Araceli Almeida Villegas
Expediente 436/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Araceli Almeida Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que no fue interpuesto el recurso a que se refiere el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 del mismo ordenamiento legal, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días dé puntual cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se procederá en términos del referido numeral, en relación con el 258 de la ley en comento, en la inteligencia de que por oficio 1607 de nueve de octubre se le remitió testimonio de la resolución dictada en este juicio y se le devolvieron los autos y anexos que acompañó a su informe justificado, de los que deberá acusar el recibo correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado de autos se advierte que a pesar de que el tercero interesado tenía conocimiento del presente juicio, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en este asunto y las subsecuentes notificaciones personales hágansele a través de la lista electrónica que se publica diariamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTIISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 436/2023, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: DIRECTO: 436/2023. QUEJOSA: ****. MAGISTRADO PONENTE: JACINTO JUÁREZ ROSAS. SECRETARIO: JUAN MANUEL PACHECO RUBIO. Toluca, Estado de México. Cuatro de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver, los autos del amparo directo 436/2023, promovido por ****; y R E S U L T A N D O : 1. PRIMERO. Por demanda presentada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés ante la autoridad responsable, **** solicitó protección constitucional ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en turno, contra los actos del titular y ejecutor, adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, como autoridad ordenadora y ejecutora, respectivamente, los cuales estimó violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, y que hizo consistir en la sentencia definitiva dictada el dos de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil de única instancia 153/2022; y su ejecución. 2. SEGUNDO. Este tribunal colegiado, a quien por turno correspondió conocer del asunto, mediante auto de presidencia de veintisiete de junio de dos mil veintitrés admitió en la vía directa la demanda de que se trata. El Fiscal Federal se abstuvo de formular pedimento. 3. Se tuvo como tercero interesado a ****, por conducto de su endosatario en procuración ****, quien se abstuvo de formular alegatos o promover amparo adhesivo. 4. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés se turnó el asunto al magistrado ponente. 5. TERCERO. Sesión por video conferencia. Por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el cual reformó entre otros, los artículos 27 y 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se estableció esencialmente que los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales procurarán y podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, que permita la celebración de videoconferencias; es por lo anterior que se justifica que las sesiones ordinarias se celebren por videoconferencia y sin la presencia del público, y como el presente asunto se incluyó en la lista respectiva publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra para resolverse vía remota; y, C O N S I D E R A N D O : 6. PRIMERO. Competencia Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, inciso c), constitucionales; 33, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sus puntos primero y tercero, ambos en su fracción II, por reclamarse la sentencia definitiva de un juicio ejecutivo mercantil, dictada por un órgano jurisdiccional residente en este circuito. 7. SEGUNDO. Informe justificado Son ciertos los actos reclamados de acuerdo con el informe justificado rendido por la autoridad responsable ordenadora y los autos originales remitidos, aun cuando el ejecutor adscrito fue omiso al rendir su informe justificado. 8. TERCERO. Contexto procesal Demanda Conforme a constancias de autos, por escrito cuyo conocimiento correspondió al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, **** y/o ****, endosatarios en procuración de ****, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, demandó de **** el pago de **** pesos, por concepto de suerte principal, así como el de los intereses moratorios a razón del **** por ciento mensual; y, gastos y costas. 9. Como hechos de la demanda refirió: Uno. En Tenango del Valle, Estado de México, el seis de agosto de dos mil diecinueve, la demandada suscribió un pagaré por **** pesos, a favor de su endosante, obligándose a pagarlo el dieciséis de marzo de dos mil veinte. 10. Dos. En el documento base de la acción pactaron un interés moratorio del **** por ciento mensual, para el caso de incumplimiento a la obligación contraída. 11. Tres. Debido a la negativa de la demandada de hacer el pago y no obstante a los múltiples requerimientos extrajudiciales, no fue posible obtener el pago, razón por la que se vio en la necesidad de proceder judicialmente. 