Araceli Berenice Osorio Mora

Expediente 184/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
184/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Araceli Berenice Osorio Mora

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, de los que se advierte que el expediente en que actúa, se encuentra integrado, para la substanciación del recurso; por tanto, previa copia que se deje en autos desglósese del expediente el original del recurso de queja y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del citado medio de impugnación recibido en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, interpuesto por la quejosa ********************, en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el veinticinco de febrero de dos mil veintidós y ríndase el informe de la queja, acompañando el original del expediente para su tramitación. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán y otra autoridad, que hace consistir en: "Todo lo actuado dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecaria ****** promovido en mi contra por los apoderados legales del Instituto el Fondo Nacional de La Vivienda Para Los Trabajadores por su siglas (INFONAVIT), por violaciones al procedimiento, en el que no se me dio, ni tuve, la oportunidad de defenderme, ya que jamás se me demandó por la falta de cumplimiento del convenio judicial de fecha 23 veintitrés de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, que están tratando de ejecutar en mi contra y en .contra de mi patrimonio. También se señala como acto reclamado de la ordenadora EL AUTO DE FECHA 17 DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, dictado dentro del mencionado juicio sumario civil hipotecario, en el que se ordena por el Juez Octavo de Primera Instancia en materia civil (autoridad ordenadora), entre otras cosas: La ADJUDICACIÓN a favor del Instituto del Fondo Nacional de La Vivienda Para Los Trabajadores por su siglas (INFONAVIT), mi casa ******** de esta ciudad capital de Morelia, Michoacán; con una superficie construida de 51.38 cincuenta y un metros treinta y ocho centímetros cuadrados, y un porcentaje del indiviso de 1.7912%, y con las siguientes medidas y colindancias: (las describe) Y en dicho auto, se me otorgan TRES DIAS para otorgar la escritura correspondiente a favor de la parte actora, y para que haga la entrega real y material del inmueble ya señalado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa por parte de la ordenadora. Ello, sin que se me notificara en forma personal que la parte actora estuvo gestionando e inventado que la suscrita supuestamente NO HABIA CUMPLIDO con el citado convenio, y a pesar de que la suscrita di mi domicilio para el cumplimiento y ejecución de dicho convenio; pero más aún, porque la actora ejecutó dicho convenio dentro del mismo juicio en el que se celebró, cuando debió haberlo hecho en un juicio diverso, en el que se me emplazara y se me diera la oportunidad de defenderme. También señalo como acto reclamado de la ordenadora, el AUTO DE FECHA 03 tres de Noviembre del año 2022 dos mi veintidós, en el que se declara firme lo ordenado en el auto de fecha 17 diecisiete de Octubre del año 2022 dos mil veintidós. Todo ello, fuera de toda MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN de ley, ya que la suscrita jamás vencida en juicio donde se me haya demandado el cumplimiento del convenio judicial de fecha 23 veintitrés de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, celebrado entre la suscrita y el Instituto del Fondo Nacional de La Vivienda Para Los Trabajadores por su siglas (INFONAVIT), sino que lo están ejecutando dentro del mismo juicio sumario civil hipotecario 355/2016 en el que lo celebramos, cuando este debió ejecutarse en forma independiente, esto es, en juicio diverso, en el que se me emplazara y se me diera la oportunidad de defenderme, por tratarse de un convenio formal, y además, con dicho convenio el citado juicio causó ejecutoria y el mismo se elevó a categoría de COSA JUZGADA. De la EJECUTORA: La ejecución que estas hicieron o están tratando de hacer de dichos autos, dictados por la ordenadora, de igual manera fuera de toda motivación y fundamentación de ley." En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 184/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del precepto normativo reproducido, se advierte que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, la quejosa podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. Lo anterior, se explica en el siguiente mapa conceptual: Por otra parte, debe decirse que dentro de la ejecución forzosa de una sentencia, la Ley de Amparo distingue una regla general y una particular de procedencia del juicio biinstancial. La regla general prevé que el amparo procede únicamente cuando se impugne la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución, y que ésta debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Se tiene como ejemplo de lo anterior, a la resolución dictada en un procedimiento ejecutivo en los juicios de arrendamiento inmobiliario cuando no haya sido posible realizar la desocupación forzosa del inmueble. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, con número de registro 189344, del rubro y texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En tanto que, en la regla específica, se contempla como hipótesis que el juicio constitucional puede promoverse en el procedimiento de remate, siempre y cuando se combata la "última resolución" dictada en dicha etapa. Al efecto, el legislador federal fijó como definición de "última resolución" en la citada fase a la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ello se traduce en un límite a la procedencia del juicio constitucional, pues será hasta que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la intención del legislador es restringir la procedencia del amparo indirecto, tratándose de dicha etapa, es evitar que se obstaculice innecesariamente la fase de ejecución de sentencias judiciales, protegiendo, de esta forma, el derecho de acceso a la justicia, pues es hasta tales momentos que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo determinado a favor de la accionante. Ello puede representarse en el siguiente esquema: Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales que la parte quejosa adjuntó a la misma, se advierten los siguientes antecedentes: 1.