Araceli Berenice Decuir Chena
Expediente 494/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Araceli Berenice Decuir Chena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Araceli Berenice Decuir Chena; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger la documental obrante en autos consistente en acuerdo con firma autógrafa de seis de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por la autoridad responsable en el expediente laboral 2708/2016, que adjuntó a su escrito de demanda; con el apercibimiento de que de no hacerlo, éste podrá ser destruido. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con la circular SECNO/6/2022, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Finalmente, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; se integra a los autos el escrito de cuenta, signado criptográficamente por Gustavo Ernesto Pulido Pérez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Araceli Berenice Decuir Chena, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación a la negativa de este órgano jurisdiccional de imponer una multa a la autoridad responsable en este asunto; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el doce de mayo del año actual, se dictó sentencia, en la cual en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. No obstante lo anterior, dígase a la parte ocursante, que se encuentra en aptitud de promover el medio de impugnación que considere pertinente. Finalmente, como lo solicita la parte promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, expídanse las copias certificadas que refiere; empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se expedirán dichas copias. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 494/2022-2, promovido por ********, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el cuatro de abril del año que transcurre, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el seis siguiente y turnada a este órgano jurisdiccional el siete posterior, Araceli Berenice Decuir Chena, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de acordar el escrito de diez de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual la parte quejosa promovió incidente de liquidación en el expediente laboral 2708/2016. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 494/2022-2, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar el escrito recibido por la junta responsable el diez de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual la parte quejosa promovió incidente de liquidación en el expediente laboral 2708/2016. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió del referido expediente. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, acordó el escrito recepcionado el diez de febrero del referido año, en el que estableció que no era procedente abrir el incidente relacionado con la planilla de liquidación que formuló, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en contra del laudo dictado en el expediente laboral 2708/2016, de su índice. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -cuatro de abril de dos mil veintidós-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de abril del año que transcurre, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Araceli Berenice Decuir Chena, en contra del acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 494/2022-2, promovido por Araceli Berenice Decuir Chena, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibido el cuatro de abril del año que transcurre, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el seis siguiente y turnada a este órgano jurisdiccional el siete posterior, Araceli Berenice Decuir Chena, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La omisión de acordar el escrito de diez de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual la parte quejosa promovió incidente de liquidación en el expediente laboral 2708/2016. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 494/2022-2, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar el escrito recibido por la junta responsable el diez de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual la parte quejosa promovió incidente de liquidación en el expediente laboral 2708/2016. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido la autoridad responsable en el informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió del referido expediente. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, acordó el escrito recepcionado el diez de febrero del referido año, en el que estableció que no era procedente abrir el incidente relacionado con la planilla de liquidación que formuló, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en contra del laudo dictado en el expediente laboral 2708/2016, de su índice. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -cuatro de abril de dos mil veintidós-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de abril del año que transcurre, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, en contra del acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado criptográficamente por Gustavo Ernesto Pulido Pérez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual solicita se haga efectivo el apercibimiento de multa decretado en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en virtud de que la misma no ha rendido su respectivo informe justificado, mismo que fue solicitado mediante oficio 13306/2022, de ocho de abril del año actual, y recibido por la responsable el doce de abril del presente año, al respecto se acuerda: Dígase al impetrante de amparo, que no ha lugar a acordar favorable lo solicitado, en razón de que el oficio 13306/2022 a través del cual se le solicitó su informe justificado, fue recepcionado por la responsable el doce de abril del presente año, por lo tanto, el término para rendir su informe transcurre del dieciocho de abril al diez de los actuales; por lo tanto, la autoridad aún se encuentra dentro del término para rendir su informe con justificación. Notifíquese.
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