Aquilino López Moreno
Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Aquilino López Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes. Atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante, remitiendo copia certificada de la ejecutoria emitida el doce de mayo actual, dentro del recurso de queja 73/2022; la que se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por propio derecho, en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, emitida por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el amparo indirecto 357/2022-4. Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente, hágase del conocimiento a las partes la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso interpuesto. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual acusa de recibo del recurso de queja interpuesto en el juicio de amparo 357/2022-4 promovido por Aquilino López Moreno, en contra del proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, haciendo del conocimiento que admitió el recurso de queja interpuesto, mismo que quedó registrado bajo el número 73/2022; circunstancia de la cual queda enterado este juzgador federal. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el quejoso ***, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. En ese orden, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 101 y 102 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, su notificación y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. Notifíquese
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos que reclama del Titular de la Oficina Registral de Actopan, Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 357/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar la demanda, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Se desprende del precepto reproducido, que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables, lo siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Titular de la Oficina Registral de Actopan, Hidalgo y/o Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Judicial de Actopan, Estado de Hidalgo; Registrador de la Oficina Registral de Actopan, Hidalgo y/o Registrador del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Judicial de Actopan, Estado de Hidalgo; Director General del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Hidalgo y/o Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo; Director General del Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado de Hidalgo; Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo; ." ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas en los incisos a) y b): De las autoridades señaladas en los incisos c y d: De la autoridad señalada en el inciso e): En este contexto, precisa destacar que el artículo 113 de la ley, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la intelección de los dispositivos se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no sean emitidos por alguna autoridad, tendente a crear, modificar o extinguir de manera unilateral y obligatoria alguna situación jurídica que afecte la esfera del quejoso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es autoridad, para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Se considera que los actos reclamados no son susceptibles de análisis en el amparo como actos de autoridad. Ese tipo de actos son materia de las instancias ordinarias correspondientes, mas no de una extraordinaria como lo es el amparo. Cierto, de inicio deben tenerse presentes los artículos 2206 al 2224 del Código Civil y 1o, 2o y 71 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Hidalgo, que prevén: Artículo 2206.- El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado. Artículo 2207.- La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley. Artículo 2208.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. Artículo 2209.- La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Artículo 2210.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. Artículo 2211.- La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados. Artículo 2212.- La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz. Artículo 2213.- La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley, se extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida. Artículo 2214.- Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley. Artículo 2215.- Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación. Artículo 2216.- El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. Artículo 2217.- La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero. Artículo 2218.- La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en los plazos establecidos en el artículo 713. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el error fue conocido. Artículo 2219.- La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento. Artículo 2220.- El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera. Artículo 2221.- La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. Artículo 2222.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí. Artículo 2223.- Mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su parte. Artículo 2224.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietario de él en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe. Artículo 1.- El ejercicio de las acciones civiles requiere: I.- La existencia de un derecho; II.- La violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; III.- La capacidad para ejercitar la acción por sí, o por legítimo representante; IV.- El interés en el actor para deducirla. Artículo 2.- La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad, la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. Artículo 3.