Aquilino Pérez Pablo

Expediente 174/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
174/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Aquilino Pérez Pablo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO POR MEDIO DE LISTA: "Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, declina competencia, por conocimiento previo, respecto del juicio de amparo indirecto 112/2018-V de su índice; lo anterior, en virtud de la relación con el diverso 191/2015, del índice de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y regístrese bajo el número 174/2018-III-B. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acúsese el recibo de estilo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el quejoso reclama la omisión de cumplir o pagara el laudo emitido en el expediente laboral 1217/2010, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. DESECHAMIENTO Previamente, debe analizarse la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los numerales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues, el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, señalados como responsables, no tiene el carácter de autoridades para efectos del amparo. Debe puntualizarse que la fracción XXIII del artículo 61, de la invocada Ley de Amparo, contempla la posibilidad de actualizarse alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica y de la Jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos legales establecidos en las primeras veintidós fracciones del numeral 61 de la ley de la materia, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, derivada de otra disposición de Ley de Amparo, de la Constitución General de la República o de la Jurisprudencia. Para lo cual, del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama una omisión de pago de quien señala como autoridad responsable (Presidente, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México) al no dar cumplimiento a las prestaciones a que se le condenó en el laudo dictado en el juicio laboral 1217/2017, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. En principio, si bien es cierto que la autoridad señalada como responsable es ente público, también lo es que en el contexto del asunto sometido a la consideración de este juzgado, aquélla no ejecuta el acto que se le reclama como autoridad, es decir, en un plano de supra a subordinación, sino dentro de una relación jurídica de coordinación. Se afirma lo anterior, dado que la autoridad responsable, derivado de sus facultades legales, actúa en un doble carácter: a) Como ente público autónomo cuando actúa en un plano de supra a subordinación en relación con la función o actividades que le confiere la ley, frente a la ciudadanía en general; y, b) Como ente privado, cuando lo hace en un plano de igualdad, dentro de una relación jurídica de coordinación (en el caso, al actuar como parte dentro de un proceso legal). En esa tesitura, el acto reclamado, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una relación jurídica entre la parte quejosa (como parte actora) y el Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México (demandado) y, por tanto, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de un juicio entablado entre particulares. En las condiciones expuestas, este juzgado de Distrito sostiene que la acción constitucional promovida es improcedente, pues la responsable referida, no está investida de las facultades que caracterizan a las autoridades, ello en atención a que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso demandó del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México diversas prestaciones laborales, el cual se radicó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, bajo el expediente 1217/2017, y seguido en sus etapas procesales se le condenó en el laudo respectivo a dicho Ayuntamiento al pago de las prestaciones correspondientes; por ende, debe entenderse que es contraparte del aquí quejoso, de ahí que no pueda tener el carácter de responsable, en virtud de que actúa en una relación de coordinación respecto del quejoso y no de supra a subordinación. Actuar de otra manera, implicaría que este Juzgado de Distrito se substituyera en las funciones de la autoridad jurisdiccional a quien compete lograr ese cumplimiento. Se sostiene tal aserto, porque en el procedimiento de ejecución y embargo establecido en el capítulo XI de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Ayuntamiento mencionado (patrón) mantiene una relación de igualdad con el quejoso (trabajador), no de supra a subordinación, pues, tal como si fuese un ente privado, en contra de ese municipio se puede y se debe substanciar hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del peticionario (con el carácter de trabajador), lo cual evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, de forma obligatoria, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En efecto, en el referido capítulo XI, intitulado "De la Ejecución", de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en sus artículos 250 a 256 establece: "CAPÍTULO XI De la Ejecución Artículo 250. Las disposiciones de este capítulo rigen para la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal o cualquiera de las Salas y para los convenios celebrados ante éstos. En la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita. Artículo 251. Siempre que en ejecución de un laudo o convenio, deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor público, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. Los titulares de las instituciones o dependencias y los sujetos a esta ley, se atendrán a lo dispuesto por los laudos y convenios, ordenando, en su caso el pago de las indemnizaciones, sueldos o cualquier prestación en dinero que se