de amparo. En ese contexto, en contra de dicho acto reclamado en la ejecución de un sentencia definitiva, procede, el incidente de suspensión del régimen de visitas y convivencias por causas supervinientes o sus equivalentes en ese sentido, ya sea en la vía incidental dentro del juicio de origen o en un juicio autónomo, lo anterior encuentra base jurídica en los artículos 93, 419, 420, 421, 981 y 983 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas, ya que a través de ese medio de defensa legal puede satisfacer su pretensión de primera instancia, pues en ese, se podrán tomar en cuenta los conceptos que adujo, como lo es, que la menor no se encuentra en aptitud de salir de un orden familiar establecido para llegar a otro, así como las situaciones terapéuticas en que se encuentra. CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? Para determinar la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la materia, antes señalado, se advierte que los artículos 93, 419, 420, 421, 981 y 983 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas, estatuyen: "ART. 93.- LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS EN NEGOCIOS DE ALIMENTOS, EJERCICIO Y SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD, INTERDICCION, JURISDICCION VOLUNTARIA Y LAS DEMAS QUE PREVENGAN LAS LEYES, PUEDEN ALTERARSE Y MODIFICARSE CUANDO CAMBIEN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN EL EJERCICIO DE LA ACCION QUE SE DEDUJO EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE. ART. 419.- LOS INCIDENTES SE TRAMITARAN CON UN ESCRITO DE CADA PARTE Y TRES DIAS PARA RESOLVER. ART. 420.- SI SE PROMOVIERE PRUEBA, DEBERA OFRECERSE EN LOS ESCRITOS RELATIVOS, FIJANDO LOS PUNTOS SOBRE QUE DEBE VERSAR, Y SE CITARA PARA UNA AUDIENCIA INDIFERIBLE EN LA QUE SE RECIBA LA PRUEBA, SE OIGAN BREVEMENTE LAS ALEGACIONES Y SE DICTE LA RESOLUCION. ART. 421.- LA SENTENCIA ADMITIRA APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, SALVO LA DEL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO, QUE SERA EN AMBOS EFECTOS Y EN LOS CASOS EN QUE LA LEY EXPRESAMENTE LO DETERMINE. LAS RESOLUCIONES QUE EN SEGUNDA INSTANCIA RESUELVAN UN INCIDENTE NO ADMITEN RECURSO ALGUNO. ART. 981.- TODOS LOS PROBLEMAS INHERENTES A LA FAMILIA SE CONSIDERAN DE ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL, POR CONSTITUIR LA BASE DE LA INTEGRACION DE SOCIEDAD. POR LO TANTO, EN TODOS LOS ASUNTOS QUE TRATA ESTE TITULO DEBERAN DE TENER INTERVENCION EL MINISTERIO PUBLICO Y, EN SU CASO, DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVES DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA. EN ESTE TIPO DE CONTROVERSIAS EL PROCEDIMIENTO SERA PREFERENTEMENTE ORAL, SOBRE EL ESCRITO. ART. 983.- NO SE REQUIEREN FORMALIDADES ESPECIALES PARA ACUDIR ANTE EL JUEZ DE LO FAMILIAR CUANDO SE SOLICITE LA DECLARACION, PRESERVACION O CONSTITUCION DE UN DERECHO O SE ALEGUE LA VIOLACION DEL MISMO O EL DESCONOCIMIENTO DE UNA OBLIGACION, TRATANDOSE DE ALIMENTOS, DE CALIFICACION DE IMPEDIMENTOS DE MATRIMONIO O DE LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE MARIDO Y MUJER SOBRE ADMINISTRACION DE BIENES COMUNES, EDUCACION DE HIJOS, OPOSICION DE MARIDOS, PADRES Y TUTORES Y EN GENERAL TODAS LAS CUESTIONES FAMILIARES SIMILARES QUE RECLAMEN LA INTERVENCION JUDICIAL" Razón por la cual, se observa que cuando una de las partes en el juicio, advierta un hecho que genere un cambio en lo establecido como lo es la convivencia familiar, puede promover incidente o juicio respectivo para demostrar tal hecho jurídico nuevo, en donde tendrá la oportunidad de ser oída, ofrecer pruebas y desahogarlas, alegar y obtener una resolución que dirima la controversia En ese orden de ideas, es de concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar el acto del que se duele la parte quejosa, pues este debe ser recurrido a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, en virtud que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que el acto reclamado carece de dicho principio que rige el juicio constitucional. Con lo que opera de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resultan aplicables a lo anterior por analogía, los siguientes criterios: La Tesis XX.2º.P.C.2 C (10ª.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con registro 2012292, Décima Época, consultable en la página 2697 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2016, con el rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL RÉGIMEN DE GUARDA Y CUSTODIA. LA SOLICITUD DE MODIFICARLO PUEDE PLANTEARSE, INDISTINTAMENTE, EN LA VÍA INCIDENTAL DENTRO DEL PROPIO PROCEDIMIENTO, O BIEN, A TRAVÉS DE UN JUICIO AUTÓNOMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Aunque por regla general, la modificación del régimen de guarda y custodia, cuando ocurren circunstancias que se presentan con posterioridad al momento en que se dictó la resolución en que se fijaron las modalidades del derecho de visita o convivencia del menor con sus padres, se tramita en vía incidental, dado que su objetivo es, precisamente, CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 modificar los términos en que ésta fue fijada por virtud de una sentencia definitiva, para lo cual sirve como base el procedimiento en que fue dictado, porque de ahí se advierten las circunstancias que motivaron al juzgador a fijarla en esos términos. Sin embargo, resulta violatorio del derecho a la tutela judicial restringir la vía para ese trámite sólo a la incidental, pues el diverso de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe estar, en lo posible, libre de obstáculos, y atendiendo a la naturaleza de la custodia y cuidado de los hijos, que