- Por las acciones reales se reclamarán: la herencia, los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Se dan y se ejercitan contra el que tiene en su poder la cosa y tiene obligación real, con excepción de la petición de herencia y la negatoria. Como puede observarse, es en el juicio ante la autoridad del orden común correspondiente y no en el juicio amparo donde debe demandarse, en todo caso, la nulidad de los instrumentos notariales controvertidos. Lo anterior, pues la finalidad del juicio constitucional es resarcir a los gobernados por actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales y no resolver conflictos entre particulares. Entonces, corresponde a la autoridad del orden común conocer del juicio correspondiente, porque los órganos de control constitucional no pueden sustituir a aquélla en la resolución de ese conflicto. De otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.), estableció que el juicio constitucional no constituye el medio idóneo para examinar pruebas o para resolver cuestiones de propiedad, por encontrarse estas facultades encomendadas exclusivamente a los tribunales de instancia. "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama.". De ahí que este juicio de amparo no posee la facultad de determinar o decretar la nulidad de un acto jurídico, pues el derecho de las partes involucradas en el acto jurídico nace del propio acuerdo contractual que le da origen, y aun en caso; de alguna controversia respecto de un mismo inmueble, es indudable que debe dilucidarse a través del juicio correspondiente en donde, con las formalidades esenciales del procedimiento, se escuche a cada una de las partes interesadas y se les otorgue la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas para acreditar su mejor derecho de propiedad. Se reitera que las actuaciones reclamadas no se traducen en un desconocimiento de los derechos reales, que, en su caso, le pudieran asistir al quejoso respecto del predio que defiende en el presente sumario; no obstante, como se estableció, dichos derechos controvertidos deben ser dilucidados en un juicio ordinario, no en el juicio constitucional; es competencia de los tribunales de instancia declarar, en su caso, la nulidad de los instrumentos notariales. Sin que este juzgado se encuentre en aptitud de decidir la legalidad de los instrumentos materia de conflicto, por no ser competente para ello, máxime que dichos actos jurídicos no han sido declarados nulos por autoridad competente. Por otra parte, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en las inscripciones, anotaciones marginales y efectos ulteriores de dichas inscripciones, se hace extensiva la causa de improcedencia del juicio de amparo materializada, toda vez que si en relación a la emisión de los instrumentos notariales que derivaron de la venta de diversas fracciones del predio urbano "La Habitación", el juicio de amparo es improcedente, lo mismo ocurre por lo que hace a las consecuencias de dicho acto jurídico, tales como las inscripciones, anotaciones marginales y los efectos que de ellas derivaron; se insiste, dichos actos al ser consecuencia de los instrumentos notariales emitidos con motivo del contrato de compraventa celebrado, cuya nulidad debe, en todo caso, demandarse ante los tribunales competentes del orden común. Máxime que los actos relativos a las inscripciones del Registro Público no son reclamables, por sí, en esta instancia. Sirve de sustento, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VI.3o.J/15, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto.". En ese tenor debe decirse que los actos atribuidos al Notario Público Número Uno del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo, consistentes en la protocolización de los instrumentos notariales que señala el quejoso, no derivan de una relación de supra a subordinación jurídica establecida entre el gobernado y la responsable, toda vez que en ejercicio de sus funciones, el Notario Público no puede ser considerado como autoridad responsable, dado que su función no es similar a la que desarrolla el Juez, pues en caso de oposición, esto es, cuando alguno de los interesados no esté conforme, los notarios carecen de la facultad de solucionar dicho conflicto y hacer cumplir sus determinaciones, a diferencia de los Jueces. Por tanto, la relación entre el notario y el particular no cumple con la característica de supra a subordinación que distingue a las relaciones de las autoridades con los gobernados, pues en todo caso, el Notario, actuó con motivo de la función que desempeña, la cual se encuentra prevista en el artículo 18 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, de tal suerte que, su actuación de modo alguno se llevó a cabo de mutuo propio y por ende no crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecte la del aquí quejoso. De igual forma, sustenta la anterior consideración el criterio consultable en la página 971, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN DERIVA DE UNA ORDEN JUDICIAL. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Efectivamente, el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades, a virtud de una disposición jurisdiccional, su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional, que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley y en donde se decretó la afectación de la esfera jurídica de las partes contendientes. Consecuentemente, el fedatario que da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción, en el juicio natural, no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende, el juicio de amparo contra actos del notario público, resulta improcedente." De modo que, al operar el motivo de improcedencia en estudio, este asunto no puede ser analizado bajo la óptica del interés legítimo invocado por la quejosa, pues para verificar ese supuesto, es necesario que en esta instancia se controviertan actos de autoridad para efecto del juicio de amparo, lo que, como se apuntó, en el caso no sucede. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por *** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene en términos del artículo 12 de la misma Ley únicamente a Roberto Herrera Escamilla, en virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Apolonio Vega Meneses1163/2023
- Apolonio Vega Meneses866/2020
- Apolonio Vegas Meneses1280/2021
- Aquileo Baños Perez675/2016
- Aquiles Cruz Porras1274/2022
- Aquilino Hernández Hernández900/2021
- Aquilino Tovar Peña657/2016
- Aquilino Tovar Peña629/2017
- Araceli Amador Ortega1543/2019
- Araceli Arce Calderón797/2023
- Araceli Arteaga Zamudio1163/2018
- Araceli Calva Gomez1366/2016