- DEMANDA. En veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a través de sus representantes y apoderados legales, promovieron demanda en la vía sumaria civil hipotecaria, sobre acción Real Hipotecaria, en contra de la aquí quejosa; misma que quedó registrada bajo el ******* del índice del Juzgado Octavo de Primera instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. 2. Convenio. Mediante convenio de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por conducto de su apoderado y la parte demandada aquí quejosa celebraron convenio, dentro del juicio de origen, el cuál mediante auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, se elevó a categoría de cosa juzgada. 3. Ejecución de convenio y requerimiento de entrega del inmueble antes citado. Con motivo que la parte demandada incumplió el convenio, el apoderado de la parte actora, solicitó la ejecución del mismo; por lo que el diecisiete de octubre del dos mil veintidós, se requirió a la aquí quejosa para que dentro del término de tres días otorgue voluntariamente la escritura a favor de la parte actora, además de que hiciera la entrega real y material, del inmueble ubicado en **********, en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa, auto que se declaró firme mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós. Así, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque los actos reclamados consisten en el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual, se requirió a la aquí quejosa para que dentro del término de tres días otorgue voluntariamente la escritura a favor de la parte actora, además de que hiciera la entrega real y material, del inmueble materia del juicio de origen y del convenio celebrado en por la partes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa, así como el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, en que únicamente se declaró firme aquel auto, hechos que no encuadran en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la "última" de la fase de ejecución de convenio -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del mismo, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente- no son de naturaleza autónoma, ni afectan derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Además, tampoco genera una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa, pues únicamente son actos encaminados al cumplimiento del procedimiento de ejecución de convenio. No pasa, inadvertido para este juzgador lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, relativo a la falta de notificación personal al procedimiento de ejecución de convenido, toda vez que dicho negativa se desvirtúa de conformidad con su propio dicho, pues, de sus antecedentes, los cuales bajo protesta de decir verdad, refirió que es la parte demandada en el juicio de origen, y señala "en ese litigio se me emplazó a juicio y al leer la demanda opté por llegar a un convenio", lo cual se corrobora con las propias constancias que aquella adjunto a su demanda de amparo, de ahí que, contrario a lo señalado por ésta, si fue emplazada a juicio y celebró un convenio con la parte demandada el cual, estipula en su cláusula: "DÉCIMA TERCERA. Causas de ejecución del convenio. (.) c) Que "LA DEMANDADA" entregue física y jurídicamente, a "LA ACTORA" el bien inmueble descrito en el capítulo de antecedentes número 1 del presente instrumento legal, con las mejoras y accesorias que tenga en el momento de su desocupación y con el apercibimiento de lanzamiento o desalojo en caso de negarse a hacerlo e inclusive en contra de terceros, en un término de tres días hábiles contados a partir de la adjudicación a favor de "LA ACTORA". Lo estipulado en esta cláusula surtirá efectos sin necesidad de declaración judicial previa y sin necesidad de que la demandada sea notificada previamente por la actora sobre la realización de la condición resolutoria estipulada en el párrafo anterior. Por tanto, es inconcuso que la parte quejosa si fue llamada al juicio sumario civil hipotecario ***** sobre acción Real Hipotecaria, del índice del Juzgado Octavo de Primera instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, e incluso, celebró convenio con la parte demandada. En este orden de ideas, el juicio de amparo de que se trata es improcedente en los términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, pues no se combate la última resolución en el procedimiento de ejecución de convenio que obra en el juicio de origen y porque no son actos ajenos a la cosa juzgada, que afecten de manera directa derechos sustantivos de la quejosa. Entonces, las posibles violaciones que la parte quejosa considere que le fueron ocasionadas con los actos reclamados, deberá, en su caso, reclamarlas de manera conjunta con la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total del convenio celebrado en el juicio sumario civil hipotecario ***** sobre acción Real Hipotecaria, o, bien, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Sirve de como la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el la Avenida *****. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******** toda vez que toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número *****, que acreditan al referido autorizado como licenciado en derecho. Por otro lado, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12, de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos, a ******, toda vez que no cuenta con documento idóneo que lo acredite como licenciado en derecho. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otra parte, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Visto el escrito de demanda signado por..., por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán y otra autoridad, que hace consistir en: "Todo lo actuado dentro del Juicio Sumario Civil Hipotecaria... promovido en mi contra por los apoderados legales del Instituto el Fondo Nacional de La Vivienda Para Los Trabajadores por su siglas (INFONAVIT), por violaciones al procedimiento, en el que no se me dio, ni tuve, la oportunidad de defenderme, ya que jamás se me demandó por la falta de cumplimiento del convenio judicial de fecha 23 veintitrés de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, que están tratando de ejecutar en mi contra y en .contra de mi patrimonio. También se señala como acto reclamado de la ordenadora EL AUTO DE FECHA 17 DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, dictado dentro del mencionado juicio sumario civil hipotecario, en el que se ordena por el Juez Octavo de Primera Instancia en materia civil (autoridad ordenadora), entre otras cosas: La ADJUDICACIÓN a favor del Instituto del Fondo Nacional de La Vivienda Para Los Trabajadores por su siglas (INFONAVIT), mi casa... de esta ciudad capital de Morelia, Michoacán; con una superficie construida de 51.38 cincuenta y un metros treinta y ocho centímetros cuadrados, y un porcentaje del indiviso de 1.7912%, y con las siguientes medidas y colindancias: (las describe) Y en dicho auto, se me otorgan TRES DIAS para otorgar la escritura correspondiente a favor de la parte actora, y para que haga la entrega real y material del inmueble ya señalado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa por parte de la ordenadora. Ello, sin que se me notificara en forma personal que la parte actora estuvo gestionando e inventado que la suscrita supuestamente NO HABIA CUMPLIDO con el citado convenio, y a pesar de que la suscrita di mi domicilio para el cumplimiento y ejecución de dicho convenio; pero más aún, porque la actora ejecutó dicho convenio dentro del mismo juicio en el que se celebró, cuando debió haberlo hecho en un juicio diverso, en el que se me emplazara y se me diera la oportunidad de defenderme. También señalo como acto reclamado de la ordenadora, el AUTO DE FECHA 03 tres de Noviembre del año 2022 dos mi veintidós, en el que se declara firme lo ordenado en el auto de fecha 17 diecisiete de Octubre del año 2022 dos mil veintidós. Todo ello, fuera de toda MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN de ley, ya que la suscrita jamás vencida en juicio donde se me haya demandado el cumplimiento del convenio judicial de fecha 23 veintitrés de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, celebrado entre la suscrita y el Instituto del Fondo Nacional de La Vivienda Para Los Trabajadores por su siglas (INFONAVIT), sino que lo están ejecutando dentro del mismo juicio sumario civil hipotecario 355/2016 en el que lo celebramos, cuando este debió ejecutarse en forma independiente, esto es, en juicio diverso, en el que se me emplazara y se me diera la oportunidad de defenderme, por tratarse de un convenio formal, y además, con dicho convenio el citado juicio causó ejecutoria y el mismo se elevó a categoría de COSA JUZGADA. De la EJECUTORA: La ejecución que estas hicieron o están tratando de hacer de dichos autos, dictados por la ordenadora, de igual manera fuera de toda motivación y fundamentación de ley." En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 184/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Del precepto normativo reproducido, se advierte que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, la quejosa podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. Lo anterior, se explica en el siguiente mapa conceptual: Por otra parte, debe decirse que dentro de la ejecución forzosa de una sentencia, la Ley de Amparo distingue una regla general y una particular de procedencia del juicio biinstancial. La regla general prevé que el amparo procede únicamente cuando se impugne la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución, y que ésta debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Se tiene como ejemplo de lo anterior, a la resolución dictada en un procedimiento ejecutivo en los juicios de arrendamiento inmobiliario cuando no haya sido posible realizar la desocupación forzosa del inmueble. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, con número de registro 189344, del rubro y texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En tanto que, en la regla específica, se contempla como hipótesis que el juicio constitucional puede promoverse en el procedimiento de remate, siempre y cuando se combata la "última resolución" dictada en dicha etapa. Al efecto, el legislador federal fijó como definición de "última resolución" en la citada fase a la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ello se traduce en un límite a la procedencia del juicio constitucional, pues será hasta que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la intención del legislador es restringir la procedencia del amparo indirecto, tratándose de dicha etapa, es evitar que se obstaculice innecesariamente la fase de ejecución de sentencias judiciales, protegiendo, de esta forma, el derecho de acceso a la justicia, pues es hasta tales momentos que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo determinado a favor de la accionante. Ello puede representarse en el siguiente esquema: Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales que la parte quejosa adjuntó a la misma, se advierten los siguientes antecedentes: 1.