determine en ellos, previo el establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación respectiva. El Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México supervisará el cumplimiento de la obligación relacionada con la partida presupuestal específica y establecerá las responsabilidades en caso de incumplimiento. Artículo 252. En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o modalidades establecidas en el artículo 251 de esta ley, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, previa citación de su titular o su representante legal; si éstos no estuviesen el día y hora fijados la diligencia se practicará con el servidor público que se encuentre presente. En las diligencias de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. El actuario requerirá el pago a la persona con quien atienda la diligencia y si no efectúa el mismo procederá al embargo; II. El actuario podrá, en caso necesario, solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, para llevar a cabo la diligencia; y III. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto adeudado, para lo cual observará el siguiente orden: a) la partida presupuestal a que se refiere el artículo 251 del presente ordenamiento, b) cuenta bancaria y c) bienes del demandado en términos de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al lugar donde manifieste la parte que obtuvo que se encuentren y previa identificación de los mismos, practicará el embargo. Artículo 253. Los medios de apremio que podrán ser empleados por el Tribunal o la Sala, para el cumplimiento de un laudo o convenio son: I. Requerimiento con amonestación y señalamiento de los medios de apremio que se podrán ordenar; II. Multa que podrá ser, de cincuenta a cien días del salario base que perciba el servidor público; y III. En caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo del servidor público hasta de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento; y El Tribunal o la Sala respetarán estrictamente el orden, de los medios de apremio establecidos en este artículo. Las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Tribunal para que acuerde sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. El Tribunal al recibir los autos resolverá de plano, notificando al superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. Se autoriza al Tribunal la creación del Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática cuyo objeto e integración y manejo lo regulará el Reglamento Interno del mismo. Artículo 254. El Tribunal, tratándose de la suspensión temporal hecha a un servidor público, podrá revocar su resolución si el Titular de la Institución o dependencia da cumplimiento al laudo o convenio dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de la notificación de la resolución. Artículo 255. La diligencia de requerimiento de pago, con la prevención o de la aplicación de las medidas de apremio señaladas en este capítulo, en caso de incumplimiento, se hará mediante oficio dirigido y en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, el actuario practicará la diligencia con el servidor público que se encuentre presente. Artículo 256. El actuario dará cuenta de la diligencia al Tribunal o a la Sala quienes girarán oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe del crédito laboral ante el Tribunal, o la Sala en un plazo no mayor de veinte días hábiles. Los titulares de las instituciones públicas o dependencias responsables del personal y los superiores jerárquicos de los servidores públicos multados tendrán la obligación de informar en un plazo no mayor de treinta días hábiles, el cumplimiento de la resolución respectiva, haciéndose acreedores, en caso contrario, de los medios de apremio que menciona este capítulo. El Tribunal o la Sala una vez cumplido el laudo o convenio ordenará que se archive el expediente como asunto concluido. Pudiendo conservar el mismo por medio de sistemas magnéticos o de información electrónica". De esos preceptos se obtiene el papel trascendental y las herramientas vinculatorias que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene para hacer cumplir los laudos, pues, para tal propósito: a) El presidente del tribunal o de la sala competente está constreñido a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita. b) En caso de incumplimiento del laudo, el tribunal o la sala competente dictará el auto de requerimiento de pago y embargo, así como ordenará los medios de apremio y las diligencias necesarias para su ejecución. c) Las diligencias de requerimiento de pago y embargo se practicarán en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada una vez que se haya citado al titular o representante legal, si éstos no aguardan en la fecha y hora señaladas, las diligencias se practicarán con el servidor público que se encuentre presente. d) En las diligencias de requerimiento de pago y embargo, el actuario requerirá primero el pago, si no es cubierto, entonces se procederá al embargo. e) Para llevar a cabo las diligencias de requerimiento de pago y embargo, el actuario puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. f) El actuario podrá embargar los bienes necesarios para garantizar el monto adeudado, para lo cual observará el siguiente orden: I. La partida presupuestal específica para el cumplimiento del laudo; II. La cuenta bancaria de la institución pública, y III. Los diversos bienes de la dependencia demandada conforme a lo previsto en la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Para el cumplimiento del laudo se podrán decretar, en el siguiente orden, los medios de apremio consistentes en: a) El requerimiento con amonestación y el señalamiento de los medios de apremio que se podrán ordenar. b) Multa, la cual podrá ser