genera la exigencia de evitar formalismos innecesarios que impidan la resolución del asunto. Por tanto, es indistinto que pueda plantearse como incidente o en una demanda autónoma, lo que es acorde con los artículos 93, 981 y 983 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que no señalan una tramitación especial para resolver este tipo de controversias, por lo que la modificación de dichos tópicos puede plantearse tanto en la vía incidental, como en un juicio autónomo, ya que en ambos casos las partes tienen oportunidad de ser oídas, ofrecer pruebas y desahogarlas, alegar y obtener una resolución que dirima la controversia, así como impugnarla y los demás actos procesales a través de los recursos ordinarios o medios procedentes; ello con independencia de los términos que en cada una de esas vías establece la ley pues, en las dos, se tutela de manera indistinta el interés superior del menor para permanecer con el progenitor que le brinde una mejor protección y condición de vida. Así también, la tesis aislada, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, registro 192210, visible en la página 976 del Tomo XI, Marzo de 2000, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "CONVIVENCIA FAMILIAR. PUEDE PROMOVERSE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA O EN UN JUICIO AUTÓNOMO. Aun cuando en la sentencia de divorcio no se haya hecho pronunciamiento respecto a la convivencia familiar, de conformidad con el artículo 283 del Código Civil, los Jueces gozan de las más amplias facultades para CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? resolver, en la sentencia de divorcio, todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según sea el caso, y en especial a la custodia y cuidado de los hijos; por lo que si en la sentencia de divorcio se resolvió que ambos cónyuges conservarían la patria potestad de sus menores hijos, y que la guarda y custodia quedaría a cargo de uno de ellos, la fijación de reglas para la convivencia familiar, como un derecho de los padres, inherente a la patria potestad, bien puede pedirse en juicio autónomo o mediante incidente después de concluido el juicio de divorcio." Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son registro 2005039, Localización: Décima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, Diciembre de 2013, Página: 350, Materia Común, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." No obsta que el principio de definitividad, en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general y que la propia Ley Reglamentaria del juicio de amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que en esos casos señalados expresamente en la ley o derivados de su interpretación por el Alto Tribunal del País, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, en el presente asunto no se actualiza alguno de esos casos de excepción, que, a manera de ejemplo, se pueden citar: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos veintinueve, Libro X, Tomo 1, julio de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así las cosas, al no actualizarse ninguno de los supuestos de excepción antes mencionados, queda claro que la solicitante del amparo tenía la ineludible obligación de promover, previamente al juicio de amparo, los medios de defensa antes referidos contemplados en la legislación adjetiva del Estado de Chiapas. En ese tenor, resulta inconcuso que ello actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ARACELI BRAVO AYALA, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a las autoridades responsables a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Por otra parte, en consideración que la parte CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? quejosa y tercera interesada en la instancia constitucional señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este órgano; por igualad procesal y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, comisione a quien corresponda y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa Araceli Bravo Ayala o de cualquiera de sus autorizados, en el domicilio ubicado en Calle Nuevo León, número 206, Colonia Plan de Ayala, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y al tercero interesado Antonio Ramírez Maza o de cualquiera de sus autorizados en el domicilio ubicado en Calle Tres, Manzana 10, Casa Siete, Fraccionamiento San Cayetano en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Asimismo los requiera, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente, al en que surta sus efectos el presente acuerdo, señalen domicilio en esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se les harán mediante lista de acuerdos, que se publican en los estrados de este órgano. Por lo anterior, se tiene como autorizados por parte de la quejosa a Juan Martín García Gutiérrez y CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 Claudia Graciela Díaz Díaz, únicamente para oír y recibir notificaciones, en razón de no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por parte del tercero interesado a Mercedes Lucrecia Ávila Hernández, Ramón Sánchez Reyes y Juan Adolfo Carranza Guerrero en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales días y horas inhábiles, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal. Finalmente, hágase del conocimiento la presente determinación a las autoridades señaladas como responsable. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ??????????????? previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta a las partes de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese.

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