Arabela Alavid Blanco
Expediente 435/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Arabela Alavid Blanco
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y anexo que acompaña, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 208/2022 (orden 1982/2022), derivado del presente juicio de amparo, enviado a fin de notificar a la parte quejosa, la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en la razón de veinticuatro de junio de este año. Dese de baja la referida comunicación, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0). En tales condiciones, ante la manifiesta imposibilidad de poder llevar a cabo la notificación encomendada, hágase por lista la notificación de la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA DE ESTRADOS, ASÌ COMO EN UNA PÀGINA ELECTRÒNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **************, con seis copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 435/2022. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En lo conducente, resulta aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis (...) En relación con lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el asunto que nos ocupa, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al no contar la quejosa con el interés legítimo necesario para acudir a esta vía constitucional. Los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es pertinente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis (...) En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte, en lo que trasciende, que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, la emisión de normas y actos inconstitucionales, para realizar donaciones cuantiosas del dinero del pueblo mexicano a gobiernos extranjeros, al contratar y celebrar convenios por parte del Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país -médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, a cambio de un "pago o donación". Ello, sobre la base de que, dice, cuenta con interés legítimo para reclamar dicho acto, en razón de ".ser ciudadano mexicano y tener derecho a reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos para servir al pueblo de México.". Sin embargo, como se anticipó, no cuenta con interés legítimo necesario para acudir a esta vía constitucional. Es así, pues -como se dijo- el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y la persona o grupo de personas que comparecen al proceso, sin que dicha persona o grupo requieran de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona o colectividad que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Así, la justificación de una transgresión al interés difuso, sea de forma individual o colectiva, a que hace alusión el requisito precisado con el inciso b) de los elementos constitutivos del interés legítimo precisados en líneas precedentes, implica la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En otras palabras, mediante el interés legítimo la parte demandante debe encontrarse en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. En el asunto que nos ocupa, al verificar la situación de la promovente frente al acto de autoridad, expuesta en la demanda, se advierte con claridad que la peticionaria de amparo no cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo, sino que en todo caso, se trata de un interés simple; y aun cuando se admitiera y tramitara la demanda, la situación de la impetrante no cambiaría, pues de los hechos y las razones expuestas en la demanda, se advierte con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la quejosa frente al acto de autoridad implica un mero interés simple. Es así, pues expresamente señaló: "(.) el presidente con facultades y atribuciones con las que no tiene ni están contempladas en términos del artículo 89 constitucional, el Presidente de México realiza donaciones cuantiosas de dinero del dinero del pueblo mexicano, regalando dinero de millones de dólares americanos a gobiernos extranjeros (.) Al darles preferencia el Presidente de México y prioridad a los extranjeros y a los supuestos médicos que contrató mediante convenio celebrado con el gobierno cubano, está violentando y transgrediendo gravemente los derechos de preferencia que tienen nuestros nacionales médicos, enfermeras-os y personal médico mexicano (.) De igual forma se reclama el despojo de oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar servicio médico para el que se ordenó que se contraten extranjeros (.) Actos unilaterales y determinaciones contraídas a los intereses y en grave perjuicio a los intereses de la sociedad y de la colectividad de la ciudadanía de todo México, afectándose gravemente a todo el sector salud. desconociendo como consecuencia y restándoles capacidad e importancia y demeritando a todas las instituciones educativas, universitarias, politécnicos, tecnológicos y escuelas de medicina de todo el país de México y a todos los profesionistas médicos que egresan de dichas instituciones educativas como lo es el presente caso que contrató a 500 MÉDICOS QUE NO TIENEN TÍTULO NO NINGÚN TIPO DE DOCUMENTOS LEGALES AMPARADOS POR TODAS LAS RESPONSABLES ANTES SEÑALADAS, para que trabajen COMO MÉDICOS EN EL PAÍS DE MÉXICO, violándose directamente por parte del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. los artículos 1, 5, 32, 87, 89, 123 de nuestra Constitución como lo es el contratar y celebrar convenio en forma indebida para que 500 quinientos o más supuestos médicos, enfermeras y demás personal médico de nacionalidad extranjera. trabajen o laboren en toda la República Mexicana, en la Ciudad de México o en los 32 Estados de México, laboren y cobren como profesionistas médicos sin contar CON EL CERTIFICADO NI EL TÍTULO PROFESIONAL NI LAS CÉDULAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES (.) Así también estos actos vulneran la posibilidad de encontrar un empleo para ciudadanos en la búsqueda del mismo, pues estos actos niegan totalmente la posibilidad de que tengan la posibilidad de participar en alguna convocatoria pare este empleo, para que sea imparcial y en beneficio del pueblo mexicano. dejando en total desventaja de posibilidades laborales a los médicos de México (.)." Lo que pone en evidencia que los actos que reclama no transgreden en su perjuicio, de forma individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, derecho fundamental alguno, pues, se reitera, aun cuando señala que con la celebración del convenio o contrato realizado entre Ejecutivo Federal con el gobierno de Cuba, para que personal médico de ese país -médicos, enfermeras, etcétera- lleguen a México a laborar profesionalmente, se afectaría a la "sociedad", y en particular a los profesionistas en medicina del País, dado que se transgredida su derecho a ejercer su profesión, tutelado en el ??????????? artículo 5° constitucional, al ser "despojados" por especialistas de otra nacionalidad; y que no está demostrado que dicho personal extranjero tenga algún documento de identificación oficial que los acredite para ejercer la referida profesión, verbigracia, titulo o cédula profesional; ello resulta insuficiente para considerar que cuenta con interés legítimo, puesto que no le irrogan un perjuicio directo en su esfera jurídica o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, tal y como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, al ser evidente que la impetrante de amparo basa su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado, porque sostiene un interés igual al de la generalidad, y no alguna característica especial que guarde su situación frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo; se concluye que únicamente cuenta con un interés simple como el de todos los ciudadanos que pertenecen a una comunidad, a quienes pudiera o no afectarles la celebración del convenio combatido. Corolario de lo anterior, la parte quejosa no acredita que el acto reclamado transgreda en su perjuicio, de forma cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, derecho fundamental alguno, pues no se advierte transgresión alguna de esa naturaleza derivada de la celebración del convenio de colaboración que impugna, de tal forma que la concesión del amparo implique la obtención de un beneficio o efecto positivo determinado en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En lo conducente, se invoca como apoyo, la jurisprudencia (... También resulta aplicable al caso, la jurisprudencia (...) En tales condiciones, al actualizase de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***************, contra los actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Sirve de apoyo, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA QUEJOSA. Toda vez que la promovente señaló como su domicilio para oír y recibir notificaciones, entre otros, el ubicado en: "calle de Mariano Azuela No. 8, A-1, de la Colonia Santa María la Ribera Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06050, de la Ciudad de México". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, por única ocasión, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, proceda a notificarle el presente proveído a ************ asimismo, deberá requerirla para que en el término de tres días, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en la ciudad de Córdoba, Veracruz; la aperciba que de no hacerlo así dentro del plazo indicado para ello, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como sus autorizados con facultades amplias, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados Valente Arizabalo Priego y Ruperto Martínez Gómez, toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas ante este juzgado y en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente con las facultades restringidas que establece el segundo párrafo, del indicado precepto, a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en igual de circunstancias. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se realicen las diligencias ordenadas en el presente juicio. Consérvense por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias simples de la demanda de amparo, para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, se proveerá lo conducente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente, la demanda de promovida por ****, contra los actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en los términos precisados en el presente acuerdo.
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