de cincuenta a cien días del salario base del servidor público (Presidente Municipal), y c) En caso de continuar la contumacia, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CARGO del servidor o de los servidores públicos responsables (en el caso concreto; presidente Municipal); d) Las diligencias de requerimiento de pago y embargo, con la prevención o aplicación de los medios de apremio señalados, se harán mediante oficio dirigido y en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada. e) El actuario dará cuenta de las diligencias al tribunal o a la sala competente, quienes girarán oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de administrar los recursos correspondientes, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe del crédito laboral ante el propio tribunal o sala competente en un plazo no mayor de veinte días. f) Los titulares de las instituciones públicas o dependencias responsables del personal, así como los superiores jerárquicos de los servidores multados, tendrán la obligación de informar, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, el cumplimiento del laudo; en caso contrario, se harán también acreedores a los medios de apremio apuntados. Como se puede advertir, en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios se establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor del quejoso (con el carácter de trabajador en el juicio laboral 1217/2010). En ese procedimiento de ejecución destaca que el tribunal referido está en aptitud no sólo de requerir el pago del adeudo, sino también -si no se cubre- de embargar al Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, (en su carácter de patrón obligado) los bienes necesarios para garantizar dicho pago en términos de lo previsto en el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, además, por supuesto, de poder hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. Así, -como se puntualizó en párrafos precedentes- de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 252 citado, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje está de forma legal facultado para embargar los bienes necesarios del municipio deudor a fin de garantizar el monto adeudado, para lo cual, sólo debe atender el siguiente orden: I. La partida presupuestal específica para el cumplimiento del laudo; II. La cuenta bancaria de la institución pública, y III. Los diversos bienes de la dependencia demandada conforme a lo previsto en la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Con lo establecido en dicha disposición legal se pone de relieve que en contra del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, sí es procedente dictar en su contra la providencia de embargo para garantizar el cumplimiento del laudo dictado en favor del peticionario, tan es así que, incluso, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la propia Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios "Los muebles del dominio privado del Estado y de los municipios son embargables", todo lo cual revela a su vez que, en el caso, no es aplicable el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles que precisa: "Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estará exentos de prestar las garantías que este código exija a las partes". La inaplicabilidad de ese precepto obedece en primer lugar a que, en la especie, en el juicio laboral no se demandó a una institución o dependencia federal o estatal a la cual sea aplicable esa disposición del Código Federal de Procedimientos Civiles y, en segundo, en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios (ordenamiento aplicable) sí se prevé que en contra de los municipios -como es el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México- es procedente decretar providencias de embargo para garantizar el cumplimiento del laudo dictado en favor del peticionario. Así resulta, porque ese criterio jurisprudencial se sustenta en la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública Federal o de las Entidades Federativas, al estipular que en contra de éstas no se puede dictar mandamiento de ejecución ni providencia de embargo para garantizar alguna obligación a su cargo. Sin embargo -como se ha puntualizado- a diferencia del referido artículo 4, en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios sí se prevé el procedimiento de ejecución forzoso a seguir en contra del laudo dictado en favor del quejoso, en el cual sí se faculta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que, de ser necesario, decrete providencias de embargo en contra del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, para garantizar la obligación a su cargo derivada del juicio laboral 1217/2010. De esta suerte, como en la ley aplicable no se prevé la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles; por el contrario, tal como si fuese un ente privado, en contra de ese Ayuntamiento puede y se debe substanciar hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del impetrante, mediante el establecimiento de providencias de embargo y medidas de apremio, resulta inconcuso que en el procedimiento de ejecución y embargo previsto en el capítulo XI de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, no actúa con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón) en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, de forma obligatoria, a través de la vía ordinaria instituida en la ley. Por consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la misma ley, en razón de que el Presidente, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, (parte patronal en el juicio laboral 1217/2010), señalados como responsables en el presente juicio de garantías, no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano