Araceli Aguilar Arango
Expediente 689/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Araceli Aguilar Arango
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Octavo Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual informa que en cumplimiento a la resolución dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el conflicto competencial 2/2021, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ..., quien se ostenta como representante legal de génesis de este cuaderno de antecedentes. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión virtual de dieciocho de marzo del año en curso, en el conflicto competencial 2/2021, en la que se determinó que corresponde al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Muñoz López, quien se ostenta como representante legal de ..., génesis de este cuaderno de antecedentes. En atención a lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; y, hágase constar que este cuaderno no es de relevancia documental y se observa que este expediente es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 689/2020, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como representante legal de ********************; asimismo, informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este juzgado, el cual se registró con el número C.P. 2/2021. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de treinta de noviembre del dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Visto el escrito de demanda presentado por ***, quien se ostenta como representante legal de ***, contra actos de la Comisión de Amnistía, (integrada por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Bienestar e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno con el número 689/2020. Por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este Órgano Jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I. 2 P. J/40, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.". Así la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte el artículo 37 de la ley de Amparo prevé: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los mandatos anteriormente transcritos se advierte que será competente para conocer del juicio de amparo, como en el presente caso acontece, el juez de Distrito con jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Entonces, si la parte quejosa, en esencia, reclama la omisión de resolver su petición de amnistía- lo que se traduce en una extinción de acciones penales y sanciones impuestas por el Estado-, por lo tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, puesto que, de la demanda de amparo de cuenta, el promovente ****, bajo protesta de decir verdad manifestó que la directa quejosa *** se encuentra interna en el Centro Penitenciario Femenil en San Francisco TANIVET, en Tlacolula, Oaxaca, lugar en el que, en caso de ser procedente la solicitud de amnistía, se ejecutaría el acto reclamado, o por el contrario, de negársele tal beneficio, la pena de prisión se seguirá ejecutando en el lugar en que se encuentra recluida. De ahí que se sostenga que las acciones reclamadas no impliquen ejecución dentro de la demarcación territorial de este juzgado, por tanto, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda. En esa tesitura de acuerdo a las reglas que establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso concreto no acontece, pues se reitera el acto reclamado tiene su ejecución en el Estado de Oaxaca, con sede en Tlacolula. En consecuencia, se estima que debe conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 633, libro 5, abril de 2014, tomo I, décima época, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 y sus reformas, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para resolver este juicio de amparo y se declina en favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, a quien deberá remitirse el presente expediente, para que informe lo relativo. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. De la parte quejosa Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones personales, el que se señala en la demanda de amparo, y como autorizados en los términos propuestos a las personas que cita. Respecto a su solicitud para consultar vía internet el expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, dígasele que quedan a la vista los autos en el sistema correspondiente, al que podrá ingresar con el usuario que proporciona en su demanda. Autorización de Medios Digitales. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Notificaciones El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad salvo datos sensibles o confidenciales bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
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