Araceli Adriana Castro Montero

Expediente 1350/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1350/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Araceli Adriana Castro Montero

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *** , por propio derecho. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1350/2022 y fórmese expediente. Desechamiento de demanda. Ahora bien, por disposición de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, transcritos a continuación, el juez de distrito debe examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechara´ de plano sin suspender el acto reclamado. "Articulo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá´ resolver si desecha, previene o admite." "Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano." Para el examen del estudio de la demanda habrán de considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte meridiana y patentemente, y por indudable que no admite duda, esto es, que hay plena certeza y seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que está y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será´ procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 172, fracción XII, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y el 107 fracción III, inciso b) Constitucional. "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, dispone: "Articulo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá´ en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y, El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, determina: "Articulo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El artículo 172, fracción XII, de la ley de la materia dispone: "Articulo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideraran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales antes transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el juez de distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En el caso se reclama la denegación de justicia por parte de la autoridad señalada como responsable, esto es, la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 01/924/2010, del indicé de la Junta Especial número Dos de la Local y Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no obstante que declaro´ cerrada la instrucción desde el doce de agosto de dos mil veinte; esto es, se duele exclusivamente de una afectación que dice se cometió´ dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues deriva de un juicio laboral; y aun cuando tal afectación la invoque como una violación al artículo 17 constitucional, no es un acto de ejecución irreparable, sino una omisión de carácter adjetivo, por darse dentro del procedimiento respectivo y si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos de irreparable, es que producen una afectación a derechos sustantivos, como puede ser la violación al citado artículo, lo cierto es que la omisión aquí´ reclamada no se produce de forma independiente al procedimiento de que deriva, sino justamente dentro del mismo, y el estado de inactividad reclamado puede cesar, esto es, la prosecución del juicio continua al momento de proveerse lo correspondiente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2 016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, libro 30, tomo II, pagina 1086, registro 2011580, rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIO´N DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIO´N INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegara´ a trascender al resultado del fallo. Así´, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de este, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí´ que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será´ procedente." Ahora, tratándose de ese tipo de actos, existe una excepción a la improcedencia del amparo indirecto, que se presenta cuando el juez de amparo advierte del contenido de la demanda, que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, debe estarse al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ubicada en publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, el viernes primero de marzo de dos mil diecinueve, con número de registro 2019400; la cual establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyo´ el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEI´DOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIO´N DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MA´S DE 45 DI´AS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYO´ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá´ darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyo´ el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, a fin de establecer si en la especie la omisión reclamada por la parte quejosa, es reclamable en este momento, es necesario precisar el plazo con el que cuenta la autoridad responsable para emitir laudo. En efecto, los artículos 17, párrafo segundo, constitucional y 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, establecen: "Articulo 17. Ninguna persona podrá´ hacerse justicia por si´ misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será´ gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (...)". "Articulo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará´ vista a las partes por el termino de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá´ por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procedería´ conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará´ dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularan alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarara´ cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulara´ por escrito el proyecto de laudo, que deberá´ contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley (...)". "Articulo 886. Del proyecto de laudo se entregara´ copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hables siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá´ solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad (...)". "Articulo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citara´ a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá´ efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Articulo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevara´ a la categoría de laudo y se firmara´ de inmediato por los miembros de la Junta (...)". De la transcripción precedente se advierte que el numeral de máxima jerarquía prevé´ como derecho fundamental la administración de justicia expedita en los plazos y términos que fijan las leyes. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo dispone el procedimiento y los plazos para emitir el proyecto de resolución, así´ como para que se lleve a cabo su votación y discusión, y para que el mismo se eleve a la categoría de laudo, de los cuales es dable concluir que la autoridad responsable debe dictar laudo dentro del plazo de veinticinco días hábiles siguientes a aquel en que cerro´ la instrucción. En este caso, refiere el quejoso que fue el doce de agosto de dos mil veintidós, cuando la Junta responsable declaro´ cerrada la instrucción, de manera que el plazo genérico de veinticinco días hábiles previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo transcurrió del quince de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez, once, catorce al dieciocho todos de septiembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles). Ahora bien, una vez fenecido el término genérico de veinticinco días hábiles a que se refieren los numerales antes citados, de conformidad con el criterio anotado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable cuenta adicionalmente con cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyo´ el plazo en que legalmente debieron pronunciarse, el cual en el presente asunto inicio´ el veintidós de septiembre de dos mil veintidós y concluye el cinco de noviembre en curso; de ahí´ que el plazo de cuarenta y cinco días naturales con que cuenta la responsable para dictar el laudo, se encuentra transcurriendo. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el once de octubre del año en curso, pone de relieve que la Junta responsable esta´ dentro del plazo para el dictado de laudo, lo que conlleva a que el juicio de amparo sea improcedente, pues no se advierte dilación alguna. En ese contexto, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total y que, por tanto, el juicio de amparo es improcedente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEI´DOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIO´N DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MA´S DE 45 DI´AS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYO´ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá´ darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyo´ el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". En ese mismo orden de ideas, se estima que no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa alegue que a partir de que se cerró´ instrucción en el mencionado asunto, no se le ha permitido la consulta del expediente, por lo que desconoce si se ha emitido laudo, refiriendo incluso que de manera verbal se le ha hecho de su conocimiento que ya habiéndose dictado el mismo, existe instrucción verbal en el sentido de que no se notifique; ello se estima así´, pues evidentemente el hecho de que no se ha excedido el plazo fijado por el Máximo Tribunal para efecto de considerar que existe una abierta dilación o paralización total del procedimiento, por ende, no puede estimarse que resulta procedente el presente juicio de amparo, habida cuenta que no se puede desvincular aseveración de la violación que pretender atribuir a la responsable, por falta de atención a los plazos legalmente establecidos. De estimar lo contrario, esto es, que basta la afirmación del quejoso en el sentido de que cerrada la instrucción no se le permite consultar el expediente y que se le dijo verbalmente que no se pasara´ el laudo a notificar, aun cuando no se actualice el supuesto de abierta dilación o paralización del procedimiento; haría nugatorias las reglas de procedencia en el juicio de amparo que el más Alto Tribunal ha establecido en el entendido de que este procede de manera excepcional, tratándose de violaciones adjetivas relacionadas con la denegación de justicia que deriven de un juicio. Ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el artículo 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTI´AS. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para los efectos indicados a las personas que menciona en su ocurso inicial por ser la parte actora en el juicio principal. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Correo electrónico y números telefónicos. Téngasele por señalados el correo electrónico y números telefónicos que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

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