12. Contestación de demanda. La demandada, al dar contestación a la incoada en su contra, negó las prestaciones reclamadas, toda vez que eran improcedentes 13. Respecto de los hechos, sustancialmente, mencionó que era cierta la suscripción del pagaré, y que este fue para garantizar el pago de un mueble que compró en la mueblería ****, mueble que fue pagado parcialmente tal y como lo demostró con diversos recibos; asimismo, dijo que en la parte superior de cada recibo se anotaba la cantidad que restaba, y que en el último adeudaba **** pesos; posteriormente, realizó cuatro pagos de **** pesos; sin embargo, no tenía prueba de ello, por lo que finalmente adeudaba únicamente **** pesos, esto con motivo de su desempleo por la pandemia. 14. Asimismo, aceptó el interés pactado; no obstante, refirió que esta prestación era improcedente, toda vez que nunca pasaron a cobrarle como lo mencionaron en el escrito de demanda. 15. Excepciones y defensas. En el mismo escrito, la demandada opuso como excepciones y defensas la falta de legitimación del actor; las contenidas en el artículo 8°, fracciones VII y VIII de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; la contenida en el numeral 3, del artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, todas las derivadas de su escrito de contestación. 16. Sentencia impugnada. El dos de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva, donde el juez del conocimiento condenó a la demandada al pago de **** pesos, por concepto de suerte principal; así como al pago de intereses moratorios a razón del **** por ciento mensual; y, de los gastos y costas. 17. Sentencia que se tiene por reproducida por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirla. 18. CUARTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación constan en el expediente de amparo y se tienen por reproducidos por la referida razón. 19. QUINTO. Consideraciones del acto reclamado. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, para una mejor comprensión del asunto, es conveniente precisar las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, y son: 20. El juez responsable, después de fijar la litis y de determinar que el juicio ejecutivo mercantil era procedente, refirió que estaba fuera de discusión que la parte demandada suscribió a favor de la parte actora el documento base de la acción (confesión expresa de la enjuiciada vertida al dar contestación a la demanda); sin embargo, sí acreditó haber realizado diversos pagos parciales tal como se desprendía de las documentales consistentes en catorce recibos de pago a favor de **** y de tarjeta control de pagos, corroboraban dichos pagos porque los datos de fecha de pago, el número de recibo y monto coincidían, además se advierte un pago adicional del día seis de agosto de dos mil diecinueve, por **** pesos; luego, los quince pagos amparan un importe total de **** pesos, los cuales se adminicularon con la confesional a cargo de la parte actora, desahogada el doce de abril de dos mil veintitrés, precisamente de la posición marcada con el número tres, respecto de la cual el actor aceptó haber recibido la cantidad de los pagos parciales a cuenta de la cantidad estipulada en el pagaré, y de igual manera al absolver la posición señalada con los numerales cinco y seis también aceptó haber recibido la cantidad de **** pesos como pago parcial sin expedir recibo alguno, cantidades que al sumarse arrojaban **** pesos situación que se corroboraba con la testimonial ofertada por la demandada a cargo de **** y ****, desahogada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en la cual ambos testigos manifestaron que sabían y les constaba que su presentante sí había realizado diversos pagos parciales a la suerte principal que amparaba el pagaré suscrito por la demandada, medios de prueba a los que se concedió valor probatorio, en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, para acreditar un pago parcial de **** pesos por parte de la demandada a la suerte principal; por tanto, esa cantidad deberá restarse a la suerte principal. 21. Ahora bien, respecto a las excepciones, conforme al principio de exhaustividad de las sentencias, el juez del conocimiento procedió a su estudio, y en relación con la señalada con el inciso a), que hizo consistir en la falta de legitimación del actor, resultó improcedente, porque la acción se fundó en un título ejecutivo denominado pagaré, que tenía el carácter de ser una prueba preconstituida de la acción, y además contaba con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley. 22. En relación con las marcadas con los incisos b), c), y e), del escrito de contestación de la demanda, que hizo consistir en el pago total de la suerte principal, contempladas en la fracción VI del artículo 1403 de Código de Comercio, y las fracciones VII y VIII del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resultaron improcedentes, en virtud de que la demandada no acreditó haber cubierto la totalidad de la suerte reclamada que amparaba el pagaré dieciséis de marzo de dos mil veinte. 