Aquilino García Rodríguez
Expediente 846/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Aquilino García Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL 846/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que mediante determinación de once de septiembre de este año este Juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva y sus consecuencias, dictada en el juicio especial de divorcio incausado *********, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y declinó competencia al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito. Posteriormente, en acuerdo de veintiuno septiembre de este año se tuvo al actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca, informando que, a fin de estar en condiciones de determinar si acepta o no la competencia declinada en el asunto registrado con el número **********, dicho Tribunal requirió a las autoridades señaladas como responsables en los términos precisados en acuerdo de dieciocho de septiembre pasado; sin que, a la fecha, el referido órgano jurisdiccional haya informado lo conducente. 2. Se solicita información. Atento a lo anterior, respetuosamente solicítese al (a la) magistrado (a) presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimotercer Circuito que, de no tener inconveniente alguno, informe el estado procesal que actualmente guarda el juicio de amparo directo **********, de su índice; ello, a fin de estar en condiciones de acordar lo procedente en el juicio amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 846/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Causa estado determinación. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de once de septiembre de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo por lo que respecta a un acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Se reserva archivar expediente. No obstante a lo anterior, en auto de once de septiembre pasado este Juzgado también declinó competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, por lo que respecta a un diverso acto reclamado, y en acuerdo de veintiuno septiembre de este año se tuvo al actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca, informando que, a fin de estar en condiciones de determinar si acepta o no la competencia declinada, dicho Tribunal requirió a las autoridades señaladas como responsables en los términos precisados en acuerdo de dieciocho de septiembre pasado; por ende, se reserva acordar lo relativo al archivo de este asunto; ello, hasta en tanto el Tribunal de Alzada informe lo conducente respecto a la incompetencia planteada. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 846/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Tribunal informa. Incorpórese el oficio número 6938/2023, suscrito por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca, con transcripción del acuerdo de dieciocho de septiembre de este año, del que se advierte que: 1) acusa recibo del comunicado mediante el que se le remitió copia certificada del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, así como demás constancias que obran en este juicio de amparo 846/2023; e 2) informa que, a fin de estar en condiciones de determinar si acepta o no la competencia declinada por este Juzgado, requirió a las autoridades señaladas como responsables, en los términos precisados en dicho acuerdo. De lo anterior se toma nota para los fines legales consiguientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 846/2023 MESA 7 ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito suscrito por el quejoso *****, se advierte que cumple con el requerimiento realizado en auto de cinco de septiembre de este año. Al respecto, se acuerda: 2. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y escrito aclaratorio se llega al conocimiento que la parte quejosa reclama en esta instancia lo siguiente: I. La sentencia definitiva y sus consecuencias, dictada en el juicio especial de divorcio incausado 94/2021, seguido en su contra por *****, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. II. La notificación de tres de diciembre de dos mil veintiuno, correspondiente al juicio especial de divorcio incausado 94/2021, que atribuye a la actuaria, notificadora y ejecutora adscrita al citado Juzgado Mixto de Primera Instancia. 3. Se desecha la demanda de amparo respecto del acto identificado en la fracción II del apartado que antecede. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama, entre otro acto, el siguiente: La notificación de tres de diciembre de dos mil veintiuno, correspondiente al juicio especial de divorcio incausado 94/2021, mediante la que se hace de su conocimiento el acuerdo de ocho de noviembre de ese año, en el que se le tuvo contestando la demanda promovida en su contra. Misma que atribuye a la actuaria, notificadora y ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Y de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se desprende, en lo sustancial, que: I. Es parte demandada en el juicio de divorcio incausado 94/2021, en el que después de ser emplazado, contestó la demanda mediante escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, presentado el día siguiente. II. El ocho de noviembre de dos mil veintiuno se dictó el acuerdo correspondiente a su escrito de contestación de demanda, mismo que se le notificó el tres de diciembre de dos mil veintiuno (acto reclamado). III. Posteriormente, el catorce de agosto de dos mil veintitrés se enteró que en el citado juicio 94/2021 ya se había dictado sentencia definitiva (diverso acto reclamado), en la que se le condenó, pese a que, dice, no se le notificó el acuerdo recaído a su escrito de contestación de demanda. En el caso, se estima que la notificación de tres de diciembre de dos mil veintiuno, correspondiente al auto de ocho de noviembre de ese año, en la que se acordó el escrito de contestación de demanda en el juicio de divorcio incausado 94/2021 del ahora quejoso, no es de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad física, las posesiones o propiedades. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el segundo precepto indicado en tesis de jurisprudencia obligatoria 37/2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 7, junio de 2014, tomo I, materia común página 39, registro 2006589, sostuvo la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra la desestimación de las excepciones atinentes a presupuestos procesales, como es la personalidad; como se ve del texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la lectura conjunta de dichas disposiciones y el criterio vinculante invocado se tiene la improcedencia del juicio de amparo, cuando en la vía indirecta se reclaman actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Un acto emitido dentro de un juicio reviste las características de tener una ejecución de imposible reparación, cuando afecta directa y materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional del que el estado mexicano sea parte. Los derechos sustantivos, para efectos de las disposiciones citadas, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. En términos opuestos, a esta clasificación, se encuentran los derechos procesales que se otorgan a las personas que intervienen en un proceso judicial, e incluso en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, para determinar su intervención en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales están destinados, primordialmente, a surtir efectos únicamente dentro del proceso, por lo que se le denomina efectos intraprocesales, a fin de ser utilizados en el acto final y más importante, que es el dictado de la sentencia de fondo, o de la resolución culminante de la controversia. Cuando se está en presencia de actos con efectos intraprocesales, sólo pueden afectar derechos adjetivos del gobernado, respecto de los cuales no es factible determinar, en forma inmediata, si le causará un perjuicio irreparable, puesto que sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, es factible que los efectos puedan extinguirse en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Aunado a que de resultar trascedente la violación a los derechos adjetivos en la sentencia final, ésta se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que, en su caso, se promueva, precisamente, contra el fallo final que haga valer la parte que le resulte desfavorable; de ahí que, con respecto a actos con efectos intraprocesales, el amparo biinstancial es improcedente al no vulnerar derecho sustantivo alguno. Como ya se precisó, la parte quejosa reclama: La notificación de tres de diciembre de dos mil veintiuno, correspondiente al juicio especial de divorcio incausado 94/2021, mediante la que se hace de su conocimiento el acuerdo de ocho de noviembre de ese año, en el que se le tuvo contestando la demanda promovida en su contra. Que atribuye a la actuaria, notificadora y ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Empero, dicho acto, como lo precisó la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación, porque no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, quien es parte demandada, en el juicio natural, pues la citada notificación que reclama no incide en ninguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de los que el estado mexicano es parte, en forma material, pues solamente transciende en los derechos adjetivos de las partes del juicio natural de divorcio incausado; por ende, su reclamación se posterga a una violación procesal que puede ser reclamable en el juicio de amparo directo; aunado a que, como se vio, se trata de una notificación realizada al quejoso -legalmente emplazado-, previo al dictado de la sentencia que resolvió el fondo del asunto. Lo que permite evidenciar que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el reerido acto reclamado deja de tener efectos que sean de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como podría ser la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, la libertad, la salud, las relaciones de familia, etcétera. En el caso, resulta aplicable, por su contenido jurídico, la tesis con datos de localización rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 194499 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.1o.P.C.8 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 1377 Tipo: Aislada AMPARO INDIRECTO, VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO NO IMPUGNABLES EN EL. Si aparece en autos que el quejoso fue emplazado al juicio del que emanan los actos reclamados, sin que en la demanda de garantías ataque la legalidad de esa diligencia, es claro que no cabe conceptuarlo como tercero extraño, y al no surtirse la hipótesis del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, debe concluirse que las omisiones o irregularidades en que pueda haberse incurrido en la práctica de las subsecuentes notificaciones, no son susceptibles de reparación a través del juicio de amparo indirecto, sino que se trata de violaciones al procedimiento impugnables en el amparo directo contra la sentencia definitiva o laudo, en términos del artículo 158 de dicha ley. No obsta la circunstancia de que el promovente alegue no haber sido correctamente notificado de la sentencia, porque la validez de esta notificación no puede ser materia de análisis en el juicio constitucional mientras no se agote el incidente de nulidad que para esos casos prevé la ley común, el cual está el quejoso en aptitud de promover, desde el momento en que figura como parte en el juicio de origen." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano, por improcedente, la demanda de amparo promovida por *****, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la notificación de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, correspondiente al juicio especial de divorcio incausado 94/2021; que atribuye a la actuaria, notificadora y ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. 3.1. Acceso a la justicia. Además, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DEEVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE ELACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DEDEFENSA". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 4. Incompetencia respecto del acto reclamado consistente en la SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS CONSECUENCIAS, dictada en el juicio especial de divorcio incausado 94/2021, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de la vía, para conocer en amparo indirecto respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva y sus consecuencias, dictada en el juicio especial de divorcio incausado 94/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. En principio, se tiene que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre el fondo del asunto en estudio es menester analizar tal cuestión; para lo cual no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que debe analizarse de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del mismo. Lo anteriormente expuesto se apoya en las tesis de rubros y textos siguientes: "COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA. La materia de competencia es de índole procesal y por tanto, es de orden público y debe recibir aplicación inmediata en los asuntos de trámite, sin que ello signifique retroactividad en perjuicio de la persona interesada." "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En ese sentido, se estima que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del acto precisado en líneas que anteceden (sentencia definitiva y sus consecuencias), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, 47, 107 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: Ley de Amparo "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) C). En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.) De una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se obtiene, en lo sustancial, lo siguiente: a) Los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer del juicio de amparo en la vía directa. b) El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. c) Las sentencias definitivas son aquéllas que deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio son las que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; y d) Que cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, se debe declarar incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que sea tramitada en la vía directa. Ahora, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se desprende que el acto reclamado en este asunto deriva de un juicio de divorcio incausado; por tanto, a efecto de corroborar que el mismo es materia de amparo directo, en principio, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2019, en la que analizó la regulación del juicio de divorcio sin expresión de causa en las legislaciones de la Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes, sostuvo que los elementos indispensables para la actualización de esta modalidad del divorcio son: [1] la existencia del matrimonio y [2] la manifestación de voluntad, de uno o ambos cónyuges, de no continuar con la relación marital. Asimismo, precisó que el juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: [1] la disolución del vínculo matrimonial y [2] la regulación de las consecuencias inherentes a ésta (entre ellas, guarda y custodia de los hijos, alimentos, liquidación del régimen patrimonial, compensación, etcétera), por lo que ambas forman parte de la litis sometida a la decisión jurisdiccional. Sin embargo, afirmó que en este proceso existe la posibilidad de que el divorcio se decrete en una resolución diferente de la que se dicte sobre las cuestiones que de él derivan, pues en caso de no existir un consenso entre las partes respecto a ambas pretensiones, el procedimiento es susceptible de escisión por no ser posible resolver todo en una misma resolución. Por tanto, el proceso puede concluir válidamente con la emisión de dos resoluciones definitivas: una sobre la pretensión principal y otra respecto a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. De ahí que ese Máximo Tribunal del País concluyó que la resolución que decreta el divorcio, sin resolver sobre las cuestiones inherentes al matrimonio constituye una sentencia definitiva, pues resuelve de fondo una de las pretensiones planteadas en el juicio; de hecho, la principal de ellas - disolución del vínculo matrimonial-; por lo que esa determinación es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo directo. De la referida contradicción de criterios se dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 1/2020 (10a.), que dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Como ya se precisó, en la demanda de amparo se señala como acto reclamado, entre otro, LA SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS CONSECUENCIAS, dictada en el juicio especial de divorcio incausado 94/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca; de ahí que se afirme que el acto combatido se trata una sentencia definitiva y, por ende, en su contra procede el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por *****, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS CONSECUENCIAS, dictada en el juicio especial de divorcio incausado 94/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y declina competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito; por tanto, remítase a dicho órgano jurisdiccional 1) copia certificada de las constancias respectivas, así como 2) las copias del escrito de demanda u ocurso aclaratorio; para los efectos legales establecidos en el numeral invocado. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe." .Dos firmas ilegibles. Rubricas. Lo que transcribo para su conocimiento y fines legales consiguientes. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés.
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