- DEMANDA. En veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a través de sus representantes y apoderados legales, promovieron demanda en la vía sumaria civil hipotecaria, sobre acción Real Hipotecaria, en contra de la aquí quejosa; misma que quedó registrada bajo el... del índice del Juzgado Octavo de Primera instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. 2. Convenio. Mediante convenio de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por conducto de su apoderado y la parte demandada aquí quejosa celebraron convenio, dentro del juicio de origen, el cuál mediante auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, se elevó a categoría de cosa juzgada. 3. Ejecución de convenio y requerimiento de entrega del inmueble antes citado. Con motivo que la parte demandada incumplió el convenio, el apoderado de la parte actora, solicitó la ejecución del mismo; por lo que el diecisiete de octubre del dos mil veintidós, se requirió a la aquí quejosa para que dentro del término de tres días otorgue voluntariamente la escritura a favor de la parte actora, además de que hiciera la entrega real y material, del inmueble ubicado en..., en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa, auto que se declaró firme mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós. Así, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque los actos reclamados consisten en el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual, se requirió a la aquí quejosa para que dentro del término de tres días otorgue voluntariamente la escritura a favor de la parte actora, además de que hiciera la entrega real y material, del inmueble materia del juicio de origen y del convenio celebrado en por la partes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa, así como el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, en que únicamente se declaró firme aquel auto, hechos que no encuadran en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la "última" de la fase de ejecución de convenio -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del mismo, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente- no son de naturaleza autónoma, ni afectan derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Además, tampoco genera una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa, pues únicamente son actos encaminados al cumplimiento del procedimiento de ejecución de convenio. No pasa, inadvertido para este juzgador lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, relativo a la falta de notificación personal al procedimiento de ejecución de convenido, toda vez que dicho negativa se desvirtúa de conformidad con su propio dicho, pues, de sus antecedentes, los cuales bajo protesta de decir verdad, refirió que es la parte demandada en el juicio de origen, y señala "en ese litigio se me emplazó a juicio y al leer la demanda opté por llegar a un convenio", lo cual se corrobora con las propias constancias que aquella adjunto a su demanda de amparo, de ahí que, contrario a lo señalado por ésta, si fue emplazada a juicio y celebró un convenio con la parte demandada el cual, estipula en su cláusula: "DÉCIMA TERCERA. Causas de ejecución del convenio. (.) c) Que "LA DEMANDADA" entregue física y jurídicamente, a "LA ACTORA" el bien inmueble descrito en el capítulo de antecedentes número 1 del presente instrumento legal, con las mejoras y accesorias que tenga en el momento de su desocupación y con el apercibimiento de lanzamiento o desalojo en caso de negarse a hacerlo e inclusive en contra de terceros, en un término de tres días hábiles contados a partir de la adjudicación a favor de "LA ACTORA". Lo estipulado en esta cláusula surtirá efectos sin necesidad de declaración judicial previa y sin necesidad de que la demandada sea notificada previamente por la actora sobre la realización de la condición resolutoria estipulada en el párrafo anterior. Por tanto, es inconcuso que la parte quejosa si fue llamada al juicio sumario civil hipotecario ***** sobre acción Real Hipotecaria, del índice del Juzgado Octavo de Primera instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, e incluso, celebró convenio con la parte demandada. En este orden de ideas, el juicio de amparo de que se trata es improcedente en los términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, pues no se combate la última resolución en el procedimiento de ejecución de convenio que obra en el juicio de origen y porque no son actos ajenos a la cosa juzgada, que afecten de manera directa derechos sustantivos de la quejosa. Entonces, las posibles violaciones que la parte quejosa considere que le fueron ocasionadas con los actos reclamados, deberá, en su caso, reclamarlas de manera conjunta con la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total del convenio celebrado en el juicio sumario civil hipotecario ***** sobre acción Real Hipotecaria, o, bien, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Sirve de como la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el la Avenida *****. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******** toda vez que toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número *****, que acreditan al referido autorizado como licenciado en derecho. Por otro lado, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12, de la Ley de Amparo, esto es, en términos restringidos, a..., toda vez que no cuenta con documento idóneo que lo acredite como licenciado en derecho. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otra parte, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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