23. Y, agregó, por cuanto hace a la marcada con el inciso d) que hizo consistir en la usura y cualquier otro medio de explotación humana contenida en el numeral 3, del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien, no resultó una excepción, la misma era materia de estudio en el apartado siguiente. 24. En consecuencia, determinó que al no haber sido desvirtuado el pagaré, dadas las características del mismo, que era un título ejecutivo, por ende, traía aparejada ejecución, lo procedente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150 fracción II, 151, 152, 167, 170 al 174 de la ley especial en consulta, era condenar a la demandada, al pago de **** pesos, por concepto de suerte principal, en razón de que no justificó haber hecho el pago de la misma a partir de la fecha de su vencimiento que fue el dieciséis de marzo de dos mil veinte. 25. Por otra parte, respecto de los intereses moratorios, una vez que realizó el análisis en relación con la "usura", procedió a la reducción de estos, determinando que se fijarían a razón del **** por ciento mensual; en tal virtud, condenó a la demandada al pago de dicho porcentaje. 26. Finalmente, condenó a la enjuiciada al pago de costas causadas en esa instancia, en razón de haber procedido el juicio. 27. SEXTO. Antes de analizar los conceptos de violación se precisa que de la revisión de las constancias que integran el juicio natural, este tribunal no advierte violación alguna al procedimiento que haya trascendido al resultado del fallo y que amerite su reposición de manera oficiosa y en suplencia de la queja, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, ni la parte quejosa hace valer alguna, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación. 28. CONCEPTO DE VIOLACIÓN. PRIMERO. La parte quejosa manifiesta que la sentencia reclamada trasgrede el contenido de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que se le pretende privar de sus derechos, propiedades y posesiones mediante un juicio en donde no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, y sin emitirse la sentencia conforme a la letra de la ley en términos del contenido del artículo 14 de la propia Constitución, al no estar fundada ni motivada; además de trasgredir el principio de congruencia y valoración de la prueba ya que no hubo una relación lógica en el considerando de la sentencia que emite la responsable ordenadora, porque la valoración de las pruebas fue incorrecta. 29. SEGUNDO. Por otra parte, manifiesta que la sentencia reclamada trasgrede el contenido del artículo 16 de la Constitución, que exige que todos los actos de autoridad estén apegados a la ley, por lo que deben estar debidamente fundados y motivados, ya que al incumplirse esas formalidades se violenta la garantía de legalidad. 30. Ya que la sentencia reclamada viola en su perjuicio la valoración de las pruebas aportadas, que al no haber sido observadas por la autoridad responsable le generó una violación a su garantía de legalidad, condenándola al pago de gastos y costas judiciales. 31. ESTUDIO. Los anteriores conceptos de violación se estudiarán en su conjunto en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, dada la relación que guardan entre sí. 32. En principio, se califican de inoperantes, dado que la parte quejosa es omisa en combatir las consideraciones con base en las cuales declaró procedente de manera parcial el pago de las prestaciones reclamadas, bajo las siguientes consideraciones: I. Se partió de la base de que el accionante promovió juicio ejecutivo mercantil en términos del artículo 1391 del Código de Comercio, y 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que tales presupuestos están satisfechos porque la acción se fundó en un título ejecutivo denominado pagaré, que tiene el carácter de ser una prueba preconstituida de la acción, por ello, las excepciones que se opongan deben ser demostradas por la enjuiciada. II. En el particular, estaba fuera de discusión que la parte demandada suscribió el documento base de la acción, ante la confesión expresa que realizó al dar contestación a la demanda; sin embargo, sí acreditó haber realizado diversos pagos parciales como se desprende de los catorce recibos de pagos parciales que exhibe, los cuales coinciden con el número de recibo, monto y fecha, y un pago adicional por $**** (**** moneda nacional); luego, los quince pagos coincidían, los cuales amparaban la cantidad de $**** (**** moneda nacional), lo que fue adminiculado con la confesional a cargo de la parte actora al haber aceptado recibido la cantidad señalada, así como la cantidad de $**** (**** moneda nacional), lo que en suma asciende a $**** (**** moneda nacional), situación que se confirmó con la testimonial a cargo de **** y ****, en la que señalaron que su presentante ha realizado diversos pagos parciales a la suerte principal, medios de prueba a los que se les concedió valor en términos del artículo 1194 del Código de Comercio para acreditar el pago parcial por la última cantidad antes señalada. III. Por otro lado, se indicó que respecto a la excepción señalada como A, de falta de personalidad, resultaba infundada, dado que la acción se había fundado en un título ejecutivo denominado pagaré, que tiene el carácter de ser una prueba preconstituida y que cuenta con todos los