Aquilino García Maldonado
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Aquilino García Maldonado
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la determinación adoptada mediante proveído de diecisiete de marzo del año en curso tuviere la firmeza debida; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvanse al Juez Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el expediente 110/2020, que remitió en apoyo a su informe justificado; solicitándole acuse de recibo. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3, de la citada legislación, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...VI
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. SE AVOCA CONOCIMIENTO. Visto el oficio de cuenta se tiene a la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que en el juicio de amparo directo 148/2022 de su índice, el mencionado órgano resolvió carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Anquilino Garcia Maldonado, contra el acto del Juez Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, consistente en el auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en su punto resolutivo número uno, dictado dentro del expediente 110/2020; por tal motivo ordenó su remisión a este juzgado federal; en consecuencia, se acuerda: RADICACIÓN. Con lo de cuenta, fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 335/2022-VI-A, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, XV y XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de dicho asunto. Confírmese su recepción. ANEXOS. Con el anexo que remite el tribunal oficiante consistente en el expediente 110/2020, fórmese el Anexo único, respectando su folio original. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, analizado en su integridad el escrito que se provee, se advierte que, en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 2 improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 3 sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En el caso, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 4 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). De la interpretación del citado precepto se advierte que, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, salvo los casos de excepción expresamente establecidos. Ello es así, pues el acto reclamado consistente en el auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 110/2021, del índice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar de Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, es impugnable a través del recurso de revocación, en términos de lo establecido por los artículos 261, 262, fracción I, 364, fracción I, así como 373 a 378 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que establecen: "Artículo 261. Las resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias". "Artículo 262. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán acuerdos; II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 5 sentencias interlocutorias; y VI. Sentencias definitivas. (.)" "Artículo 364. Este Código prevé los siguientes recursos: I. Revocación y reposición ; (.)" "Artículo 373. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta". "Artículo 374. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el sólo efecto de apegarse al procedimiento". "Artículo 375. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito y deberá contener la expresión de los agravios; y III. La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá con vista de la contraparte por el término de tres días, y se resolverá dentro del tercer día". "Artículo 376. La resolución que se dicte no es recurrible". "Artículo 377. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano". "Artículo 378. Procede la reposición de los proveídos y autos del Tribunal Superior de Justicia, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el Artículo anterior". La correlación de dichos numerales, permite afirmar que procede el recurso de revocación en contra de autos dictados 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 6 dentro del procedimiento familiar, que no fueran apelables, así como en contra de los decretos. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 110/2021, del índice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar de Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el que a la solicitud del quejoso de que se dictara sentencia definitiva; se le dijo que no había lugar proveer de conformidad por no ser el momento procesal oportuno, esto es, se trata de una determinación de mero trámite que constituye un decreto y por tanto, susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación. Se afirma lo anterior, porque la determinación contenida en el citado proveído, únicamente versa sobre la procedencia o no de la petición presentada por el quejoso dentro del juicio natural, para que se dicte la sentencia definitiva dentro del mismo. No constituye un auto provisional, pues no determina la ejecución cautelar de un acto; tampoco tiene fuerza definitiva que impida o paralice definitivamente la continuación del juicio; tampoco prepara el conocimiento y decisión del negocio, admitiendo o desechando pruebas; no resuelve un incidente; ni la cuestión de fondo. Lo que permite concluir que se trata de un auto de mero trámite en contra del cual, se reitera, procede el recurso de revocación; de ahí que al no haberse hecho valer por el quejoso, el juicio de amparo deviene improcedente. En esa tesitura, al contener el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, el medio de defensa analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar los actos reclamados, es incuestionable que la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, ya que de lo contrario el juicio de amparo será improcedente, en virtud de que no es optativo para el inconforme cumplir o no con el principio de definitividad que 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 7 rige en el juicio de amparo, en virtud de que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna más que: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (.). Sin embargo, en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Amparo, así como tampoco los supuestos previstos en la jurisprudencia emitida por los tribunales federales. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2013, página 350, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 8 irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otros requisitos de procedencia del juicio de amparo. En esas condiciones, resulta manifiesto e indudable la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Aquilino García Maldonado. DOMICILIO. Se tiene como tal el ubicado en calle Bugambilia número 313, Paseo de Tulipanes, Mineral de la Reforma, Hidalgo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Sergio Cruz Barrera y Yair Alberto Cruz Barrera, por no acreditar que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, aunado a que no se encontró inscrita su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 9 REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 10 correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el juicio mercantil en que se actúa y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 11 Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ 12 obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo..VI
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. INFORME PREVIO. Agréguense los oficios de cuenta. Se tiene al Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México; Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y actuario de su adscripción; Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y actuario de su adscripción; y, actuario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, rindiendo informe previo. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, relaciónense en la audiencia incidental. SE REEXPIDE OFICIO. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene al Director de Amparos Directos B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolviendo el oficio 2938-183 del índice de este juzgado federal, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el domicilio que ocupan sus instalaciones no corresponde al de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Reenvíense el oficio antes referido al domicilio correcto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a fin de que designe representante presidencial en el caso que nos ocupa..I
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