requisitos establecidos en la ley. IV. Por lo que hacía a las excepciones señaladas en los incisos B, C y E, que se hacían consistir en el pago total de la suerte reclamada, resultaban improcedentes pues no se había demostrado esa circunstancia. V. Y, en relación con la excepción señalada en el inciso D, respecto al tema de la usura, no resultaba una excepción, sino que sería materia de estudio en el siguiente apartado. VI. En razón de lo anterior, se condenaba a la enjuiciada al pago de la cantidad de $**** (**** moneda nacional), por concepto de suerte principal. VII. Por otra parte, en relación con el tema de los intereses moratorios que se reclamaron a razón del ****% (**** por ciento) mensual, en atención al contenido del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio, se redujeron al ****% (**** punto nueve) por ciento. VIII. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 1084, fracción III, de la Ley de Amparo, se condenó a la demandada al pago de costas causadas en esa instancia, por haber procedido el juicio ejecutivo mercantil. 33. Lo anterior, ya que la parte quejosa es omisa en combatir las consideraciones con base en las cuales se valoraron las pruebas ofrecidas en autos, específicamente el valor que se les concedió en los términos señalados en la sentencia reclamada, y la improcedencia de las excepciones que planteó; por tanto, deben quedar incólumes para regir el sentido de la sentencia que se reclama. 34. En esa tesitura, las manifestaciones que vierte a manera de conceptos de violación, no resultan suficientes para combatir tales consideraciones, ya que solamente se concreta a realizar señalamientos en relación con la falta de cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, y trasgredir el principio de congruencia y valoración de la prueba ya que no hubo una relación lógica en el considerando de la sentencia que emite la responsable ordenadora; ello, sin especificar en qué consistió esa falta de cumplimiento a las formalidades del procedimiento y a la relación lógica del contenido de la sentencia que se reclama; de ahí su inoperancia. 35. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis con número de registro 8188503, de la Séptima Época, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 145-150, cuarta parte, página 122, materia civil, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si en los conceptos no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando éstos fueron fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar supliendo la deficiencia de la queja a favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho". 36. Por otra parte, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, la sentencia reclamada cumple con el principio de fundamentación y motivación que debe de contener todo acto de autoridad, toda vez que el juez responsable aplicó los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 78, 1084, fracción III, 1194, 1195, 1196, 1391, fracción IV, 1403, fracción VI, del Código de Comercio; 5º, 8º, fracciones VII y VIII, 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 88, 90, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151, 152, 153, 164, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y, 1º y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como el criterio del rubro: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTIRIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE", con base en los cuales se emitió el pronunciamiento correspondiente para fundar y motivar la sentencia que se reclama y declarar parcialmente procedente el pago de las prestaciones reclamadas. 37. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en la página 162, materia común, del tomo: XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". 38. De ahí que en este aspecto, resulten infundados los conceptos de violación que se formulan. 39. TERCERO.- Por otro lado, señala que se le condena al pago de costas judiciales, lo cual es accesorio a la pretensión principal del juicio la cual debe ser por el vencimiento puro; la compensación o indemnización; y, el sistema sancionador de la temeridad o mala fe del litigante. 40. Sin embargo, en el caso en particular no se está ante ninguna de las hipótesis señaladas, ya que la condena fue parcial, únicamente por la cantidad de $**** (**** moneda nacional), y no por la cantidad reclamada de $**** (**** moneda nacional); así como al pago de intereses moratorios solo por el ****% (**** por ciento) mensual sobre la cantidad de la suerte principal y no al ****% (**** por ciento) que pretendía el tercero interesado. 41. Además, el actor, ahora tercero interesado, le demandó prestaciones injustificadas, ya que había realizado pagos parciales. 42. Y, tampoco se actualiza la temeridad o mala fe, ya que compareció a defender sus derechos y el tercero interesado no obtuvo una sentencia plena favorable, ni la quejosa fue totalmente derrotada, pues obtuvo una sentencia parcialmente favorable; por ende, no se le puede condenar al pago de costas por no haber sido la condena total. 43. Lo cual apoya en los criterios de los rubros: "COSTAS EN EL JUICIO CIVIL HIPOTECARIO. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 134 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA SU PROCEDENCIA, CUANDO AL DEMANDADO SE LE HUBIERE CONDENADO PARCIALMENTE POR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS" y "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO". 44. ESTUDIO. El anterior concepto de violación resulta fundado. 45. Lo anterior, ya que contrariamente a lo manifestado por la autoridad responsable, no se actualiza la hipótesis de condena en costas prevista en el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, por el solo hecho de haber procedido el juicio ejecutivo mercantil. 46. Lo anterior, en razón de que sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO", interpretó que cuando en la sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa o por acreditación parcial de las excepciones correspondientes que influyen en el sentido de la condena respectiva, reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una sentencia favorable. 47. En la precitada jurisprudencia también se interpretó que si en un juicio ejecutivo mercantil, aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez en ejercicio del control convencional ex oficio, reduce el pago de los intereses moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme al artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, porque la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los montos que reclamó y al no tener que pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por concepto de intereses. 48. Con base en lo expuesto, se concluye que la condena al pago de costas en la sentencia reclamada no resulta correcta, de acuerdo al criterio señalado, consistente en la jurisprudencia 73/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 283 del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO. Del precepto citado, se advierte que siempre se condenará en costas al que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término "condenado en juicio" alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la expresión "no obtiene sentencia favorable" se refiere a la derrota o condena total, es decir, absoluta. En ese sentido, cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte actora se beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente en los mismos términos en que fueron planteadas en la demanda, procede la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues se está ante una condena total. Ahora bien, cuando en la sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa, reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez, en ejercicio del control convencional ex officio, reduce el pago de los intereses moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme al precepto legal citado, toda vez que la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los montos que reclamó y al no tener que pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por concepto de intereses, sin que sea relevante que comparezca a juicio o no el demandado, pues aun si éste no contestó la demanda, debe entenderse que la actuación del juzgador constituye una oposición oficiosa a las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo es aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues es posible que se den condiciones que activen la procedencia en términos de una diversa fracción del propio precepto, de su primer párrafo, o del artículo 1082 del citado ordenamiento, quedando al prudente arbitrio del juzgador determinar lo procedente.". 49. De ahí que, efectivamente como lo manifiesta la quejosa, en el acto que se reclama se le debió de absolver del pago de las costas reclamadas, razón por la que el concepto de violación resulta fundado. 50. En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación resulta procedente conceder el amparo solicitado para los siguientes efectos: I. La autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada; II. Emita otra en la que reitere aquellas consideraciones de la sentencia reclamada en lo que no fue materia de concesión; y, III. Absuelva a la parte demandada del pago de las costas reclamadas de acuerdo a las consideraciones vertidas en la presente ejecutoria. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero, para los efectos señalados en la parte final de la presente ejecutoria. Notifíquese; y, a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución para que, una vez que cause ejecutoria la presente, se le devuelvan los autos y se le requiera su cumplimiento. En su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados presidenta Gabriela Elena Ortiz González, Raúl Angulo Garfias y ponente Jacinto Juárez Rosas, quienes firman con el secretario de acuerdos que autoriza. Doy fe. El secretario de acuerdos licenciado Fernando Lamas Pérez, con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal C E R T I F I C A: que el cuatro de octubre de dos mil veintitrés se aprobó la resolución correspondiente al amparo directo 436/2023, promovido por ****; cuyo engrose se firmó electrónicamente el seis de octubre de dos mil veintitrés. Doy fe.
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